Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 134619
Sentencia Definitiva
Causa N° 134619; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - LA PLATA
GIANGRANDE, YANINA C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ACCION DE REAJUSTE * TURNO
En la ciudad de La Plata, en la fecha de la firma digital, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36, ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 134619, caratulada: "GIANGRANDE, YANINA C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ACCION DE REAJUSTE * TURNO", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Se encuentra ajustada a derecho la sentencia apelada de fecha 8 de marzo de 2023?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. Vienen las presentes actuaciones a efectos de tratar el recurso de apelación incoado con fecha 17 de marzo de 2023 por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el que fue concedido en relación mediante proveído del 20 de marzo de 2023. El día 30 de marzo de 2023 presentó el memorial, mereciendo la réplica de la actora (presentación electrónica del 12 de abril de 2023). Elevadas las actuaciones a esta instancia, y previo dictamen de la Fiscalía de Cámaras (presentación electrónica de fecha 12 de mayo de 2023), se llamó autos para sentencia (proveído de fecha 19 de mayo de 2023).
2. El decisorio puesto en crisis, hizo lugar a la acción de reajuste iniciada por GIANINA GIANGRANDE contra el BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES; ordenó la readecuación del contrato de mutuo con garantía hipotecaria destinado a la adquisición del inmueble oportunamente suscripto, conforme a las siguientes pautas: el importe de las cuotas a pagar se actualizará, desde la fecha del primer congelamiento ordenado por la autoridad competente (agosto de 2019) en función del Coeficiente de Variación Salarial (CVS), publicado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, sin que ello implique extender el número de cuotas originariamente previsto, conservando la tasa de interés pactada, con una tasa máxima del 3,50% nominal anual; convirtió en definitiva la medida cautelar ordenada, en tanto el importe de las cuotas, hasta la finalización de la vinculación contractual, no podrán superar el 30% de los ingresos de la actora; se dejó a salvo la aplicación del régimen más favorable al consumidor si en el futuro, durante la ejecución del contrato, se dictan otras normas jurídicas generales que a todo evento le reconozcan mayores beneficios a la actora; a los fines de la determinación de las cuotas a abonar ordenó el sorteo de un perito contador de la Asesoría Pericial Departamental para que practique la liquidación pertinente de acuerdo a los parámetros fijados en el decisorio; rechazó la inconstitucionalidad del índice de Actualización UVA; desechó el daño punitivo; impuso las costas a la parte demandada (arts. 68 y cctes. CPCC), difirió la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes en las actuaciones para su oportunidad (conf. art. 51 ley 14967).
3. La parte apelante se agravia del acogimiento del reclamo, alegando que se cercena su derecho de propiedad consagrado en el art. 17 de la Constitución Nacional (en adelante CN) y viola el principio de enriquecimiento sin causa.
Opina que la ameritación fáctica emergente del decisorio no conforma una derivación lógica de las situaciones de hecho desarrolladas ni concluye en una aplicación correcta del derecho vigente invocado como fundamento al presente caso.
Estima que la teoría de la imprevisión no se ajusta a lo acaecido en autos, calificando de irrazonable, insuficiente y desajustado a la realidad y al derecho aplicable el razonamiento de la Juez apelada.
Denuncia que la intromisión del Poder Judicial en un contrato libremente acordado entre las partes resulta arbitraria.
Asegura que de ningún modo se puede pensar en Argentina que la inflación sea un hecho futuro, imprevisto e imprevisible y que no quedó demostrado que haya existido un hecho extraordinario que impidiera el cumplimiento de las obligaciones de la actora.
Insiste en que la mentada teoría no resultaría aplicable a este supuesto habida cuenta que la inflación, circunstancia que origina el aumento de la cuota, es un hecho existente con anterioridad a la celebración del contrato, se encuentra vigente en la actualidad y sólo constituye un álea del propio del negocio concertado.
Destaca que el banco, en oportunidad de contraer el crédito, nunca informó a la actora que se iba a producir una inflación menor a la que efectivamente acontece, por el contrario, en el propio mutuo hipotecario está previsto en una de sus cláusulas que la inflación podría ser mayor.
Considera que la Juez de grado sólo se concentró en observar el aumento de la inflación, pero no consideró que el préstamo en definitiva resultó más conveniente que otro tradicional (sin la aplicación del índice UVA), agregando que los préstamos con UVA, además de ampliar la capacidad de endeudamiento a la hoy actora, le permitía tal como lo dispuso el BCRA -de ejercer la opción- aprovechar mejor las posibilidades que otorga un alargamiento de plazos.
