Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 130859
Lo que resolvió el tribunal
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma la sentencia del día 5 de noviembre de 2021, con la salvedad que el plazo otorgado a los demandados para restituir la propiedad se amplía de diez a veinte días (arts. 75 inc. 23 de la Constitución Nacional; 36 inc. 2 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; convención de los derechos del niño, Reglas de Brasilia; arts. 706, 709, 2247, 2248, 2249, 2252, 2255, 2256, 2261 CCyC; 384 CPCC), sin perjuicio de las medidas que pueda requerir la señora Asesora de Menores e Incapaces para la etapa de ejecución (conf. esta Sala causa 117304, sent. del 25/09/2018). Las costas de Alzada se imponen a la parte demandada en su calidad de vencida (art. 68 del CPCC).
En la ciudad de La Plata, a los tres días del mes de Febrero de Dos mil veintidos, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 130859, caratulada: "VILLARREAL FACUNDO JAVIER C/ ALEGRE ROSANA VALERIA S/ ACCION REIVINDICATORIA", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada dictada en fecha 5 de noviembre de 2021?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda promovida por Facundo Javier Villarreal contra Rosana Valeria Alegre y Osmar Valentín Tirado y/o contra todo eventual integrante del grupo familiar conviviente y/o contra todo ocupante que por su cuenta y/u orden haya ingresado con posterioridad al mandamiento de constatación, por reivindicación; condenó a estos últimos a restituir a la actora en el término de diez días el inmueble sito en la calle 171 nro. 2385 de Berisso, matrículas 14964 y 14965, nomenclatura catastral Circunscripción VII, Sección C, Manzana 88, Parcelas 3 y 4 partida 114-3019 y 114-3020, bajo apercibimiento de proceder a su desapoderamiento y a poner al actor en posesión con el auxilio de la fuerza pública; impuso las costas a los demandados que resultan vencidos y difirió la regulación de honorarios para la oportunidad en que se acompañe valuación actualizada del bien en cuestión (v. proveído del 5 de noviembre de 2021).
2. Contra esa forma de decidir interpuso recurso de apelación la legitimada activa (presentación electrónica del 11 de noviembre de 2021), el que fue concedido libremente (proveído del 12 de noviembre de 2021) y fundado en esta instancia (presentación electrónica de fecha 2 de diciembre de 2021). Corrido el pertinente traslado (proveído del 2 de diciembre de 2021) obtuvo contestación de la contraparte (presentación electrónica del 3 de diciembre de 2021). Luego de correrse la vista a la Sra. Asesora de Menores e Incapaces actuante (proveído del 3 de diciembre de 2021 y presentación electrónica del 7 de diciembre de 2021), se llamó autos para sentencia (proveído del 9 de diciembre de 2021).
3– El agravio central de la apelante se centra en el acogimiento de la acción, alegando que se prescindió de sus intereses y de los de su hijo menor de edad.
Refiere que ha hecho gastos en beneficio del reivindicante y que se traducen en un despojo hacia ella y en detrimento del patrimonio de un menor de edad.
Insiste que, en una relación de confianza, invirtió todo su capital y sus ahorros en el mejoramiento del inmueble.
Alega al efecto normas relativas al interés superior del niño.
Se duele considerando que la sentencia le ha generado daño emergente y genera un enriquecimiento sin causa en favor del actor. Basa ello en que el inmueble estaba en ruinas, en estado de abandono y desatención manifiesta. Agrega que la relación entre las partes conforme se observa de las facturas y tickets de compra, se remonta al año 2018 y que mediante un engaño por parte del demandante fue inducida a invertir aproximadamente $ 9.000.000,00 de su dinero y ahorros, a favor de la puesta en valor de la propiedad.
Concluye que como consecuencia de ello hoy carece de vivienda, de ahorros y que su futuro inmediato es la calle como medio de vivienda. Por ello demanda la restitución de los $ 9.000.000 invertidos.
4. Abordando la tarea revisora, he de destacar que acorde lo dispone el artículo 2248 del Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante denominado CCyC), “La acción reivindicatoria tiene por finalidad defender la existencia del derecho real que se ejerce por la posesión y corresponde ante actos que producen el desapoderamiento”.
Las acciones reales –como la reivindicatoria- compete a cada uno de los cotitulares de la cosa contra terceros o contra los restantes cotitulares (art. 2251 CCyC) y debe dirigirse “contra el poseedor o tenedor del objeto, aunque lo tenga a nombre del reivindicante” (art. 2255 CCyC)
Esa pretensión se ejerce “…cuando su titular ha sido privado absolutamente de ella, por lo que exige de aquél que se encuentra en la posesión de la cosa, se la restituya con todos sus accesorios” (conf. Bueres, Alberto J., Highton, Elena I., "Código Civil y notas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial", Ed. Hammurabi, Bs. As., 1997, pág. 811 y ss.; SCBA, C 98.552, sent. 16/03/2011).
En cuanto a los recaudos para su procedencia, conforme lo tiene resuelto nuestro Máximo Tribunal Provincial, debe demostrarse: el título que da derecho a la cosa, la pérdida de la posesión, la posesión actual del reivindicado y que la cosa es susceptible de ser poseída (SCBA, C 90755, sent. del 19/08/2009; Ac. 45456, sent. del 27/12/1991; esta Sala causas 118152, sent. del 21/04/2015, RSD 28/2015, 118537, set. del 14/04/2020, RSD 50/20).
Ahora bien, el presupuesto de la acción reivindicatoria es la prueba del dominio - si no en cabeza del actor, al menos en la de sus antecesores - y no la prueba de un título (arts. 2758, 2772, 2774, etc. del Código Civil), pues para el éxito de la acción de reivindicación fija una presunción de propiedad (y de posesión) que será una presunción, pero lo presumido es, además de la posesión, la propiedad (conf. Zannoni - Kelmelmajer de Carlucci, "Código Civil...", t. 11, com. art. 2758, pág. 771 y com. art. 2790, pág. 948).
En el caso en estudio, -tal como lo concluyó el a quo (Juez de grado) en su decisorio– se hallan efectivamente configurados los requisitos requeridos por la norma para la procedencia de la acción.
Nótese que el actor acreditó título que da derecho a la cosa (v. documental en PDF acompañada como adjunto a la demanda de fecha 8 de abril de 2021 y presentación electrónica del 29 de octubre de 2021), la pérdida de la posesión y la posesión actual de los reivindicados (v. mandamiento de constatación acompañado como prueba documental en PDF a la demanda referenciada y cédulas de notificación de la acción instaurada e informes de fecha 16 de julio de 2021) y que la cosa es susceptible de ser poseída por su carácter de bien inmueble.
Las quejas esgrimidas por la apelante no logran desvirtuar el derecho alegado por la contraparte, toda vez que la primera no niega el carácter de dueño y titular de Villareal sino que se respalda en un supuesto ardid de éste para que invierta sus ahorros en la propiedad del que no se evidencia prueba alguna (art. 384 CPCC).
Asimismo, y atento la extemporaneidad de la contestación de la demanda decidida en la instancia de origen (v. proveído del 20 de agosto de 2021), los planteos esgrimidos en esta instancia resultan novedosas, no habiendo sido propuestos oportunamente en el Juzgado de origen.
Cabe destacar al respecto que se encuentra vedado introducir una cuestión en forma novedosa y extemporánea en esta instancia, pues ello difiere sustancialmente del esquema que conformó el thema decidendum, resultando improcedente que el recurrente, frente a la suerte adversa de su reclamo en la instancia de grado, pretenda alterar el alcance y dimensión de su pretensión (conf. doct. SCBA C. 98.986, sent. del 17/12/2008; C. 107.518, sent. del 17/11/2010; C. 107.998, sent. del 29/06/2011).
En esta inteligencia, los argumentos que vierte la recurrente respecto de los aludidos engaños y enriquecimiento sin causa por parte del accionante -además de resultar insuficientes para repeler este tipo de acción real- no pueden ser tomados en consideración en esta sede, en virtud a lo dispuesto por el art. 272 CPCC.
Ha de tenerse en cuenta que no es posible a través del escrito de expresión de agravios incorporar a la contienda circunstancias de hecho extemporáneas, ya que esta parcela es novedosa por no haber sido articulada en su debida oportunidad (arts. 34 inc. 4º, 163 inc. 6º, 272, 330, 332, 362 y 354, CPCC).
Es que los límites de la jurisdicción abierta están dados por los capítulos litigiosos propuestos al juez de grado inferior y no por la sentencia apelada (cfme. SCBA, en "Ac. y Sent." 1957-IV-262), toda vez que las facultades de los Tribunales de Apelación sufren en principio de una doble limitación, la que resulta de una relación procesal - que aparece en la demanda y contestación – y las que el apelante haya querido imponerle al recurso (cfme. SCBA LP C 119835 S 29/08/2018 Juez De Lázzari SD).
De ahí que no pueda alegarse en segunda instancia -como aquí se hace- una cuestión que altere la litis contestatio, estando obligado el tribunal a fallar únicamente los agravios sobre puntos pertinentes fijados por la traba de la litis (cfr. Morello, Passi Lanza, Sosa, Berizonce, "Códigos Procesales...", t. III, p. 469; esta Cámara Sala III, causas B-79.317 reg. sent. 49/95; 108.635, reg. sent. 226/07).
Como se dijo, el artículo 272 del CPCC dispone que el recurso de apelación no importa un nuevo juicio sino un nuevo examen, por lo cual el material sobre la que debe trabajar la Alzada es nada más que el acumulado en primera instancia, caso contrario quedaría gravemente menoscabado el derecho de defensa en juicio, modificando los términos en los que quedó trabada la litis.
Consecuencia necesaria de ello es el rechazo de los agravios esgrimidos y la consiguiente confirmación de la sentencia de grado sobre el fondo de la cuestión debatida (arts. 2247, 2248, 2249, 2252, 2255, 2256, 2261 CCyC; 384 CPCC).
5. Ahora bien, habiendo concluido de tratar los agravios traídos, observo que en el domicilio objeto de estos actuados vive el menor de edad Osmar Valentín Tirado (v. mandamiento de constatación acompañado como prueba documental en PDF a la demanda referenciada y cédulas de notificación de la acción instaurada e informes de fecha 16 de julio de 2021).
Como es sabido, los niños, niñas y adolescentes reciben reconocimiento y protección especial tanto en la Constitución de la Nación (artículo 75 inc. 23, C.N.), como en la de nuestra Provincia (artículo 36 inc. 2, Const. Prov.), al igual que en Tratados internacionales (v.gr. Convención sobre los Derechos del Niño, entre muchos otros).
Ese mismo grupo de personas son beneficiarios de las Reglas de Brasilia, al referenciarse como personas en situación de vulnerabilidad, la cual puede estar provocada, entre otras razones, por la edad (artículo 5 de las Reglas referidas). Así, en el segundo párrafo de esa regla se aclaró que “Todo niño, niña y adolescente debe ser objeto de una especial tutela por parte de los órganos del sistema de justicia en consideración a su desarrollo evolutivo”.
Teniendo en cuenta ese especial contexto, en el que se encuadra la demandada, que el presente litigio se refiere a la vivienda en la que habita desde hace varios años, entiendo que aun cuando la pretensión prospere en cuanto a los derechos que aquí se debaten y dentro de lo que resulta la discrecionalidad judicial y el principio de oficiosidad que impone el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación en sus arts. 706 y 709 en lo que se refiere a procesos en los cuales se encuentran vinculados intereses de este grupo, aun cuando no sean procesos de familia, aprecio que el plazo para el cumplimiento coactivo de la sentencia debe modificarse de diez a veinte días.
