Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78338 P
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor mayoría, hacer lugar a la queja traída, conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 278 y 292, CPCC; 60, CCA y Acordada 4068) y llamar autos para resolverlo (arts. 283 y 284, CPCC).
A.78.338-P "ASOCIACION INQUIETUDES CIUDADANAS C/ MUNICIPALIDAD DE TIGRE Y OTRO/A S/ ACCION RECOMPOSICION AMBIENTAL S/INCIDENTE DE APELACION"
El señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. Asociación Inquietudes Ciudadanas, con patrocinio letrado, promovió acción de protección y remediación de daño ambiental (confr. art. 36 de la ley 11.723) contra la Municipalidad de Tigre y la Provincia de Buenos Aires (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible) pretendiendo que se declare que, en ocasión de haber llevado a cabo la comuna mencionada la instalación de las luminarias LED en el alumbrado público del Partido homónimo ha violado el orden público ambiental, al no proceder como ordena la ley enviando las sustituidas, consideradas -según aduce la recurrente- residuos peligrosos, a disposición final previo llamado a licitación pública para tal fin.
Destaca que persigue que cese el perjuicio ecológico y ambiental que, según aduce la actora, ha producido y está produciendo el actuar de la forma arriba denunciada, por haber violado las demandadas los arts. 41 y 43 de la Constitución nacional; las leyes nacionales 24.051 de residuos peligrosos; 26.473; 27.356 y 25.675 general del ambiente y su complementaria provincial 11.723; la ley 11.720 de residuos especiales de esta provincia; la ley 14.321 que norma la gestión sustentable de residuos de aparatos eléctricos en el territorio provincial y el Acuerdo de Escazú, ratificado por ley 25.766.
Peticiona que se condene al Municipio de Tigre a enviar a disposición final las luminarias sustituidas y, en el caso de que fuese técnicamente imposible por desconocerse su actual destino o cualquier otra circunstancia que implique abandono del residuo o su desaparición, se fije y determine la indemnización sustitutiva –a cargo solidariamente de los demandados y el tercero citado como dispone el art. 31 de la ley 25.675- y se la deposite en el fondo de compensación ambiental previsto en el art. 34 de la ley citada.
I.2. En el punto XV de su escrito de demanda la actora solicita la eximición del pago de la tasa de justicia y de todo otro gasto.
Aduce que la asociación civil que representa no tiene fines de lucro y su objeto es la defensa de los derechos e intereses colectivos o difusos, con el fin de proteger el medio ambiente.
Agrega que no posee bienes inmuebles ni muebles registrables y su patrimonio está integrado con los aportes que los asociados efectúan.
Invoca lo resuelto por esta Suprema Corte en la causa Ac. 93.412, “Granda, Aníbal y Ots. c/ Edelap S.A. s/ Amparo”, resolución de 2-XI-2005.
Esgrime que el art. 28 de la ley 24.240 –modificado por ley 26.361- dispone que “…Las acciones judiciales iniciadas en defensa de intereses de incidencia colectiva cuentan con el beneficio de justicia gratuita”.
Concluye que dicha norma ha priorizado, con la gratuidad de acceso a la justicia, a la acción ejercida por una persona física o jurídica y que engloba a todas las asociaciones no gubernamentales y no solamente a las de consumidores. Ello, toda vez que la manda constitucional del art. 43, en su párrafo segundo, se refiere a las acciones que protegen al ambiente, la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, y contra toda forma de discriminación.
Arguye que la gratuidad de la justicia y el acceso a los estrados judiciales, lo estatuyen también los tratados internacionales (art. 8, Pacto de San José de Costa Rica).
Por último, invoca lo resuelto por esta Suprema Corte respecto a que “…tratándose de la tutela jurisdiccional frente a un posible daño ambiental, no es exigible el depósito previo del art. 280 del CPCC” (causa Ac. 93.412, “Granda, Aníbal y Ots. c/ Edelap S.A. s/ Amparo”, resolución de 2-XI-2005).
Entiende que esa situación es asimilable con la de autos, toda vez que el art. 32 de la ley 25.675 dice que “el acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie”.
Con base en las razones expuestas, solicita que se declare sin más trámite ni sustanciación, el beneficio de gratuidad a la Asociación que representa, para la tramitación de esta causa.
II.1. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo nº 2 del Departamento Judicial de San Isidro, en lo que aquí interesa, proveyó lo siguiente: “…Cúmplase con [...] el pago de la tasa de justicia y su contribución…” (v. proveído de fecha 25-IV-2022).
II.2. Contra dicha providencia, la actora interpuso recurso de reposición con apelación en subsidio (v. presentación electrónica de fecha 28-IV-2022).
Reiteró el pedido efectuado en la demanda de eximición del pago de la tasa de justicia y de todo otro gasto, con fundamento en que la asociación actora no tiene fines de lucro y su objeto es la defensa de los derechos e intereses colectivos o difusos, con el fin de proteger el medio ambiente.
II.3. El magistrado de grado rechazó el recurso de reposición interpuesto contra la providencia de fecha 25-IV-2022, en cuanto fue materia de dicho remedio y elevó las actuaciones a la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Martín a los fines del tratamiento de la apelación interpuesta en subsidio (v. resol. de 3-V-2022).
Señaló que el hecho imponible que origina la obligación de pagar la tasa de justicia es la prestación de un servicio por parte del órgano jurisdiccional consistente en el despliegue de la actividad necesaria para atender –según corresponda- a la pretensión deducida, pesando la carga de afrontarla sobre quien inicia las actuaciones.
Explicó que la acción promovida no está normativamente exenta del pago de la tasa y la actora no se encuentra entre las personas eximidas de abonarla (conf. arts. 343 y concs., Cod. Fiscal). A ello agregó que las excepciones allí postuladas son de interpretación restrictiva.
Entendió que si bien la Cámara ha sostenido que el acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie (conf. art. 32, ley 25.675), en el caso no se ha dispuesto ninguna medida tendiente a la restricción o paralización del trámite de estos actuados.
Por último, observó que no se verifican los extremos que eximan a la actora del pago del tributo reclamado de conformidad al precedente de esta Suprema Corte, A. 93.412, “Granda”, resolución de 2-XI-2005. Consideró que en ese proceso se resolvió declarar inexigible el depósito previo previsto por el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial para acceder a la instancia extraordinaria y no se compadece con la circunstancia planteada en autos.
II.4. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín rechazó el recurso de apelación interpuesto en subsidio por la parte actora. En consecuencia, confirmó el pronunciamiento apelado e impuso las costas de alzada a la recurrente vencida -conf. art. 51, CCA, texto según ley 14.437- (v. resol. de 12-VII-2022).
Circunscribió la cuestión a debatir en determinar si el caso de autos queda enmarcado en la pretendida garantía de gratuidad, en contraposición con el rechazo dispuesto en la instancia de grado.
Entendió que la recurrente no logró conmover los sólidos argumentos expuestos por el juez de grado respecto a que, atento el estadio procesal en el que se encontraba la causa, no se observaba cercenado el acceso a la justicia de la demandante por el hecho de ser intimada al pago del tributo reclamado.
Ponderó la falta de previsión legal en el punto, en particular tuvo en cuenta lo normado en los arts. 337 y 343 del Código Fiscal. Destacó que si el legislador hubiera considerado pertinente que el tipo de actuación promovida estuviera incluida entre las excepciones para el pago de las tasas judiciales, así lo hubiera dispuesto.
En tal sentido, consideró que el texto de la ley es claro y no correspondía –por vía de interpretación- forzar una situación que no se encontraba contemplada. Invocó precedentes de esta Suprema Corte y de la Corte nacional sobre interpretación de las leyes.
En otro orden, señaló que la actora tampoco ha planteado, probado o siquiera esbozado que se encuentre imposibilitada para afrontar el pago de las tasas y gastos cuya eximición reclama, siendo la única referencia genérica en el escrito recursivo que la actora no posee bienes inmuebles ni muebles registrables. Refirió que la legislación en el punto contempla una serie de instrumentos para sortear el pago de la tasa en cuestión por lo menos hasta que la parte que así lo requiere mejore de fortuna (conf. art. 78 y concs., CPCC).
Por último, expresó que la profusa jurisprudencia y doctrina reseñada no resultaba de aplicación en el caso ya que en su mayoría se refiere a precedentes judiciales desarrollados en el marco de las leyes 24.240 y 13.133, que regulan relaciones de consumo, donde el legislador ha previsto de manera inequívoca la gratuidad de tales procesos (cfr. art. 53 y 55 y 25, respectivamente).
III. Disconforme con dicho pronunciamiento la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 10-VIII-2022), cuya denegatoria –sustentada en la falta de definitividad de la resolución atacada- (v. res. de 5-IX-2022) motivó la presente queja (art. 292, CPCC; v. presentación de 29-XI-2022).
IV. Requerida la radicación electrónica de la causa "Asociación Inquietudes Ciudadanas c/ Municipalidad de Tigre y otro s/ Acción Recomposición Ambiental s/ Incidente de Apelación (n° S 12-9845-2022) mediante notificación directa dirigida a la Cámara, de fecha 15-II-2024 y reiterada el 9-IV-2024, ésta se hizo efectiva el 17-IV-2024.
V.1. En relación a la queja interpuesta, cabe señalar que los recursos extraordinarios son admisibles únicamente respecto de las sentencias definitivas, es decir, aquellas que, recayendo sobre el asunto principal objeto del litigio o sobre un artículo, producen el efecto de finalizar la litis haciendo imposible su continuación (conf. A. 70.428, “Gomez”, resol. de 24-II-2010; Q. 77.156, “Castillo”, resol. de 15-VII-2021; Q. 77.290, “Colman”, resol. de 22-IX-2021), al igual que aquellas que se equiparan a tales (doctr. causas A. 70.428, cit.; Q. 72.022, “Aerolíneas Argentinas”, resol. de 8-V-2013).
Entiendo que en el caso se aprecia configurado tal recaudo, en tanto el fallo atacado confirmó la providencia de primera instancia en la que se resolvió, en el marco de una acción que persigue la protección y remediación del daño ambiental, que la actora no se hallaba eximida del pago de la tasa y sobretasa de justicia y, en consecuencia, ordenó su cumplimiento. De modo tal que con la decisión que se impugna quedan agotadas las vías procesales ordinarias para decidir acerca de la exigencia del pago de la tasa de justicia, lo que genera a la impugnante un agravio de insuficiente o imposible reparación ulterior y torna a la sentencia en embate equiparable a definitiva.
De esta manera, además, aparece comprometida la tutela judicial continua y efectiva que garantiza el art. 15 de la Constitución provincial, en tanto un impedimento de carácter pecuniario podría obstaculizar a la actora el acceso a la justicia (doctr. causa Q. 70.428, cit.) en un asunto que involucra la tutela jurisdiccional frente a un posible daño ambiental, derecho actualmente amparado por el art. 8 del Acuerdo Regional de Escazú, aprobado por ley 27.566 y vigente desde el 22-IV-2021.
V.2. Por otra parte, cabe señalar en cuanto al valor del agravio -representado en el caso por el monto de la tasa y sobretasa de justicia a cuyo cumplimiento se intimara a la asociación recurrente-, que no obstante ser inferior al mínimo establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, en atención a la facultad prevista en el art. 31 bis, último párrafo, de la ley 5.827 -texto según ley 13.812- y en consideración al planteo traído, corresponde declarar admisible el recurso extraordinario articulado (doctr. causas C. 118.771 "Compagnucci de Caso", resol. de 21-XII-2016, C. 121.811, "Varela", resol. de 5-IX-2018; C. 123.264, "Fisco de la Pcia. de Buenos Aires c/ Furlan", resol. de 26-II-2020; Q. 76.543, "Ciraco", resol. de 23-IX-2020; e.o.).
Por ello, sin perjuicio de lo que en su oportunidad se resuelva respecto de la procedencia de la vía intentada, hallándose reunidos los restantes requisitos de admisibilidad del remedio incoado, corresponde admitir la queja traída y conceder el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 292 cit.; 60, CCA y Acordada 4068).
El señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Kogan, dijeron:
Disentimos con la postura del doctor Torres. Cabe recordar que esta Suprema Corte reiteradamente ha sostenido que sólo la sentencia definitiva puede dar lugar a la interposición de remedios extraordinarios, entendiéndose por tal a aquella que, recayendo sobre el asunto principal objeto de la litis , pone fin al pleito condenando o absolviendo al demandado, o la que, decidiendo sobre un artículo, produce el efecto de finalizar dicho proceso, haciendo imposible su prosecución (doctr. causas Q. 74.472, “Luis Serrano”, resol. de 23-XI-2016; Q. 76.266, “Nazhur”, resol. de 11-III-2020; Q. 77.290, “Colman”, resol. de 22-IX-2011).
En este supuesto, el Tribunal de Alzada confirmó la providencia de primera instancia que, a su turno, resolvió -en el marco de una acción que persigue la protección y remediación del daño ambiental- que la actora no se hallaba eximida del pago de la tasa y sobretasa de justicia y ordenó su cumplimiento, sin haberse suspendido el trámite del proceso. Así, en tanto no se advierte la presencia de alguna circunstancia que, por excepción, permita concluir lo contrario, la sentencia impugnada no produce el aludido efecto, en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. causas Q. 75.645, “Rojas”, resol. de 24-IV-2019; Q. 77.039, “Peralta”, resol. de 9-VI-2021; Q. 77.420, “Cavalieri”, resol. de 7-XII-2022).
En el caso además, el pleito ha seguido su curso en el principal, por lo que en modo alguno puede considerarse que recayó decisión final sobre la cuestión principal haciendo imposible su continuación.
Por ello, cabe declarar bien denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y desestimar la queja traída (arts. 278 y 292, CPCC; 60, CCA y Acordada 4068). Con costas (art. 31, ley 14.967).
La señora Jueza doctora Budiño y los señores Jueces doctores Maidana y Kohan , por los fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron en el mismo sentido.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Por mayoría, hacer lugar a la queja traída, conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 278 y 292, CPCC; 60, CCA y Acordada 4068) y llamar autos para resolverlo (arts. 283 y 284, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/06/2024 20:50:14 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/06/2024 08:43:49 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/06/2024 12:43:59 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/06/2024 15:11:29 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/06/2024 11:30:50 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/06/2024 11:45:04 - MAIDANA Ricardo Ramon - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/06/2024 14:58:08 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 18/06/2024 15:00:42 hs. bajo el número RR-470-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia