Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 125477
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la queja incoada, con costas (arts. 292 y 296, CPCC) y 2) declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 278, CPCC), con costas.
C. 125.477 "MEDERO VALERIA JULIETA C/ OLIVERA DANIEL DIONISIO Y OTROS S/ ACCIÓN REIVINDICATORIA-DAÑOS Y PERJUICIOS"
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 5 del Departamento Judicial de San Martín hizo lugar a la acción de reivindicación promovida por Valeria Julieta Medero contra Daniel Dionisio Olivera, Liliana Mabel Carnevale y demás ocupantes y desestimó la demanda de daños y perjuicios deducida por la actora. A su vez, acogió la reconvención por daños y perjuicios interpuesta por Daniel Dionisio Olivera y Liliana Mabel Carnevale contra Valeria Julieta Medero y, en consecuencia, condenó a esta última a abonar la suma de cuarenta mil pesos ($40.000). Hizo lugar al derecho de retención ejercido por los demandados y dispuso que el inmueble fuera desocupado dentro de los diez días de haberse hecho efectivo el pago de lo debido (v. fallo de 12-VIII-2016).
A su turno, la Sala II de la Cámara de Apelación del fuero departamental confirmó la decisión (v. sent. de 6-VII-2021).
Contra dicho pronunciamiento, la parte demandada reconviniente interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 6-VIII-2021). La vía de inaplicabilidad de ley fue concedida (v. resol. de 2-XII-2021), mientras que la de nulidad fue denegada (v. resol. de 22-III-2022). Contra esta última decisión se dedujo una queja ante esta sede (v. escrito electrónico de 16-VIII-2022; art. 292, CPCC), la que fue agregada a los autos principales.
II. Con relación al recurso de hecho traído, sin perjuicio de otras consideraciones que cabría efectuar sobre los fundamentos expuestos en la vía directa, cabe recordar que este Tribunal tiene reiteradamente establecido que el recurso extraordinario de nulidad sólo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Prov. de Bs. As.; causas C. 122.755, "Dortona", resol. de 17-X-2018; C. 123.071, "Mogaburu", resol. de 10-IV-2019; C. 123.760, "Perugini", resol. de 12-II-2020; C. 124.115, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 31-III-2021 y C. 125.216, "Marinucci", resol. de 10-VIII-2022).
En el caso, se advierte que, contrariamente a lo sostenido en la queja incoada, en la articulación recursiva extraordinaria (de fecha 6 de agosto de 2021) no se han expuesto ni tampoco desarrollado agravios apoyados en el contenido normativo de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia cuya vulneración se predica (conf. causas C. 120.525, "Decunto", resol. de 4-V-2016; C. 120.916, "La Tilde S.A.", resol. de 26-X-2016; C. 121.516, "Recupero de Siniestros S.R.L.", resol. de 21-VI-2017; C. 122.460, "Comité de Administración del Fideicomiso de Recuperación Crediticia Ley 12.726", resol. de 16-V-2018 y C. 125.286, "Herrera", resol. de 23-XI-2022).
De la lectura del escrito impugnativo surge que, si bien se invoca la omisión de cuestiones, las alegaciones efectuadas por la parte en sustento de este remedio apuntan, en rigor, a controvertir el acierto jurídico de la decisión. Así, expresan los recurrentes su desacuerdo con el mérito de la sentencia, tildándola de incongruente y arbitraria. Cuestionan la valoración de la prueba y la falta de consideración del desistimiento que había sido formulado por la accionante respecto de los demás ocupantes del inmueble. Además, aducen que el Tribunal incurrió en contradicción al reconocer un mejor derecho sobre el bien a la actora reconvenida y resolver la pretensión por las mejoras del modo en que lo hizo. En ese marco, luce manifiesto que los planteos esgrimidos se refieren a presuntos errores de juzgamiento, que no son propios del carril recursivo en consideración, sino del de inaplicabilidad de ley (conf. doctr. causas C. 121.765, "Unzué", resol. de 22-XI-2017; C. 123.189, "Romero", resol. de 4-III-2020; C. 123.846, "Aquino", resol. de 11-V-2020; C. 124.153, "Manzo", resol. de 1-XII-2020 y C. 124.322, "Lopez", resol. de 31-III-2021).
Finalmente, debe resaltarse que, conforme ha resuelto esta Corte, son impropias del carril recursivo en análisis las denuncias referidas a la configuración de un supuesto de gravedad institucional y a la vulneración de las garantías constitucionales de debido proceso, defensa en juicio y propiedad que se mencionan (v. escrito electrónico de 6-VIII-2021, apdos. "II.e" y "IV"; conf. doctr. causas C. 122.689, "Gonzalez", resol. de 19-IX-2018; C. 123.073, "Niño de Reisner", resol. de 14-VIII-2019; C. 123.630, "Malin", resol. de 4-III-2020; C. 123.900, "Cabrera", resol. de 29-VII-2020; C. 124.823, "Goody Development SA", resol. de 3-II-2022 y C. 124.953, "Curto", resol. de 15-III-2022).
En tales condiciones, la vía extraordinaria de nulidad deviene inadmisible y se impone el rechazo de la queja traída (arts. 292 y 296, CPCC).
III. Respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que llega concedido, corresponde señalar que, en el caso, el valor del agravio a los fines previstos en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial está representado para los recurrentes -demandados reconvinientes-, en atención a los agravios esgrimidos expresamente como fundamento del carril extraordinario en consideración, por el incremento pretendido en relación al monto que les fuera reconocido en concepto de mejoras (v. escrito electrónico de 6-VIII-2021; conf. doctr. causas C. 118.949, "Ghittino", resol. de 4-VI-2014; C. 119.031, "Bander", resol. de 5-XI-2014; C. 120.532, "D., R. A.", resol. de 1-VI-2016; C. 122.743, "Parodi", resol. de 20-III-2019; C. 123.043, "Beltran", resol. de 14-VIII-2019 y C. 123.310, "Gerfauo", resol. de 29-VI-2021).
Así, si bien no se especifica en el escrito recursivo la suma pretendida, de acuerdo a los elementos obrantes en autos y el alcance de la impugnación ahora traída, -esto es, la cifra reclamada al deducir la reconvención ($12.781; v. escrito de fs. 253/262 vta.), la suma reconocida en la sentencia de primera instancia que fuera confirmada por la Alzada ($40.000; v. resols. de 12-VIII-2016 y 6-VII-2021) y lo referido en la expresión de agravios sobre la pericia que, a su criterio, debiera tomarse para determinar el valor de las mejoras introducidas ($81.035; v. escrito electrónico de 5-III-2020, apdo "IV.3")-, puede concluirse que el monto del agravio no alcanza para superar el mínimo establecido en el art. 278 citado, texto según ley 14.141 y Acordada 4.012/2021, vigente al momento de la articulación de la vía impugnativa -de $ 1.419.000- (conf. doctr. causas C. 116.584, "Ronda", resol. de 9-V-2012; C. 122.662, "Pasotto Hnos. S.R.L.", resol. de 29-VIII-2018 y C. 124.326, "Dubourg", resol. de 12-XI-2021). Ello, sin que corresponda a los fines del análisis de admisibilidad de esta impugnación -conforme se ha sostenido en reiterados precedentes- adicionar intereses, ni actualizar el importe reclamado (art. 7 y concordantes de la ley 23.928 -texto según ley 25.561-; conf. doctr. causas C. 122.757, "Cardano" y C. 122.699, "Vallejos", ambas resols. de 26-II-2020; C. 122.670, "Weigel" y C. 122.856, "Rodríguez", ambas resols. de 18-II-2021; C. 122.236 "Chaparro", resol. de 4-V-2021).
A lo expuesto deviene pertinente adunar que tampoco se advierte -en principio- la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia extraordinaria, puesto que si bien se denuncia arbitrariedad y la vulneración de diversos derechos y garantías constitucionales, en el embate subyacen en rigor denuncias concernientes a la interpretación y aplicación del derecho procesal y común que denotan que en el caso no se encuentra involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de tal linaje (CSJN, Fallos: 310:1542, 325:2192; conf. doctr. causas C. 121.885, "Andersen", resol. de 11-X-2017; C. 122.590, "Lemos", resol. de 22-VIII-2018; C. 122.447, "Israel Silicaro", resol. de 18-XII-2019; C. 124.350, "Cabrera", resol. de 19-II-2021).
Por lo expuesto, cabe concluir que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley resulta inadmisible y ha sido mal concedido (art. 278, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Rechazar la queja incoada, con costas (arts. 292 y 296, CPCC) y 2) declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 278, CPCC), con costas.
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/03/2023 10:16:37 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/03/2023 14:15:09 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/03/2023 16:08:36 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/03/2023 13:00:35 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/03/2023 12:48:06 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/03/2023 13:32:24 hs. bajo el número RR-58-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia