Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 168190
Expte. Nº 168190 - Juzgado Civil y Comercial N°15
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “POMPHILE, MARÍA CELESTE Y OT. C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ ACCIÓN DE REAJUSTE”, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Alfredo E. Méndez.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 28 de diciembre de 2021?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. El 28 de diciembre de 2021, el Sr. Juez Héctor Fabián Casas, titular del Juzgado Civil y Comercial N°15 departamental, dictó sentencia en la que hizo lugar a la demanda de reajuste promovida por la Sra. María Celeste Pomphile y el Sr. julio Oscar Pomphile contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Dispuso, asimismo, que si como consecuencia de los cálculos de readecuación surgiere un saldo a favor de los actores la accionada debe entregarlos a los actores dentro de los 10 días de quedar firme el fallo; todo ello más intereses y costas.
Para así decidirlo, señaló que el 23 de mayo de 2018 las partes celebraron un contrato de mutuo hipotecario con garantía hipotecaria para la adquisición de una vivienda, en el cual el banco le prestó el equivalente a 78.360 UVAs que los actores se obligaron a restituir en 120 cuotas mensuales y consecutivas con vencimiento en el último día de cada mes. Los saldos se actualizarían mediante la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia y se expresaría en cantidad de unidades de valor adquisitivo.
Explicó que el objeto de la prestación se integra por un valor mediante el cual se pretende cumplir con la expectativa patrimonial del acreedor, manteniendo en principio los términos económicos originalmente establecidos. Ello —dijo— no garantiza que en ciertos supuestos el valor no refleje un desequilibrio por motivos ajenos a las partes. Es por ello necesario, agregó, definir si concurren los requisitos necesarios para habilitar la aplicación de la teoría de la imprevisión.
Previo a evaluar esto último, reparó en la violación al deber de información por parte de la entidad financiera. La demandada, dijo, se defendió alegando que se le comunicó al cliente la variabilidad del crédito y el alea que implicaba acceder a la financiación, pero el testigo propuesto —Sr. Pablo Bianchimano— dijo que no conocía a la Sra. Pomphile personalmente ni estuvo presente en la atención a los actores.
Aseveró que no puede considerarse cumplido el deber de información con relación a los clientes cuando no se presentó quien ha tenido contacto efectivo con ellos (el banco había dicho que fue Bianchimano y este finalmente desmintió esa aseveración). Reparó en que el testigo desconocía los valores que debía tener en cuenta a los fines de poder explicar a un futuro cliente sobre los valores de mercado que debían tomarse de referencia para poder señalar si el crédito era o no previsible y conveniente para contratar.
Explicó que el banco demandado hizo publicidad activamente de este tipo de contrataciones, generando una confianza que se traduce en una expectativa exigible del consumidor. El banco, agregó, violó el principio de confianza e incumplió el deber de información sobre el contenido y consecuencias del contrato celebrado.
Abocado a evaluar si existió o no imprevisión, y luego de considerar inaplicable el instituto de la lesión, señaló que “resulta con claridad de la pruebas producida” que el mutuo originalmente contratado se presentaba para los actores como “hondamente conveniente”.
La tasa de interés fue baja (8,25%) y las expectativas de mercado que indicaban que la inflación esperada para los meses y años subsiguientes iba a estar a la baja, lo que tornaba al contrato como sumamente conveniente.
Citó el Relevamiento de Expectativas de Mercado del mes de abril de 2018 y los valores inflacionarios que se esperaban a la época. Dijo que “si bien no son vinculantes, ellas reflejan cuál era el pronóstico macroeconómico que aconsejaba a consumidores como el Sr. Pomphile y la Sra. Pomphile a solicitar mutuos hipotecarios sujetos a actualización por Uva y no otra opción crediticia”.
Dijo que la naturaleza del contrato comprendía las vicisitudes propias del mercado, pero que “lo sucedido con posterioridad superó ampliamente toda proyección y expectativa posible”. De la pericia surge que los actores abonaron al inicio del pleito 29 cuotas del mutuo, cancelando el equivalente a 12.498 UVAs. La evolución de las cuotas reflejan “claramente el aumento del valor unitario de la UVA”.
Considera plausible que los actores hayan acudido al REM para definir si contratar o no, puesto que tal hubiera sido un obrar diligente previo al otorgamiento del contrato. Aclara que si bien existía un riesgo propio en el contrato suscripto por los actores -y ello comprendida “cierta incertidumbre respecto a cuánto ascendería mensualmente el valor de la cuota a abonar”-, en modo alguno es posible asumir que un aumento de la UVA desmedida e imprevista aún por el pronóstico publicado por el BCRA se encontraba comprendido dentro de ese riesgo.
Aclaró que los accionantes “posiblemente contrataron el mutuo hipotecario sin reparos con plena convicción de que el mismo les era conveniente y que iban a poder abonar las cuotas mensuales sin mayores inconvenientes”. El mecanismo de refinanciación -agregó- no hubiera alterado esta excesiva onerosidad.
Reafirmó el carácter imprevisible que, incluso para especialistas, tuvo la escalada inflacionaria sucedida desde 2018 y el hecho de que la prestación a cargo del banco no se hizo de ninguna forma más onerosa, desinteresándose de la producción de la prueba pericial contable lo que denota “una falta de compromiso evidente con el esclarecimiento de los hechos ventilados en estas actuaciones”.
Concluyó por ello que debe aplicarse al caso la teoría de la imprevisión y reajustar el contrato sobre la base de las siguientes pautas: (a) con fundamento en la equidad, se calculará cada unidad de valor adquisitivo tomando el punto medio entre la proyección de la inflación y la inflación efectivamente acaecida en cada período, debiendo adicionar por fuera de dicho valor el interés del 8,25% pactado en el contrato; (b) que la perito contadora determine si existe un saldo a favor de los actores a raíz de lo ya abonado a lo largo del contrato y, en su caso determine a cuánto asciende ese saldo. Este último, además, deberá ser abonado a los actores dentro de los diez días de aprobado el cálculo, con intereses calculados a la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días.
II. El recurso del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
El banco demandado apeló el 16 de febrero de 2022 y fundó su recurso el 29 de junio de 2022. La respuesta de la contraria fue presentada el 6 de julio de ese mismo año.
En síntesis, plantea lo siguiente:
(a) Afirma que la teoría de la imprevisión es inaplicable al caso por no reunirse los requisitos necesarios. Juzga equivocado considerar que hubo una grave ruptura del equilibrio real del contrato, justificando la aplicación del instituto de la imprevisión sobre la base del alentador panorama que difundía el relevamiento de expectativas de mercado del BCRA. Afirma que nunca se demostró un hecho imprevisible que impidiera a los actores el cumplimiento de las obligaciones; agrega “es más, ni siquiera acreditaron la desproporción de la cuota en relación a sus ingresos, porque en todo momento evadieron dicha información (ver rechazo medida cautelar). Que haya habido mayor inflación a la prevista por los actores no constituye un hecho extraordinario para poder aplicar teoría de la imprevisión” (sic).
(b) Cuestiona que los actores puedan, en nuestro país, considerar imprevisible al fenómeno inflacionario. Dice que especularon para enriquecerse en su carácter de deudores, abusando de su figura de consumidor. Critica que se haya considerado que el negocio al inicio era conveniente y después, a criterio del juez, dejó de serlo, aplicando la doctrina del esfuerzo compartido.
(c) Dice que la inflación no fue ni imprevisible ni extraordinaria. La inflación, agrega, es un alea propio del contrato y no es ajena, como lo requiere el art. 1091 del CCyC.
(d) Alega que el informe REM no es vinculante; el BCRA solo determina el índice UVA. El incremento de la cuota, dice, no es una novedad o sorpresa y tampoco el porcentaje o montos en los que se fue elevando. Critica que el magistrado nunca haya indagado sobre la relación cuota ingreso. Dice que la inflación es un problema crónico y de vieja data y todos los productos de la economía crecen en sus precios. Se pregunta cuál sería la imprevisión si en el contrato surge con claridad que el saldo de precio se ajusta a una referencia vinculada al IPC. Afirma que se disponen injustificadamente de los fondos públicos de los habitantes bonaerenses.
(e) Cita precedentes de la Sala Segunda en la que se afirmó que el aumento nominal de las cuotas sin superar la evolución del IPC no revela un quiebre en la equivalencia de las prestaciones o un desequilibrio negocial. Cita además precedentes de otras jurisdicciones y argumenta que no hay fallo alguno que haya aplicado la teoría de la imprevisión para el caso de los créditos UVA.
(f) En el punto «IV.b» alega —y reitera— que la actora no probó el desequilibrio de las prestaciones. La carga de la prueba, dice, recaía sobre la parte actora, resultando inaplicable el art. 53 de la Ley de Defensa del Consumidor. Refiere que se cumplió con el deber de información y ello surge de la propia escritura suscripta por las partes. Enfatiza que el banco nunca les aseguró un determinado nivel de inflación.
Cita las normas que aprehenden la modalidad crediticia y alega que todas ellas fueron debidamente observadas en el caso. Destaca que los actores no acudieron al sistema de extensión del plazo para el pago del crédito.
(g) Expone que los actores no hubieran podido acceder a la compra de su vivienda de no ser por el tipo de préstamo que les ofreció el banco. Dice que si los actores hubieran sacado un crédito hipotecario tradicional, la tasa de interés hubiera sido muy distinta (para ello, cita los valores promedio informados por la autoridad monetaria).
Manifiesta que el valor del bien adquirido ha aumentado en una mayor proporción que el valor del UVA. Dice que al momento de contratar la tasación realizada por la Arquitecta Bastida Vecino era de $2.655.443,43, en tanto que al responder la demanda, la tasación ascendía a $8.024.682,68, a enero de 2019, equivalentes a 126.372 dólares estadounidenses. Destacan que los actores se capitalizaron, pues se endeudaron en pesos pero adquirieron un bien en dólares; compara las cotizaciones vigentes al momento de tomar el préstamo y las que rigen en la actualidad. Aun con un valor de reventa menor, los actores pudieron capitalizarse con un crédito en moneda nacional.
Lo dicho lleva a concluir -dice- que no hicieron un “mal negocio” sino que tampoco pueda inferirse una onerosidad extraordinaria.
(h) Expresa que la única manera de calcular la UVA y actualizar las cuotas es la que dispone la regulación del Banco Central de la República Argentina. De esta normativa no puede apartarse el juez en el modo en que lo hizo al disponer la readecuación. La solución apelada, argumenta, afecta al estado patrimonial del banco en el que se encuentran comprometidos intereses públicos.
(i) Cuestiona las facultades que se arrogó el magistrado para modificar la letra del contrato, alterando la división de poderes sin fundamento suficiente, obligándola a apartarse de la normativa que rige su actividad. Afirma que la tasa activa percibida es razonable y testigo para referencias económicas; el CER fue creado por Ley y calculado por el central.
(j) Refiere que fue equivocado el modo en que se interpretó la prueba testimonial. Sobre la sola base de no haber recordado a los actores ni el nivel de inflación del año 2018, el juez -alega- concluyó que el deber de información fue incumplido. Manifiesta que el testigo intervino en la celebración del negocio y explicó que todas las características del crédito le fueron informadas a los mutuarios, lo que se dejó expresamente aclarado en el texto de la escritura que les fue leído previo a su rúbrica.
(k) Critica el modo en que el juez administró la audiencia al declarar la Arquitecta Bastida, forzando una declaración en un sentido y asignándole una interpretación ajena a lo que la deponente afirmó. Invoca prejuzgamiento por parte del magistrado y cuestiona su decisión de parcelar respuestas para darle un sentido distinto al querido.
Manifiesta que el sentenciador introdujo un aporte subjetivo, emitiendo una opinión que hizo entrever la decisión final que iba a tener la causa mientras se encontraba abierta a prueba; y ello con el agravante de que tales apreciaciones las hizo durante el interrogatorio al testigo de la actora. Considera que a ese momento la decisión ya estaba tomada.
(l) Dice que la sentencia debe ser revocada y las costas deben ser impuestas al accionante.
Disiento con la solución adoptada en primera instancia. A mi modo de ver, la demanda de revisión de contrato debe ser desestimada.
Seguidamente explicaré los motivos de mi decisión.
III.1.a. Una mejor comprensión del conflicto que media entre las partes y un correcto tratamiento del recurso me obliga a recapitular muy brevemente la forma en que ha quedado zanjada la controversia en primera instancia, así como también las premisas basilares sobre las que se asentaron tanto la pretensión de los Sres. Pomphile como la resistencia del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
El 23 de mayo de 2018 la Sra. María Celeste Pomphile y el Sr. Julio Oscar Pomphile celebraron con el Banco de la Provincia de Buenos Aires un contrato de préstamo con garantía hipotecaria bajo la modalidad UVA. La entidad financiera le otorgó el equivalente en pesos a 78.360 unidades de valor adquisitivo conforme la cotización de esa misma fecha. El plazo de devolución fue pactado en 120 cuotas (10 años) bajo un sistema de amortización francés con vencimiento el último día de cada mes y a una tasa fija del 8,25% nominal anual vencida calculado sobre el capital ajustado.
El préstamo permitió a los actores adquirir un inmueble ubicado en el barrio “Las Avenidas” de esta ciudad, con frente en calle Rafael del Riesgo 746, pagando por él un total de U$D125.000. Ambos contratos, el préstamo y la compraventa, fueron instrumentados en las escrituras N°279 y 280 del 23 de mayo de 2018 ante el escribano Jorge Eduardo Salerno, titular del registro 20 de esta ciudad.
Según surge del escrito que da inicio a este pleito, los actores pretenden la revisión del contrato, la morigeración de sus intereses, la determinación de la deuda y la nulidad de cláusulas abusivas, todo ello a la luz de la normativa consumeril.
Entre muchos otros argumentos —que aquí solo resumo en cuanto los considero relevantes para dirimir la suerte del reclamo— alegaron que celebraron el contrato hipotecario con el banco demandado y al inicio de la relación “todo funcionó bien” ya que en la cuenta desde la que se hacen los descuentos de las cuotas se depositaba dinero suficiente para cubrir las erogaciones, pero que “diferentes problemas económicos que se vinieron sucediendo desde hace tiempo en el país, hicieron que nuestros ingresos fueran disminuyendo hecho por demás conocido en relación con el aumento de las cuotas”. Detallaron las expectativas económicas difundidas por el Banco Central de la República Argentina y el modo en que tales proyecciones (utilizadas para adoptar la decisión de pedir un préstamo) no se verificaron luego en la práctica, escalando la inflación por sobre lo anunciado. Invocaron también las medidas del gobierno en la que —dicen— se intentó paliar propios yerros, disminuyendo el impacto del monto de las cuotas.
Refirieron adjuntar “los recibos de haberes correspondientes a los reclamantes, los que muestran que los ingresos no han [crecido] en la proporción a los incrementos de los servicios públicos y bienes de primera necesidad, con los que deben hacer frente al pago de las cuotas mensuales que por el contrato en cuestión se generan” (sic). Afirmaron que con el retraso de los sueldos lo que parecían cuotas accesibles se volvieron una carga “para muchos” (sic) cada vez más pesada de sostener.
Alegaron el crecimiento imprevisto de la inflación, el aumento de las cuotas, la ineficiencia del sistema de refinanciación que prevé el contrato y argumentaron cómo las medidas paliativas del gobierno prolongan el plazo de recupero.
Fundaron su pretensión en las normas consumeriles que definen el derecho a la información y a la garantía de indemnidad. Invocaron el vicio de la lesión y la aplicación de la teoría de la imprevisión. Pidieron la anulación de “cláusulas abusivas” (de las cuales identificaron solo a una, que le brinda al demandado la facultad de generar un título ejecutivo) y solicitaron su reemplazo por “aquellas que importen un equilibrio en las prestaciones”. Reclamaron además “se ponga coto a la actualización de los intereses” mediante un fallo ejemplificador y se determine en consecuencia el monto que los mutuarios pagaron en exceso.
Al motivar el pedido de medida cautelar, aunque en un argumento que estimo aplicable al contenido de su pretensión de fondo, reclamaron se aplique un tope al sistema de actualización de la UVA, utilizándose como referencia la inflación esperada difundida en el Relevamiento de Expectativas de Mercado del mes inmediato anterior a la toma del crédito (v. escrito de demanda, puntos III y sig.).
El banco demandado, a su turno, resistió el reclamo de los actores y afirmó que no se dan en el caso circunstancias que justifiquen modificar la letra del contrato, cuestionando incluso la facultad de la judicatura para alterar lo que voluntariamente las partes establecieron en el negocio (v. escrito electrónico del 12/08/2020).
III.1.b. Mi única coincidencia con la decisión apelada es que no hay en el caso—ni surge del relato de los propios actores— ningún elemento de hecho que pueda encuadrarse en la hipótesis regulada en el art. 332 del CCyC (vicio de lesión).
Llega firme a esta instancia, además, la decisión del juez de no morigerar los intereses en el modo y con los fundamentos pretendidos por los actores. Más allá de la readecuación general que hizo el magistrado sobre el mecanismo de amortización, y sin perjuicio de que la demanda no aclara a qué tipo de intereses se refiere (si a la tasa del 8,25% nominal anual vencida de tipo compensatoria prevista en la cláusula «III.3.» del contrato, o si a los intereses moratorios regulados en la cláusula «III.5.»), lo cierto es que en el apartado «V.a.» de la sentencia apelada el magistrado afirmó que el interés fue “bajo”. Pudiendo hacerlo, los actores nada dijeron sobre el punto, por lo que su rechazo llega firme a esta instancia.
III.1.c. Aclarado lo anterior, considero que la procedencia de la readecuación del contrato pretendida por los actores debe ser juzgada a la luz de la denominada teoría de la imprevisión, hoy contemplada en el art. 1091 del Código Civil y Comercial. Esta norma permite a los jueces readecuar contratos conmutativos de ejecución diferida o permanente cuando la prestación a cargo de una de las partes deviene «excesivamente onerosa» por una «alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración», sobrevenida por «causas ajenas a las partes y al r
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