Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 172092
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Hacer lugar al recurso de apelación articulado el 25/2/2021 y revocar, en consecuencia, la resolución del 13/11/2021.
II. Imponer las costas al apelado vencido (arts. 68 y 69 del C.P.C.).
III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
CÁMARA DE APELACIÓN CIVIL Y COMERCIAL - SALA SEGUNDA.
REGISTRO N° . FOLIO N° .
EXPEDIENTE N° 172092. JUZGADO N ° 10.
"CHAVEZ MATIAS GABRIEL C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ ACCIÓN DE REAJUSTE (CUADERNILLO ART. 250 DEL CPC) ".
AUTOS Y VISTOS: Las presentes actuaciones caratuladas: " CHAVEZ MATIAS GABRIEL C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ ACCIÓN DE REAJUSTE (CUADERNILLO ART. 250 DEL CPC) " traídas a despacho a fin de resolver el recurso de apelación deducido por la parte demandada el 25/2/2021, contra la resolución del 13/11/2020.
I. En el auto cuestionado la jueza hizo lugar a la medida cautelar requerida por el actor y dispuso limitar la cuota del crédito UVA contratado con la entidad demandada, desde el mes de agosto de 2020 y hasta el dictado de la sentencia definitiva, al 25% de los ingresos declarados.
Indicó que, si bien desconoce los haberes totales tenidos en cuenta al momento de contratar, la cuota del mes de septiembre del 2020 insumiría aproximadamente el 70 % de la remuneración del accionante y que, más allá de que al inicio del préstamo su afectación era de un 55%, conforme la página web de la institución demandada el porcentaje de retención admitido en operatorias similares es del 25%.
Agregó que los vaivenes propios de la economía y la inflación recurrente no pueden considerarse circunstancias imprevisibles, pero sí pueden serlo las consecuencias económicas, sociales y laborales de la pandemia que afecta a aquellos cuyos ingresos no dependen de un sueldo, y que, aunque éste no parece ser el caso del actor, pudo haber sido el de su madre, cuyas remuneraciones pudieron ser valoradas al contraer el préstamo.
II. La demandada expuso sus agravios en el escrito del 25/2/2020, los que no fueron contestados.
Alegó que lo resuelto importó el dictado de una medida innovativa y que, por lo tanto, su análisis de procedencia debió efectuarse con mayor prudencia.
Señaló que la sentenciadora no describió los elementos evaluados en torno a la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora, y cuestionó que no se haya fijado una contracautela material toda vez que ahora se encuentra desprovisto de una garantía que le permita obtener el recupero de su acreencia en el supuesto que la demanda resulte rechazada.
Argumentó que no existe un perjuicio irreparable para el accionante toda vez que ni siquiera cumplió con el destino del préstamo otorgado y que, si hubiera adquirido un automotor su valor también habría aumentado y en un porcentaje superior al de la cuota.
Asimismo indicó que de haberse solicitado la extensión del plazo del préstamo, se habrían reducido los importes de las cuotas (conf. cláusula tercera).
Agregó que el BCRA es el ente creador de las UVA y quien determina su forma de cálculo y actualización, encontrándose la entidad demandada obligada al cumplimiento de todas las disposiciones emanadas de dicha autoridad monetaria (conf. ley 21.526).
Remarcó que el Banco otorga préstamos y también constituye plazos fijos en UVA, por lo que resulta sumamente perjudicial para su parte que se imponga un tope en su porcentaje únicamente en relación a los primeros.
III. El recurso prospera.
1. La medida dispuesta, en tanto coincide con la pretensión principal, debe ser encauzada como una tutela anticipada (conf. criterio expuesto por esta Sala en causas 169.273 RSI-78 del 12/3/2020, 169.084 RSI- 35 del 18/02/2020, 168.231 RSI-381 del 11/09/2019, entre otras).
La nota tipificante de este tipo de medidas consiste en un adelantamiento total o parcial de lo que se pretende obtener con el dictado de la sentencia de mérito –anticipo de jurisdicción-; por ende, a los fines de evitar desbordes que afecten y lesionen gravemente el derecho de defensa de la parte contraria, su dictado es rodeado de ciertas exigencias (fuerte verosimilitud en el derecho invocado, grave peligro en la demora y contracautela) que garantizan una procedencia acotada a casos en los que se verifique un daño grave e irreparable que justifique su dictado (argto. CSJN causa “Camacho Acosta” fallo del 7/08/1997; conf. Ramírez, Jorge O., Función precautelar, Astrea, Bs. As., 2005, pág. 90 y ss; este Tribunal, Sala I en causa nº 168034 RSI-524 del 17/10/2019).
En estos casos, el análisis debe estar dirigido a conseguir "la certeza (juicio de verdad, no de simple verosimilitud) sobre la existencia de las condiciones de hecho que, si el derecho existiese, serían tales que harían verdaderamente temer el daño inherente a la no satisfacción del mismo" (Calamandrei Piero, Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares, El Foro, Buenos Aires, 1997, pág. 78).
2. El actor intenta obtener el reajuste del contrato de préstamo personal para la compra de automotores celebrado con el Banco Provincia solicitando que se mantenga una cuota que tenga como tope el 20% de sus ingresos.
En sustento de su pretensión invocó: la teoría de la imprevisión contractual (en razón del la alteración extraordinaria, sobreviniente y ajena a la voluntad de las partes del monto de la cuota), la ausencia del deber de información (en tanto afirmó desconocer el valor de las UVAs y a qué cantidad de éstas equivalía el acuerdo celebrado) y la existencia de clausulas abusivas e ineficaces en los términos de la ley 24240 (conforme surge de la demanda adjuntada digitalmente).
Al conceder la medida la jueza, además de considerar las consecuencias sociales y laborales producto de la actual pandemia y el porcentaje de retención sobre el salario aplicado por el Banco en operatorias similares, mencionó que: a) al momento de tomar el crédito (octubre de 2017) la cuota le insumía al actor el 55% de sus ingresos (y no el 20% alegado), b) al mes de septiembre del 2020 dicha afectación ascendió a un 70%, c) se desconoce cuales fueron los ingresos totales tenidos en cuenta al contratar d) no se evidencia que la UVA se haya incrementado más que la inflación, como para quebrar la equivalencia de las prestaciones o generar un desequilibrio negocial y e) el crédito no encuadra en las categorías contempladas por el decreto 319/20 que dispuso el congelamiento del valor de las cuotas y la suspensión de ejecuciones.
Contrariamente a lo resuelto, los aspectos descriptos, a nuestro entender, debilitan la verosimilitud en el derecho necesaria para el dictado de la medida pretendida.
A ello debe adicionarse que mediante la presentación del 30/9/2020 el accionante acompañó la copia del contrato base de la acción cuya inexistencia afirmó en su demanda (ver archivos adjuntos a la formación del legajo realizado el 3/3/2020 en el presente expedientillo).
Allí se advierte que el aumento continuo de las cuotas respondería a la modalidad con la que fue celebrado el préstamo que une a las partes, donde las cuotas se indexan mensualmente en atención a que el capital prestado ($ 270.000) fue convertido a Unidades de Valor Adquisitivo (UVAs: 13.222,33), cuyo valor ascendía al 25/10/2017 a $ 20,42, obligándose el actor a reembolsar en pesos la cantidad correspondiente a las UVAs adeudadas (entendidas éstas como la unidad de cuenta que se actualiza diariamente por el CER basado en el Índice de Precios al Consumidor) al momento de cada uno de los vencimientos conforme la aplicación del denominado “sistema francés” (clausula segunda y tercera).
Por otra parte, no surge con el grado de certeza necesario, una desproporción en los intereses pactados (10,47 %CFT) en comparación con el promedio de tasas utilizadas para operaciones similares el lugar en el que se contrajo la obligación (argto. 771 del CCyC, esta Sala en causa 165.213 RSD-138 del 4/06/2018, 165.139 RSD-116 del 15/05/2018, 158.764 RSI-100 del 6/04/2018) por lo que éstos no se presentan, en principio, como abusivos (clausula cuarta).
De esta manera, los elementos de prueba hasta ahora acompañados no permiten tener por acreditada la vulneración de los derechos invocados por el accionante y tampoco se advierte el alegado incumplimiento en el deber de informar que le exigiría la ley consumeril al demandado, en lo que a su función de entidad otorgante respecta (arts. 332,1379 y concds. del CCyC).
Por lo tanto, atendiendo a la naturaleza de las medidas de tutela anticipada descriptas, y vistos los términos de la acción instaurada, no hallamos demostrada la “probabilidad cierta” de que el derecho invocado prospere, a la vez que tampoco se presenta con claridad la posibilidad de que un eventual derecho reconocido en sentencia se vea frustrado si no se accediere a la medida peticionada (conf. esta Sala en causa nro.169.084 RSI-35 del 18/2/2020, 169.315 RSI- 72 del 6/3/2020, entre otras).
3. Resultando innecesario el análisis de los restantes recaudos de procedencia, corresponde hace lugar al recurso en tratamiento (argto. arts. 195, 232 y concds. del CPCC; 961, 1091, 1119, 1120, 1121 y concds. del CCyC; 4, 36, 37 y concds. de la ley 24.240).
Por lo expuesto y lo normado por los arts. 34, 36, 161, 243, 246 y cctes. del C.P.C., RESOLVEMOS: I.- Hacer lugar al recurso de apelación articulado el 25/2/2021 y revocar, en consecuencia, la resolución del 13/11/2021. II.- Imponer las costas al apelado vencido (arts. 68 y 69 del C.P.C.). III.- Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967). IV.- Registrar el presente y una vez transcurrido el plazo previsto en el art. 267 in fine del C.P.C., devolver las actuaciones al Juzgado de origen.
En Mar del Plata se procede a firmar digitalmente la presente resolución conforme la acordada 3975/20 de la SCBA.-
Firmas
Funcionario Firmante: 10/06/2021 11:36:26 - LOUSTAUNAU Roberto Jose - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/06/2021 11:45:32 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/06/2021 13:16:25 - FERRAIRONE Alexis Alain - SECRETARIO DE CÁMARA
Fin de la sentencia