Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77500
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de La Matanza. Por Secretaría, y de manera electrónica, se radicarán las actuaciones para que continúe interviniendo en el asunto (cfr. art. 7 inc. 1, CCA).
Hacer saber lo decidido al Juzgado de Garantías del Joven N°2 departamental, mediante oficio electrónico.
B.77.500 “GUGLIOTTA FABIANA Y OTRO/A C/ MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA Y OTROS S/ ACCION RECOMPOSICION AMBIENTAL - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12008”
I. Fabiana Liliana Gugliotta y Adrián Lionel Schiaffino, en su condición de vecinos frentistas de la localidad de La Tablada, deducen acción de amparo ambiental contra la Municipalidad de La Matanza, la empresa Centro Construcciones SA, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Obras Públicas y la Subsecretaría de Obras Públicas -todas ellas en su carácter de órganos locales de contralor en la materia- y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) -como autoridad de aplicación de la normativa ambiental a nivel provincial-, con miras a que se paralice la obra hidráulica que se estaría llevando a cabo para realizar una conexión de entubamiento a prolongarse sobre la arteria Uruguay al 1700-1800 entre las calles Murature y Rivera, del partido de La Matanza. Ello, por cuanto entienden que la prosecución del emprendimiento traería aparejados graves perjuicios al denominado "Paseo Ecológico Cultural José Manuel Estrada II", declarado de interés cultural en el año 2011 por el Concejo Deliberante de aquella Municipalidad.
Narran que, frente a tal situación y luego de una comunicación fallida con las respectivas autoridades locales, se pusieron en contacto con uno de los ingenieros a cargo de la obra, quien les habría explicado los pasos a seguir a los efectos de continuar con el proyecto, detallando la necesidad de realizar el ensanchamiento de asfalto, lo cual conllevaría talar una mayor cantidad de árboles de la que originariamente se había estimado para ejecutar la obra.
Sostienen que este accionar comporta daños -en algunos casos irreparables- al medio ambiente que, en definitiva, afectan a la comunidad vecinal (v.gr., falta de sombra, exceso de calor en época estival, posible contaminación visual, e.o.).
Piden entonces que se ordene el cese de la obra y, junto con ello, que los órganos de control de la materia ejerzan -bajo apercibimiento de astreintes- el poder de policía que se les ha conferido a tales efectos (véase escrito electrónico de fecha 29-IX-2021).
II. La causa se inició en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de La Matanza.
Pero al no haberse efectuado el sorteo con arreglo al régimen de acciones de amparo, su titular -sin declarar su incompetencia pero adoptando una diligencia que la implica- remitió el expediente a la Receptoría General de Expedientes departamental (cfr. resol. electrónica de echa 29-IX-2021). Debe destacarse que, antes de efectuar el correspondiente pase, el magistrado de dicho organismo, atento a la naturaleza medioambiental de la pretensión deducida, ordenó recaratular las actuaciones (v. proveído electrónico de fecha 1-X-2021).
De allí que los obrados fueron asignados al Juzgado de Garantías del Joven N°2 de aquella jurisdicción territorial, sin que el magistrado a su cargo aceptase la declinatoria formulada por su par remitente.
Para así decidir, sopesó, con sustento en precedentes de esta Corte y de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en General San Martín, el tenor de la materia discutida en autos, donde "...un ciudadano realiza un reclamo contra un municipio, en este caso de La Matanza, por una afectación medioambiental" (véase primer documento adunado al proveído electrónico de fecha 5-X-2021).
A raíz de ello, advirtiendo que por la naturaleza del caso correspondía que los actores intenten su reclamo a través de los carriles ordinarios y no por el del amparo, giró las actuaciones a la Receptoría de Expedientes Departamental para que sortee el juzgado contencioso administrativo que iba a continuar interviniendo.
Recaídos los actuados nuevamente en el órgano primigenio -por ser el único organismo especializado de aquel departamento-, su titular, luego de disponer -sin apoyatura normativa- la vista del Agente Fiscal a fin de que se expida sobre su competencia, ratificó la postura que había adoptado inicialmente, dejando planteado así un conflicto de competencia que giró a esta Corte con el objeto de que sea resuelta a tenor de lo preceptuado por el artículo 7 inciso 1 del código adjetivo (ver resol. electrónica de fecha 28-X-2021).
III. La naturaleza del reclamo, por el cual se ha promovido un amparo ambiental ante la realización de obras hidráulicas por parte de una empresa constructora que estaría autorizada por la comuna, alegándose el incumplimiento de las previsiones legales que rigen la tutela ambiental según se desprende del relato efectuado (cfr. apdo. I del escrito inicial de fecha 29-IX-2021), determina que la causa deba seguir tramitando por ante el fuero especializado.
En efecto, esta Corte ha destacado, con reiteración, la necesidad de armonizar las acciones de amparo de contenido medioambiental con las disposiciones de los artículos 34 y 35 de la ley 11.723, que establecen que cuando a consecuencia de acciones del Estado se produzcan daños o pudiera derivarse una situación de peligro al ambiente y/o recursos naturales ubicados en territorio provincial, luego de un trámite administrativo previo, los legitimados allí individualizados "...quedarán habilitados a acudir ante la justicia con competencia en lo contencioso administrativo, que dictaminará sobre la legalidad de la acción u omisión cuestionada".
De allí que, en supuestos como el presente, no correspondía efectuar el sorteo para la asignación de las acciones de amparo que establecen las resoluciones traídas a colación, sino que por tratarse de un caso que le compete decidir a los órganos del fuero contencioso administrativo, se debió haber adjudicado al juzgado materialmente competente (doctr. causas B. 68.566, "Gonzalez", resol. de 3-V-2006; B. 71.068, "Ávila", resol. de 3-XI-2010; B. 71.816, "La Diana SA", resol. de 21-XII-2011; B. 71.884, "Savastejko", resol. de 27-VI-2012; B. 72.006, "Feito", resol. de 6-XI-2012; B. 72.365, "Bastons", resol. de 22-V-2013; B. 73.096, "Organización No Gubernamental Para el Cuidado del Medioambiente", resol. de 25-VI-2014; B. 74.448, "Asociación Civil Foro Medioambiental", resol. de 15-XI-2016; B. 74.491, "Mancuso", resol. de 7-XII-2016; B. 75.000, "Iparaguirre", resol. de 14-II-2018; B. 75.781, "Sama", resol. de 22-V-2019 y B. 76.520, "Fernández", resol. de 23-XI-2020; B. 76.703, "Di Lullo", resol. de 23-II-2021 y B. 76.655, "Belcastro", resol. de 9-IV-2021).
IV. Por los fundamentos arriba expuestos, toda vez que las particularidades del litigio -aun cuando en la demanda no se invocan explícitamente las previsiones de la ley 11.723- implican adentrarse en puntos regidos por el derecho administrativo, se debe confiar la decisión de la cuestión suscitada en autos al juez especializado en derecho público, a fin de preservar, de esa manera, la prerrogativa del Estado provincial o municipal de ser juzgado por ante los tribunales que la propia Constitución concibió para conocer en los casos originados por sus acciones u omisiones, con motivo del ejercicio de la función administrativa (conf. arts. 166 in fine y 215, Const. prov.; doctr. causa B. 77.316, "Pellicione", resol. de 11-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de La Matanza. Por Secretaría, y de manera electrónica, se radicarán las actuaciones para que continúe interviniendo en el asunto (cfr. art. 7 inc. 1, CCA).
Hacer saber lo decidido al Juzgado de Garantías del Joven N°2 departamental, mediante oficio electrónico.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/12/2021 19:09:21 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/12/2021 21:17:08 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/12/2021 07:46:50 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/12/2021 09:46:02 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/12/2021 10:38:55 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/12/2021 12:35:30 hs. bajo el número RR-1007-2021 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia