Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala I · Causa 168400
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar lo resuelto a fs. 64/65, por los fundamentos expuestos en el punto II de la presente. Transcurrido el plazo del art. 267 del CPC, devuélvase.-
RAMIRO ROSALES CUELLO RODRIGO HERNÁN CATALDO
JOSÉ L. GUTIÉRREZ
-Secretario-
REGISTRO Nº 432.R FOLIO Nº 548
- Sala Primera de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mar del Plata -
Autos: "FERNANDEZ KARINA EDITH C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ ACCION DE REAJUSTE".
Expte. Nº 168400
Mar del Plata, 10 de Septiembre de 2019.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. A fs. 64/65 el Señor Juez de Primera Instancia resolvió desestimar la medida cautelar solicitada por la actora en su escrito postulatorio, consistente en la suspensión de aquéllas cláusulas contractuales que vulneran los derechos de los consumidores contratantes, atento la excesiva onerosidad sobreviniente en torno a la liquidación de cada cuota mensual acumulada desde el otorgamiento del crédito que por la presente acción impugna.
Entendió el Juzgador que las constancias documentales y el resto de la información disponible, en orden a la naturaleza del complejo fáctico ventilado, no abonan el reclamo instaurado en grado de apariencia bastante para, en esta instancia liminar, tener por configurada la verosimilitud en el derecho y peligro en la demora exigidos para la apertura de la vía cautelar.
Disconforme con lo resuelto apeló y fundó su recurso la accionante a fs. 66/82.
Alega la recurrente que de haber sabido lo que pasaría con la situación económica imperante, que afecta a cada uno de los argentinos, no hubiera tomado el crédito cuya revisión y readecuación solicita por medio de la presente acción.
Dice haber sufrido un perjuicio con el excesivo aumento de cada una de las cuotas y que el Juzgador ha pasado por alto los antecedentes fácticos que aquí se ventilan.
Echa mano a la ley de Defensa al Consumidor la cual reputa violada en el deber de información exigida para los consumidores.
Aduce que la cognición cautelar no exige un marco de certeza sino únicamente la acreditación sumaria o incipiente, así como el temor fundado de que el derecho se frustre o sufra menoscabo durante la sustanciación del proceso.
En cuanto a la petición de suspensión de los efectos de un contrato en curso de ejecución sostiene que debe partirse de la idea de que la cautelar debe significar un anticipo asegurativo de la garantía jurisdiccional.
Se extiende en el análisis de los créditos con capital en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) para colegir que es en extremo de público conocimiento la onerosidad sobreviniente de las prestaciones a su cargo, lo cual fue pasado por alto por el "a-quo" así como la exorbitancia del avance de la tasa de interés, todo lo cual, según dice, resulta ajeno a los ingresos de cada uno de los tomadores de estos créditos.
Resalta que al rechazar la medida no se tuvo en cuenta lo que demorará el presente juicio con el consecuente incremento de las obligaciones emergentes del contrato, por el modo en que vienen ascendiendo.
Se agravia además de que no se haya tratado en debida forma la acreditación de la verosimilitud en el derecho y del peligro en la demora, a los cuales el "a-quo" hace alusión sin ingresar en la sustancia misma de ellos.
Insiste en las modalidades del préstamo y realiza los cálculos para demostrar el desarrollo de la operatoria.
Pide se observe el incremento más que significativo de la cuota, lo que deriva en una excesiva onerosidad sobreviniente, cuyo tratamiento acusa al "a-quo" de haber omitido.
En el que sindica como “sexto agravio”, haciendo eco de la ley consumeril, se disconforma que se haya ordenado notificar al demandado el traslado de la presente acción en la “Casa Central”, es decir en la ciudad de La Plata, sin considerar que el contrato suscripto por las partes ha sido celebrado en la ciudad de Mar del Plata.
II. Lo resuelto debe mantenerse.
En efecto, a poco de inspeccionar la plataforma fáctica en que da origen al reclamo actoral, a la luz de los elementos acopiados en los albores de este proceso, adelantamos que -en esta instancia- la medida pretendida no logra cumplir con los requisitos necesarios para su procedencia.
Nos encontramos ante un pedido de suspensión de cláusulas contractuales, que constituye un pedido de anticipo de jurisdicción, lo cual, de algún modo se trata de una tutela anticipatoria de urgencia.
Pretende el actor bajo una acción de reajuste, que particularmente se intime a la entidad bancaria a readecuar las cuotas a vencer, tomando como tope de actualización de la UVA a partir del dictado de la cautelar el índice de Expectativa de Inflación Anual emitido por el B.C.R.A. en el REM del mes anterior a la toma del crédito (v. fs. 31).
Las consecuencias que derivan de una medida anticipatoria como sería el adelanto de decisión solicitado, hace que la valoración de las circunstancias deba realizarse con un criterio más estricto, pudiendo referirnos al “fumus bonis iuris” como fuerte probabilidad o suficiente evidencia (arg. Marino Tomás “Qué es (y que no es) la verosimilitud en el derecho”; SJA 17/12/2014 AR/DOC/5778/2014).
En tal sentido, y si bien siquiera se acreditó prima facie la alegada imposibilidad de hacer frente a las cuotas fijadas (mediante recibos de sueldo, por ejemplo), pues tal circunstancia es la que daría soporte -en una primera aproximación- para calificar de “excesivamente onerosas” a dichas cuotas (nótese que en su demanda dijo adjuntar a la causa los recibos de haberes correspondientes a los reclamantes para demostrar que sus ingresos no crecieron en la proporción a los incrementos de los servicios públicos y bienes de primera necesidad, como para hacer frente al pago de las cuotas mensuales generadas por el contrato; v. fs. 12 vta, fs. 33 vta. ap. VIII “Documental”), cierto es también que de cualquier modo no se dan hasta aquí los presupuestos necesarios para acceder a lo solicitado.
Efectivamente, ya sea que lo pretendido pueda enmarcarse dentro de una tutela anticipada de urgencia o una cautela sustancial, resulta palmario que en cualquiera de los supuestos no se ha acreditado que a través de los hechos expuestos y de la documentación obrante en la causa exista un grado de verosimilitud acentuado (próximo a la probabilidad o certeza) en cuanto a que la pretensión pueda prosperar; como tampoco se ha demostrado que de no otorgarse la medida ocurra un daño grave e irreparable (esta Sala, causa n° 168.155, sentencia interlocutoria del 27/08/19, con reg. n° 385-R y folio n° 481; v. PEYRANO, Jorge W. La medida autosatisfactiva: forma diferenciada de tutela que constituye una expresión privilegiada del proceso urgente. Génesis y Evolución en Medidas Autosatisfactivas, Jorge, W Peyrano Director, Ed. Rubinzal Culzoni, 2004, p. 13; ROJAS, Jorge A., La tutela anticipada entre el procedimiento y el activismo judicial, Diario LA LEY del 05/08/2015; DE LOS SANTOS, Mabel, "La prueba en la tutela procesal anticipada", LA LEY, 2009-D, 988; PEYRANO, Jorge W., Medida autosatisfactiva y tutela anticipada de urgencia, LA LEY 2012-E, 1110, cita online: AR/DOC/3753/2012).
En cuanto al “sexto agravio”, entendemos que no le causa gravamen al recurrente el hecho de que se haya ordenado notificar a la accionada el traslado de la demanda en su “Casa Central”, pues más allá de la molestia que pueda ocasionarle, lejos está de la irreparabilidad del perjuicio requerida para la apertura de esta instancia revisora (art. 242 del C.P.C.).
Vale recordar que la existencia de “gravamen” no es equiparable a “gravamen irreparable” desde que si el recurrente esgrime un simple “perjuicio” y no alega ni demuestra la “irreparabilidad” de sus consecuencias, no podrá tener cabida la apelación (arg. este Trib. Sala III c. 145364 Reg. 207 sent. del 13/4/2010; Palacio “Derecho procesal Civil” T V p. 45; Fenochietto-Arazi “Código Procesal” T I comentario al art. 242 p. 765).
III. Es por todo lo expuesto que se RESUELVE: CONFIRMAR lo resuelto a fs. 64/65, por los fundamentos expuestos en el punto II de la presente. Transcurrido el plazo del art. 267 del CPC, devuélvase.-
RAMIRO ROSALES CUELLO RODRIGO HERNÁN CATALDO
JOSÉ L. GUTIÉRREZ
-Secretario-
Fin de la sentencia