Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Q 78937
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor mayoría, declarar bien denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y desestimar la queja traída (arts. 278 y 292, CPCC; 60, CCA y Acordada 4068). Con costas (art. 31, ley 14.967).
Q.78.937 "ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO ECOVIDA PARA EL MEDIO AMBIENTE C/ MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR S ACCION DE RECOMPOSICION AMBIENTAL - QUEJA POR DENEGACIÓN DE RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY"
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria dijeron:
I. Conforme surge de las constancias acompañadas y de aquellas disponibles en el portal de la Mesa de Entradas Virtual -MEV- de esta Suprema Corte, la Asociación Ecovida para el Medio ambiente, mediante apoderada, promovió acción de protección y remediación de daño ambiental (confr. art. 36 de la ley 11.723) contra la Municipalidad de Escobar pretendiendo que se declare que, en ocasión de haber llevado a cabo la comuna mencionada la instalación de las luminarias LED en el alumbrado público del Partido homónimo ha violado el orden público ambiental, al no proceder como ordena la ley enviando las sustituidas, consideradas -según aduce la recurrente- residuos peligrosos, a disposición final previo llamado a licitación pública para tal fin.
Destacó que persigue que cese el perjuicio ecológico y ambiental que ha producido y está produciendo el actuar de la forma arriba denunciada, por haber violado la demandada los arts. 41 y 43 de la Constitución nacional; las leyes nacionales 24.051 de residuos peligrosos; 26.473; 27.356 y 25.675 general del ambiente y su complementaria provincial 11.723; la ley 11.720 de residuos especiales de esta provincia; la ley 14.321 que norma la gestión sustentable de residuos de aparatos eléctricos en el territorio provincial y el Acuerdo de Escazú, ratificado por ley 25.766.
Peticionó que se condene al Municipio de Escobar a enviar a disposición final las luminarias sustituidas y, en el caso de que fuese técnicamente imposible por desconocerse su actual destino o cualquier otra circunstancia que implique abandono del residuo o su desaparición, se fije y determine la indemnización sustitutiva y se la deposite en el fondo de compensación ambiental previsto en el art. 34 de la ley citada (v. present. electr. de 21-III-2023)
II. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 de Zárate-Campana ordenó que la asociación actora, en el término de quince (15) días, proceda a formalizar un trámite administrativo previo relativo a la actividad u omisión atribuida al municipio demandado con relación al procedimiento de disposición final de los residuos descritos en el escrito de demanda, bajo apercibimiento de desestimar la pretensión, quedando suspendidas las actuaciones hasta tanto la Municipalidad de Escobar brinde respuesta al reclamo respectivo.
Para así decidir, tuvo en cuenta la información obtenida de la Mesa de Entradas Virtual -MEV- de esta Suprema Corte que daba cuenta de la interposición de siete demandas iniciadas por la Asociación actora con identidad de objeto -entre septiembre de 2022 hasta el 28 de abril de 2023- contra distintos municipios de la provincia de Buenos Aires. Señaló que, entre ellos, se encuentran Malvinas Argentinas, Lanús, Quilmes, Lomas de Zamora, La Plata y Escobar.
Ponderó que la tramitación de las aludidas causas son disímiles, y en ese contexto, consideró imperioso hallar cauces idóneos y adecuados para la ordenada y eficiente labor jurisdiccional en pos de un razonable desarrollo del proceso.
Asimismo, resaltó que el presente proceso presenta particularidades, en tanto la parte actora invocó en la demanda un artículo periodístico que no identificó, que se remonta al año 2017 y pone en evidencia que la cuestión excede las características de un interés individual, como así también la promoción indiscriminada de acciones judiciales en distintos juzgados de la provincia, tomando un criterio prima facie discrecional para la elección de los legitimados pasivos.
A continuación, hizo consideraciones respecto a juicios de incidencia colectiva con relación al presente proceso.
Ello así, evaluó pertinente y aconsejable el previo tránsito por la vía administrativa establecida en los arts. 34 y 35 de la ley 11.723, en razón de las graves dificultades exhibidas por la parte actora para demandar de forma adecuada a la comuna a la que pretende traer al proceso como incumplidora de las previsiones que rigen en materia ambiental, y en razones de economía procesal y buen orden procesal (v. resol. de 28-IV-2023).
III. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás confirmó el decisorio de primera instancia. Para ello ponderó que la jueza de grado condicionó resolver sobre la admisibilidad de la pretensión a las resultas de la tramitación del expediente administrativo previo, por no encontrarse en condiciones de hacerlo con los elementos aportados en el escrito de demanda basados en un artículo periodístico sin identificar (v. resol. de 6-VII-2023).
IV. Disconforme con dicho pronunciamiento la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 31-VII-2023), cuya denegatoria -sustentada en la falta de definitividad de la resolución atacada- (v. resol. de 8-VIII-2023) motivó la presente queja (art. 292. CPCC; v. presentación de 16-VIII-2023).
V.1. En lo que aquí concierne decidir, cabe recordar que este Tribunal reiteradamente ha sostenido que sólo la sentencia definitiva pueda dar lugar a la interposición de remedios extraordinarios, entendiéndose por tal a aquélla que, recayendo sobre el asunto principal objeto de la litis, pone fin al pleito condenando o absolviendo al demandado, o la que, decidiendo sobre un artículo, produce el efecto de finalizar dicho proceso, haciendo imposible su prosecución (doctr. causas Q. 77.941, "Aguirre", resol. de 29-VI-2022; Q. 78.954, "Moliendas Del Sur SA", resol. de 8-XI-2023, Q. 78.808, "Bordegaray", resol. de 24-IX-2024; A. 79.172, "Edigrafica", resol. de 13-XI-2024; e.o.).
En este supuesto, el Tribunal de Alzada confirmó el pronunciamiento de grado que decidió la pertinencia de una instancia procedimental previa respecto a la actividad u omisión atribuida al Municipio de Escobar con relación al procedimiento de disposición final de los residuos descripto en la demanda, para luego expedirse sobre la admisibilidad de la pretensión. Así, en tanto no se advierte la presencia de alguna circunstancia que, por excepción, permita concluir lo contrario, la sentencia interlocutoria impugnada no produce el aludido efecto, en los términos del art 278 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. causas Q. 77.420, "Cavalieri", resol. de 7-XII-2022; Q. 78.101, "Ortiz", resol. de 9-II-2023; Q. 79.089, "Lucero", resol. de 6-V-2024 y Q. 78.777, "Najar", resol. de 24-IX-2024, e.o.).
V.2. La alegación de cuestiones federales no obsta a la solución adoptada, en tanto las normas procesales que establecen que los recursos extraordinarios locales solo proceden contra las sentencias definitivas, no importan restricción alguna a las posibilidades de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la medida en que el recurso federal también procede únicamente contra dicha clase de providencias (doctr. CSJN in re "Strada" y "Di Mascio"; Q. 74.702, "Scarimbolo", resol. de 10-V-2017; Q. 75.688, "Tolosa Paz", resol. de 13-III-2019; Q. 76.618, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/Medina", resol. de 19-III-2021; Q. 78.129, "Carrete", resol. de 13-IX-2022; Q. 78.710, "Monaco", resol. de 20-XI-2024; Q. 79.078, "Aban", resol. de 12-XII-2024, e.o.).
El señor Juez doctor Torres dijo :
Disiento con la postura de la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria.
En relación a la queja interpuesta, cabe señalar que los recursos extraordinarios son admisibles únicamente respecto de las sentencias definitivas, es decir, aquellas que, recayendo sobre el asunto principal objeto del litigio o sobre un artículo, producen el efecto de finalizar la litis haciendo imposible su continuación (conf. A. 70.428, "Gomez", resol. de 24-II-2010; Q. 77.156, "Castillo", reol. de 15-VII-2021; Q. 77.290, "Colman", resol de 22-IX-2021), al igual que aquellas que se equiparan a tales (doctr. causas A. 70.428, cit.; Q. 72.022, "Aerolíneas Argentinas", resol. de 8-V-2013).
Entiendo que en el caso se aprecia configurado tal recaudo. En estos autos, el fallo atacado confirmó el pronunciamiento de primera instancia en el que se resolvió, en el marco de una acción de amparo que persigue la protección y remediación del daño ambiental, la pertinencia de una instancia procedimental previa respecto a la actividad u omisión atribuida al Municipio de Escobar con relación al procedimiento de disposición final de los residuos descripto en la demanda, para luego expedirse sobre la admisibilidad de la pretensión.
De esta manera aparece comprometida la tutela judicial continua y efectiva que garantiza el art. 15 de la Constitución provincial, en tanto la exigencia de dicha tramitación administrativa previa genera a la impugnante un agravio de insuficiente o imposible reparación ulterior y torna a la sentencia interlocutoria en embate equiparable a definitiva, por tratarse de un asunto que involucra la tutela jurisdiccional frente a un posible daño ambiental, derecho actualmente amparado por el art. 8 del Acuerdo Regional de Escazú, aprobado por ley 27.566 y vigente desde el 22-IV-2021.
Por ello, sin perjuicio de lo que en su oportunidad se resuelva respecto de la procedencia vía intentada, hallándose reunidos los restantes requisitos de admisibilidad del remedio incoado, corresponde admitir la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 292 cit.; 60, CCA y Acordada 4068).
La señora Jueza doctora Budiño y los señores Jueces doctores Bouchoux y Carral , por los fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria, votaron en el mismo sentido.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Por mayoría, declarar bien denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y desestimar la queja traída (arts. 278 y 292, CPCC; 60, CCA y Acordada 4068). Con costas (art. 31, ley 14.967).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3. "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y archívese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/11/2025 11:19:48 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/11/2025 10:22:34 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/11/2025 12:20:43 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/11/2025 12:29:53 - CARRAL Daniel Alfredo - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/11/2025 12:20:51 - BOUCHOUX Manuel Alberto - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/11/2025 09:27:36 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/11/2025 09:55:40 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 18/11/2025 10:10:26 hs. bajo el número RR-866-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia