Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 130744
Lo que resolvió el tribunal
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma la apelda sentencia del 21/9/2021 y se imponen las costas de Alzada a los recurrentes en su calidad de vencidos (art. 68 del CPCC).
Sentencia Definitiva
Causa N° 130744; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 6 - LA PLATA
SCAMPINI ENRIQUE OSCAR C/ FERNANDEZ ROBERTO FORTUNATO S/ ACCION REIVINDICATORIA
En la ciudad de La Plata, a los diecinueve días del mes de Abril de Dos mil veintidos, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 130744, caratulada: "SCAMPINI ENRIQUE OSCAR C/ FERNANDEZ ROBERTO FORTUNATO S/ ACCION REIVINDICATORIA", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la resolución apelada dictada el 21 de septiembre de 2021?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. La sentencia apelada hizo lugar a la acción reivindicatoria instaurada por Enrique Roberto Scampini, Noelia Liliana Scampini y Marina Lorena Scampini, condenando a Roberto Fortunato Fernández y Stella Maris Avalos a restituirles el inmueble ubicado en calle 524 n° 1492 de localidad de Tolosa, Partido de La Plata; ordenó que la entrega debe ser en un plazo de diez días de quedar firme o consentido el decisorio, bajo apercibimiento de lanzamiento; dispuso que en lo relativo a la fijación de canon locativo y frutos civiles de la cosa indebidamente detentada, éstos deben ser soportados por los demandados Roberto Fortunato Fernandez y Stella Maris Avalos desde el día 14 de mayo de 2019 hasta el momento en que se produzca la efectiva restitución del inmueble, con más los intereses a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de plazo fijo a treinta días, debiéndose determinar su monto en proceso sumarísimo; finalmente, impuso las costas del proceso a la parte demandada en su condición de vencida, difiriendo la regulación de honorarios para el momento en que se presenten las pautas suficientes para ello (resolución de fecha 21 de septiembre de 2021).
2. Contra esa forma de decidir los demandados solicitaron la nulidad de la sentencia (fundamentada en la alegada ausencia de notificación de la rebeldía dictada en su contra) apelándola subsidiariamente (presentación electrónica del 22 de octubre de 2021); rechazado el planteo nulitivo, se concedió libremente el recurso de apelación interpuesto (proveído del 25 de octubre de 2021) el que fue debidamente fundamentado en esta instancia (presentación electrónica del 23 de noviembre de 2021); corrido el pertinente traslado (proveído del 24 de noviembre de 2021), fue contestado por los actores (presentación electrónica del 3 de diciembre de 2021); luego, previa desestimación de la apertura a prueba en la Alzada propuesta por los accionados (resolución del 3 de marzo de 2022), se llamó autos para sentencia (proveído de la misma fecha).
3– A los apelantes los agravia que la sentencia haya recepcionado como legitimados activos a los actores por el solo hecho de no haber comparecido su parte a estar a derecho.
Refieren que el poder en favor del Dr. Corro no fue otorgado por los legitimados activos, sino por su padre.
Alegan que por ello no fue legal la representación en el proceso de mediación.
Agregan que de la documental acompañada se desprende que pretenden los actores hacerse de la cosa en su completitud cuando solo tienen una parte del derecho, no cuentan con instrumentos válidos para peticionar sobre el inmueble y no han acreditado su carácter de propietarios, cuestión sustancial para que prospere la acción.
Insisten en la disconformidad de que se hayan considerado como propietarios a los actores partiendo solo de la rebeldía de los demandados.
Dan cuenta que no se valoró la anotación de litis por el proceso de usucapión por ellos iniciado, circunstancia de la que da cuenta el informe de dominio agregado en autos.
Se duelen de que no se haya abierto a prueba el expediente para fijar los hechos conducentes, pertinentes y lícitos, así como la sinceridad del proceso y de su objeto.
Ponen en crisis la procedencia de los daños y perjuicios sin haber siquiera ordenado probar ciertos extremos ineludibles para el caso.
Arguyen que la declaración de puro derecho impidió conocer no solo el valor de un pretendido canon locativo, sino que privó a todas las partes de establecer la correcta y justa realidad del inmueble objeto de autos.
4. Abordando la tarea revisora, encuentro que las quejas por el modo de apoderamiento del Dr. Corro para su actuación profesional no han de tener favorable acogida.
Nótese que el poder agregado en estas actuaciones y acompañado como PDF es otorgado -tal como lo refiere el apelante- por el padre de los actores, pero de su letra surge que lo hace en nombre y representación de éstos y no por derecho propio. Por esa evidente circunstancia el vicio alegado no ese configura en el caso en estudio (v. archivo PDF acompañado a la demanda).
Véase que surge de la documental acompañada que mediante escritura número 170 del 28 de abril de 2017 ante el notario Alberto León de Cano, Enrique Oscar Scampini (padre de los actores) interviniendo en su carácter de apoderado, en nombre y representación de sus hijos Enrique Roberto Scampini, Noelia Liliana Scampini y Marina Lorena Scampini, da poder para actuar en juicio en favor del letrado que inicia efectivamente la demanda.
En la misma pieza se da cuenta de los antecedentes por los cuales el primero de ellos resulta apoderado de sus descendientes (poderes generales de administración y disposición del 17 de enero de 2017 y 31 de julio de 2015).
El error material o bien la incorrecta individualización de los instrumentos por parte del letrado en el apartado I de la presentación de inicio (presentación electrónica del 11 de noviembre de 2020) en nada cambian la suerte del reclamo. Es que este vicio de forma y completamente subsanable con una aclaración haga remisión a la documentación acompañada ha sido subsanado -tal como lo refiere el Juez de origen en su decisorio- por el llamamiento de autos para sentencia.
En consecuencia, las quejas en este sentido no han de tener andamiaje (arts. 133, 135, 320, 482, CPCC; 17 y 18 CN).
5. Las disconformidades tocantes con la producción de prueba y su valoración, como la calificación que la sentencia apelada se dictó apontocada solo en la rebeldía de los demandados, tampoco han de ser de recibo.
Es que, si bien el decisorio hace mérito de la rebeldía de los legitimados pasivos y sus consecuencias (v. considerandos quinto y séptimo de la resolución del 21 de septiembre de 2021), no es menos cierto que luego efectúa un análisis del informe de dominio que corrobora la titularidad del bien en cabeza de Noelia Liliana, Marina Lorena y Enrique Roberto Scampini (v. considerando séptimo resolución referida). En virtud de ello, la justificación y análisis de la prueba en el caso en estudio luce adecuada y suficiente.
A mayor abundamiento, se destaca que acorde dispone el artículo 2758 del Código Civil “La acción de reivindicación es una acción que nace del dominio que cada uno tiene de cosas particulares, por la cual el propietario que ha perdido la posesión, la reclama y la reivindica, contra aquel que se encuentra en posesión de ella”.
Esa pretensión se ejerce “…cuando su titular ha sido privado absolutamente de ella, por lo que exige de aquél que se encuentra en la posesión de la cosa, se la restituya con todos sus accesorios” (conf. Bueres, Alberto J., Highton, Elena I., "Código Civil y notas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial", Ed. Hammurabi, Bs. As., 1997, pág. 811 y ss.; SCBA, C 98.552, sent. 16/03/2011).
En cuanto a los recaudos para su procedencia, conforme lo tiene resuelto nuestro Máximo Tribunal Provincial, debe demostrarse: el título que da derecho a la cosa, la pérdida de la posesión, la posesión actual del reivindicado y que la cosa es susceptible de ser poseída (SCBA, C 90755, sent. del 19/08/2009; Ac. 45456, sent. del 27/12/1991; esta Sala causas 118152, sent. del 21/04/2015, RSD 28/2015, 118537, set. del 14/04/2020, RSD 50/20).
Ahora bien, el presupuesto de la acción reivindicatoria es la prueba del dominio - si no en cabeza del actor, al menos en la de sus antecesores - y no la prueba de un título (arts. 2758, 2772, 2774, etc. del Código Civil), punto de partida al que no se opone el art. 2790, pues para el éxito de la acción de reivindicación fija una presunción de propiedad (y de posesión) que será una presunción, pero lo presumido es, además de la posesión, la propiedad (conf. Zannoni - Kelmelmajer de Carlucci, "Código Civil...", t. 11, com. art. 2758, pág. 771 y com. art. 2790, pág. 948).
De allí se colige que cuando el Código Civil exige la presentación del título que acredita el derecho de poseer del actor, no se refiere al título en sentido instrumental, sino a la causa en que se apoya el derecho, al acto jurídico hábil para transmitir la propiedad (conf. SCBA Ac. 34.877 S 5/10/1985).
Esta doctrina legal de nuestro máximo Tribunal Provincial de larga data que refiere que “El Código Civil al exigir al reivindicante la presentación del título que acredite su derecho a poseer, se refiere a la causa en la que funda el derecho de dominio y no al título en sentido documental o formal” (“acuerdos y sentencias” 1960-V-301, “acuerdos y sentencias” 1970/02/23; D.J.B.A., t. 116, pag. 204).
Por otra parte, no es indispensable acompañar las diversas y sucesivas escrituras traslativas que constituyen los antecedentes del título del reivindicante. Son suficientes las constancias asentadas por el escribano de las anteriores transmisiones, si se las individualiza debidamente (Kiper, Acción reivindicatoria; legitimación activa y prueba, J.A., 1983-IV-322; S.C.B.A. Ac. 2456, del 20/05/60, en A y S 1960-IV-100, cit. por Bueres-Highton, ob. cit. pág. 605).
Por analogía, cabe entonces otorgarle idéntica operatividad que la indicada al escribano a las inscripciones en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, ello por su grado de individualización y referencia al instrumento en el que se basa (inscripción del antecedente con detalle del negocio jurídico celebrado, fecha y notario actuante).
En tal inteligencia, se considera debidamente acreditado por los actores su legitimación para obrar, toda vez que los certificados de dominio como instrumentos públicos, hacen plena fe (arts. 979 inc. 1° CC, 980, 994 y 995 CC).
Particularmente, del informe de dominio acompañado como prueba se deprende que cada uno de los tres accionantes cuentan con 4/12 partes, producto de las inscripciones realizadas en la mencionada repartición y como correspondientes al bien objeto de autos en asientos a4 (1/12 en favor de cada uno), a8 (2/12 cada uno, que incluye el 1/12 en favor de cada uno conforme asiento a4), a9 y a10 (1/12 en cada registro y para cada apartado), siendo ello prueba suficiente para el progreso de la acción (arts. 2758 CC y 384 CPCC).
6. Ahora bien, las disconformidades respecto a que los actores no gozan de legitimación activa por no representar a la totalidad de los dueños del inmueble tampoco ha de tener favorable recepción.
Ello desde que el art. 2676 es claro en determinar que cada condómino puede ejercer los derechos inherentes a la propiedad, compatibles con la naturaleza de la cosa, y puede ejercerlos sin el consentimiento de los demás copropietarios.
Se tiene dicho al respecto que “Cualquier condómino está facultado a iniciar demanda de reivindicación contra terceros que poseyeran la cosa indivisa sin recurrir a los demás condueños, por ello no resulta necesaria la citación a juicio de los mismos para el ejercicio de la acción” (CC0001 San Martín RSD 28-8 sent. del 21/02/2008).
Concluyo entonces que estas quejas deben ser rechazadas (art. 2676 CC; 384 CPCC).
7. En lo tocante con los daños y perjuicios señalados, cabe señalar que, atento a la declaración de rebeldía de los apelantes en la instancia de origen, los planteos esgrimidos en esta instancia resultan novedosos al respecto, no habiendo sido esgrimidos oportunamente en el Juzgado de origen.
Asimismo, en virtud a los dispuesto por los arts. 60 y 64 de CPCC no es posible retrogradar el trámite del proceso a partir de la presentación del rebelde a estar a derecho.
Dicho de otro modo, la cesación de la rebeldía no altera de modo alguno la secuela regular del proceso, por lo que no puede volverse sobre etapas que ya han sido desandadas y por tanto precluidas (art. 60 CPCC).
Asimismo, se debe destacar que se encuentra vedado introducir una cuestión inédita y extemporánea en esta instancia, pues ello difiere sustancialmente del esquema que conformó el thema decidendum, resultando improcedente que el recurrente, frente a la suerte adversa de su reclamo en la instancia de grado, pretenda alterar el alcance y dimensión de su pretensión (conf. doct. SCBA C. 98.986, sent. del 17/12/2008; C. 107.518, sent. del 17/11/2010; C. 107.998, sent. del 29/06/2011).
En esta inteligencia, los argumentos que vierten los recurrentes respecto de la falta de prueba respecto de posibles construcciones y sobre la indeterminación del valor del canon locativo no pueden ser tomados en consideración en esta sede, en virtud a lo dispuesto por el art. 272 CPCC, sumado a lo ya dicho sobre los arts. 60 y 64 relativos a la declaración de rebeldía y sus consecuencias.
Como se dijo, el art 272 del CPCC dispone que el recurso de apelación no importa un nuevo juicio sino un nuevo examen, por lo cual el material sobre la que debe trabajar la Alzada es nada más que el acumulado en primera instancia, caso contrario quedaría gravemente menoscabado el derecho de defensa en juicio, modificando los términos en los que quedó trabada la litis.
Consecuencia necesaria de ello es el rechazo de los agravios esgrimidos en este punto y la consiguiente confirmación de la sentencia de grado sobre el fondo de la cuestión debatida (arts. 2676, 2758, 2772, 2774 y ccdtes CC; 384 CPCC).
8. En tal entendimiento, por las razones desarrolladas en los apartados procedentes, propongo al acuerdo confirmar la sentencia apelada en todo lo que fuera materia de recurso y agravios (arts. 2676, 2758, 2772, 2774 y ccdtes CC; 60, 64, 272, 384 CPCC); insto a que las costas sean soportadas por los demandados en su esencial condición de vencidos (art. 68 CPCC)
Voto por la AFIRMATIVA.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
Atento el acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde confirmar la apelda sentencia del 21/9/2021 e imponer las costas de Alzada a los recurrentes en su calidad de vencidos (art. 68 del CPCC)
ASI LO VOTO.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma la apelda sentencia del 21/9/2021 y se imponen las costas de Alzada a los recurrentes en su calidad de vencidos (art. 68 del CPCC). REGISTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUELVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia