Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 41033 2023
Expte Nº: 41033 .-
Autos: "ASOCIACION INQUIETUDES CIUDADANAS C/ MUNICIPALIDAD DE LUJAN Y OTRO/A S/ ACCION RECOMPOSICION AMBIENTAL ".-
Mercedes, en el día de su firma digital.- FC
Estos autos caratulados "ASOCIACION INQUIETUDES CIUDADANAS C/ MUNICIPALIDAD DE LUJAN Y OTRO/A S/ ACCION RECOMPOSICION AMBIENTAL", Expte. Nº: 41033, en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº: 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que;
1. Que mediante presentación electrónica de fecha 04 de abril de 2022, se presenta la Dra. Carina Patricia Pérez, en su carácter de apoderada de la asociación no gubernamental "Asociación Inquietudes Ciudadanas" (DPPJ N°: 2602/17) entablando demanda contra la Provincia de Buenos Aires -Ministerio de Ambiente- y la Municipalidad de Luján.
Manifiesta que la pretensión tiene por objeto, se condene al municipio co-demandado en virtud de haber violado el orden público ambiental en oportunidad de sustituir las lámparas halógenas por semejantes de tecnología LED en el alumbrado público del partido de Luján, por cuanto no procedió conforme lo ordena la ley enviando las reemplazadas a disposición final y previo llamado a licitación pública para tal fin.
Peticiona a su vez y para el caso de que fuera técnicamente imposible cumplimentar con lo antedicho, por desconocerse su actual destino o cualquier otra circunstancia que implique abandono del residuo o desaparición del mismo, se fije y determine la indemnización sustitutiva que marca la Ley -solidariamente a cargo de las demandadas- conforme dispone el art. 31 de la Ley 25675; depositándose aquellas sumas, en el Fondo de Compensación Ambiental previsto por el art. 34 de la mentada norma.
Principia por mencionar que estos aparatos, son considerados residuos peligrosos y debe cumplirse -luego de haber cumplido con su vida útil- con un procedimiento especial a fin de evitar cualquier menoscabo al medio ambiente.
Relata entonces que, a través de la presente acción, se persigue el "cese del perjuicio ecológico y ambiental que han producido y siguen provocando" en base a las consideraciones de hecho que pormenorizadamente detalla.
Refiere a su vez, que el proceder comunal, ha violado el orden jurídico ambiental nacional y supranacional, las disposiciones contempladas en la Ley 24.051 de residuos peligrosos, la Ley 26.473 relativa a la prohibición de importación y comercialización de lámparas incandescentes de uso residencial general en todo el territorio de la República Argentina, la Ley 25.675 de presupuestos mínimos para la gestión sustentable, la Ley 27.356 que ratifica el Convenio de Minamata, el Acuerdo de Escazú y demás normativa provincial complementaria. Consecuentemente, arguye que las luminarias descartadas, deben ser enviadas a disposición final, y es esta inobservancia llevada a cabo por el municipio -dice- la que se erige en flagrante ilegalidad.
Acápite seguido y en cuanto a los hechos que motivan el reclamo, dice que, en consonancia con las disposiciones normativas que prevé la Ley 26.473, las provincias, a través de sus municipios, comenzaron a ejecutar la misma, adquiriendo las luminarias LED y sustituyendo las existentes. Describe las ventajas que éstas últimas otorgan al medio ambiente y a la salud humana, en virtud de la inexistencia de tungsteno y/o mercurio y/o halogenuros y a la economía local, como consecuencia del ahorro energético y vida útil que poseen.
Continúa su relato, diciendo que la Municipalidad de Luján -en línea con la disposición legal antes referenciada- ha procedido y procede a la renovación de las luminarias ya sean fluorescentes, de vapor de mercurio de alta presión, de vapor de sodio a baja o alta presión y/o de mercurio con halógenos metálicos, en diversos sitios públicos, los que detalla. Acompaña documentación respaldatoria que -entiende- da cuenta de ello.
Seguidamente comenta que, con fecha 15 de marzo de 2019, cursó a a la comuna accionada una solicitud de información ambiental, basándose en las disposiciones de la Ley 25.831, a fin de que la misma informe: "si se ha dado cumplimiento a las Leyes Nacionales 26.471 y 27.491, 24.051 y 27356 y Provinciales 14.321, 11.720 que resulten con validez y vigencia para este importante tema ambiental; si se ha llamado a licitación pública para el cambio de luminarias por lámparas LED; cantidad de elementos sustituidos y si se han enviado los mismos a disposición final, nominando al tratador, cantidad y tipo de residuo y/o si se han instalado las sustituidas en otros sitios públicos del partido y/o comercializadas a terceros" [textual].
Alude que, con anterioridad, misma misiva dirigió al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS). En aquella oportunidad -dice- con fecha 24 de enero de 2019.
Relata que, ante su solicitud de información ambiental, las autoridades han guardado silencio. Por ello, entiende que deben responsabilizarse por el daño que, en la especie, se ha causado.
Apartado seguido y a los fines de acreditar los extremos vertidos, manifiesta que se encuentran ampliamente tutelados los derechos cuya tutela pretende salvaguardar citando copiosa normativa (llámese convenios internacionales, leyes nacionales y provinciales) como, asimismo, jurisprudencia en la materia para fundamentar su petición.
En particular, alega que les cabe a las partes co-demandadas, ciertas obligaciones según el marco regulatorio aprobado por la Ley N° 25.831 de presupuestos mínimos y acceso a la información ambiental que se encuentra no solo en poder del Estado Nacional, Provincial y/o Municipal, sino también de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios, sean públicas, privadas o mixtas.
Finalmente, ofrece prueba y peticiona.-
2. Que habiéndose corrido el traslado de rigor, mediante presentación electrónica de fecha 5 de julio de 2022, se presenta a contestar demanda la Dra. Florencia Sandra Noemí Larralde, en su carácter de Apoderada de la comuna co-accionada, quien solicita el rechazo de la misma con expresa imposición de costas.
Liminarmente y por imperativo legal, formula una negativa generalizada de los hechos, derechos y toda la documental aportada por la actora en el escrito de demanda, que no merezcan especial reconocimiento de su parte.
En cuanto a los hechos, relata que, a través del Expediente Administrativo N° 4069-2569/2021, tramitó el convenio celebrado entre la Municipalidad de Luján y el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires denominado: "Iluminación y recambio de luminarias".
Manifiesta que mediante el Decreto N° 994/21, el Departamento Ejecutivo Municipal llamó a licitación pública N° 14/2021, para la ejecución del proyecto aludido. Adjunta documental respaldatoria.
Luego, continúa su derrotero defensivo, diciendo que, a través del Decreto N° 1398/21 se aprobó el procedimiento realizado en la mencionada licitación pública y se adjudicó la contratación a la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Lujanense Limitada (CESPLL).
Aduce que, en virtud de la demanda interpuesta, se expidieron los áreas con incumbencia; a saber, la Dirección de Gestión Ambiental y la Dirección de Obras. Pone especial énfasis en que, ésta última informó: "Según el llamado a licitación 14/2021, la misma fue adjudicada y ejecutada por la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Lujanense Limitada (CESPLL) quien además, tiene la concesión de mantenimiento del alumbrado público. Las lámparas de sodio retiradas quedan a disposición y en acopio de la cooperativa para el recambio y mantenimiento del alumbrado público, siendo esta empresa responsable de este trabajo conforme al convenio y normativa vigente" [textual].
En virtud de ello, solicitó la citación de la Cooperativa aludida en calidad de tercero.
Por último, sustenta su postura en base a que ninguna responsabilidad puede caberle a su representada, ya que en ningún momento ha denegado la información a la que alude la actora, como tampoco ha transgredido norma alguna que regule el acceso a la información pública en general y ambiental.
Por todo lo expuesto, sostiene que, a su criterio, la demanda debe rechazarse en todos sus términos, con expresa imposición de costas a la actora.
3. Que mediante providencia de fecha 6 de julio de 2022, atento haberse solicitado en forma extemporánea, se declara improcedente la citación de terceros requerida por la comuna.
4. Que con fecha 7 de julio de 2022 se presenta a contestar demanda el Dr. José Martín Torres, en carácter de apoderado de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, solicitando el rechazo de la misma, con expresa imposición de costas. Liminarmente, y por imperativo legal, formula una negativa generalizada de los hechos, derechos y toda la documental aportada por la actora en el escrito de demanda, que no merezcan especial reconocimiento de su parte.
Seguidamente, entiende que la Provincia de Buenos Aires resulta totalmente ajena en la producción de este hecho. Basamenta su postura en base a dos cuestiones.
4.1. En primer lugar, desarrolla una serie de defensas a fin de desvincular a la Provincia de la presente acción y de cualquier tipo de responsabilidad.
En ese camino, apontoca que la actora basa su demanda en una especulación creada a partir de una supuesta ausencia de llamado a licitación del Municipio para la disposición de luminarias. Sobre esa base, supone que las mismas fueron dispuestas de modo irregular y que, esa disposición, habría generado un daño ambiental. Destaca entonces, que no se encuentran acreditadas las cuestiones fácticas sostenidas por aquella, como así tampoco la existencia de un daño ambiental que pudiera generar la obligación de recomponer.
Siguiendo su derrotero defensivo, y conforme los términos de la demanda, advierte que en ella se afirma acerca de la extensión del servicio de iluminación en zonas donde no lo había, así como la instalación de nuevas columnas en sitios ya provistos. Esto claramente -dice- no implicaría retiro y disposición de antiguas luces. Entiende que dicha circunstancia afecta al número de artefactos cuyo número alega la actora fueron reemplazados y, en consecuencia -y de corresponder- el cálculo a fin de determinar el monto indemnizatorio de recomposición.
En otro orden, alega la falta de acreditación de la disposición final de las luminarias, menos aún, que en caso de haber sido desechadas, su disposición fuese inadecuada o contraria a las normas.
Achaca a su vez, que la actora no ha demostrado que las luminarias preexistentes se encuentren sujetas al régimen de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs) de la Ley N°: 14.321 y menos aún, de residuos especiales de la Ley N°: 11.720.
En cuanto a la naturaleza de las lámparas en pugna, entiende "salvo que acredite la accionante que aquellos aparatos sean del tipo expresamente previstos por la normativa de residuos especiales" que la disposición final de las mismas correspondería, por norma propia, a los residuos sólidos urbanos. Por último, entiende no probado el daño ambiental. Alude a que la accionante no ha acreditado la alteración relevante y negativa que exige el art. 28 de la Ley N° 25.675 de Presupuestos Mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente. Cita normativa y doctrina para fundamentar su postura.
4.2. En segundo lugar, plantea excepción de falta de legitimación pasiva como defensa de fondo.
En relación a ello, expone que la actora pretende responsabilizar solidariamente a su mandante como consecuencia de un actuar que le es totalmente ajeno y por el cual no debe responder. Alega que con la Provincia de Buenos Aires no existe un nexo de causalidad, ni obligación a resarcir, ya que no tuvo participación por su accionar u omisión, en la producción de los hechos planteados por la actora. Ni siquiera dice haber autorizado la realización de los supuestos cambios de luminarias municipales.
En lo sustancial, destaca que la excepción radica en que la gestión de residuos en cuanto a la recolección, diferenciación y destino final es una actividad de competencia municipal. Corresponde a la Provincia, brindar las pautas técnicas a las que deben sujetarse las comunas, aprobar los planes de gestión municipales (Planes Girsu) y la habilitación de los sitios de disposición final. Acompaña informe elaborado por el Ministerio de Ambiente, detallando los mencionados centros.
En razón de ello, pone especial énfasis en que, de haber existido las tareas y generado aquellas un daño ambiental, las mismas no fueron ejecutadas por la Provincia de Buenos Aires, ni contaron con su aprobación. Reitera que las tareas de instalación, mantenimiento y reposición de luminarias constituye una competencia propia de la Municipalidad de Luján, resultando primaria su responsabilidad conforme la normativa aplicable al caso, las que cita.
Destaca a su vez, que conforme el art. 15 de la Ley N° 14.321, el Municipio es quien tiene que velar por la organización en el sistema de gestión de RAEEs, a saber, desde la etapa de generación hacia la valorización de los residuos. Arguye que tampoco procede la extensión de la responsabilidad a la Provincia, en función de una presunta omisión en el ejercicio del poder de policía y contralor. Refiere que, lo contrario, resultaría arbitrario e injustificado, ya que se estaría dimensionando el deber de responsabilidad de la Provincia, hasta quedar implicado el aseguramiento de los daños por actos culposos o dolosos de terceros por quien no debe responder.
Por último, señala la inexistencia de obligación de recomponer respecto de su mandante, por cuanto dicho deber pesa sobre el causante directo o generador del mismo.
Por las consideraciones vertidas, estima que, de comprobarse la existencia de un daño ambiental, la Provincia únicamente podrá ser llamada a través de la Autoridad de Aplicación -Ministerio de Ambiente- a efectos de realizar las tareas de contralor y fiscalización legalmente atribuidas, sin que se encuentre obligada a efectuar la remediación y/o indemnización alguna.
En síntesis, alega que no se verifican en autos, presupuestos que permitan responsabilizar a su representada.
Finalmente funda en derecho, ofrece prueba y peticiona.
5. Que con fecha 31 de agosto de 2022, la co-demandada Municipalidad de Luján denuncia como hecho nuevo la nota que la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Lujanense Limitada remitiera, esto con fecha 14 de julio de 2022, a la Secretaría de Servicios Públicos, Obras e Infraestructura; relacionada con la Licitación Pública N° 14/2021 por la cual esa Cooperativa informó que: "... se encuentran a disposición del Municipio la cantidad de 603 lámparas (de sodio y mercurio) y sus portalámparas, bienes del dominio público, las que fueran retiradas con motivo del recambio y que no pueden ser reutilizadas (...) intimo al retiro de las mismas en el plazo de 5 días (...) caso contrario procederemos a la disposición final de las mismas a su costa, por compensación de saldos en ocasión del pago de la Ley 11.769".
En idéntica presentación, la comuna acompaña una nueva nota remitida por la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Lujanense Limitada, esta última fechada el día 18 de agosto de 2022, por medio de la cual aclarara que la cantidad de luminarias de recambio en el proceso licitatorio mencionado resultó ser de un total 575 unidades y no de 603 como señalara en la nota precedente -guardando relación con el Cómputo y Presupuesto oficial convenidos- siendo 112 de ellas de mercurio y las 463 restantes, de sodio.
6. Habiéndose conferido el correspondiente traslado, con fecha 2 de septiembre de 2022 la actora contesta el mismo, y sin perjuicio de no desconocer la documentación allegada ni su contenido, solicita su rechazo como hecho nuevo.
7. Que en fecha 7 de septiembre de 2022, se admite el hecho nuevo invocado.
8. Posteriormente, en fecha 20 de septiembre de 2022, se celebra la audiencia prevista en los términos del art. 41 (cfme. Ley 12008 y sus modif.).
9. Transitada esa etapa y habiéndose agregado los alegatos presentados por la actora (v. presentación electrónica de fecha 25 de abril de 2023) por la co-demandada Municipalidad de Luján (v. presentación electrónica de fecha 4 de mayo de 2023) y por la co-demandada Provincia de Buenos Aires (v. presentación electrónica de fecha 10 de mayo de 2023) pasan los autos a despacho para dictar sentencia con fecha 30 de junio de 2023 y;
1. Que en las presentes actuaciones la asociación accionante, pretende se condene a la Municipalidad de Luján, por cuanto entiende, ha violado el orden público ambiental en oportunidad de sustituir las lámparas halógenas por semejantes de tecnología LED en el alumbrado público del partido, sosteniendo que, en su obrar, no procedió conforme lo ordena la ley; esto es, enviando las reemplazadas a disposición final, previo llamado a licitación pública para tal fin. Haciendo extensiva la condena a la co-demandada Provincia de Buenos Aires, por su omisión en su deber de control en la materia. Todo ello, a su vez, por cuanto las autoridades comunal y provincial, han guardado silencio ante su solicitud de información ambiental.
Peticiona al mismo tiempo, y para el caso de que fuera técnicamente imposible cumplimentar con lo antedicho, por desconocerse el actual destino de las luminarias o cualquier otra circunstancia que implique abandono del residuo o desaparición de las mismas, se fije y determine la indemnización sustitutiva que marca la Ley -solidariamente a cargo de los demandados- conforme lo estatuido por el art. 31 de la Ley 25.675; depositándose aquellas sumas, en el Fondo de Compensación Ambiental previsto por el art. 34 de la mentada norma.
Por su parte, la Municipalidad de Luján, solicita el rechazo de la pretensión con expresa imposición de costas, por cuanto entiende que: "... ninguna responsabilidad puede caberle (...) ya que en ningún momento ha denegado la información a la que alude la actora, como tampoco ha transgredido norma alguna que regule el acceso a la información pública en general y ambiental ...".
A mayor abundamiento, entendió que la licitación para el recambio de luminarias "... fue adjudicada y ejecutada por la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Lujanense Limitada...". Además, hizo énfasis en que: "... las lámparas de sodio retiradas quedan a disposición y en acopio de la cooperativa para el recambio y mantenimiento del alumbrado público...".
En otro orden, la Provincia de Buenos Aires, solicita el rechazo de la acción por encontrarla ausente de todo sustento fáctico, que permita hacer valer la pretensión incoada; oponiendo a su vez al progreso de la acción, excepción de falta de legitimación pasiva.-
Que ello determina entonces el marco bajo el cual se desarrollará el presente resolutorio y, en su caso, el alcance de la condena.
2. En este estado, corresponde, liminarmente, resolver la defensa de falta de legitimación pasiva formulada por la Provincia de Buenos Aires.
Ante todo, en cuanto a la falta de legitimación interpuesta, cabe recordar que existe falta de legitimación para obrar activa o pasiva, cuando respectivamente el actor o el demandado no son las personas que la ley sustancial habilita para asumir tales calidades, con referencia a la concreta materia sobre la cual versa el litigio.
Así, la legitimación pasiva se vincula con la identidad que debe haber entre la persona humana y/o jurídica que fuera demandada y el sujeto pasivo de la relación controvertida, en tanto que lo mismo ocurre con la legitimación activa y la figura del actor.
Es decir, que mediante la falta de legitimación para obrar se controvierte la existencia de la "legitimatio ad causam" o sea, que quien demanda o contra quien se demanda no revisten la condición de personas idóneas o habilitadas por la ley para discutir sobre el objeto que versa el litigio.
Siguiendo la línea
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.