Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 168413
Expte. Nº 168413 - Juzgado Civil y Comercial N°11
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda , en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “FERRA, JAVIER VÍCTOR MANUEL C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ ACCIÓN DE REAJUTE” habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 27 de abril de 2022?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I.1. El 27 de abril de 2022 la Sra. Jueza titular del Juzgado Civil y Comercial N°11 departamental, Dra. Patricia Noemí Juárez dictó sentencia en la que rechazó la demanda de reajuste de contrato interpuesta por Javier Víctor Manuel Ferra contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires, con costas. Asimismo, ordenó —como mandato preventivo— que la cuota mensual que deba abonar el reclamante no supere el 50% del sueldo que percibe como policía de la provincia.
Para así decidirlo, explicó que las partes no discutieron el hecho de que celebraron un contrato de préstamo con garantía hipotecaria destinado a la adquisición del inmueble ubicado en Malvinas 870 PB n°1 de esta ciudad, otorgando el banco al actor la suma de $1.136.816, equivalente a 53.356 UVAs (unidades de valor adquisitivo), comprometiéndose el deudor a devolver el préstamo en un plazo de 360 meses y debiendo reembolsar los saldos actualizados mediante la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencias (CER) expresado en UVA, publicado periódicamente por el Banco Central de la República Argentina.
Señaló que, según refirió el actor, el crédito se ajusta a la inflación y que el exorbitante e imprevisto aumento de dicho índice encareció desmedidamente la cuota. Pide el reajuste del contrato con sustento en la teoría de la imprevisión. Invocó previsiones contenidas en la Ley de Defensa del Consumidor, la existencia de un abuso de posición dominante por parte del banco prestamista y la violación a las normas que vedan la indexación.
Abocada al estudio del planteo, la magistrada argumentó que, por regla, los jueces no pueden modificar las estipulaciones contenidas en los contratos, cuyo cumplimiento es obligatorio para las partes. Pero esta regla que deriva de la autonomía de la voluntad se mantiene en tanto subsistan las circunstancias existentes al tiempo de la celebración del negocio. Existen eventos que provocan el desequilibrio de las prestaciones, alterando la conmutatividad del contrato y provocando que la ecuación económica del negocio se vea trastocada por completo y uno de los otorgantes termine con una carga desproporcionada respecto de la que originalmente había previsto.
Indicó que la teoría de la imprevisión otorga al afectado la posibilidad de obtener la corrección de esos desajustes en la prestación o bien permitirle disolver el negocio jurídico alterado.
Al analizar los requisitos del instituto regulado en el art. 1091 del Código Civil, explicitó que la excesiva onerosidad puede entenderse de diversas formas, incluyendo el aumento del valor del sacrificio, permaneciendo inalterada la ventaja; o que permanezca idéntico el valor del sacrificio pero disminuya el de la ventaja; que ambos valores se alteren en sentido inverso o que se alteren experimentando alzas o bajas en simultáneo.
Agregó que la excesiva onerosidad no significa que no sea posible para el contratante cumplir la prestación o esto último resulte en su ruina, pero sí que imponga una carga definitivamente superior a la que resulte evidente que estaba dispuesto a asumir al tiempo de obligarse. Para determinar ello es necesario poner en relación a los valores originarios de las ventajas y de los sacrificios y medirlos con un denominador común (el valor de una cosa, o conjunto de cosas en dinero), de manera de obtener la diferencia; y tratándose de particulares, lo más razonable es emplear los niveles de ingresos y el poder de compra efectivo.
Dijo además que el Código Civil y Comercial suprimió la idea de imprevisibilidad del acontecimiento, lo que no impidió que se generen debates en doctrina a su respecto. Una posición entiende que la imprevisibilidad de los cambios de circunstancias no es esencial en la procedencia del remedio (siendo relevante su aptitud para alterar la conmutatividad del contrato) en tanto que otros autores consideran que es una característica que debe tener el cambio de circunstancias. Lo contrario, dice esta última posición, debe considerarse como parte del riesgo asumido. Tal es la interpretación que asumió la magistrada, señalando que no puede utilizarse la imprevisión como remedio ante los malos negocios.
Finalizó su exposición conceptual destacando que la nueva ley, en contraste con la derogada, permite no solo resolver el contrato sino instar la revisión o readecuación del negocio.
Abocada al estudio de la procedencia de la acción, explicó que el contrato de préstamo que medió entre las partes queda aprehendido por la Ley 24.240, no obstante no se sigue de ello a que necesariamente la demanda sea procedente.
El punto central del conflicto, aseveró, es la inflación y cómo ella ha operado en el contexto de las variables que integran la unidad de medida en la que se expresa el préstamo.
Expuso que « el proceso inflacionario que se desencadenó en la nación en los años 2018 y 2019 configura un suceso extraordinario, porque si bien la inflación es un problema crónico desde hace décadas en el país, lo cierto es que la subida estrepitosa de la misma escapó del curso normal y habitual de lo que venía aconteciendo durante el transcurso de un largo tiempo atrás». Solo 27 años atrás se pueden corroborar niveles tan altos de inflación como los habidos en 2018 y 2019.
Estimó que esa inflación debe ser considerada como un evento imprevisible. El Relevamiento de Expectativas de Mercado que publica el BCRA en enero de 2018 pronosticaba una inflación del 19,4% para ese año y de 13,5% para 2019, lo que dista de lo que finalmente se verificó en tales períodos (47,6% y 53,8%). En las leyes de presupuesto el gobierno pronosticó una inflación menor a la que aconteció. De ello se infiere, dijo la magistrada, que la inflación fue imprevisible hasta para el sector financiero y el propio gobierno.
Señaló que no obstante la imprevisibilidad de la escalada inflacionaria, la prestación a cargo del accionante no devino excesivamente onerosa. Esta última constituye una deuda de valor, motivo por el cual lo relevante es el poder adquisitivo de la moneda (su valor real) y no su valor nominal.
Para afirmar que la prestación no devino excesivamente onerosa indicó que: (a) pese al incremento nominal de los pesos debidos, la suma entregada por el banco representaban U$D60.000 y el saldo adeudado equivale a unos U$D21.000; ello significa que habiendo pagado solo cuatro de los treinta años, adeuda menos de la mitad del valor que le fue entregado; (b) la relación cuota-ingreso, tal lo que se desprende de la pericial contable, osciló en el período enero 2018 a noviembre de 2021 en un promedio de 26,31%; (c) los meses en los que las cuotas afectaron más sensiblemente los ingresos del actor no se verificaron ingresos por el ejercicio de la profesión de abogado, lo que resulta una situación personal ajena al negocio; (d) no obstante el alto aumento de la inflación, el ingreso del actor también se fue acrecentando aunque no en igual medida; (e) pese a que el valor de venta de la propiedad decreció, es menester ponderar que el actor hoy cuenta con la titularidad de un inmueble con un precio cercano a los U$D60.000, cuando abonó nada más que 45 de las 360 cuotas que componen el préstamo, y solo resta pagar U$D21.000; (f) la cuota mensual del préstamo difícilmente le permita alquilar un inmueble de características similares, siendo esa la solución a la que debiera acudir en caso de no contar con el bien adquirido (con la seguridad que ello conlleva).
En el considerando «III.2.» indicó que no se ha configurado en el caso un abuso de la posición dominante. Dijo que no fue probada la alegada conspiración entre los bancos y el gobierno para perjudicar a los ciudadanos, a la vez que esa hipótesis queda desvirtuada con el carácter imprevisible que tuvo la inflación para las propias autoridades. A todo evento, agregó, lo dicho en relación a la falta de excesiva onerosidad desdibuja la genérica invocación del actor sobre las prácticas abusivas de la demandada. Finalmente, la existencia de una competencia entre bancos que ofrecían productos similares también impide advertir una posición dominante del banco provincial en el mercado financiero.
En el apartado «IV» ordenó, como mandato preventivo y con base en los artículos 1710 a 1713 del CCYC, que el Banco de la Provincia de Buenos Aires no perciba una cuota mensual que supere el 50% del sueldo neto que percibe como policía de la provincia, y cuyas diferencias deberán ser saldadas al finalizar el plazo acordado para la devolución del crédito.
La actora apeló el 4 de mayo de 2022 y fundó su recurso el 6 de mayo de 2022, mereciendo la respuesta de la contraria el 20 de mayo de ese mismo año. Sus agravios pueden sintetizarse del siguiente modo:
(i) Afirma que, de lo dicho por la magistrada en su sentencia, « los consumidores estamos destinados a ser rehenes de un poderoso sistema bancario que a la postre ha sido el único beneficiario de este sistema de créditos UVA» dado que el índice aumentó más que la inflación. Considera que en el caso corresponde aplicar la teoría de la imprevisión.
(ii) Refiere, al analizar la excesiva onerosidad sobreviniente, que el nivel de ingresos y el poder de compra efectivo de los salarios de los trabajadores ha decaído, importando un esfuerzo mayor que hace cinco años atrás. Dice que un sueldo de $16.000 en 2018 no se compara con el de $70.000 en el 2022. Alega que desde el año 2018 la inflación trajo aparejada la pérdida real y constante del poder adquisitivo de los salarios y 2022 será el quinto año consecutivo con esa tendencia.
Explica que si no está en mora es porque ajustó su economía en otros aspectos para no perder su hogar, pero ello no quiere decir que de persistir el elevado nivel de inflación, no pueda haber una cesación de los pagos.
(iii) Argumenta que la inflación que se verificó luego de celebrar el negocio se elevó a niveles inesperados e imprevisibles.
(iv) Cuestiona la sentencia por cuanto se afirma que la prestación no se transformó en excesivamente onerosa. Dice que la jueza se enfocó solo en la prestación a cargo del deudor y “ en el valor de la cuota y nominalidad de afectación traducida en un porcentaje ” pero no tuvo en cuenta que la prestación para el banco se ha transformado en una ventaja patrimonial que tampoco tenía prevista al momento de contratar.
Alega que la jueza no puede comparar su ingreso en 2017 con el mismo salario en 2022, dado que aun cuando pudo haber sido nominalmente mayor en comparación con la evolución del IPC, el valor real no ha sido el mismo.
(v) Reniega de que la jueza haya invocado el valor de la propiedad en moneda extranjera, sosteniendo que la deuda en dólares ha disminuido, insinuando que el contrato significó un “negocio redondo”. Dice que el Banco le prestó pesos y no dólares, por lo que independientemente del valor de la casa, “ lo que hay que mirar es el volumen del capital adeudado y la forma exponencial en la que se ha incrementado. Si comparamos momentos, en el año 2018 con una deuda de $1.133.000 la cuota de $7000 cancelaba el 0,7% de la deuda y hoy con una cuota de $35.000 y una deuda de $5.874.492 cancelo el 0,5% del capital adeudado y un valor de las propiedades en caída, con un mercado inmobiliario deprimido”.
Dice que su propiedad vale U$D60.000 y que si vendiese su propiedad, los $12.000.000 obtenidos -a valor “blue”- le debería descontar la deuda de $5.874.492, más los U$D15.000 que representa la parte no financiada, quedando “en mano” $3.125.508, a lo que debe descontarle gastos de escritura y comisión de martilleros, lo que redunda en una cifra aún menor y la pérdida de la vivienda para su familia. Considera irrazonable pensar al negocio de ese modo.
Manifiesta que no es esa la manera de juzgar el caso, ni tampoco la idea de un hipotético alquiler.
(vi) Invoca la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública N°27.541, en cuyo artículo 60 se ordenó al Banco Central a realizar una evaluación sobre el desempeño y consecuencias del sistema de préstamos UVA, y a estudiar mecanismos para mitigar sus efectos negativos atendiendo al criterio del esfuerzo compartido entre acreedor y deudor.
Pide la aplicación de la teoría del esfuerzo compartido; alega que no volvería a tomar un crédito UVA y que debe existir una justa distribución de los riesgos para que las partes reajusten equitativamente el valor de las prestaciones en pos de conservar la vigencia del mutuo celebrado.
(vii) Argumenta sobre la falta de una solución de fondo y que el problema de los créditos UVA se reconozca como tal. Dice que las mismas autoridades que promovieron la modalidad crediticia luego reconocieron los efectos perniciosos del sistema. Alega que en el “mandato preventivo”, la jueza reconoció el efecto nocivo del contrato. Se pregunta “ si la mayoría reconoce que este tipo de créditos a la larga harán mella en la economía de una familia, por qué esperar a que eso ocurra para brindar una solución definitiva a la cuestión ”.
Pide se revoque la sentencia y se revise el contrato.
El Banco de la Provincia de Buenos Aires apeló el 4 de mayo de 2022 y fundó su recurso el 10 de mayo de 2022, mereciendo la respuesta de la contraria el 10 de mayo de ese mismo año.
Postula las siguientes líneas argumentales:
(i) Se queja del mandato preventivo fijado en la sentencia. Enuncia lo que, a su entender, son los requisitos propios de la figura y concluye en que ninguno de ellos se verifica en el caso (amenaza de daño, conducta antijurídica, adecuada relación entre la amenaza del daño y la conducta del sujeto pasivo, etc.).
(ii) Dice que al disponer la medida solo evaluó uno de los ingresos del actor, cuando en el trámite previo al otorgamiento del crédito se evaluaron también sus ingresos como abogado, los cuales -agrega- en la mayoría de los meses son superiores a su sueldo como policía.
Dice que la cuota actual del préstamo es de $44.000 y que la mitad de su ingreso como policía es el 25% de sus ingresos totales. Reitera que la pericia no consideró el SAC y acreditaciones en la caja de ahorro que no fueron declaradas como ingresos.
(iii) Plantea dificultades para poner en práctica la medida. Refiere que el descuento debe hacerse sobre sus ingresos brutos, y no netos, de modo de que no se vea afectada la cuota por otros posibles descuentos (embargos, alimentos, etc.). Dice que el banco no puede conocer la composición de su ingreso, dado que no tiene acceso a su recibo de sueldo.
(iv) Alega que el juez no puede renegociar el contrato, ni invadir el ámbito de autonomía de la voluntad. Solo puede hacerlo ante lesión o imprevisión, hipótesis que -dice- no se verifican en el caso. Pide se deje sin efecto el mandato preventivo.
III. Tratamiento de los recursos.
Por razones de orden lógico analizaré en primer lugar los agravios de la actora y luego los que postuló la entidad financiera demandada.
1.a. El recurso del Sr. Ferra, adelanto, no prospera.
El 9 de enero de 2018 el Sr. Javier Víctor Manuel Ferra celebró con el Banco de la Provincia de Buenos Aires un contrato de préstamo con garantía hipotecaria bajo la modalidad UVA. La entidad financiera le otorgó el equivalente en pesos a 53.350 unidades de valor adquisitivo conforme la cotización de esa misma fecha. El plazo de devolución fue pactado en 360 cuotas (30 años) bajo un sistema de amortización francés con vencimiento el último día de cada mes y a una tasa fija del 5,90% nominal anual vencida calculado sobre el capital ajustado.
El préstamo permitió al actor adquirir un departamento ubicado en la planta baja de un edificio con frente en calle Maipú 5873 y Malvinas Argentinas 850/860/870 de esta ciudad, pagando por él un total de U$D75.000. Ambos contratos, el préstamo y la compraventa, fueron instrumentados en las escrituras N°40 y 41 del 9 de enero de 2018 ante el escribano Ricardo Rubén Vaquero, titular del registro 104 de esta ciudad.
Según surge del escrito que da inicio a este pleito, el Sr. Ferra pretende la revisión del contrato alegando que la inflación posterior a la celebración del contrato de mutuo fue superior a la que las autoridades pronosticaban, a lo que se le sumó una devaluación del dólar en más de un 100%. Afirmó que su problema es el de muchos otros tomadores de créditos de similares características, que el sistema de refinanciación previsto en el contrato es una solución insuficiente y detalló el nivel de afectación que la cuota del préstamo ha tenido en sus ingresos. Pide, en definitiva, la readecuación del contrato “ modificando el sistema de actualización del capital adeudado partiendo de los índices de inflación proyectados por el Banco Central de la República Argentina al momento de contratar (REM), ajustado por CER o CVS de acuerdo al que resulte menor, y en su caso, fijando topes de incrementos al capital” (párrafo final del punto II del escrito de demanda).
El banco demandado, a su turno, resistió el reclamo del Sr. Ferra y afirmó que no se dan en el caso circunstancias que justifiquen modificar la letra del contrato, cuestionando incluso la facultad de la judicatura para alterar lo que voluntariamente las partes establecieron en el negocio.
1.b. Coincido con la jueza en que no hay en el caso elementos que permitan encuadrar la relación jurídica entre las partes como un supuesto de abuso de posición dominante y, de hecho, tampoco encuentro en el recurso del actor argumentos dirigidos a cuestionar útilmente esa parcela de la decisión. La desestimación del planteo llega firme a esta instancia.
Lo mismo cabe decir sobre la alegada violación a las normas que prohíben la indexación, argumento en el que también se sustentó la pretensión revisionista. Cualquiera sea el tipo obligacional que se considere aplicable (deuda dineraria o deuda de valor), lo cierto es que el sistema de créditos UVA, sustentado en la misma normativa que regulaba la unidad de vivienda (UVI), fue acompañado de una expresa excepción a las reglas que prohíben la repotenciación de obligaciones (art. 21 de la Ley 27.271 de Sistema para el Fomento de la Inversión en Vivienda).
La procedencia de la readecuación del contrato pretendida por el actor debe ser juzgada a la luz de la denominada teoría de la imprevisión, hoy contemplada en el art. 1091 del Código Civil y Comercial. Esta norma permite a los jueces readecuar contratos conmutativos de ejecución diferida o permanente cuando la prestación a cargo de una de las partes deviene « excesivamente onerosa » por una « alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración », sobrevenida por « causas ajenas a las partes y al riesgo asumido por la parte perjudicada» .
No pretendo ahondar en desarrollos conceptuales vinculados a los requisitos de la revisión judicial de contratos sobre la base de la excesiva onerosidad sobreviniente. La sentencia de primera instancia presenta una meticulosa evaluación de cada uno de ellos y ahondar en este punto, desde una óptica estrictamente teór
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.