Aduna que, conforme lo dispuesto a la cláusula III.2.3, la accionante tuvo y tiene la posibilidad de optar por extender hasta un 25% el plazo originalmente previsto, cuando el importe de la cuota a pagar supere el 10% el valor que resultaría de haber aplicado a ese préstamo un ajuste de capital por Coeficiente de Variación Salarial (CVS) desde su desembolso. Eso le habría permitido haber visto reducido los valores de las cuotas del préstamo, sin embargo ella no hizo uso de dicha opción.
Denuncia que tampoco se ha ponderado que sin el otorgamiento del crédito hoy cuestionado, con la modalidad acordada (UVA), la Sra. Giangrande no hubiera podido adquirir la propiedad inmueble y su consecuente capitalización.
Resalta que el aumento del valor de la propiedad es a todas luces mayor al crecimiento de la cuota del préstamo.
Hace referencia a jurisprudencia en la materia, detallando un fallo "Ferra, Javier Víctor Manuel c/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES s/ acción de reajuste " expte. N° 14190/2019, de trámite por ante Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial N°11 de Mar del Plata.
Advierte que los cálculos efectuados en la sentencia parten de un grave error toda vez que los ingresos de la actora no sólo lo constituye el salario que percibe del Tribunal de Cuentas sino también los haberes provenientes del Anses, conforme lo ha denunciado y acreditado la accionante en su presentación del 29 de septiembre de 2022 (presentación electrónica titulada “ACOMPAÑA DOCUMENTACION-REITERA PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR”) y que esos ingresos el Banco los tuvo en cuenta al momento de precalificar para otorgarle el préstamo hipotecario finalmente adquirido tal como surge de la documentación adjunta y que fue tomada en cuenta a la hora de dictarse la medida cautelar (resolución del 18 de marzo de 2021) pero omitida al dictarse la sentencia de fondo.
Además, recalca, para el cálculo no tuvo en cuenta el total de los haberes que percibe la actora sino que se circunscribió a un determinado período que podría ser calificado de antojadizo por cuanto no se sitúa en el comienzo de la relación contractual y tampoco al presente, pese a contar con dicha información.
En sus propios guarismos, el Banco contabiliza que al momento de adquirir el préstamo el total de los ingresos de la actora era de $74.197,87 y la cuota inicial era de $19.504,86 por lo tanto la afectación de la cuota sobre los ingresos era en ese entonces del 30%, mientras que a la fecha la totalidad de los ingresos es de $457.479,62 (sueldo percibido del Tribunal de Cuentas y haberes del Anses) y la cuota de vencimiento 28/02/2023 ascendía a $177.001,50 y lo efectivamente abonado en virtud de la medida cautelar dispuesta en autos fue de $137.243,60. Concluye al respecto que la afectación real al presente asciende 38,8%, lo que reduce un aumento porcentual desde el inicio y hasta la última cuota del 8,8%.
A partir de esa cuenta rechaza la existencia de endeudamiento excesivo y de excesiva onerosidad sobreviniente.
Rebate el argumento dirigido a las especiales circunstancias familiares y económicas invocadas por la Sra. Giangrande destacando que desde el mismo momento de tomar el crédito su carga de familia era igual.
Sobre la aplicación del esfuerzo compartido, denota que la argumentación y conclusión de la Juez es improcedente porque el fallo beneficia únicamente a la actora, por lo que el único esfuerzo es el de su parte.
Remarca una auto contradicción en el fallo apelado por cuanto luego de hacer lugar al reclamo de la accionante rechaza la inconstitucionalidad del índice UVA.
A todo evento, solicita se ordene la producción denegada en la instancia consistente en la designación de un perito martillero - tasador tal como lo solicito en el punto 11.C de su contestación de demanda.
Concluye sus agravios calificando al fallo de absurdo y arbitrario, violatorio del debido proceso e igualdad de las partes ante una misma contienda; que es función del juzgador llegar a la verdad objetiva del proceso y no fundar su decisorio en previsiones, consideraciones o supuestos que no fueron mínimamente probados y que debe evitarse el enriquecimiento sin causa.
Por todas esas consideraciones solicita se haga lugar al recurso interpuesto revocándose el fallo de la Jueza inferior y por lo tanto rechace íntegramente la acción de reajuste interpuesta, con costas.
Al contestar el traslado sobre el memorial de la contraparte, la actora rechaza los argumentos del Banco dirigidos a la inaplicabilidad al caso de la teoría de la imprevisión tildándolos de parcial, tendenciosos, falaces y abusivos de la realidad.
Recalca que debe regir en el presente el régimen tuitivo del consumidor.
Insiste en que la inflación real sobrepasó las metas diagnosticadas, pronosticadas y publicitadas por los especialistas y que conformaron la legítima confianza sobre la cual la accionada basó su consentimiento.
