Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 168332
Expte. Nº 168332 - Juzgado Civil y Comercial N°4
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “MANZUR, GLADYS NOEMÍ C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUEOS AIRES S/ ACCIÓN DE REAJUSTE”, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Alfredo E. Méndez
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 28 de septiembre de 2023?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. El 28 de septiembre de 2023, la magistrada a cargo del Juzgado Civil y Comercial N°4 departamental, Dra. María Marcela Meregoni, dictó sentencia definitiva en la cual rechazó la demanda promovida por Gladys Noemí Manzur contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires, con costas.
Para así decidirlo, explicó que el 5 de septiembre de 2017 la actora suscribió un contrato electrónico de préstamo personal para la compra de automotores “Tu Auto UVA”, aceptando todos sus términos y condición es por 15.075,37 UVAs equivalente a la suma de $300.000, conforme la cotización del 05/09/2017 por unidad, publicada por el Banco Central de la República Argentina. El objetivo del préstamo no era ampliar una vivienda, como se alegó en la demanda, sino adquirir un vehículo Chevrolet SD 10 c/ doble CT 4x2 motor 2.8 CTDI por la suma de $621.900.
La devolución del préstamo, señaló la colega, se haría en 48 cuotas mensuales y consecutivas comprensivas de capital e intereses, calculadas conforme el sistema de amortización francés, venciendo la primera de ellas el 31 de octubre de 2017 y las restantes el mismo día de los meses subsiguientes. Los saldos adeudados se actualizarían mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), expresados en cantidades de UVAs, conforme el valor difundido por el BCRA. Se acordó una tasa de interés fija del 8% nominal anual, equivalente al 8,3 efectiva anual vencida sobre el capital reajustado durante la vigencia del contrato.
Luego de señalar que la obligación de la deudora no era de dinero, sino de valor, indicó que en el caso la demandada cumplió su deber de información en el marco de la contratación electrónica que vinculó a las partes, el cual carece de soporte documental físico. La actora aceptó los términos y condiciones que preveía esta modalidad de contratación y las evaluó conscientemente, dado que así lo reconoció en su demanda.
Sobre esa base, rechazó la hipótesis de un vicio del consentimiento y un error en la toma del préstamo, dado que contaba con información suficiente y evaluó la oferta a partir de la publicidad de la que se valió para conformar la operatoria. Desestimó también el planteo de abusividad de cláusulas abusivas por no estar individualizadas y por no haber acreditado los cargos indebidos no pactados ni el vicio o abuso genéricamente alegado. Argumentó la jueza que la pericia contable no pudo determinar cargos no acordados y tampoco se acreditó un aprovechamiento compatible con la figura de la lesión.
A renglón seguido, y sobra la base de lo resuelto por esta Sala en el caso “Ferra” (c. 168413, sent. del 23/09/2022) y “Pomphile” (c. 168190, sent. del 28/10/2022), analizó la aplicación al caso de la teoría de la imprevisión. Destacó que “con un simple cálculo matemático [se advierte] que el porcentaje de afectación que representaba la cuota del préstamo contratado sobre el salario de la señora Manzur era: del 39,13% en la primera cuota, en 11/2021; del 31,43% en la segunda cuota 12/2021; del 29,81% en el momento de la demanda (06/2022) y resulta ser al finalizar el contrato (9,2022) del 34,60%”.
Reparó en que los salarios percibidos por la actora se han ido incrementando a lo largo del tiempo junto con los valores de la cuota, por lo que la inflación ha acompañado tanto al aumento de la cuota como al salario que recibe como empleada municipal. Agregó que, a todo evento, el contrato ya se cumplió en su totalidad.
Destacó también que la señora Manzur pudo adquirir un automotor gracias al préstamo y ese rodado al 15/07/2021 valía $3.497.900, lo que prueba que el contrato le permitió capitalizarse con un bien que quintuplicó su valor original.
Sobre el final de su fallo, la jueza rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la Ley 25.827 y la Comunicación B-11459/2017 del Banco Central de la República Argentina.
La Sra. Manzur apeló la sentencia el 4 de octubre de 2023 y fundó su recurso el 31 de enero de 2024. La réplica de la contraria fue presentada el 22 de febrero de 2024.
Los agravios de la accionante son los siguientes:
(i) Alega que la colega omitió valorar la prueba producida que permitía considerar acreditada la violación al derecho de información. Refiere que el testigo ofrecido se corresponde con el designado por el banco demandado en el proceso de obtención del préstamo personal modalidad UVA, llevándose a cabo su declaración en presencia de las partes. Cuestiona que la magistrada nada haya dicho sobre esa declaración, sobre todo ante la falta de conocimiento que dijo tener el deponente.
Entiende que la violación al deber de información permitió que sea «indoucid[a] a asumir deudas mediante una sofisticada maquinaria de publicidad inductiva, extremo de público conocimiento».
Destaca la desigualdad de información, la falta de conocimiento sobre los alcances del crédito y su imprevisibilidad.
(ii) En su segundo agravio, describe el modo en que funciona el préstamo en la modalidad contratada y critica la diferencia entre las tasas que los bancos pagan en los préstamos que utilizan la unidad UVA y las que cobran en los créditos. Enuncia cuántas familias tomaron créditos hipotecarios “confiados en previsiones económicas favorables y alentados por la amplísima difusión de la cual gozó el sistema”.
Enfatiza que los plazos fijos UVA revelan una doble aplicación de intereses (representados por la actualización y la tasa) o, en su caso, dan cuenta de que los bancos se enriquecen a costa de los ciudadanos que les proveen dinero gratis.
(iii) En su tercer punto de disconformidad, argumenta sobre la aplicación de la teoría de la imprevisión. Dice que la jueza reconoció que el índice UVA se incrementó un 335,65% desde la toma del crédito, y -agrega- ello no se condice con el aumento del salario de la tomadora.
Menciona las Expectativas de Mercado difundidas por la autoridad monetaria y narra el modo en que lo sucedido superó toda proyección o expectativa posible, dando lugar a la mencionada teoría.
Reniega de que la jueza haya hecho alusión al valor del bien al momento de la contratación y su evolución posterior, indicando que nunca fue su voluntad realizar un negocio financiero u obtener un rédito económico.
(iv) En su agravio titulado «nulidad de cláusulas abusivas» argumenta sobre la protección del sujeto vulnerable y el solidarismo contractual, siendo necesario elaborar una solución del caso que mantenga la vigencia del ordenamiento jurídico en su conjunto, coherente con los principios constitucionales en juego. Entiende que no es eso lo que propone el fallo dado que no se declaró la nulidad de las cláusulas contractuales vulneradas. Reclama se proceda a determinar el mecanismo de reajuste del contrato.
Agrega que, si bien pagó el crédito tomado, ello fue porque era la obligación asumida al momento de celebrar el acto jurídico. Además, dice, el código no establece limitación alguna para que proceda el reajuste de pagos ya realizados.
(v) Cuestiona que la sentencia argumente sobre las deudas de valor, tecnicismo que considera ajeno a las posibilidades de entendimiento de un consumidor. Además, considera que ese mecanismo viola la ley 23.928.
(vi) Critica la imposición de costas, decisión que -dice- no consideró que la actora es consumidora y se aplica la legislación tuitiva de los derechos de los consumidores. Luego de citar jurisprudencia sobre el alcance del beneficio de gratuidad, exige que “se indique claramente que la actora litiga con el beneficio instituido por el art. 53 del CPC y que el mismo resulta abarcativo de las posibles costas”.
Sobre el final, exige que se declare la inconstitucionalidad de las normas pedidas en el escrito de demanda.
III. Tratamiento de los agravios.
Sin perjuicio del tratamiento integral que se dará a las cuestiones planteadas por la parte actora, me interesa aclarar que, en el estudio y análisis de los agravios, los jueces no estamos obligados a analizar todos y cada uno de los argumentos, sino tan solo aquellos que consideremos suficientes y decisivos para decidir el caso (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225).
Además, y como corolario de lo anterior, centraré mi atención únicamente en las alegaciones de la apelante que refieran específica y concretamente al caso concreto y al contenido y motivación de la sentencia que le ha sido adversa (art. 260 del CPCCBA).
III.1. Adelanto que el recurso no prospera.
La Sra. Manzur promovió frente al Banco de la Provincia de Buenos Aires una demanda de revisión de un préstamo personal UVA sustentada en el vicio de lesión, en la teoría de la imprevisión contractual, en la violación al deber de información, en la nulidad de cláusulas abusivas y en la impugnación constitucional de una ley y una norma de la autoridad monetaria (v. fs. 39 y sig).
La jueza desestimó el reclamo de la actora por cinco motivos: (1) que no hubo violación al deber de información, dado que se contrató electrónicamente y el sistema ofrecía términos y condiciones que fueron aceptados; (2) que no hubo vicio del consentimiento ni vicio de lesión, dado que en la demanda la actora reconoce haber evaluado variables económicas y no se demostró un aprovechamiento de su situación; tampoco hubo percepción de cargos no acordados (3) que no es aplicable la imprevisión dado que la relación entre la cuota y el ingreso de la actora se mantuvo estable a lo largo de la amortización del crédito; (4) que el valor del bien adquirido quintuplicó su valor original y (5) que los planteos de nulidad por cláusulas abusivas e inconstitucionalidad de la ley 25.827 y la Comunicación B-11459/2017 son inadmisibles por defectos en el modo en que fueron postulados (no se precisaron las cláusulas impugnadas, la argumentación de la tacha de inconstitucionalidad es genérica, etc.).