Tal como se lee de la Exposición de Motivos de las Reglas de Brasilia “El sistema judicial se debe configurar, y se está configurando, como un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad. Poca utilidad tiene que el Estado reconozca formalmente un derecho si su titular no puede acceder de forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela de dicho derecho. Si bien la dificultad de garantizar la eficacia de los derechos afecta con carácter general a todos los ámbitos de la política pública, es aún mayor cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad dado que éstas encuentran obstáculos mayores para su ejercicio. Por ello, se deberá llevar a cabo una actuación más intensa para vencer, eliminar o mitigar dichas limitaciones. De esta manera, el propio sistema de justicia puede contribuir de forma importante a la reducción de las desigualdades sociales, favoreciendo la cohesión social”.
Es así que en el Capítulo I, Sección primera, segundo párrafo del segundo apartado dice que “…Los servidores y operadores del sistema de justicia otorgarán a las personas en condición de vulnerabilidad un trato adecuado a sus circunstancias singulares”.
La misma Corte de la Nación consideró prudente adherir a las Reglas de Brasilia cuando ella fuera procedente, como guía de los asuntos a los que se refiere (CSJN, Acordada 5/2009, del 24-II-2009). Y es desde esta perspectiva que, como expuse, por tratarse de niños que deberán dejar su vivienda, entiendo que el plazo debiera ampliarse al que ahora se propone (arg. arts. 14 bis, 18, 75 inc. 23, C.N.; 36 inc. 6, Const. Prov. y conc.; esta Sala, causas 115.325, sent. del 11/9/2014, RSD 125/14 y 120.289, sent. del 9/2/2017, RSD 6/17). Todo ello sin perjuicio de otras medidas que pueda requerir la señora Asesora de Menores e Incapaces para la etapa de ejecución (conf. esta Sala causa 117304, sent. del 25/09/2018).
6. Por los motivos expuestos, propongo confirmar la sentencia apelada en todos sus términos, con la salvedad que el plazo otorgado a los demandados para restituir la propiedad deberá ser ampliado de diez a veinte días (arts. 75 inc. 23 de la Constitución Nacional; 36 inc. 2 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; convención de los derechos del niño, Reglas de Brasilia; arts. 706, 709, 2247, 2248, 2249, 2252, 2255, 2256, 2261 CCyC; 384 CPCC); insto a que las costas sean soportadas por la demandada en su calidad de vencida (art. 68 CPCC).
Con el alcance referido, voto por la AFIRMATIVA.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
Atento el acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde confirmar el apelado pronunciamiento del 5 de noviembre del 2021, con la salvedad que el plazo otorgado a los demandados para restituir la propiedad deberá ser ampliado de diez a veinte días (arts. 75 inc. 23 de la Constitución Nacional; 36 inc. 2 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; convención de los derechos del niño, Reglas de Brasilia; arts. 706, 709, 2247, 2248, 2249, 2252, 2255, 2256, 2261 CCyC; 384 CPCC), sin perjuicio de las medidas que pueda requerir la señora Asesora de Menores e Incapaces para la etapa de ejecución (conf. esta Sala causa 117304, sent. del 25/09/2018); debiendo imponerse las costas de Alzada a la parte demandada en su calidad de vencida (art.68 del CPCC).
ASI LO VOTO.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
- - - - - - - - - S E N T E N C I A - - - - - - - - - - - - - - - - - -
POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma la sentencia del día 5 de noviembre de 2021, con la salvedad que el plazo otorgado a los demandados para restituir la propiedad se amplía de diez a veinte días (arts. 75 inc. 23 de la Constitución Nacional; 36 inc. 2 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; convención de los derechos del niño, Reglas de Brasilia; arts. 706, 709, 2247, 2248, 2249, 2252, 2255, 2256, 2261 CCyC; 384 CPCC), sin perjuicio de las medidas que pueda requerir la señora Asesora de Menores e Incapaces para la etapa de ejecución (conf. esta Sala causa 117304, sent. del 25/09/2018). Las costas de Alzada se imponen a la parte demandada en su calidad de vencida (art. 68 del CPCC). REGISTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUELVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia