Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77308
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar que resulta competente el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°1 del Departamento Judicial de Necochea. Por Secretaría, y de manera electrónica, se radicarán las actuaciones para que continúe interviniendo en el asunto (arts. 7 inc. 1, CCA).
Hacer saber lo decidido al titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 departamental, mediante oficio electrónico.
B.77.308 “CUSTIRIANO ALICIA VIVIANA Y OTRO/A C/AZPEITIA JUAN ESTEBAN Y OTRA/O S/ ACCION REIVINDICATORIA - CUESTION DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12008”
I. Miguel Ángel Ibarra y Alicia Viviana Custiriano promueven acción reivindicatoria contra Leonela Orono y Juan Esteban Azpeitia y/o cualquier otro ocupante (sean tenedores y/o poseedores) y/o intruso actual, con el fin de que se disponga la restitución de la posesión del inmueble identificado catastralmente como Circunscripción I, Sección B, Qta. 28, Manzana 28-C, Parcela 24, Matrícula 5532, Partida Inmobiliaria número 116-8490, del Partido de San Cayetano, por ser ellos sus legítimos propietarios conforme así surgiría de la donación que, en partes iguales, les efectuara a su favor la comuna de esa localidad en el año 2010.
Del relato de los hechos se desprende que los actores celebraron, en su carácter de locadores, un contrato en el año 2017 con uno de los demandados. Comentan que, transcurrido casi uno de los dos años allí pactados, la locataria habría dejado de abonar abruptamente el canon concertado.
Expresan que, frente a ese panorama y con el fin de poder disponer materialmente del inmueble en cuestión, iniciaron un juicio de desalojo que tramitó, bajo la caratula "Ibarra, Miguel Ángel y otro c/ Orono, Leonela s/ Desalojo" (expte. nº 11.946), ante el Juzgado de Paz Letrado de aquella jurisdicción territorial. Refieren, sin embargo, que no obtuvieron la respuesta esperada, en tanto -a criterio del magistrado- la demandada, quien se acogió -al igual que su pareja- a la resolución 3909 del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (IVBA) que los declaraba adjudicatarios del inmueble en cuestión, "...habría probado prima facie la efectividad de la posesión que invocó".
En este aspecto, sostienen que el acto del IVBA fue dictado en el marco de un procedimiento (expediente administrativo nº 2416-1248/15) que resultaría nulo por quebrantar el "...principio de legalidad en toda la actuación administrativa llevada a cabo", además de comportar vicios concernientes al derecho de defensa.
Concluyen, en este marco, que la promoción de una vía como la presente es el último resorte con el que cuentan para hacer valer sus derechos posesorios (conf. escrito electrónico de fecha 16-IX-2020).
II. La causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº1 del Departamento Judicial de Necochea, cuyo titular ordenó correr traslado de la demanda (v. despacho electrónico de fecha 5-X-2020).
En oportunidad de responderla, los codemandados opusieron, juntamente con la de falta de legitimación pasiva, una excepción de incompetencia por considerar que el núcleo central de la litis giraba en torno a la legalidad de un acto administrativo (resolución 3909) emanado del IVBA, motivo por el cual sostuvieron que "...recién podrían los actores interponer la presente acción reivindicatoria luego de anulado el acto administrativo de adjudicación de vivienda". En ese orden es que, asimismo, requirieron la citación en carácter de tercero del organismo provincial conforme lo dispuesto en el artículo 94 del Código Procesal Civil y Comercial (ver escrito de fecha 23-X-2020, obrante en el expediente electrónico).
En lo que respecta al conflicto de competencia cuya configuración suscita la intervención de esta Corte, es menester señalar que el juez interviniente, posteriormente a que los demandantes contestaran dichas excepciones, aduciendo, en lo que concierne a la de incompetencia, que en autos se estaba promoviendo concretamente una acción real para proteger el "...derecho de dominio del que son titulares", rechazó la citación peticionada -pues no vislumbró la acreditación del interés del ente administrativo- y, consecuentemente, hizo lo propio con el planteo de incompetencia formulado por los demandados (cfr. sent. interlocutoria de fecha 30-X-2020).
Frente a lo así resuelto, estos últimos interpusieron un recurso de reposición con apelación en subsidio que, rechazado el primero de ellos por el magistrado de grado no así el segundo de los remedios impetrados, recayó, una vez contestado el traslado del memorial por los actores, en la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial departamental.
A su turno, sus integrantes, advirtiendo "...la comunidad de intereses entre los codemandados y el tercero citado", revocaron lo decidido por el juez de grado (v. resol. electrónica de fecha 17-III-2021).
Devueltos los obrados, este último, en línea con lo resuelto por su tribunal de alzada, llamó al proceso al IVBA (conf. proveído electrónico de fecha 22-III-2021), el cual, en su primera presentación, articuló -en análogo sentido a los argumentos esgrimidos por los demandados- una excepción de incompetencia, entendiendo que la controversia debía ventilarse ante el fuero contencioso administrativo (cfr. escrito electrónico de fecha 27-IV-2021).
El juez en lo civil y comercial, más allá de diferentes presentaciones efectuadas por los actores (v.gr., recurso de revocatoria de fecha 23-III-2021, e.o.), decidió -en esta oportunidad- dar acogida a la excepción opuesta por el apoderado fiscal y, por tal motivo -subrayando que el "...fundamento fáctico de la demanda estaría configurado por supuestos vicios que se endilga al acto administrativo de adjudicación dictado por el IVBA"-, se inhibió a seguir entendiendo en el asunto (ver resol. electrónica de fecha 12-V-2021).
Contra dicho pronunciamiento, los codemandantes articularon un recurso de apelación que, luego de ser concedido por el juez de grado, fue rechazado, en consonancia a lo dictaminado por la Fiscal General de Cámara departamental, por el órgano de alzada (conf. sent. interlocutoria de fecha 8-VII-2021).
En ese orden procesal, encontrándose firme lo resuelto en la instancia de grado, los actuados recayeron -finalmente- en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 departamental.
No obstante, su titular, en el entendimiento de que la litis se encontraba comprendida en la regla de exclusión contenida en el artículo 4 incisos 1 y 2 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- e invocando reciente jurisprudencia de este Tribunal al respecto, se declaró incompetente.
De esta manera, planteó un conflicto de competencia que, con miras a ser resuelto, lo elevó a esta Suprema Corte en los términos artículo 7 inciso 1 del Código Contencioso Administrativo (ver resol. electrónica de fecha 18-VIII-2021).
III. Este Tribunal ya se ha pronunciado en supuestos como el sub examine , declarando la competencia del fuero civil y comercial cuando las acciones se promueven con el fin de tutelar derechos o relaciones reales sobre bienes inmuebles, lo cual conforma una materia específicamente sustraída del conocimiento del fuero contencioso administrativo en virtud de la regla de exclusión establecida en el artículo 4 inciso 2 del código que rige el ordenamiento (cfr. arts. 2238 y concs., Cód. Civ. y Com.; doctr. causas B. 72.778, "Fantaguzzi", resol. de 12-III-2014; B. 73.390, "Rodríguez", resol. de 5-XI-2014; B. 74.484, "Esteves", resol. de 22-VIII-2018; B. 75.402, "Casco", resol. de 21-XI-2018; B. 76.852, "Pardo", resol. de 9-IV-2021; B. 77.150, "Asociación Civil Entidad Mármol Norte", resol. 17-VI-2021; B. 77.008, "Zaballa", resol. de 12-VII-2021 y B. 77.326, "Billiani", resol. de 15-X-2021).
Incluso, también se dijo, tal situación no varía aun cuando el caso se haya podido originar en la acción u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, por parte de una de las personas enumeradas en el artículo 166 in fine de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (doctr. causas B. 71.924, "Fran Constructora SA", resol. de 12-III-2014; B. 73.120, "Noriega", resol. de 8-VII-2014; B. 74.322, "Sociedad de Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría", resol. de 10-V-2017; B. 77.150 y B. 77.008 y B. 77.326, cits.).
IV. Bajo esas premisas y de acuerdo a la pretensión deducida (acción reivindicatoria) y a los hechos expuestos en el escrito postulatorio (los demandantes aducen, en su carácter de condóminos, turbados sus derechos posesorios sobre un inmueble donado a su favor por la comuna de San Cayetano en el año 2010), surge, con claridad, que la vía intentada en autos se erige con el objeto de tutelar un derecho real de dominio.
Así es que, en reiteradas de sus presentaciones (de fecha 13-XI-2020, 28-IV-2021, 12-V-2021 y 25-VII-2021, e.o.), los reclamantes insisten con que la competencia corresponde al juez primigenio en atención a que su pretensión se ciñe al recupero del inmueble litigioso del cual alegan ser condóminos, mas no a que se declare la nulidad del acto administrativo dictado por el IVBA que legitimaría la posesión de los aquí demandados y que justificaría la intervención como tercero del ente provincial, circunstancia esta última que, por sí sola, no sería un motivo dirimente para suponer que se halla afectado el ámbito competencial atribuido al fuero contencioso administrativo (conf. doctr. causa B. 76.494, "Cohello", resol. de 23-XI-2020 y sus citas).
V. En virtud de las razones expuestas, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº1 del Departamento Judicial Necochea el que continúe interviniendo en el asunto.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar que resulta competente el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°1 del Departamento Judicial de Necochea. Por Secretaría, y de manera electrónica, se radicarán las actuaciones para que continúe interviniendo en el asunto (arts. 7 inc. 1, CCA).
Hacer saber lo decidido al titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 departamental, mediante oficio electrónico.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/11/2021 11:51:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/11/2021 12:25:54 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/11/2021 08:16:25 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/11/2021 10:10:56 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/11/2021 10:41:01 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 11/11/2021 11:14:17 hs. bajo el número RR-847-2021 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia