Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 78868
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Dolores para continuar conociendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría se radicará allí el expediente electrónico para la prosecución de su trámite.
Comunicar mediante oficio lo aquí resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°1 de Dolores.
B.78.868 "GRAZIANI LILA ANA C/ SANTOS ROBERTO DANIEL Y OTROS S/ ACCION PREVENTIVA DAÑOS - CUESTION DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008"
Los señores Jueces doctores Soria y Genoud y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño, dijeron:
I. La señora Lila Ana Graziani, por derecho propio y en representación de sus hijos menores de edad, promovió acción colectiva preventiva de daño ambiental en los términos del art. 1.711 del Código Civil y Comercial contra los señores Roberto Daniel Santos, Juan Pablo Santos y Alejo Santos, en su condición de propietarios de un inmueble donde pretenden instalar un crematorio de cadáveres, al considerar que su radicación atenta contra el medio ambiente y la salud de los vecinos que residen en zonas aledañas.
Invoca la amplia legitimación que -recuerda- cabe reconocer en esta clase de asuntos, destacando además que habita en un área cercana a aquella en la que se pretende emplazar el equipamiento antes señalado.
II. La causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°1 del Departamento Judicial de Dolores, cuyo magistrado se declaró incompetente para entender en el caso con el argumento de que el núcleo de la cuestión controvertida se vincula directamente con normas o actos administrativos dictados por la Municipalidad de General Madariaga (v. resol. de 22-VI-2023).
Al así resolver, el expediente fue remitido al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental, pero su titular rechazó la competencia que le estaba siendo endilgada en la inteligencia de que la acción se entabló contra actos de particulares y que, por ende, no se trataría de una controversia suscitada por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, por parte de los órganos mencionados en el art. 166 de la Constitución provincial.
En consecuencia, concluyó que se había configurado una contienda negativa y dispuso someter la cuestión ante esta Suprema Corte de Justicia, en los términos del art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- (v. resol. del 26-VI-2023).
Pero antes de ser remitida, la parte actora interpuso un recurso de apelación contra la decisión del primer magistrado interviniente, al entender que su declaración de incompetencia resultaba una maniobra para dilatar el tratamiento urgente del objeto del presente proceso (v. escrito del 27-VI-2023), el cual fue concedido por el juez en lo civil y comercial (v. resol. del 4-VIII-2023) y rechazado por la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Dolores (v. resol. de 22-VIII-2023), una vez que el expediente se encontraba ya radicado ante este Tribunal.
III. El caso corresponde a la competencia del juez en lo contencioso administrativo.
III.1. Si bien al ser demandado un grupo de particulares con sostén en una norma del Código Civil y Comercial la situación, prima facie analizada, no encuadraría en el enunciado del art. 166, último párrafo, de la Constitución de la Provincia (conf. art. 1 inc. 1, CCA), la consideración atenta de los términos del escrito inicial revela que el conflicto pertenece a la jurisdicción que tales normas diagraman.
En efecto: la controversia se vincula de manera inequívoca con la actuación u omisión de la Municipalidad de General Madariaga en el ámbito de sus precisas funciones administrativas. Así surge de lo relatado por la propia parte actora, cuando a lo largo de varios pasajes de la demanda se refiere al trámite de aprobación por parte de la comuna del emprendimiento comercial que los aquí demandados pretenden llevar adelante el cual, afirma, padecería de una serie de irregularidades que inclusive dieron lugar a una denuncia penal contra varios funcionarios del municipio, que tramita bajo la IPP 03-05-000485-23 (v. punto III "legitimación activa" del escrito del. 5-VI-2023).
Sostiene, en tal sentido, que no hubo ningún tipo de planificación estratégica por parte de las autoridades locales al habilitar el establecimiento en cuestión que haya contemplado la normativa ambiental de la Provincia, la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo (decreto ley 8.912/77) o el Plan Regional de Ordenamiento Territorial "Tuyú, Mar y Campo" vigente en la zona, sumado a que el municipio generó condiciones de excepción para que un particular pueda ejercer una actividad contaminante en un lote de su propiedad y en un área que no está habilitada para tales fines (v. punto IV.B "hechos" del escrito del 5-VI-2023).
Todas esas anomalías, alega, se verían también reflejadas en el contenido de las ordenanzas 2665/20 y 2666/20, por las cuales la comuna permitió "la prestación del servicio de cremación de cadáveres y restos humanos, como así también el de incineración de ataúdes y urnas, por parte de particulares", las que habrían sido sancionadas sin la convocatoria de la población lindera a los establecimientos allí autorizados y generando una enorme cantidad de impugnaciones administrativas que no fueron contestadas por la Municipalidad de General Madariaga (v. punto IV.B "hechos" del escrito del 5-VI-2023).
III.2. Siendo así, queda claro que la afectación que invoca la parte actora está ligada no solo al uso que la demandada pudiere hacer del inmueble donde pretende colocar un crematorio, sino también a la actuación del municipio en el procedimiento a través del cual confirió la habilitación a ciertos particulares para la instalación del mencionado negocio, la cual, evidentemente, es materia básica de la litis y se relaciona con el ejercicio de funciones administrativas a cargo de la Municipalidad de General Madariaga (conf. art. 27 incs. 1 y 26, LOM).
De esta manera, aun cuando la acción no haya sido dirigida de modo directo contra alguno de los entes púbicos enumerados en el art. 166 de la Carta local, los términos del escrito postulatorio permiten afirmar -con la provisionalidad que es inherente a esta etapa del proceso- que le pretensión allí contenida exigirá el análisis de normas de derecho público, cuyo conocimiento se encuentra atribuido a los jueces especializados en la materia (cfr. doctr. causas B. 69.681, "Vitale de Carlino", resol. de 17-VI-2009; B. 70.174, "Cavenaghi", resol. de 14-X-2009; B. 73.426, "Abaca", resol. de 29-XII-2014; B. 74.483, "Proconsumer", resol. de 22-II-2017; B. 75.988, "Scarimbolo", resol. de 25-IX-2019 y B. 78.594, "Cooperativa Eléctrica Servicios Anexos y Vivienda de Pergamino", resol. de 28-III-2023, e.o.).
IV. Por todo ello, cabe concluir que la controversia corresponde al conocimiento de los órganos del fuero contencioso administrativo (cfr. arts. 166, última parte, Const. prov. y 1 incs. 1 y 2 in fine , CCA; doctr. cusas B. 72.777, "De Urquiza", resol. de 23-XII-2023; B. 74.248, "Asociación Inquietudes Ciudadanas", resol. de 23-X-2016 y B. 74.483, cit., e.o.).
Así lo votamos.
El señor Juez doctor Torres dijo:
Discrepo con la solución propuesta por mis colegas preopinantes.
En la reciente causa B. 77.780, “Colucci”, resol. de 24-X-2023, donde -como aquí- la parte actora había intentado una acción preventiva de daño ambiental, con fundamento en el art. 1.711 del Código Civil y Comercial, sostuve que, independientemente de las demás consideraciones que pudieran formularse en torno al carril procesal elegido, esa opción no determinaba necesariamente la competencia civil y comercial en desmedro de la contencioso administrativa, sino que, para dirimir la cuestión, resultaba necesario indagar en el objeto del litigio, así como en su eventual encuadre dentro de los términos previstos por el último párrafo del art. 166 de la Constitución provincial y las normas que lo reglamentan.
Sin embargo, a diferencia de lo sucedido en el precedente que acaba de citarse, en autos no se advierte que la confrontación involucre en su estado actual a ninguno de los sujetos mencionados por el precepto constitucional que sienta en el orden bonaerense las bases de la competencia contencioso administrativa.
Por el contrario, la accionante ha manifestado reiteradamente en el escrito inaugural que lo que ha promovido es una “demanda contra particulares”, sin que -al menos hasta el presente- haya tomado intervención alguna en este proceso judicial la Municipalidad de General Madariaga, ni tampoco ningún otro ente estatal o persona en ejercicio de funciones administrativas.
Al respecto, la actora ha puntualizado además en su demanda que lo planteado “...se trata de una acción entre particulares, no teniendo incidencia alguna en las presentes actuaciones, la actividad del Estado, tanto Municipal como Provincial, en tanto y en cuanto la actividad industrial que pretende desplegar el privado es peligrosa per se, y debe cesar en la generación de riesgos de daños graves”, como también que, aun en el supuesto de contar “...con habilitaciones administrativas, la actividad desplegada por los demandados, igual resulta antijurídica...” (v. pres. electr. de fecha 5-VI-2023, punto X).
Frente al cuadro descripto, el juez civil interviniente no debió en su primer despacho haber declarado la competencia del Juzgado en lo Contencioso Administrativo departamental y remitirle a este las actuaciones, menos aún sin aguardar que la providencia dictada adquiriera firmeza y sin siquiera considerar la medida cautelar peticionada con carácter urgente por la actora, algo que con buen tino procuró remediar la Cámara actuante al resolver el recurso de apelación deducido, en atención -entre otras- a la índole del bien jurídico en juego, a las posibles implicancias del transcurso del tiempo y al hecho de que el acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admite restricciones de ningún tipo o especie en cualquier estado del proceso, lo que impone una particular flexibilización de las reglas de competencia jurisdiccional, de modo que la tutela judicial resulte verdaderamente efectiva (v. prov. del Juzg. Civ. y Com. n° 1 de Dolores de fecha 22-VI-2023 y resol. de la Cámara departamental del mismo fuero de fecha 22-VIII-2023, punto V).
Es que, justamente, la materia ambiental involucrada en el presente obligaba a un abordaje eficaz de las cuestiones de forma y de fondo planteadas, guiado por la premisa de evitar el daño -o de remediarlo si ya hubiere sido afectado-, acorde al claro y expreso mandato constitucional que así lo impone (conf. mi voto en causas B. 77.841, “Juara” y B. 78.191, “Zadikian”, resols. de 10-II-2023; y B. 78.108, “Etulain”, resol. de 13-IV-2023, entre otras).
En efecto, la materia que subyace en el particular es determinante. A ese respecto, vale advertir que el derecho ambiental constituye una disciplina autónoma de envergadura por su trascendencia y su origen internacional (conf. Conferencia de Estocolmo de 1972; "Carta de la Tierra", aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1982; informe "Nuestro Futuro Común", elaborado por la llamada “Comisión Brutland”; Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, aprobada 1992; Protocolo de Kioto, de 1997; Conferencia de París, de 2015, e.o.), además de su amplio reconocimiento constitucional (conf. arts. 28, Const. prov.; 41, 43 y 75 inc. 22, Const. nac; 26 y su doctr., CADH; 12 inc. “b”, PIDESC, e.o.).
Por otra parte, cabe destacar que asuntos como el que es objeto de estas actuaciones deben ser resueltos por la judicatura con sentido de responsabilidad social, así como también que corresponde evitar la formación de aquellas incidencias que pudieran implicar un innecesario dispendio jurisdiccional, con la consiguiente dilación o demora en el tratamiento de toda cuestión que por su naturaleza resulte urgente, prioritaria o merecedora de una tutela anticipada, conforme a los principios preventivo y precautorio aplicables en la materia (conf. art. 4, ley 25.675).
A la luz de las directrices indicadas, considero que -en el contexto fáctico y procesal descripto- el desprendimiento de la competencia decidido por el juez civil de primera instancia resulta improcedente, por mucho que se intente argumentar aquí sobre la base de la jurisprudencia de esta Corte que en diferentes supuestos ha remitido a la justicia contencioso administrativa ciertos expedientes a través de los cuales tramitaban acciones que no habían sido dirigidas de modo directo contra entes públicos enumerados en el art. 166 de la Constitución provincial, por estimar que la pretensión articulada exigiría el análisis de normas de derecho público (cfr. causas causa B. 72.777 "De Urquiza", resol. de 23-XII-2013; B. 74.248, "Asoc. Inquietudes Ciudadanas", resol. de 26-X-2016; y B. 74.483, "Proconsumer", resol. de 22-II-2017).
En mi opinión, la naturaleza transversal de la problemática ambiental y la expresa competencia de los jueces ordinarios para abordarla en los casos en que el daño o la situación de peligro fuera consecuencia de acciones u omisiones de particulares (conf. art. 36, ley 11.723), sumadas al modo en que la actora planteó la contienda y a la falta de intervención en autos de entes públicos o privados en ejercicio de funciones administrativas, determinan que en el conflicto planteado deba seguir interviniendo el Juzgado Civil y Comercial N°1 del Departamento Judicial de Dolores.
Así lo voto.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Dolores para continuar conociendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría se radicará allí el expediente electrónico para la prosecución de su trámite.
Comunicar mediante oficio lo aquí resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°1 de Dolores.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/05/2024 12:31:42 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/05/2024 12:58:09 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/05/2024 09:24:36 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/05/2024 00:14:18 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2024 12:25:23 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2024 12:32:27 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/06/2024 12:32:48 hs. bajo el número RR-435-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia