Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 78584
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia de la Sala II de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata para conocer y decidir en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora el día 13 de octubre de 2022 (arts. 7 inc. 1, CCA y 38, ley 5.827). Por Secretaría, se radicarán electrónicamente las actuaciones para la prosecución de su trámite.
B.78.584 “COLEGIO DE ODONTOLOGOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DISTRITO 1 C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ ACCION PREVENTIVA -DAÑOS- CUESTION DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008”
I. El Colegio de Odontólogos –Distrito I- promueve, en los términos del art. 1.710 del Código Civil y Comercial, acción preventiva de daños contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires, por los graves perjuicios patrimoniales que la entidad bancaria le estaría ocasionando de manera injustificada e ilegal.
Luego de relatar detalladamente las vicisitudes suscitadas en torno a la elección de autoridades del citado Colegio para los períodos 2020 y 2021, que provocaron el inicio de una serie de procesos judiciales en trámite por distintos órganos jurisdiccionales del Departamento Judicial de La Plata –entre ellos, la Cámara en lo Contencioso Administrativo y el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°11- como así también la designación por parte del Consejo Superior del Colegio provincial del señor Sergio Pedro Marenco en el cargo de “interventor” hasta el 31 de mayo de 2022 –conforme lo establecido en el art. 6 de la ley 12.754-, explica que el día 7 de junio de 2022 se proclamaron finalmente los nuevos representantes de la institución.
Fue entonces que se dio comienzo a las gestiones ante el Banco demandado, a fin de que habilite y autorice el uso de las cuentas bancarias y de los fondos de propiedad y titularidad del Colegio. Sin embargo, manifiesta que tal solicitud fue rechazada por entender que debían continuar bajo la órbita del interventor designado. Esta circunstancia, afirma, vulnera el derecho de propiedad del Colegio, constituye un ejercicio abusivo del derecho y provoca un enriquecimiento sin causa en favor de la demandada.
Finalmente, con carácter cautelar, solicita que de forma inmediata se arbitren los medios necesarios para autorizar al señor Hernán Marciano Gossen y las señoras Verónica Urritia Erbetta y María Victoria Iriquin, para que, en su condición de Presidente, Secretaria General y Tesorera del Colegio, dispongan de los recursos económicos indispensables para cumplir con los cometidos contemplados en la ley 12.754.
II. La causa se inició en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°8 del Departamento Judicial de La Plata, cuyo magistrado subrogante entendió que no correspondía a la entidad bancaria corroborar los recaudos formales de asunción de las nuevas autoridades ni a ese órgano expedirse sobre la pretensión incoada en tanto se encontraba pendiente de resolución una petición semejante en otros procesos en trámite. De esta manera, rechazó la medida cautelar requerida como así también la demanda preventiva de daños intentada (v. resol. de 11-X-2022).
Contra dicho pronunciamiento, la actora interpuso recurso de apelación (v. presentación electrónica de fecha 13-X-2022 y memorial de fecha 25-X-2022).
Elevado el expediente a la Sala II de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial departamental, decidió –de manera oficiosa y, en primer término- revisar la competencia del fuero para conocer en el asunto. Para ello, analizó que, en estos obrados, en verdad, se discutía “la legitimidad de la actuación de quienes se arrogan la representación del Colegio de Odontólogos Distrito I, situación esta que no solo recae bajo la competencia del fuero contencioso administrativo, sino que además se halla controvertida –y pendiente de decisión firme- por ante el aludido fuero especializado”. A su vez, ponderó que la disposición de los fondos depositados en las cuentas bancarias “es una de las funciones, atribuciones y deberes que tienen los Colegios de Odontólogos del Distrito, según art. 5 inc. 21, de la ley 12.754 –texto según ley 14.163- y, como tal, de neta raíz contencioso administrativa” (v. resol. de 3-XI-2022).
De esta manera, las actuaciones recayeron en la Cámara en lo Contencioso Administrativo con asiento en esta ciudad. No obstante, sus integrantes se rehusaron a intervenir en el pleito, por considerar que se trataba de una materia comprendida dentro del giro comercial de la entidad demandada, ajena a la función administrativa ejercida por ella (v. resol. de 27-XII-2022).
De este modo, dio por configurada la contienda negativa y procedió a someterla ante esta Suprema Corte de Justicia en los términos del art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III. Este Tribunal ya se ha expedido sobre la oportunidad que tienen los jueces para declarar su incompetencia de oficio.
En tal sentido ha sostenido invariablemente que la incompetencia del órgano judicial no puede ser decretada en cualquier momento, debiendo proponerse -por regla- en la etapa procesal oportuna y, una vez precluida ésta, tanto las partes como el órgano se encuentran limitados para volver sobre la materia ya resuelta, porque lo contrario supone retrotraer el proceso con el consecuente dispendio jurisdiccional y agravio a los principios de seguridad jurídica y economía procesal (doctr. causas Ac. 58.714, "Gorostiaga", sent. de 7-III-2001; B. 75.404, "Asociación Inquietudes Ciudadanas", resol. de 17-X-2018; B. 75.877, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 14-VIII-2019; B. 76.240, "Ribotta", resol. de 26-XII-2019; B. 76.384, "Consejo Profesional de Química", resol. de 2-IX-2020; B. 76.945, "Matti", resol. de 16-VI-2021; B. 77.105, "Tellería", resol. de 15-VII-2021; B. 77.503, "Castañares", resol. de 3-II-2022; B. 77.773, "Mena", resol. de 23-II-2022 y B. 78.052, “Asociación Inquietudes Ciudadanas”, resol. de 25-VIII-2022, entre tantas otras). Por lo demás, el ordenamiento constitucional garantiza a toda persona el derecho a ser oída por un juez o tribunal competente y dentro de un plazo razonable (conf. arts. 8.1, CADH; 15, Const. prov.; doctr. causas C. 104.260, "Álvarez", sent. de 9-II-2011; A. 71.881, "Castro", resol. de 27-VI-2012; B. 70.651, "Lizziero", resol. de 18-XI-2009; causa A. 74.503, "Prieto", resol. de 22-II-2017).
IV. En la especie, permitir que la causa cambie de fuero de manera oficiosa cuando el magistrado a cargo del juzgado en lo civil y comercial, sin desprenderse de su competencia, desestimó el remedio preventivo solicitado y rechazó in limine la demanda interpuesta, conspira contra la observancia de los aludidos principios cardinales y se opone a expresas reglas del ordenamiento adjetivo (cfr. arts. 2, 4, 8, 9, 10, 350 y concs., CPCC; doctr. causas B. 75.169, "Municipalidad de Malvinas Argentinas", resol. de 15-VIII-2018; B. 75.396, "Lupacchini", resol. de 7-XI-2018; B. 75.402, "Casco", resol. de 21-XI-2018 y B. 77.78, "Rueda", resol. de 10-VI-2022).
En efecto, la Sala II de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial departamental introdujo oficiosamente una cuestión que no se hallaba controvertida; ello, en ocasión de expedirse sobre el recurso de apelación interpuesto por la actora contra la sentencia de primera instancia que rechazaba la prosecución de la acción preventiva instada. Al respecto, cabe tener presente que -en el caso- la competencia del tribunal de alzada no es originaria sino derivada y se ciñe a la función revisora de las cuestiones litigiosas decididas por el a quo (art. 38, ley 5.827).
Así pues, si el objeto de la impugnación se circunscribía a examinar la admisibilidad de la pretensión entablada y –eventualmente- el otorgamiento de la medida cautelar peticionada, no habiendo un desprendimiento en razón de la materia por parte del juez en lo civil y comercial actuante, no correspondía que la Cámara interviniente se aboque al tratamiento de una cuestión no planteada, debiendo limitarse a revisar la decisión adoptada por el magistrado de primera instancia en los términos en que ha sido atacada (doctr. causa B. 72.670, "Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de La Matanza", resol. de 21-VIII-2013).
V. Por lo expuesto, corresponde que sea la Sala II de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata la que conozca en el recurso.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia de la Sala II de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata para conocer y decidir en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora el día 13 de octubre de 2022 (arts. 7 inc. 1, CCA y 38, ley 5.827). Por Secretaría, se radicarán electrónicamente las actuaciones para la prosecución de su trámite.
Hágase saber lo decidido a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/03/2023 10:05:42 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/03/2023 11:13:44 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/03/2023 19:05:41 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/03/2023 10:35:58 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/03/2023 12:05:19 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 14/03/2023 12:15:24 hs. bajo el número RR-122-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia