Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 134095
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPOR ELLO: se revoca la apelada resolución de fecha 23/06/2020 en lo que ha sido materia de recurso y agravios. Costas de Alzada a la actora dada su condición de perdidosa en el procedimiento de segunda instancia (arts. 68, 69, del Código Procesal).
MP/ YAN
CASTIGLIONI MATÍAS DANIEL C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ ACCION DE REAJUSTE
Causa: 134095
La Plata, 01de Junio de 2023
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
El juez de grado 14/10/22 denegó la medida cautelar innovativa consistente en que durante la tramitación del presente proceso se retrotraiga el monto de las UVAS que mensualmente debe abonar como consecuencia del contrato de mutuo bancario con garantía hipotecaria suscrito con la demandada - Banco Provincia de Buenos Aires- a la cantidad de 425 UVAS mensuales y decretó el congelamiento de las cuotas debidas en adelante en base al valor en UVAS de la última cuota abonada por el peticionante. . Para asi decidir consideró que el UVA es una unidad que se actualiza diariamente a partir del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) basado en el índice de precios del consumidor; sin perjuicio de la superficial información que se expone en la demanda, siendo un hecho notorio el proceso inflacionario que se ha producido en nuestro país que ha evolucionado de manera brusca y exponencial y que deriva en que prima facie se haya distorsionado en cuanto a los intereses a aplicar lo que las partes habían tenido en miras al momento de contratar.
El 14/11/22 apeló el demandado, recurso que fue concedido el 28/12/22, fundado con el memorial de fecha 26/1/23 y contestado el 6/2/23.
Se agravia el apelante porque se ha decidido modificar lo pactado sin siquiera exigir que se acrediten los ingresos del actor y cotejarlos con el porcentaje de afectación de los mismos respecto de la cuota, por cuanto no pudo comprobar si se afecta el salario del actor. Aduce que lo abonado no supera el 35%, además de todos los beneficios que recibió por la normativa aplicable. Considera que se ha vulnerado el principio de congruencia, excediendo lo otorgado lo peticionado por el accionante injustificadamente. Señala que es errado el argumento de la magistrada de que la inflación justifica la medida porque también evolucionó el sueldo del actor, y la cuota abonada se ajusta a los ingresos.
Agrega que el actor se ha visto beneficiado por una bonificación hasta el mes de mayo de 2022, absorbiendo el Banco el excedente generado por los montos que excedan el 35% de los ingresos que percibe, por la normativa aplicable y haber solicitado la bonificación y además el banco ha absorbido una porción importante de la cuota del préstamo que hasta ese momento era trasladada al final de la vida préstamo (por convergencia) e iba a ser abonada en el futuro por el actor. Es decir, que ambos beneficios del actor (cancelación de convergencia y bonificación) tenían como objetivo mejorar su posición, en detrimento del Banco quien asumió una porción de la cuota. Aclara que al capital original prestado corresponde adicionar la deuda generada por las medidas del DNU 319/2020, DNU 767/2020 Y Comunicación A 6949 del BCRA que han sido transformadas a UVA según lo disponen dichas normas al vencimiento de cada cuota, de ahí las modificaciones que refleja el sistema.
Se agravia también porque no se acreditaron los recaudos que hacen a la procedencia de la medida ordenada, a saber: verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y contracautela, no hay derecho en el que pueda fundar su acción no existe del peligro de la demora porque no se acredito que la actora no puede realmente afrontar la cuota ni referencia a la proporción que incidía en el sueldo al momento de solicitar y obtener el crédito por lo cual no puede determinar que las cuotas de su préstamo serían excesivamente onerosas, sin estar acreditado los ingresos económicos de la familia. En lo referente a la contracautela afirma que en estos casos se gradúa de acuerdo con los intereses en juego, y casi siempre la fianza a prestar es de carácter real advirtiendo que en la especie, sin fundamentación alguna, se exime a la accionante de prestar cautela material, razón por la cual , para el supuesto que la demanda fuese rechazada, su parte no contaría con garantía real alguna que le permita obtener el íntegro recupero de su acreencia, y no tendría más alternativa que proceder a ejecutar la garantía hipotecaria.
Alega que tampoco encuentra acreditado el requisito de la irreparabilidad del perjuicio que reclama la excepcionalidad de la medida y aclara que no se denota cómo el mantenimiento de la situación actual de la parte actora pueda originarle un perjuicio irreparable, toda vez que al presente el valor de su inmueble ha aumentado aproximadamente en un 300%.
Finalmente señala que por aplicación de la normativa vigente y ajustes correspondientes a la bonificación le ha quedado un saldo a favor del actor por la suma de $ 36.986,13 al mes de noviembre de 2022, el cual se acreditó en la cuenta titularidad del actor, vinculada al préstamo hipotecario abierta en la Sucursal Ensenada que se encuentra a disposición del accionante para su retiro.
El Fiscal de Cámaras el 14/3/23 aconseja confirmar la medida por resultar una aplicación adecuada de la normativa en defensa del consumidor.
4.1. Las medidas precautorias constituyen un "anticipo de la tutela jurisdiccional" y se otorgan sobre la base del derecho que se pretende asegurar, no teniendo un fin en sí mismas, sino que sirven a un proceso principal, que condiciona su procedencia, posterior mantenimiento y eventuales variaciones (arts. 195, 199, 202, 203 y ccds. del Código Procesal). Es decir que la función de la providencia cautelar, tiene un carácter estrictamente instrumental y accesorio, dirigido a asegurar preventivamente el objeto comprometido en un proceso principal al cual sirve, con la finalidad de evitar la inoficiosidad de la sentencia que se dicte (esta Sala, causa 111.916, Reg. Int. 325/09).
En ese orden de ideas, la ley adjetiva no ha dejado librado al solo arbitrio judicial la concesión o no de la protección cautelar, sino que ha destacado con toda precisión, los recaudos que deben concurrir para su otorgamiento, así básicamente, la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora (art. 195 del Código Procesal; esta Sala, causa 118.463, RSD. 4/2015).
4.2. La cautelar otorgada en la instancia de origen, en la medida que produjo una alteración sustancial en el marco contractual regulatorio de los derechos de las partes involucradas, contrariamente a lo que considera la actora, reviste claramente carácter innovativo (material), configurando un anticipo de la jurisdicción favorable respecto del fallo final (art. 230 del C.P.C.C.), un supuesto de tutela anticipada según lo ha calificado caracterizada doctrina de autores (conf. Morello, E.D. 169-1341; de Lázzari, J.A. 1996-IV-651; Peyrano, J.A. 1995-I-699; Berizonce, J.A. 1996-IV-741 y J.A del 10-6-1998, pág. 13, según cita de Roland Arazi en Revista de Derecho Procesal 1 nota "Tutela anticipada", pág. 385 y sgtes). Precisamente al tratarse de un adelantamiento de lo que vaya a ser decidido en la sentencia de mérito, su procedencia es excepcional y debe ser analizada con mayor severidad por ser en principio mucho más contundente que las demás medidas cautelares, y su otorgamiento no debe importar ni la satisfacción anticipada de lo que constituye el motivo del pleito, ni dar paso a una indebida alteración del cuadro fáctico existente al tiempo de incoarse la demanda (arts. 230 inc. 1ero. y 232 del Código Procesal; esta Sala, causa 127.585, RSI. 163/2020).
Así entonces, a diferencia de lo que sucede con las llamadas medidas cautelares conservatorias ordinarias, aquí no basta con la simple verosimilitud del derecho que se invoque como fundamento de la pretensión principal, sino que ha menester la acreditación de una fuerte probabilidad de acogimiento de la pretensión en la sentencia de mérito -cuasi certeza-.
En cuanto al peligro en la demora, tampoco basta con esgrimir la mora judicial, es necesario acreditar prima facie una urgencia impostergable, una situación que reclame una expedita intervención del órgano judicial por haberse acreditado una inminente frustración de un derecho o la concreción de un daño si no se ordena la medida solicitada (Berizonce, Roberto O. "Tutela anticipada y definitoria", J.A. 1996-IV-74).
4.3. A la luz de los principios que con carácter general se dejan expuestos, en la especie no se aprecian reunidos los requisitos que condicionan la procedencia de una tutela anticipada de corte material como la requerida y concedida en la instancia de origen. En efecto, si bien es cierto que a la luz de los elementos acompañados en autos se aprecia un incremento progresivo en el monto de las cuotas a abonar (ver documentación adjunta con el escrito de demanda de fecha 23/9/22y con la contestación de la demandada de fecha 23/12/22) no se ha acreditado con criterio de actualidad, que los ingresos regulares y ordinarios de la parte actora hayan sido afectados en un porcentual que, analizado comparativamente con el que se consintió a la hora de contratar, permita calificar a los denunciados incrementos ajenos al álea propia de esta naturaleza de contratos, o que hayan generado en el valor de la cuota mensual una desproporción de imprevisible superación, en los cuales -como sucede en las deudas de valor- quedó preestablecido la forma de amortizar el capital, pactándose que los saldos adeudados serán actualizados mediante la aplicación del C.E.R. (coeficiente de estabilización de referencia) expresado en cantidad de U.V.A. (unidades de valor adquisitivo) cuyo valor diario en pesos es publicado periódicamente por el Banco Central de la República Argentina.
Tampoco el actor explicó fundadamente y menos probó la real gravitación crematística derivada de las bonificaciones acordadas, ni tampoco la ineficacia de acudir a la opción a su favor conforme surge en el punto III.2.3 de la escritura hipotecaria instrumentada como garantía del mutuo, según la cual habría optado por extender hasta un veinticinco por ciento (25%) el plazo originalmente previsto, según denunció la demandada, lo cual no ha sido negado por el actor -nuevo hecho denunciado al contestar.
Por lo demás, tampoco se advierten por ahora elementos objetivos de juicio que permitan presumir que la entidad bancaria -Banco de la Provincia de Buenos Aires- haya infringido su deber de informar de conformidad con lo que disponen las normas del Estatuto Consumeril (conf. arts. 4, ley 24.240 y 1379 del C.C.C.N.).
En función de lo que se deja expuesto, a la luz de los elementos objetivos incorporados a la causa en esta inicial etapa cautelar, no puede tenerse por acreditado con verosimilitud bastante el derecho invocado por la actora, dicho ello dentro del marco de lo hipotético donde lo cautelar agota su virtualidad.
4.4. En cuanto al peligro en la demora cabe señalar que este requisito, se traduce -tal lo anticipado- en el estado de peligro en que se encuentra el derecho principal, el cual debe ser objetivo, no un simple temor o aprensión del solicitante, sino derivado de hechos que pueden ser apreciados -en sus consecuencias- aún por terceros, debiéndose justificar la existencia del mismo aportando algún elemento que demuestre siquiera en apariencia la inminencia del daño invocado (esta Sala, doc. causa B-81.973, reg. sent. 215/96), situación que en las descriptas circunstancias no se aprecia debidamente acreditado, al menos con una entidad tal que permita atenuar sensiblemente las consecuencias negativas derivadas de la falta de debida acreditación del primero de los recaudos analizados (arts. 34 inc. 4, 160, 166 incs. 5 y 6, 195, 230 inc. 1, 232, 242, 246, 260 y 384, C.P.C.C.).
Por el contrario este requisito se aprecia en la actualidad sensiblemente atenuando, si se tiene en cuenta que como consecuencia del dictado del Dec. del P.E.N. 319/20 y conc., quedó congelado el pago de las cuotas desde febrero hasta septiembre de 2020, y las medidas DNU 767/2020 y Comunicación A 6949 del BCRA han mejorado la posición del deudor.
No está de más recordar que la propia Corte Suprema de la Nación ha sostenido que tratándose del dictado de una medida precautoria, si bien no se exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, pesa sobre quien la solicita la carga de acreditar "prima facie" la existencia de la verosimilitud del derecho invocado, ya que resulta exigible que se evidencien fehacientemente las razones que la justifiquen (CSN, Fallos 324:3289), sobremanera cuando, como aquí se verifica, la concesión de una medida innovativa como la requerida en la especie, puede producir efectos materiales definitivos incursionando en la solución anticipada del pleito, lo cual, justifica la mayor severidad en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión (arts. 34 inc. 4, 161, 163 incs. 5 y 6, 195, 230 inc. 1ro., 232, 242, 246, 260 y 384 del Código Procesal).
POR ELLO: se revoca la apelada resolución de fecha 23/06/2020 en lo que ha sido materia de recurso y agravios. Costas de Alzada a la actora dada su condición de perdidosa en el procedimiento de segunda instancia (arts. 68, 69, del Código Procesal). REG. NOT. DEV
Fin de la sentencia