La recurrente no cuestiona el rechazo de la demanda con fundamento en la inexistencia de un aprovechamiento susceptible de configurar un vicio de lesión (art. 332 del CCyC).
Tampoco explica cuál fue el equívoco de la magistrada la desestimar por inadmisible los planteos de nulidad de cláusulas abusivas y de inconstitucionalidad. Sobre este último punto, los agravios no aportan información suficiente que permita superar el déficit postulatorio que motivó su rechazo. Es decir, la recurrente sigue sin explicar qué cláusulas considera abusivas ni brinda argumentos que, por fuera de una genérica disconformidad, justifiquen la impugnación constitucional de las normas citadas (CSJN, Fallos 342:1170).
Considero por ello que las decisiones adoptadas por la jueza sobre tales puntos han sido consentidas (en el caso del vicio de lesión) o han quedado firmes por falta de crítica concreta y razonada (lo referido al planteo de nulidad y de inconstitucionalidad; arg. art. 260 del CPCCBA).
III.2. Los restantes agravios de la recurrente hacen foco en la violación al deber de información (art. 4 y cctes. de la Ley 24.240; en particular, agravios 1° y 2°), a la aplicación al caso del instituto de la imprevisión (art. 1091 del CCyC; agravio 3°) y a las costas (art. 53 de la LDC; agravio 6°).
Analizaré estos puntos en los párrafos que siguen.
III.2.a. La Sra. Manzur alegó la violación al deber de información y, vinculado a ello, objetó el modo en que la jueza valoró la prueba en orden a demostrar el comportamiento omisivo del bando demandado. Alegó en su memorial que nunca le fue explicado correctamente los alcances y el funcionamiento del tipo de crédito contratado o su “imprevisibilidad” (v. primer y segundo agravio del memorial) a la vez que cuestionó la falta de consideración de la declaración del testigo Branzioni.
Las quejas no son fundadas.
Según quedó acreditado en la causa, la Sra. Manzur no contrató el préstamo en forma personal y mediante la rúbrica ológrafa de documentos en formato papel. El contrato fue celebrado por carriles electrónicos mediando términos y condiciones que -según dijo la jueza, y la actora no cuestiona- fueron aceptadas por la mutuaria.
Siendo ello así, la objeción vinculada a la prueba testimonial queda sin sustento puesto que no está claro cuál es el presupuesto de hecho que esa evidencia permitiría demostrar. No solo no hay párrafo alguno en la demanda donde se alegue que Manzur, antes de tomar el préstamo, concurrió al banco a informarse sobre las características de un negocio que finalmente contrataría por internet, sino que se demostró que se contrató el préstamo a través del sistema homebanking (BIP), por lo que la intervención del apoderado de la entidad financiera (a la postre, único testigo en la causa) ha sido meramente formal y para suscribir una copia de los términos y condiciones del negocio que la mutuaria aceptó al firmar electrónicamente (art. 5 Ley 25.506).
Es por ello intrascendente el hecho de que el testigo Brazioni haya dicho que no conoce a la actora. Ello nada quita y nada agrega a la controversia y no tiene la aptitud de probar in re ipsa la violación al deber de información, como pretendió alegar el abogado de la accionante en la audiencia. Reitero: Sra. Manzur nunca concurrió al banco a firmar documentos (como pareciera desprenderse de algunos pasajes de la demanda), ni tampoco alegó haber solicitado asesoramiento previo a contratar electrónicamente o haber sido atendido por algún dependiente del banco cuya identidad hubiera sido necesario dilucidar, o cuyo testimonio -llegado el caso- pudiera considerarse de algún interés (ello sin perjuicio de que, como bien señala el Dr. Méndez en su voto en c. 174821 -"Camesana, Marcelo R."- del 28/10/2022 de la Sala Primera, carece de virtualidad la discusión sobre la persona que efectivamente asesoró al consumidor dado que la entidad bancaria actúa como institución autárquica de derecho público).
En este contexto, es correcta la decisión de la jueza de no valorar el testimonio del Lic. Brazioni puesto que su declaración es irrelevante de conformidad con los hechos invocados en la demanda y la naturaleza electrónica de la modalidad de contratación (art. 362 primer párrafo del CPCCBA).
III.2.b. Tampoco son fundadas las restantes quejas sustentadas en la violación al deber de información (art. 4 y cctes. de la Ley 24.240).
En su escrito postulatorio la actora pareciera argumentar una genérica falta de información sobre la modalidad crediticia, el modo de amortización y demás cuestiones técnicas y contables propias del crédito contratado. Es decir, una objeción al banco por la omisión en brindarle la información necesaria para comprender el funcionamiento del contrato.
Pero, por otro lado, es la misma actora la que cuenta que al inicio de la amortización “todo funcionó bien” durante el pago de las primeras cuotas (aunque no dice cuántas ni cuáles) las que, a la luz de los anexos acompañados con la pericia contable, ya reflejaban un incremento nominal motivado por la inflación. Dijo Manzur que todo iba bien pues su empleadora le depositaba el dinero suficiente para afrontar las cuotas y que el conflicto apareció cuando sus ingresos empezaron a perder poder adquisitivo frente a la inflación. Allí apareció el problema de la onerosidad sobreviniente (ver pasajes de fs. 39/vta, 40, 40/vta, 43 y otros tantos).
Siendo ello así, pareciera que lo que en verdad justifica el planteo revisionista no es la imposibilidad de comprender el modo en que opera y se amortiza el crédito, ni tampoco la existencia de la inflación y su repercusión en el valor nominal de la cuota y del saldo, sino que el conflicto se habría suscitado por la magnitud de esa evolución ascendente y la diferencia entre la inflación anunciada (por el banco o por las autoridades) y lo que finalmente ocurrió.
Parece importante distinguir ambos planteos puesto que responden a hipótesis fácticas muy diversas, y en algún punto incompatibles entre sí. Una cosa es no comprender cómo funciona un contrato indexado (y si ello es imputable a una actitud activa u omisiva de la entidad financiera en brindar información suficiente), y otra muy distinta es que la modalidad, debidamente comprendida por la Sra. Manzur, haya reportado un resultado económico que se considera sorpresivo, ajeno a las expectativas que tuvo al negociar (cualquiera sea el alcance que pretenda dársele a esas expectativas y si ellas generan o no un derecho patrimonial en la deudora a que las cosas ocurran en el modo anunciado).
Interpreto que la primera hipótesis responde a los fundamentos de la pretensión revisionista sustentada en el vicio de lesión (dado que el defecto, según esa narrativa, se halla presente en la génesis del contrato y en la conformación del consentimiento -art. 332 CCyC-), en tanto que la segunda hipótesis encuadra dentro de los fundamentos de una pretensión sustentada en la imprevisión, habida cuenta la naturaleza sobreviniente del conflicto que motivó la onerosidad excesiva de la prestación de la mutuaria (art. 1091 del CCyC).
Como dije, la jueza desestimó el planteo fundado en el vicio de lesión por entender que ningún aprovechamiento fue acreditado. Esta decisión, reitero, ha quedado firme por falta de crítica (art. 260 del CPCCBA y 332 del CCyC).
Resta analizar, entonces, la segunda hipótesis: la violación al deber de información como fundamento de la pretensión revisionista fundada en el instituto de la imprevisión.
El agravio, así entendido, no es procedente.
En el caso “Ferra” (expte. n° 168413, sent. del 23/09/2022), esta Sala ha dicho que el sistema de préstamos UVA, reajustables según el valor fluctuante de una unidad de referencia, no ha sido pensado para operar en épocas de estabilidad monetaria: son modalidades negociales pensadas para operar en contextos inflacionarios. Esto significa que, en principio, ninguna de las partes podría invocar sorpresa o imprevisión ante el alza generalizada de los precios. Primero, porque nuestro país tiene una inflación de dos dígitos desde hace más de una década y, segundo, porque esa misma inflación es la que explica y justifica la existencia de la modalidad UVA para el ahorro y el crédito. Es, tal vez, el riesgo más explícitamente anunciado en el contrato (fallo “Ferra” cit.).
Dijimos además que las diferencias meramente nominales entre lo que antes debía y lo que ahora se debe (o entre lo que se pagaba de cuota y lo que ahora se paga) son una consecuencia natural de la evolución de una deuda atada a una referencia económica voluble en contextos inflacionarios. Se deben más pesos porque hubo inflación; no porque el contrato sea “una estafa” o alguna modalidad crediticia ilícita.
Ninguna utilidad tiene las expresiones que se leen en algunos pasajes de la demanda de la Sra. Manzur y en las que se pretende desarrollar una suerte de argumento autoevidente sobre la base de exponer cuánto pagaba antes de cuota y cuánto pago ahora, o cómo “aumentó” el capital debido con el correr del tiempo (ver fs. 39, cuadros de fs. 40 y 42/vta, 43/vta., entre muchos otros pasajes de la demanda).
El incremento nominal de la cuota y del saldo es un dato que -por sí solo, y sin reparar en la evolución paralela que han reportado los ingresos del mutuario- nada permite demostrar en términos de desequili
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