Indica que la entidad bancaria presentó las expectativas de inflación proyectadas por los especialistas máximos del país (BCRA) y los pronósticos de evolución del crédito dentro de dicho marco, elaborados por el Banco y puestos de relieve por el Ministerio Público en su dictamen, y sobre esa base es que se tomó la decisión.
Agrega la prohibición de aplicar prácticas y cláusulas abusivas y del anatocismo.
Indica que el contrato celebrado entre ambas partes no se rige enteramente por el derecho privado, sino que contiene múltiples disposiciones de orden público que deben ser respetadas como: la política estatal para dar cumplimiento al derecho humano de acceso a la vivienda propia, el principio protectorio del consumidor y las garantías básicas de todo el subsistema normativo específico.
Finalmente, entiende que el fallo citado por la contraparte a efectos de solventar su posición es inaplicable porque la Cámara Civil de Mar del Plata no es el Tribunal de Alzada en estas actuaciones.
Pasado en vista al Fiscal de Cámaras Departamental, éste reafirma que entre las partes media una relación de consumo y concuerda con los argumentos expuestos por la sentencia apelada.
En su criterio, la toma de medidas revisoras al amparo de la teoría de la imprevisión se encuentra habilitada por el incremento exorbitante de la deuda que obedeció a fluctuaciones de variables económicas que escapan al control y a las razonables previsiones del tomador del crédito, impactando en la finalidad económica del contrato hasta desnaturalizarlo.
Indica al esfuerzo compartido como el mecanismo idóneo para establecer parámetros de adecuación.
Da cuenta del art. 60 de la Ley 27.541 que dispone “El Banco Central de la República Argentina realizará una evaluación sobre el desempeño de y las consecuencias del sistema de préstamos UVA para la adquisición de viviendas y los sistemas de planes de ahorro para la adquisición de vehículos automotor, sus consecuencias sociales y económicas y estudiará mecanismos para mitigar los efectos negativos atendiendo al criterio del esfuerzo compartido entre acreedor y deudor”.
Como corolario de su presentación, considera que los principios de la buena fe, conservación del negocio jurídico y prohibición de abuso de derecho, con sustento normativo en la prevención del daño (arts. 9, 10, 1710 a 1713, CCyC), así como toda la normativa protectoria de usuarios y consumidores (art. 42 CN; 38 CPBA; 1094 y concs. CCyC; 1, 3, 37, 65 y concs. Ley 24240) y la protección a la vivienda contemplada por el inc. 7 art. 36 CPBA, aconsejan confirmar el decisorio impugnado.
4. A fin de dar un adecuado desarrollo al recurso, encuentro prudente realizar un racconto sobre los postulados iniciales de la actora y la demandada tanto en este proceso como en la medida cautelar habida entre las mismas partes y en virtud del mismo contrato en trámite por ante el Juzgado Civil y Comercial N°4 de este Departamento Judicial.
A fs. 1/7 (en fecha 17 de mayo de 2020) se presenta Yanina Giangrande promoviendo acción de reajuste de contrato de mutuo hipotecario celebrado con el Banco de la Provincia de Buenos Aires el 20 de abril de 2018 por excesiva onerosidad sobreviniente.
Concretamente, reclama la reliquidación de la deuda y las cuotas abonadas y debidas, sobre la base del índice de variación salarial, o el que judicialmente se estime razonable, de modo que se mantenga la relación cuota/ingreso inicial y se restablezca la ecuación económica original.
Cita los arts. 1091, 1093, 1094, 1095, 1118 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante denominado CCyC), 42 CN, 36 inciso 7º y 38 de la Constitución provincial (en adelante CPBA), ley 24.240 (en adelante LDC) y concordantes, y ley provincial 13.133.
Detalla que el 20 de abril de 2018 adquirió una casa -que constituye su actual vivienda-, ubicada en Manuel B. Gonnet celebrando para ello un contrato de préstamo bancario con garantía hipotecaria con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que se identifica como préstamo nº 2000-0585951/4 por la suma de $3.001.000 con plazo de devolución de 24 años.
Especifica que, al momento de la firma del convenio, el dólar estadounidense cotizaba a $20,48 y el índice UVA a $22,99, siendo la primera cuota paga de $18.000 aproximadamente, lo que se traducía en el 34% de su sueldo.
Advierte que en la actualidad, si no tuviera una medida cautelar en su favor, estaría afectando el 61% de sus ingresos destinado al pago del préstamo.
Se describe como empleada del Honorable Tribunal de Cuentas, jefa de hogar y viuda con dos hijos menores a cargo.
Menciona que los salarios no se actualizaron al ritmo de la inflación y que su préstamo, desde el otorgamiento hasta la fecha de la demanda, se duplicó.
Da cuenta de la existencia de una medida cautelar caratulada “Giangrande, Yanina s/Medidas cautelares” en trámite por ante el Juzgado 4 de este Departamento Judicial en el cual se dispuso -mediante proveído del 29 de abril de 2020- el congelamiento, a partir de esa fecha, de las cuotas debidas, a los valores registrados en diciembre de 2019.
Enumera comunicaciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA) como demostrativas de la verosimilitud de su reclamo. Entre ellas incluye las “A” 6884 (30 de enero de 2020) y “A” 6949 (01.04.2020) mediante las cuales el organismo instruyó a las entidades financieras medidas paliativas.
La primera encomendó a los bancos a atender, en forma especial, la situación de quienes tuvieran que afrontar cuotas mensuales cuyo importe supere el 35% de los ingresos mensuales, y a renegociar en forma particular las condiciones del crédito, cosa que en su caso particular no sucedió y la segunda permitió a los tomadores de crédito postergar las cuotas correspondientes a los meses de abril, mayo y junio, y colocarlas al final de la vida del contrato lo que se vio obligada a solicitar.
Marca las diferencias entre la situación económica que vivía nuestro país en el año 2017 y la actual, haciendo pie en las marcadas diferencias existentes entre las estimaciones de inflación incluidas en los presupuestos nacionales de los años 2017, 2018 y 2019 y los guarismos que marcó la realidad.
Funda en el derecho al acceso a la vivienda propia y su rol de consumidora en el contrato celebrado.
Insiste en la excesiva onerosidad sobreviniente, opinando que el préstamo de acuerdo con el índice UVA que se realiza en la actualidad está violando la esencia del pacto celebrado en su origen, pues se trataba de un crédito cuya actualización acompañaría la evolución del poder adquisitivo del deudor.
Encasilla las medidas de compensación del Banco demandado en la doctrina de los actos propios, ya que desde el año 2018 se han implementado este tipo de determinaciones para atenuar el peso de la indexación de las deudas. Destaca la creación del fondo de compensación UVA-CVS, vigente entre octubre de 2018 y agosto de 2019, de acuerdo con el cual se subsidió la diferencia de cuota (ajustada según el coeficiente UVA) que excediera el 10% de la cuota ajustada según el CVS lo que demuestra que el CVS no es tan ajeno a la vida del contrato; luego la compensación extraordinaria, de acuerdo con la cual se congeló el precio de la cuota mensual liquidada entre agosto y diciembre de 2019, y enero de 2020, al valor abonado en agosto de 2019.
Asegura que en toda relación contractual a largo plazo se busca mantener la equidad constante para no afectar a ninguna de las partes y lograr el cumplimiento de las obligaciones, extremo que no se cumplió en el caso de los créditos UVA.
Reitera sobre la procedencia de la teoría de la imprevisión, sobre la alteración extraordinaria de la cuota y sobre la ajenidad de tal variación.
En esta causa ofrece como prueba, entre otras, el oficio al Honorable Tribunal de cuentas para que informe sobre el monto de su salario desde el año 2018 en adelante.
Posteriormente, en presentación electrónica de fecha 8 de septiembre de 2020 -glosada a fs. 10/13- amplía la demanda manteniendo en lo medular el reclamo efectuado en la presentación de inicio.
Como ya se mencionó, sobre la misma temática, Giangrande inició un pedido de medida cautelar mediante la cual pidió el congelamiento del capital adeudado y el importe de las cuotas mensuales debidas, de acuerdo con los montos registrados en diciembre de 2019, hasta tanto se arribe a una solución definitiva en el proceso que se iniciará, por reajuste de contrato.
En aquellas actuaciones la accionante, antes de que se hiciera lugar a la medida cautelar la que se encuentra firme por resolución de esta Cámara de fecha 18 de marzo de 2021, reconoció que denunció ante el Banco ingresos por su relación de dependencia en el Honorable Tribunal de Cuentas como jefa de Departamento (el que mencionó en estas actuaciones) y una pensión en ANSES por su marido fallecido de la que omite hacer referencia en estos actuados.
En la continuidad del presente proceso, en fecha 9 de agosto de 2021 la demandada contesta la acción instaurada solicitando el rechazo de la totalidad de los planteos de la legitimada activa.
Luego de la negativa genérica y puntual de rito, detalla que el préstamo hipotecario fue efectivamente por $3.001.000 equivalente a 130.535 UVAs, conforme la cotización inicial -de fecha 20/04/2018- de $22,39 por UVA.
Refiere que se instrumentó mediante las condiciones establecidas en la reglamentación de la línea Prestamos Provincia Tu Vivienda a 30 años, la que asegura fue explicada previamente a entera satisfacción de Giangrande quie
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.