Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa c 127143
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y, en consecuencia, se revoca la sentencia apelada debiéndose convertir el capital adeudado a razón de un peso más el 30% de la diferencia entre dicha paridad y la cotización oficial del dólar estadounidense -tipo vendedor- informada por el Banco de la Nación Argentina a la fecha en que se practique la liquidación, debiendo adicionarse los accesorios del crédito desde la fecha en que se produjo la mora y hasta la del efectivo pago a una tasa de interés del 7,5% anual entre moratorios y punitorios.
Las costas de alzada y de esta instancia extraordinaria se imponen a la actora vencida (conf. arts. 68, -arg. art. 274- y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 127.143, "Maluenda, Lía Mabel contra Tenaglia, Adina Asunción y otro. Acción de reajuste", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño.
La Sala III de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata modificó la sentencia de primera instancia y dispuso la conversión de la deuda a razón de un peso por dólar estadounidense, más el 50% de la brecha existente entre un peso y la cotización de la mencionada divisa extranjera conforme al valor del denominado dólar MEP del día en que correspondiese efectuar el pago, salvo que la utilización del coeficiente de actualización (CER) arrojase un resultado superior; con más los intereses calculados a la tasa del 7,5% anual, no capitalizables desde la fecha en que se produjo la mora y hasta el efectivo pago (v. sent. de fecha 21-III-2023).
La demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 5-IV-2023).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En los autos principales "Maluenda, Lía Mabel contra Tenaglia, Adina Asunción y otro. Ejecución hipotecaria" el magistrado de primera instancia mandó llevar adelante la ejecución por la suma reclamada en dólares estadounidenses (USD 60.000) convertida a pesos ($60.000) conforme a lo prescripto en los arts. 1, 3, 6 y 8 del decreto 214/02. Fijó como tope máximo para el conjunto de los intereses pactados (moratorios y punitorios) la tasa activa que percibe el Banco de la Provincia de Buenos Aires desde el vencimiento de cada obligación y, hasta el 30 de septiembre de 2002 (momento de la mora) y a partir del 1 de octubre de 2002 y hasta el 31 de marzo de 2004, consideró que debía aplicarse el índice de variación salarial (CVS), con más los intereses pactados, en tanto no superasen el límite legal establecido en el art. 4 de la ley 25.713 (modif. ley 25.796; v. fs. 55/64, expte. cit.).
La Sala III de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata confirmó dicha decisión en orden a la pesificación de la deuda y reconoció el derecho del ejecutante de solicitar en la etapa procesal oportuna, en consonancia con lo dispuesto en el art. 11 de la ley 25.561, la recomposición equitativa del crédito. Impuso las costas del Tribunal de Alzada en el orden causado (v. fs. 105/118 vta., expte. cit.).
Ante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la accionada (v. fs. 123/130 vta., expte. cit.), esta Suprema Corte acogió parcialmente la impugnación y revocó el pronunciamiento atacado en cuanto a la imposición de costas, dejando a salvo que las originadas en el incidente planteado en torno de la validez constitucional de las normas de emergencia, así como las de esta instancia extraordinaria, se imponían en el orden causado, atento a la naturaleza de las cuestiones propuestas (arts. 69 y 289, CPCC).
En lo que aquí importa, consideró que el planteo elevado por el demandado respecto del procedimiento de reajuste del crédito, si bien se sustentaba en la interpretación de la normativa de emergencia que regía el caso, resultaba una remisión eventual a una facultad aún no actuada por el ejecutante, deviniendo por ende ajena al conocimiento de esta Corte (art. 278, CPCC; v. fs. 156/157, expte. cit.).
Con posterioridad, la parte ejecutada depositó la suma de $277.785 en concepto de capital, intereses y costas (v. fs. 22 y vta.) y la accionante practicó liquidación, que ascendió a la suma de $291.171,82 al 12 de mayo de 2017, haciendo expresa reserva de acudir al procedimiento del art. 11 de la ley 25.561 (v. fs. 24 y vta.).
II. Tras considerar que el monto resultante de la liquidación practicada en el marco del proceso de ejecución de sentencia resultaba insuficiente, desproporcionado e injusto, Lía Mabel Maluenda inició la presente acción de reajuste equitativo (v. demanda: fs. 67/79).
En su escrito de inicio solicitó que se tuvieran en cuenta para su determinación: i. el precio de la operación convenido en el contrato de mutuo (USD 60.000), la proporción que dicha suma representaba en el valor del inmueble dado en garantía y los intereses moratorios y punitorios pactados como cláusula penal y ii. el valor actual del bien sobre el cual se gravó derecho real de hipoteca y la cotización oficial actual de la divisa estadounidense. Ello a los fines de que la diferencia entre ambas hipótesis fuese soportada en partes iguales por el actor y el demandado.
Corrido el pertinente traslado, el accionado peticionó el rechazo de la demanda y expuso su interpretación acerca del instituto que predicaba la legislación de emergencia, en especial la ley 26.167 -que entendía aplicable al caso- con cita de los precedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Rinaldi" y "Bezzi" (v. fs. 92/100 vta.).
La magistrada de origen estimó procedente el reajuste en los términos de los arts. 8 del decreto 214/02 y 11 de la ley 25.541 (v. sent. de fecha 2-VIII-2021).
Comenzó por señalar que la obligación debida en la especie no era una prestación dineraria (precio) fijada para la obtención de una cosa, bien o servicio, cuyo "valor actual" permitiese ponderar tal asimetría (conf. causas C. 95.349, "Eik", sent. de 12-VI-2013; C. 93.080, "Urban Proyect S.A.", sent. de 11-IX-2013; Ac. 108.965, "Chedieck", sent. de 18-VI-2014 y C. 120.834, "Gonzalez de Ibarguren", sent. de 21-II-2018), sino una suma adeudada en virtud de un mutuo convenido en dólares estadounidenses.
A ello agregó que no se encontraba reunida la totalidad de los requisitos previstos en el art. 1 de la ley 26.167; por lo tanto, dicho plexo normativo no resultaba aplicable en autos.
Así las cosas, juzgó que a los efectos de que los justiciables soportasen en partes iguales las consecuencias de la pérdida del poder adquisitivo de nuestro signo monetario con relación al dólar oficial -incluido el impuesto del 30% vigente- y a los fines de establecer el monto final que los accionados debían abonar a la actora, debían considerarse: por un lado, la liquidación que hubiere correspondido si no se hubiese producido la pesificación de la deuda, con más la aplicación de los intereses pactados siempre que no superasen el 8% anual; y, por el otro, la que resultara de aplicar las pautas establecidas en la sentencia dictada en los autos principales. De este modo, concluyó, una vez firme dicho decisorio se mandarían a practicar las dos liquidaciones mencionadas para determinar en definitiva el monto debido en concepto de reajuste equitativo.
III. Apelado dicho pronunciamiento por ambas partes, la Sala III de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata lo modificó (v. sent. de fecha 21-III-2023).
Para así decidir, expresó en primer lugar que no correspondía la aplicación de la ley 26.167 al caso examinado. Al respecto, expresó que el art. 1 inc. "c" de la norma citada prescribía que el mecanismo especial diseñado se dirigía a supuestos donde "...el destino del mutuo haya sido la adquisición, mejora, construcción y/o ampliación de vivienda, o la cancelación de mutuos constituidos originalmente para cualquiera de los destinos antes mencionados" y que del expediente sobre ejecución hipotecaria no surgía que el mutuo incumplido hubiese tenido un destino específico (v. testimonio de la escritura agregado entre las fs. 13 y 14, sin foliar).
Por otra parte, en lo que atañe a la fórmula de equidad a la que había arribado la sentencia en crisis -aspecto controvertido por ambas partes- entendió que correspondía seguir los lineamientos esbozados por esta Suprema Corte (conf. causa C. 119.818, "Iarosky", sent. de 24-IV-2019) y, por ende, dispuso la conversión del capital adeudado a razón de un peso por dólar estadounidense, más el 50% de la brecha existente entre un peso y la cotización de la mencionada divisa extranjera en el mercado libre de cambio -tipo vendedor- del día que correspondiese efectuar el pago, salvo que la utilización del coeficiente de actualización (CER) arrojase un resultado superior; con más los intereses calculados a la tasa del 7,5% anual, no capitalizables desde la fecha en que se produjo la mora y hasta el efectivo pago.
Asimismo, aclaró que -no contando en la actualidad con una cotización del mercado libre de cambio- debía estarse a la cotización del denominado dólar MEP.
Impuso las costas en el orden causado.
IV. Frente a esta forma de decidir, la demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley mediante el cual denuncia la violación de la ley 26.167; del art. 17 y concordantes de la Constitución nacional y de la doctrina legal que cita. Hace reserva del caso federal (v. escrito electrónico de fecha 5-IV-2023).
Aduce que resulta arbitraria la sentencia toda vez que a lo largo del proceso se expresó y acreditó que el inmueble dado en garantía constituía la vivienda familiar y de ocupación permanente del deudor, cuestión que se encuentra firme y consentida en virtud de lo resuelto oportunamente en los autos principales.
Alega además que el fallo vulnera la doctrina legal de este Tribunal emanada de los autos C. 106.002, "Dupas" (sent. de 11-III-2013; entre otros), en la cual se expresó que correspondía seguir los lineamientos vertidos en el precedente B.2087.XLII, in re "Bezzi, Rubén Amieto y ot. c/ Valentín, Sixto Carlos y ot. s/ejecución hipotecaria" (sent. de 11-IX-2007) de la Corte nacional en el cual reiteró las pautas brindadas en "Rinaldi", extendiendo por analogía su solución para aquellos supuestos en que no concurriesen todos los recaudos exigidos por las leyes 25.798 y 26.167, siempre que se encontrara comprometida la vivienda única y familiar del deudor.
Por fin, afirma que la referencia a la cotización del dólar MEP no concuerda con el criterio jurisprudencial vigente y peticiona que se remita a la cotización del mercado libre de cambio o a la que en el futuro la reemplace.
V. El recurso prospera.
V.1. De manera liminar, es indispensable señalar que corresponde el tratamiento prioritario de las presentes actuaciones en atención al tiempo transcurrido desde el inicio de los autos principales (31-VIII-2004) y de la acción de reajuste aquí examinada (29-VI-2018), a los efectos de que el trámite resulte respetuoso de lo dispuesto por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (conf. arts. 1, 2 inc. "n", 4 inc. "b" y 31 de la Convención citada; 34 inc. 5, CPCC; ley 27.700; 15 y 36.6, Const. prov.; 31, 75 incs. 22 y 23, Const. nac.; 1, 2, 8 inc. 1 y 25 CADH).
V.2. Ingresando así inmediatamente en el análisis de la pieza recursiva bajo estudio, cabe destacar que si bien la decisión en virtud de la cual se ordenó la pesificación del capital adeudado se encuentra firme y pasada en autoridad de cosa juzgada (v. fs. 105/118 vta., autos principales), la cuestión aquí debatida gira en torno al modo en que debe efectuarse el reajuste equitativo del crédito.
V.2.a. En primer lugar, advierto que le asiste razón a la quejosa en cuanto sostiene que el carácter de vivienda única y familiar del inmueble gravado con hipoteca arriba firme a esta Sede extraordinaria en atención a lo resuelto en los autos principales "Maluenda, Lía Mabel contra Tenaglia, Adina Asunción y otro. Ejecución Hipotecaria".
Allí se sostuvo que "atento que la actora no desconoció el carácter de vivienda única del bien hipotecado" no correspondía por ello la apertura a prueba propuesta por la demandada para tal acreditación ante el reconocimiento tácito de dicha calidad (v. sent. de fs. 55/64, expte. cit.).
V.2.b. Ahora bien, tal circunstancia resulta a su vez demostrativa del yerro en que habría incurrido la Cámara -tal como lo denuncia la recurrente- al aplicar al caso la solución a la que arribó esta Corte en C. 119.818, "Iarosky" (sent. de 24-IV-2019), pues teniendo en cuenta las cuestiones planteadas en este juicio corresponde seguir los lineamientos esbozados en las causas C. 97.043, "Zella" (sent. de 29-XII-2008) y C. 106.002, "Dupas" (sent. de 11-III-2013; entre otras).
En dichos precedentes este Supremo Tribunal -a los fines de establecer el reajuste equitativo del crédito- remitió a la solución establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Bezzi" (B.2087.XLII, sent. de 11-IX-2007), en la que se había abordado el análisis de la situación de aquellos deudores hipotecarios inferiores en su origen a USD 100.000 que habían dado en garantía su vivienda única y familiar cuando por alguna razón no cumplían con los restantes requisitos exigidos por las leyes 25.798 (texto según ley 25.908) y 26.167; tal como acontece en autos.
En efecto, allí se hizo hincapié en que razones de justicia y equidad autorizaban a aplicar por analogía a los deudores de los que se trataba la disposición de la ley 26.167, que se refiere a la determinación de la deuda (art. 6), en cuanto establecía que el capital adeudado en dólares estadounidenses o su equivalente en otra moneda extranjera se convertiría a un peso más el 30% de la diferencia entre dicha paridad y la cotización libre del dólar estadounidense a la fecha en que se practique la liquidación -exégesis que encontraba sustento en una comprensión armónica del régimen de emergencia económica y en la pauta interpretativa prevista por el art. 15 de la citada normativa-, debiendo adicionarse los accesorios del crédito desde la fecha en que se produjo la mora y hasta la del efectivo pago a una tasa de interés del 7,5% anual entre moratorios y punitorios.
Por las razones expuestas, teniendo en cuenta que en estas actuaciones se persigue la ejecución de un mutuo por la suma originaria de USD 60.000, garantizado mediante hipoteca sobre un inmueble que reviste el carácter de vivienda única y familiar del deudor y que no reúne la totalidad de los requisitos exigidos por la ley 26.167, la plataforma fáctica resulta sustancialmente análoga a la resuelta en las causas precedentemente citadas y, por ello, a dicha solución debe estarse.
V.2.c. Finalmente, la impugnante cuestiona la utilización del denominado dólar MEP a los fines de determinar la cotización de la referida divisa y solicita que se aplique la cotización del dólar estadounidense en el mercado libre de cambios.
El presente agravio también merece ser acogido, por las consideraciones que expresaré a continuación:
Establecer el valor de la moneda extranjera es algo que escapa al control de los particulares; existe para la conversión de la deuda en moneda extranjera un mercado oficial de cambios: este es el que se debe aplicar. Por otra parte, no corresponde confundir la operación de cambio de monedas (Comunicaciones del BCRA "A" 3471, 4285, sus modif. y compl.), que es la que refleja la cotización oficial, con las alternativas de inversión dolarizadas que se refieren, por ejemplo, a títulos de la deuda pública emitidos en dólares, las que técnicamente no son operaciones de cambio de moneda.
En tal sentido, la jurisprudencia mercantil ha sido clara en cuanto a que si bien es cierto que existiendo varios mercados la obligación en moneda extranjera debe liquidarse conforme el que resulte más cercano al valor real de la divisa, también lo es que cuando se habla de "mercados" debe entenderse por tales a los oficialmente reconocidos, por lo que resulta improcedente la pretensión de que la conversión de una deuda contraída en dólares estadounidenses se efectúe según el valor de títulos -tal como ocurre con la cotización del dólar MEP- cuando estos no constituyen el objeto mismo de la prestación debida, pues el valor de tales títulos no depende exclusivamente de las fluctuaciones de la mencionada divisa sino de otros factores ajenos a ella, como su cotización en la bolsa de comercio (conf. CNCom., Sala B, 22-IV-1983, "Bellini, Luis contra Bottero, Osvaldo"; CNCom., Sala B, 12-IX-1984, "Balfour Williamson Ando Co. Ltd. contra Crom, Roberto"; CNCom., Sala E, 14-II-1983, "Saliou, Pedro contra Congregación Israelita R.A."; CNCom., Sala E, 8-IX-1986, "Laboratorios Armstrong S.A. contra Asesoinfar S.A."; CNCom. Sala D, 15-X-2020, "Ortola Martinez, G. contra Sarlenga M."; etc.).
En suma, el denominado "dólar MEP" no constituye una verdadera cotización de moneda extranjera -un tipo de cambio relacionado con un mercado de divisas- sino que refleja exclusivamente el resultado en moneda extranjera (rentabilidad) de una compleja operación bursátil consistente en la compra de "títulos valores" (bonos o acciones) para ser vendidos con posterioridad a su adquisición, después de transcurrido un plazo establecido por el Banco Central de la República Argentina.
Por ello, a los fines de la conversión de la presente deuda, debe estarse a la cotización oficial del dólar estadounidense -tipo vendedor- informada por el Banco de la Nación Argentina (conf. doctr. causa C. 126.373, "Voliakovsky", sent. de 20-V-2025).
VI. Por lo hasta aquí expresado, si mi criterio es compartido, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y, en consecuencia, revocar la sentencia apelada debiéndose convertir el capital adeudado a razón de un peso más el 30% de la diferencia entre dicha paridad y la cotización oficial del dólar estadounidense -tipo vendedor- informada por el Banco de la Nación Argentina a la fecha en que se practique la liquidación, debiendo adicionarse los accesorios del crédito desde la fecha en que se produjo la mora y hasta la del efectivo pago a una tasa de interés del 7,5% anual entre moratorios y punitorios.
Las costas de alzada y de esta instancia extraordinaria se imponen a la actora vencida (conf. arts. 68, -arg. art. 274- y 289, CPCC).
Con el alcance indicado voto, pues, por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y la señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y, en consecuencia, se revoca la sentencia apelada debiéndose convertir el capital adeudado a razón de un peso más el 30% de la diferencia entre dicha paridad y la cotización oficial del dólar estadounidense -tipo vendedor- informada por el Banco de la Nación Argentina a la fecha en que se practique la liquidación, debiendo adicionarse los accesorios del crédito desde la fecha en que se produjo la mora y hasta la del efectivo pago a una tasa de interés del 7,5% anual entre moratorios y punitorios.
Las costas de alzada y de esta instancia extraordinaria se imponen a la actora vencida (conf. arts. 68, -arg. art. 274- y 289, CPCC).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/06/2025 12:42:03 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/06/2025 19:44:21 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/06/2025 13:39:29 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/07/2025 10:19:53 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/07/2025 14:30:12 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.