Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 80338
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 del Departamento Judicial de San Isidro para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
Comunicar lo que se decide en este resolutorio al Juzgado en lo Correccional N°2 del mismo departamento judicial.
B.80.338 "MUNICIPALIDAD DE TIGRE C/ OCAMPO JOSE NICOLAS S/ ACCION RECOMPOSICION AMBIENTAL - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 INC. 1 LEY 12.008"
I. La Municipalidad de Tigre, en el marco de lo que denomina una acción de recomposición ambiental, solicita que se ordene el allanamiento del domicilio del señor José Nicolás Ocampo, sito en la calle Boquerón N° 2.946 de la localidad de Don Torcuato, a efectos de proceder a la extracción de los residuos acumulados y a la desinfección del inmueble, dado el impacto negativo que dicha situación conllevaría para la salud de los vecinos de la zona, el ambiente y la libre circulación peatonal en la vía pública.
La acción fue deducida por la comuna invocando su titularidad de la función administrativa municipal, en especial, su calidad de responsable primario en materia de salubridad y de policía urbanística, además de las competencias como autoridad ambiental de la ley 11.723. Lo anterior -según sostiene la comuna-, en pos de satisfacer el interés general y preservar el dominio público para su goce por parte de toda la comunidad, algo que se aduce menoscabado con los actos y hechos llevados adelante por el demandado.
En relación con los hechos del caso, la entidad estatal pone de manifiesto que, debido a la reiteración de la situación denunciada por más de quince años, en 2024 la Subsecretaría de Faltas comunal labró un acta de infracción al demandado, imponiéndole una multa dineraria de $950.000 y la obligación de proceder a la limpieza del lugar en el plazo de treinta días.
Comenta que, ante la falta de acatamiento de la sanción impuesta a este último, dedujo ese mismo año una acción de amparo, la cual recayó en el Juzgado de Garantías N°5 con asiento en Tigre, perteneciente al Departamento Judicial de San Isidro. Allí -según indica-, si bien se dispuso el allanamiento del inmueble, la pretensión fue finalmente rechazada por el titular de la dependencia, al estimar que su objeto podía encauzarse por la vía prevista en el art. 224 del Código Procesal Penal.
Señala que, a pesar de la medida dispuesta por el magistrado de dicho órgano, el cuadro descripto no solo persiste en la actualidad, sino que incluso habría empeorado.
Adicionalmente, solicita que se disponga la revisión médica del demandado y, en su caso, se ordene su internación en una institución adecuada, a raíz del trastorno obsesivo compulsivo que le fuera diagnosticado en el marco de las actuaciones que en el año 2015 motivaron la intervención del Juzgado de Familia N°2 de aquel departamento judicial.
Por último, peticiona el dictado de una medida cautelar que garantice la limpieza y salubridad del lugar y, ante su eventual incumplimiento, autorice nuevamente la realización de la diligencia solicitada en autos (v. presentación electrónica de fecha 19-VIII-2025).
II. A fin de justificar la competencia del fuero especializado, el municipio invocó la regla de jurisdicción contemplada en el art. 2 inc. 7 de la ley 12.008.
De esa forma, la causa fue adjudicada al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 departamental, cuyo titular declaró su incompetencia por reputar que la controversia debía ventilarse ante la justicia correccional, toda vez que había sido planteada "...como una consecuencia directa del incumplimiento de una sanción de clausura y de una orden de limpieza dispuesta por la Justicia de Faltas de la Municipalidad de Tigre" (arts. 2 inc. 1, CCA; 24 inc. 3, ley 11.922 y 19 apdo. "c" y 54, decreto ley 8.751/77).
Tras disponer la remisión a la Receptoría de Expedientes para que asigne la causa a un órgano del fuero correccional y poner en conocimiento del juzgado de familia que había intervenido, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, lo adjudicó al Juzgado en lo Correccional N°2.
Su titular, empero, se negó a asumir la competencia asignada, argumentando que la presente acción "...resulta autónoma e independiente de cualquier expediente municipal que pudiera tener correlato con los hechos".
Para más, consideró que de las constancias del expediente administrativo no surgía que el reclamo derivara de un incumplimiento directo de clausura, sino que procuraba obtener una solución permanente mediante la remediación del daño constatado.
En razón de ello, arribando a la conclusión de que en el sub lite no se daba el supuesto de intervención en carácter de alzada en materia de faltas o contravenciones que habilitaría su competencia en los términos del art. 24 inc. 3 del Código Procesal Penal, le devolvió los obrados al órgano preactuante (v. resol. electrónica de fecha 4-IX-2025).
Sin embargo, este último disintió con tal proceder, planteando así una contienda negativa que sometió a esta Suprema Corte para que lo dirima (art. 7 inc. 1, CCA) -v. proveído electrónico de fecha 10-IX-2025-.
Corresponde señalar que, previamente a que se remitieran los obrados a esta Secretaría de Demandas Originarias, la magistrada a cargo del referido órgano de familia informó tanto al juez del fuero especializado como a la comuna reclamante que la medida solicitada por esta con carácter adicional -consistente en la revisión médica del señor Ocampo- ya había sido dispuesta (v. despacho electrónico de fecha 8-IX-2025).
III. El art. 166, párrafo final, de la Constitución de la Provincia consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a órganos judiciales especializados. Y el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos.
Con arreglo a tales normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los Municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166 cit., Const. Prov. y 1 inc. 1, CCA).
La actividad de esos sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de dichas funciones públicas y regida por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso cuando para discernir la contienda deban emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (arts. 1 inc. 2 y 2 inc. 4, CPCA).
Las reglas constitucionales y legales citadas tienen aplicación plena; tanto cuando los sujetos públicos revisten la condición de demandados como cuando promueven pretensiones contra particulares, alcanzadas, en los términos arriba señalados, por el derecho administrativo (art. 2 inc. 7, CCA; doctr. causas B. 70.640, “Municipalidad de Balcarce”, resol. de 2-VII-2009; B. 70.998, “Municipalidad de Junín”, resol. de 14-VII-2010; B. 71.811, “Provincia de Buenos Aires”, resol. de 18-IV-2012; B. 73.561, "Municipalidad de Lobería", resol. de 23-IX-2015 y B. 79.606, "Municipalidad de La Plata", resol. de 20-XI-2024).
IV. Sobre la base de lo anterior, del relato efectuado en el escrito postulatorio y el alcance de la pretensión incoada por la Municipalidad de Tigre, cabe concluir que el presente caso subsume en la regla de competencia fijada en el art. 2 inc. 7 de la ley 12.008. Con arreglo a ella, son propias del conocimiento asignado a los tribunales en lo contencioso administrativo las controversias promovidas por los municipios, cuando se hallaren regidas por el derecho administrativo.
En ese sentido, se debe reparar en que la entidad estatal que promueve la demanda lo hace en virtud de potestades ligadas a su carácter de autoridad ambiental local y al ejercicio de su poder de policía en materia urbanística, de salubridad y de tránsito peatonal, con el declarado propósito de tutelar el interés general de la comunidad y proteger el dominio público municipal.
A tales efectos, la comuna demandante solicita el dictado de una orden judicial que disponga el allanamiento del domicilio en cuestión, conforme a lo previsto en el art. 24 de la Constitución provincial, para permitir la ejecución de las tareas de extracción de residuos y desinfección ordenadas por la autoridad administrativa competente, medidas que -según afirma la propia comuna- "...exceden una mera contravención y resultan de imposible subsanación desde dicha esfera" (v. apdo. IV, último párr., de la demanda).
En esas condiciones, e independientemente de las actuaciones sustanciadas en el marco del procedimiento contravencional ante la autoridad administrativa de faltas de Tigre, es dable inferir que el sub lite se halla regido primariamente por normas de derecho administrativo, razón por la cual corresponde declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 del Departamento Judicial de San Isidro (arts. 166 in fine , Const. prov.; 1 y 2 inc. 7, CPCA y 27 incs. 17 y 18 y 226 inc. 18, LOM; arg. doctr. causa B. 75.618, "Municipalidad de San Vicente", resol. de 19-XII-2018 y sus citas).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 del Departamento Judicial de San Isidro para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
Comunicar lo que se decide en este resolutorio al Juzgado en lo Correccional N°2 del mismo departamento judicial.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/06/2026 14:42:58 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/06/2026 10:57:24 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 26/06/2026 17:20:33 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/06/2026 10:14:57 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/06/2026 11:34:25 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/06/2026 11:38:24 hs. bajo el número RR-593-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia