Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79408
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor mayoría, declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Necochea para continuar conociendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría se radicará allí el expediente electrónico para la prosecución de su trámite.
Comunicar mediante oficio lo aquí resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°2 de Necochea.
B.79.408 "BIANCHI NADINA Y OTROS C/ JENSEN JURADO S.R.L. S/ ACCION PREVENTIVA (DAÑOS) - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 INC. 1 LEY 12.008"
El señor Juez doctor Soria, las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño y el señor Juez doctor Kohan, dijeron:
I. Las señoras Nadina Bianchi, Julia Teresita Velázquez, Leslia Lazcano, Claudia Gabriela Van der Vluet, Nélida Fabiana Mujica y Claudia Luján Oviedo, en su carácter de vecinas del barrio "Los Tilos" de la ciudad de Necochea, promueven acción preventiva de daño ambiental en los términos del art. 1.711 del Código Civil y Comercial y de la ley 25.675 contra la firma Jensen Jurado S.R.L. en su calidad de propietaria de una granja de corral ubicada en la misma localidad, que cuenta con más de 50.000 gallinas, al considerar que la explotación avícola de esa empresa produjo una invasión de moscas y un permanente olor nauseabundo que hace imposible el desarrollo de su vida cotidiana, causando un daño en la salud de los vecinos y poniendo en peligro el medioambiente.
II. La causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°2 del Departamento Judicial de Necochea, cuyo magistrado se declaró incompetente para entender en el caso con el argumento de que el art. 36 de la ley 11.723, al establecer que en los casos de daños ambientales como consecuencia de acciones u omisiones de particulares el afectado "podrá acudir directamente ante los tribunales ordinarios competentes", se estaría refiriendo a los del fuero contencioso administrativo. Ello, sumado a que en la especie los propios interesados alegaron haber denunciado la situación ante la Municipalidad de Necochea (v. resol. de 06-V-2024).
Al así resolver, el expediente fue remitido al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental, pero su titular rechazó la competencia que le estaba siendo endilgada en la inteligencia de que la acción se entabló contra actos de particulares y que, por ende, no se trataría de una controversia suscitada por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, por parte de los órganos mencionados en el art. 166 de la Constitución provincial.
En consecuencia, concluyó que se había configurado una contienda negativa y dispuso someter la cuestión ante esta Suprema Corte de Justicia, en los términos del art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- (v. resol. del 13-V-2024).
III. El caso corresponde a la competencia del juez en lo contencioso administrativo.
III.1. Si bien al ser demandado un grupo de particulares con sostén en una norma del Código Civil y Comercial la situación, prima facie analizada, no encuadraría en el enunciado del art. 166, último párrafo, de la Constitución de la Provincia (conf. art. 1 inc. 1, CCA), la consideración atenta de los términos del escrito inicial revela que el conflicto pertenece a la jurisdicción que tales normas diagraman.
En efecto: la controversia se vincula con la actuación u omisión de la Municipalidad de Necochea en el ámbito de sus precisas funciones administrativas.
En primer lugar, porque así surge de lo relatado por la propia parte actora, que a lo largo de varios pasajes del escrito de inicio da a entender que la explotación avícola realizada por Jensen Jurado S.R.L. podría no encontrarse habilitada por la comuna y no tendría su correspondiente declaración de impacto ambiental. Frente a ello, afirman, presentaron una nota ente la Municipalidad de Necochea denunciando la grave situación que atraviesan sin obtener respuesta alguna y se dio inicio a una demanda penal que tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°1 del Departamento Judicial de Necochea, bajo la IPP 11-00-002408-24/00 caratulada "Laria, Gustavo s/ averiguación de ilícito" (v. punto III "Hechos" del escrito del 3-V-2024).
Pero, sobre todo, porque el grupo de vecinos solicita dentro la pretensión cautelar inserta en su acción preventiva de daño ambiental que la comuna informe sobre la existencia de reglamentaciones locales que regulan el control de bioseguridad, higiene y manejo sanitario de la producción avícola y, en caso de no existir ninguna, que el magistrado competente le ordene a la Municipalidad de Necochea instruir "los medios necesarios para dictar una ordenanza que determine tales extremos ponderando la protección del medio ambiente y las saludo de los habitantes del partido" (v. punto VIII "Medida cautelar. Urgente. Habilitación de días y horas inhábiles" del escrito del 3-V-2024).
III.2. Siendo así, queda claro que la afectación que invoca la parte actora está ligada no solo al uso que la demandada hace del inmueble donde realiza su explotación avícola, sino también a la actuación del municipio en el procedimiento a través del cual regula la actividad que realiza el negocio demandado, la cual es materia básica de la litis y se relaciona con el ejercicio de funciones administrativas a cargo de la Municipalidad de Necochea (conf. art. 27 inc. 1 y concs., LOM).
De esta manera, aun cuando la acción no haya sido dirigida de modo directo contra alguno de los entes púbicos enumerados en el art. 166 de la Carta local, los términos del escrito postulatorio permiten afirmar -con la provisionalidad que es inherente a esta etapa del proceso- que le pretensión allí contenida exigirá el análisis de normas de derecho público, cuyo conocimiento se encuentra atribuido a los jueces especializados en la materia (conf. doctr. causas B. 69.681, "Vitale de Carlino", resol. de 17-VI-2009; B. 70.174, "Cavenaghi", resol. de 14-X-2009; B. 73.426, "Abaca", resol. de 29-XII-2014; B. 74.483, "Proconsumer", resol. de 22-II-2017; B. 75.988, "Scarimbolo", resol. de 25-IX-2019; B. 78.594, "Cooperativa Eléctrica Servicios Anexos y Vivienda de Pergamino", resol. de 28-III-2023 y B. 78.868, "Graziani", resol. de 3-VI-2024, e.o.).
IV. Por todo ello, cabe concluir que la controversia corresponde al conocimiento de los órganos del fuero contencioso administrativo (arts. 166, última parte, Const. prov. y 1 incs. 1 y 2 in fine , CCA; doctr. cusas B. 72.777, "De Urquiza", resol. de 23-XII-2023; B. 74.248, "Asociación Inquietudes Ciudadanas", resol. de 23-X-2016 y B. 74.483, cit., e.o.).
Así lo votamos.
El señor Juez doctor Torres dijo:
Discrepo con la solución propuesta por mis colegas preopinantes.
En la causa B. 77.780, “Colucci”, resol. de 24-X-2023, donde -como aquí- la parte actora había intentado una acción preventiva de daño ambiental, con fundamento en el art. 1.711 del Código Civil y Comercial, sostuve que, independientemente de las demás consideraciones que pudieran formularse en torno al carril procesal elegido, esa opción no determinaba necesariamente la competencia civil y comercial en desmedro de la contencioso administrativa, sino que, para dirimir la cuestión, resultaba necesario indagar en el objeto del litigio, así como en su eventual encuadre dentro de los términos previstos por el último párrafo del art. 166 de la Constitución provincial y las normas que lo reglamentan.
Sin embargo, a diferencia de lo sucedido en el precedente que acaba de citarse, en autos no se advierte que la confrontación involucre en su estado actual a ninguno de los sujetos mencionados por el precepto constitucional que sienta en el orden bonaerense las bases de la competencia contencioso administrativa.
Por el contrario, la actora ha manifestado en el escrito inaugural que lo que ha promovido es una demanda contra particulares, sin que -al menos hasta el presente- haya tomado intervención alguna en este proceso judicial la Municipalidad de Necochea, ni tampoco ningún otro ente estatal o persona en ejercicio de funciones administrativas.
Frente al cuadro descripto, el juez civil interviniente no debió en su primer despacho haber declarado la competencia del Juzgado en lo Contencioso Administrativo departamental y remitirle a este las actuaciones, menos aún sin aguardar que la providencia dictada adquiriera firmeza y sin siquiera considerar la medida cautelar peticionada con carácter urgente por la actora, en atención -entre otras- a la índole del bien jurídico en juego, a las posibles implicancias del transcurso del tiempo y al hecho de que el acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admite restricciones de ningún tipo o especie en cualquier estado del proceso, lo que impone una particular flexibilización de las reglas de competencia jurisdiccional, de modo que la tutela judicial resulte verdaderamente efectiva (v. resol. del Juzg. Civ. y Com. N°2 de Necochea del 6-V-2024).
Es que, justamente, la materia ambiental involucrada en el presente obligaba a un abordaje eficaz de las cuestiones de forma y de fondo planteadas, guiado por la premisa de evitar el daño -o de remediarlo si ya hubiere sido afectado-, acorde al claro y expreso mandato constitucional que así lo impone (conf. mi voto en causas B. 77.841, “Juara” y B. 78.191, “Zadikian”, resols. de 10-II-2023; y B. 78.108, “Etulain”, resol. de 13-IV-2023, entre otras).
En efecto, la materia que subyace en el particular es determinante. A ese respecto, vale advertir que el derecho ambiental constituye una disciplina autónoma de envergadura por su trascendencia y su origen internacional (conf. Conferencia de Estocolmo de 1972; "Carta de la Tierra", aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1982; informe "Nuestro Futuro Común", elaborado por la llamada “Comisión Brutland”; Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, aprobada 1992; Protocolo de Kioto, de 1997; Conferencia de París, de 2015, e.o.), además de su amplio reconocimiento constitucional (conf. arts. 28, Const. prov.; 41, 43 y 75 inc. 22, Const. nac; 26 y su doctr., CADH; 12 inc. “b”, PIDESC, e.o.).
Por otra parte, cabe destacar que asuntos como el que es objeto de estas actuaciones deben ser resueltos por la judicatura con sentido de responsabilidad social, así como también que corresponde evitar la formación de aquellas incidencias que pudieran implicar un innecesario dispendio jurisdiccional, con la consiguiente dilación o demora en el tratamiento de toda cuestión que por su naturaleza resulte urgente, prioritaria o merecedora de una tutela anticipada, conforme a los principios preventivo y precautorio aplicables en la materia (conf. art. 4, ley 25.675).
A la luz de las directrices indicadas, considero que -en el contexto fáctico y procesal descripto- el desprendimiento de la competencia decidido por el juez civil de primera instancia resulta improcedente, por mucho que se intente argumentar aquí sobre la base de la jurisprudencia de esta Corte que en diferentes supuestos ha remitido a la justicia contencioso administrativa ciertos expedientes a través de los cuales tramitaban acciones que no habían sido dirigidas de modo directo contra entes públicos enumerados en el art. 166 de la Constitución provincial, por estimar que la pretensión articulada exigiría el análisis de normas de derecho público (cfr. causas causa B. 72.777 "De Urquiza", resol. de 23-XII-2013; B. 74.248, "Asoc. Inquietudes Ciudadanas", resol. de 26-X-2016; y B. 74.483, "Proconsumer", resol. de 22-II-2017).
En mi opinión, la naturaleza transversal de la problemática ambiental y la expresa competencia de los jueces ordinarios para abordarla en los casos en que el daño o la situación de peligro fuera consecuencia de acciones u omisiones de particulares (conf. art. 36, ley 11.723), sumadas al modo en que la actora planteó la contienda y a la falta de intervención en autos de entes públicos o privados en ejercicio de funciones administrativas, determinan que en el conflicto planteado deba seguir interviniendo el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°2 del Departamento Judicial de Necochea.
Así lo voto.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Por mayoría, declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Necochea para continuar conociendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría se radicará allí el expediente electrónico para la prosecución de su trámite.
Comunicar mediante oficio lo aquí resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°2 de Necochea.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/10/2024 13:08:25 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/10/2024 12:24:46 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/10/2024 13:28:02 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2024 11:39:52 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/12/2024 13:08:10 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/12/2024 14:46:24 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/12/2024 14:47:47 hs. bajo el número RR-987-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia