Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa md 38226
Expte. Nº 38226 .-
Autos:"BUZZI RICARDO LEANDRO Y OTROS C/ MIN. DE INFRAESTRUCTURA, VIV.Y SERV.PUB. Y OTROS S/ ACCION RECOMPOSICION AMBIENTAL ".-
Mercedes, en el día de su firma digital.-MD
Estos autos caratulados "BUZZI RICARDO LEANDRO Y OTROS C/ MIN. DE INFRAESTRUCTURA, VIV.Y SERV.PUB. Y OTROS S/ ACCION RECOMPOSICION AMBIENTAL", Expediente Nº 38226, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs. 56/63 con fecha 22 de agosto de 2019 se presenta el Dr. Mariano Pico Terrero como letrado apoderado de Ricardo Leandro y Juan Carlos Leandro Buzzi (condóminos del campo ubicado en la Localidad de Navarro, identificado catastralmente como Parcela 1413 "d" de 2012), Agronomía Dom S.A. (también condómino del inmueble rural indicado anteriormente) y Agustín Arístides Bailo (propietario de los inmuebles ubicados en el Partido de Navarro, identificados catastralmente como C: 09, Parcela: 1415 A, (075-004738-6) y C: 09, Parcela: 1441, (075-000829-1), iniciando acción de amparo contra el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos -Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas-, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible y la Municipalidad de Navarro, a fin de obtener condena favorable que ordene realizar las obras necesarias para la limpieza y adecuación del canal existente en Cuartel IX del Partido de Navarro, desde la Parcela 1413-d a la Cañada de Vargas, hasta lograr que su funcionamiento evite los desbordes del agua con el consecuente anegamiento de los campos que atraviesa. Todo ello, ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo nº4 del Departamento Judicial La Plata.
Sostienen su pretensión en los compromisos que asumieron las autoridades demandadas y la obligación legal que pesa sobre las mismas, cuya omisión en efectuar las indicadas tareas afectan las propiedades de los actores, como así también la situación medio ambiental del Partido de Navarro.
Relatan los antecedentes fácticos y jurídicos que dan sustento al planteo que efectúan, manifestando que debido a los problemas de inundaciones que ocasionaba el mal funcionamiento del canal existente en el Cuartel IX -desde la Parcela 1413-d a la Cañada de Vargas- en el año 2011, la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas perteneciente al Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Navarro advirtieron que era necesario efectuar obras de limpieza y acondicionamiento.
Que por ello, dicha Dirección provincial y la Municipalidad de Navarro suscribieron (el 18 de noviembre de 2011) un "Convenio de Asistencia Técnica" donde se obligaron a la realización de un relevamiento topográfico, la definición de la obra que debía efectuarse y la confección de la documentación técnica necesaria compuesta por una Memoria Descriptiva, planos, cómputos y presupuesto.
Aluden que con esa finalidad se otorgaron las distintas autorizaciones de cada uno de los propietarios de los inmuebles, con el propósito de llevar a cabo los trabajos y que además los propietarios afectados por las inundaciones se hicieron cargo de los costos asumidos por la Municipalidad en dicho convenio.
Detallan que ese convenio fue convalidado por el Honorable Consejo Deliberante del Partido de Navarro, a través del dictado de la Ordenanza N 1232/11 del 29 de diciembre de 2011.
Exponen que se puso de manifiesto que el área en cuestión presenta dificultades para el drenaje, impidiendo el normal desarrollo de la producción agropecuaria aún para precipitaciones menores y que por ello se delineo un proyecto de reforma del canal en cuanto a sus dimensiones y sus alcantarillas, teniendo en cuenta el caudal máximo a erogar y el tiempo de retención del volumen de agua.
Sin embargo, continúan diciendo que pese a concluir la necesidad de realizar las obras proyectadas, han pasado ocho años sin avance alguno y que en junio de 2013, por medio de carta documento, se puso en conocimiento la grave situación en que se encontraban las tierras y el mal escurrimiento de las aguas por el defectuoso funcionamiento del canal.
Exponen que pese a los reclamos, a la fecha no se han llevado a cabo los trabajos acordados así como tampoco se ha adoptado alguna medida tendiente a solucionar el inconveniente, y que esta situación se ha visto agravada por las intensas precipitaciones ocurridas durante el 2018 y el presente año 2019, afectando el ingreso y su posibilidad productiva, causando un daño ambiental, puesto que el agua acumulada se ha convertido en un ambiente propicio para la proliferación de mosquitos, alimañas y demás insectos que pueden afectar la salud de la población.
Concluyen, que lo que era tierra fértil, por la omisión del Estado Provincial y de la Municipalidad de Navarro en acondicionar el canal, se ha transformado en un área afectada por las inundaciones y foco de enfermedades y proliferación de insectos, que no sólo afectan a sus propietarios, sino a la población cercana.
Acto seguido y los fines de acreditar los extremos vertidos, funda en derecho, ofrece prueba y peticiona.-
II. Que en fecha 30/08/2019 el Juzgado de origen, declaró la incompetencia de la presente causa, ordenando remitir la causa al Juzgado Contencioso Administrativo a mi cargo, conforme los artículos 5inc.1, 8, y cctes. CCA; y art.3 de la ley 13.928.
III. Que en fecha 05/11/2019 se admitió la competencia, rechazando in límine la acción de amparo en atención a los fundamentos allí expuestos, ordenando continuar el trámite como proceso sumarísimo conforme el art. 37 de la Ley 11723 y confiriendo traslado de rigor al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, a la Municipalidad de Navarro y a la Provincia de Buenos Aires, cuyas cédulas fueron libradas en fecha 28/11/2019. IV.- Con fecha 10 de diciembre de 2019 se presenta el Dr. Marcos Javier Aguilar, contestando demanda en representación de la comuna accionada.-
Liminarmente, por imperativo legal, formula una negativa generalizada de los hechos expuestos en la demanda.-
Seguidamente, relata que los Sres. Ricardo Leandro Buzzi y Agustín Arístides Bailo, no abonaron el importe comprometido en la cláusula tercera del convenio oportunamente suscripto, y que la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires no llegó a entregar al Municipio el relevamiento y la documentación técnica que avale obra alguna. Sumado que, no consta en los registros del Municipio la documental acompañada por los actores.
Continua y refiere que al tratarse de un curso de agua que atraviesa distintos Partidos de la Provincia de Buenos Aires, por disposición de los artículos 39 y stes. de la Ley 11.723, corresponde a la Autoridad de Aplicación de la Provincia de Buenos Aires la implementación de políticas y gestión para la protección y mejoramiento del recurso agua.
Por último, resalta que los productores no abonaron los importes a los cuales se habían comprometido para realizar el relevamiento y estudio técnico.
Luego, ofrece prueba y peticiona.-
V. En fecha 10 de diciembre de 2019, se presenta el representante de la Fiscalía de Estado el Dr. Pablo Guidi, interponiendo un recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra la resolución de fecha 5 de noviembre de 2019, que ordena correr traslado por el plazo de 5 días.
Al efecto, manifestó el representante fiscal que tal como surge del art. 31 del Decreto Ley 7543/69, este prevé un plazo de 30 días para comparecer y contestar demanda cuando se deduzcan acciones contra la provincia, sus entes autárquicos y descentralizados, solicitando así dicho plazo, en razón que la sumariedad importaría una falta de amplitud probatoria suficiente para evaluar lo planteado.
VI. En fecha 12/12/2019 se dispuso la suspensión de los plazos procesales hasta tanto se resuelvan los recursos interpuestos.
En providencia de fecha 17/07/2020 se rechazo el recurso de revocatoria, resolviendo que el plazo que pretende gozar la demandada en función de lo establecido por el art. 31 del Decreto-Ley 7543/69, solo debe entenderse de aplicación residual para aquellos casos en que la legislación específica no establezca otro distinto y se rechazo la apelación en subsidio en función de lo establecido por el inc. 4° del art. 496 del CPCC, reanudando los plazos procesales. VII.- En fecha 22 de julio de 2020 el representante de la Provincia de Buenos Aires, manifiesta que ha presentado ante la Cámara del Fuero, la correspondiente queja ante la denegatoria del recurso de apelación oportunamente presentado y ante el hipotético caso que no se haga lugar a lo planteado, de forma subsidiaria contesta demanda haciendo reserva del derecho de ampliar.
Comienza su responde manifestando que no se trata de una demanda ambiental y que la obra pretendida es de interés privativo de los particulares.
Manifiesta que de la lectura del escrito de demanda y del informe técnico del proyecto de obra pretendido, se advierte que las inundaciones que en este caso se procura evitar, son causadas por el propio devenir de la naturaleza -las lluvias-.
Ante ello expresa que, la pretensión de que se ejecuten tareas que permitan la rápida escorrentía de las aguas pluviales para la mejora de los rindes productivos, nada tiene de ambiental, por el contrario, lo que procura la actora es que se modifique e intervenga el curso de la naturaleza para obtener una mayor renta en su actividad económica. Es por ello, que en el caso se trata de un interés particular.
A su vez expone que el convenio de asistencia técnica suscripto por la provincia, fue el de diseñar un Proyecto, no a ejecutar obra alguna, ello conforme al articulo 1. Que sólo brindó asistencia técnica a título de colaboración y por pedido del Municipio.
Alega que la obra que pretende el actor, no constituye al interés público, sino que responde al beneficio directo de los particulares proponentes y que ellos acordaron hacerse cargo de los gastos para su concreción.
Continua diciendo que el Código de Aguas pone en cabeza de los particulares las obras como la pretendida en autos y que el actor sostiene que es responsabilidad de la Provincia la ejecución de las obras propuestas en el proyecto y sin embargo, no existe norma que fundamente su pretensión.
Luego plantea la inexistencia de la obligación para la Provincia por aplicación de la Ley 10.106, la cual fue citada por la parte actora, por cuanto el texto de la norma resulta claro, al referir que están a cargo de la Provincia los gálibos de canales principales de drenaje y de los cursos de aguas naturales que abarquen más de un Partido y en el caso que nos ocupa, el proyecto que la parte actora procura es un canal secundario, que además no trasciende el partido.
Finalmente expone que el actor en el convenio suscripto con el Municipio asume hacerse cargo de los gastos necesarios para la elaboración del proyecto, entre ellos el combustible utilizado por los técnicos y el pago de sus viáticos. Es decir que en dicha oportunidad, tanto en la propuesta de la obra como en la elaboración del proyecto la responsabilidad de los gastos quedó reconocida por éstos como propia. Por ello, resulta contradictorio que en esta instancia se presenten para solicitar que sea la Provincia quien solvente los gastos de una obra que antes reconocieron a su cargo.
VIII. En fecha 02/03/2021 se procedió a proveer la prueba peticionada por las partes y una vez producida, con fecha 30/05/2024 se pasaron los autos a despacho para dictar sentencia.
1. La pretensión de los aquí actores se dirige a obtener condena favorable respecto de las autoridades publicas demandadas, a fin de que estas realicen las obras necesarias para la limpieza y adecuación del canal existente en el Cuartel IX -desde la Parcela 1413-d a la Cañada de Vargas- del Partido de Navarro, hasta lograr que su funcionamiento evite los desbordes del agua con el consecuente anegamiento de los campos que atraviesa.
Ello de acuerdo con los compromisos asumidos y la obligación legal que pesa sobre las accionadas cuya patente omisión -según afirman- en efectuar las reclamadas tareas, afectan de manera manifiesta las propiedades de quienes demandan como así también la situación medio ambiental del Partido de Navarro.
Por su parte, la Municipalidad demandada alega que los actores, no abonaron el importe comprometido en la cláusula tercera del convenio oportunamente suscripto, y que la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires no llegó a entregar al Municipio el relevamiento y la documentación técnica que avale obra alguna.
Expone ademas la comuna, que al tratarse de un curso de agua que atraviesa distintos Partidos de la Provincia de Buenos Aires, por disposición de los artículos 39 y ccts. de la Ley 11.723, corresponde a la Autoridad de Aplicación de la Provincia de Buenos Aires la implementación de políticas y gestión para la protección y mejoramiento del recurso agua.
Por su parte, la Físcalia de Estado expresa que el convenio de asistencia técnica suscripto por la provincia, fue el de diseñar un Proyecto, no a ejecutar obra alguna, ello conforme al articulo 1 del referido convenio.
Continua diciendo que el Código de Aguas pone en cabeza de los particulares las obras como la pretendida en autos. Alega que la obra que pretende el actor, no constituye al interés público, sino que responde al beneficio directo de los particulares proponentes y que ellos acordaron hacerse cargo de los gastos para su concreción.
Dice ademas que los actores en el convenio suscripto con el Municipio asumen hacerse cargo de los gastos necesarios para la elaboración del proyecto, reconociendo esa responsabilidad como propia. Por ello, resulta contradictorio que en esta instancia se presenten para solicitar que sea la Provincia quien solvente los gastos de una obra que antes reconocieron a su cargo.
2. Que cabe recordar que el amparo ambiental es una herramienta legal que permite a los ciudadanos y organizaciones solicitar la protección del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales.
Así también me permito mencionar que la Ley 11.723 tiene como objetivo la protección, conservación, mejoramiento y restauración de los recursos naturales y del ambiente en general. Busca preservar la vida en su sentido más amplio y asegurar la conservación de la calidad ambiental y la diversidad biológica.
Sobre ese piso de marcha es que se analizaran los hechos expuestos en la demanda y conforme el apoyo normativo de la ley de mención, que en sus artículos 34° y 35°, establece que "Cuando a consecuencia de acciones del Estado se produzcan daños o pudiera derivarse una situación de peligro al ambiente y/o recursos naturales ubicados en territorio provincial, cualquier habitante de la Provincia podrá acudir ante la dependencia que hubiere actuado u omitido actuar, a fin de solicitar se deje sin efecto el acto y/o activar los mecanismos fiscalizadores pertinentes"(art.34); y que "Cuando la decisión administrativa definitiva resulte contraria a lo peticionado el afectado, el defensor del pueblo y/o las asociaciones que propendan a la protección del ambiente, quedaran habilitados para acudir ante la justicia con competencia en lo contencioso administrativo que dictaminará sobre la legalidad de la acción u omisión cuestionada." (art.35).
Asimismo, establece con claridad que estará a cargo del Estado Provincial "controlar el impacto ambiental de todas las actividades que perjudiquen al ecosistema" y "promover acciones que eviten la contaminación del aire, agua y suelo".
3. Examinada la prueba de la que se valen los actores, en lo que respecta la documental agregada conjuntamente con el escrito de demanda -ver fs. 4/6; que no mereció desconocimiento de la contraparte-, advierto que solo da cuenta del convenio de asistencia técnica suscripto por la Municipalidad de Navarro y la Dirección provincial, en el marco de las actuaciones administrativas N° 2406-3085/11, el día 18 de noviembre de 2011, donde la Dirección se obligo a la realización de un relevamiento topográfico, la definición de la obra que debía efectuarse y la confección de la documentación técnica necesaria compuesta por una Memoria Descriptiva, Planos, Cómputos y Presupuesto, ello conforme al articulo 1 del convenio de mención. Asimismo, en el articulo 2, se dejo establecido que corría por cuenta de la Municipalidad la provisión de combustible para los vehículos afectados a la tarea de relevamiento y definición de la obra y el pago de los viáticos del personal designado por la Dirección Provincial, para la realización de los trabajos acordados.
A su vez, los accionantes se respaldan en el convenio en el que documenta que tienen conocimiento y aceptan lo establecido en el "Convenio de técnica" (ver. fs. 14/15).
Sendos convenios fueron convalidados por el Honorable Consejo Deliberante del Partido de Navarro a través del dictado de la Ordenanza N°1232/11, el 29 de diciembre de 2011 (ver constancias documentales agregadas en el expediente a fs. 12/13).
Que resulta claro de los convenios arribados, que el compromiso solo estuvo limitado a la realización de estudios para la limpieza del canal existente en el Cuartel IX desde la Parcela 1413-d a la Cañada de Vargas, del Partido de Navarro y que no se pone de relieve en esos acuerdos, ninguna situación de hecho que intenta remediarse de carácter ambiental.
En efecto, el único antecedente fáctico que da cuenta y que en principio ha justificado la obra, se limita a remediar los inconvenientes de acumulación de excedentes pluviales que dificultan el transito por los caminos que la surcan -ver fs. la memoria descripta de fs. 11-.
Considero que con la prueba aportada, no se ha logrado convencer que efectivamente en la actualidad ni en un futuro cercano, haya una alteración relevante del ambiente como para considerarlo merecedor de protección en el caso y de la lectura de la demanda no se verifica la expresión -con precisión y claridad- de un daño particularizados de naturaleza ambiental, más allá de las genéricas referencias en los hechos.
Es por ello que me permito adelantar que en la causa traída a conocimiento, no encuentro un daño ambiental en lo relatado por los actores.
4. Siguiendo el examen de material probatorio, relevo lo sustancial de la pericia presentada por el perito Ingeniero Civil Lucas Matias Navas, en respuesta a los puntos de pericia requeridos por los actores (v. presentación electrónica de fecha 04/03/2024). Preguntando en el punto 1, si los inmuebles, identificados catastralmente como Parcela 1413 "d" de 2012, y campos ubicados en el Partido de Navarro, identificados catastralmente como C: 09, Parcela: 1415 A y C: 09, Parcela: 1441, de propiedad de quienes accionan se encuentran inundados, manifiesta que: "se observó en las parcelas afectadas los signos de haber sufrido inundaciones en el pasado, al tiempo que se observa en imágenes satelitales las "manchas" producidas por las inundaciones.".
Al pedido de que informe los problemas que está causando la situación en que se encuentran los inmuebles y el canal en cuanto a la afectación del suelo, el curso de las aguas, el medio ambiente y la posible afectación de la salud de las personas que se encuentran en sus alrededores; expreso que: "La situación de anegamiento que se produce en las parcelas afectadas impide el uso de los campos para la explotación agrícola y ganadera, no sólo por producirse la inundación de los campos, aún para precipitaciones menores, sino que el agua permanece estancada una vez terminadas las precipitaciones, de modo que prácticamente no hay en la actualidad escurrimiento superficial del agua, sino que los campos se secan por absorción del suelo y evaporación en las tempor
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.