Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122596
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y, en consecuencia, se revoca el pronunciamiento impugnado, manteniéndose lo decidido en la sentencia de primera instancia, con costas a la demandada vencida (arts. 68 y 289, CPCC).
El depósito previo efectuado (v. fs. 1.892) deberá restituirse al interesado (art. 293, cód. cit.).
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Soria, Kogan, Genoud , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 122.596, "Conferencia de Señoras de San Vicente de Paul de la República Argentina contra Petta, Luis Ángel y otros. Acción reivindicatoria".
La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón revocó parcialmente la sentencia de primera instancia que había estimado procedente la acción articulada y, en consecuencia, rechazó la demanda de reivindicación, confirmándola en todo lo demás que había sido materia de recurso (v. fs. 1.842/1.850 vta.).
Se interpuso, por el letrado apoderado de la Sociedad de San Vicente de Paul de la República Argentina (ex Conferencia de Señoras San Vicente de Paul), recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.868/1.884).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El representante de "Conferencia de Señoras de San Vicente de Paul de la República Argentina" inició la presente acción de reivindicación contra los demandados, quienes -a su turno- contestaron la demanda, reconviniendo uno de ellos por usucapión (v. libelo de inicio: fs. 153/159 vta. y 859/863).
En primera instancia se estimó procedente la acción reivindicatoria y se rechazó la reconvención deducida (v. fs. 1.767/1.771 vta.).
II. Apelado dicho fallo, la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón revocó parcialmente la decisión y, en consecuencia, desestimó la demanda reivindicatoria, confirmándola en todo cuanto fuera materia de recurso (v. fs. 1.842/1.850).
III. Frente a esta forma de decidir, el letrado apoderado de la Sociedad de San Vicente de Paul de la República Argentina (ex Conferencia de Señoras San Vicente de Paul) interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley mediante el cual denuncia la violación de los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución nacional y el quebrantamiento de la cosa juzgada, de los principios de identidad y de no contradicción de la sentencia y de la doctrina legal que cita. Alega, asimismo, el vicio de absurdo. Hace reserva del caso federal (v. fs. 1.868/1.884).
En síntesis, aduce que la sentencia quebranta el instituto de la cosa juzgada, desnaturalizando garantías constitucionales como el debido proceso, la igualdad y el derecho de propiedad, dictando un pronunciamiento fundado en afirmaciones meramente dogmáticas que se desentienden de las constancias objetivas de la causa y del comportamiento procesal desplegado por las partes a lo largo del juicio.
IV. El recurso prospera.
IV. 1. Para una mejor comprensión de la cuestión traída a esta sede extraordinaria resulta adecuado resaltar aspectos sustanciales de la presente causa:
IV.1.a. El 4 de noviembre de 1994 el letrado apoderado de "Conferencia de Señoras de San Vicente de Paul de la República Argentina" promovió la presente acción reivindicatoria contra Luis Ángel Petta, Elsa Pettinari de Petta, Luis Enrique Petta, Gonzalo Rafael de Quesada, Liliana Delfina Petta y los eventuales ocupantes y/o poseedores que surgieran de la diligencia a efectuarse, respecto de los lotes B y D que la actora identifica, pertenecientes al partido de La Matanza (v. demanda: fs. 153/159 vta.).
Corrido el pertinente traslado se presentaron Gonzalo Rafael de Quesada, Liliana Delfina Petta, Elsa Pettinari de Petta, Luis Enrique Petta y Luis Ángel Petta negando los hechos invocados por la accionante, reconviniendo este último por usucapión -posesión veinteñal- contra la actora "Conferencia de Señoras de San Vicente de Paul de la República Argentina" y la cotitular registral Antonia Marena y Giorgio (v. fs. 859/863).
A fs. 876 se proveyó el pedido de accionar contra la última de las nombradas y se hizo saber que no resultaba procedente la vía reconvencional elegida para un ajeno a la litis .
A fs. 881 se abrió el juicio a prueba.
Certificado el vencimiento del período probatorio (v. fs. 1.253 y vta.) y pasados los autos para resolver (v. fs. 1.255), la magistrada interviniente el día 4 de junio de 1999 dejó sin efecto el llamamiento de autos para sentencia y declaró la nulidad de todo lo actuado desde fs. 881 (v. fs. 1.256/1.257).
Para así decidir -tras advertir que la solución adoptada a fs. 876 resultaba errónea- señaló que era indiscutible que la pretensión sobre usucapión debía ser deducida contra todos los titulares dominiales, por lo tanto, mandó a integrar la litis con Antonia Marena y Giorgio.
El 27 de junio de 2000 la actora puso de resalto la inactividad del demandado reconviniente, solicitando que fuese intimado para cumplir con las diligencias a su cargo, bajo apercibimiento de decretar la caducidad de la instancia (v. fs. 1.281/1.282 vta.).
A fs. 1.309 y vta. la jueza de primera instancia, en atención a la ausencia de actividad desplegada por la parte interesada, resolvió declarar la caducidad de instancia respecto de la reconvención por usucapión interpuesta por Luis Ángel Petta.
Apelado este pronunciamiento, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón lo revocó (v. fs. 1.320/1.324).
Fundó su fallo en el principio de indivisibilidad de la instancia; y en tal sentido sostuvo que tratándose de procesos acumulados -la pretensión reivindicatoria y la contrademanda por usucapión- era imposible dividir tales acciones como actos independientes, por ende, no resultaba ajustado a derecho haber declarado la caducidad de la instancia exclusivamente para la parte demandada reconviniente, dejándola sin efecto.
El 18 de diciembre de 2009 el titular de la Defensoría n° 9 del Departamento Judicial de Morón, asumió la representación de los ausentes "sucesores y herederos de Antonia Marena y Giorgio" y contestó la reconvención deducida (v. fs. 1.509/1.510).
El 1 de julio de 2010 se abrió la causa a prueba (v. fs. 1.517).
A fs. 1.572 se presentaron Luis Enrique Petta y Liliana Delfina Petta en su carácter de herederos de los demandados Luis Ángel Petta y Elsa Pettinari de Peta, cuyos fallecimientos fueron acreditados a fs. 1.428/1.429 y fs. 1.550/1.552.
IV.1.b. La señora jueza de primera instancia estimó procedente la acción de reivindicación, condenando a Gonzalo Rafael de Quesada, Liliana Delfina Petta, Luis Enrique Petta -éstos últimos también en su carácter de herederos de los demandados Luis Ángel Petta y Elsa Pettinari de Petta- a desocupar y restituir a la actora la posesión de los inmuebles objeto de autos. Asimismo, rechazó la reconvención por usucapión deducida, imponiendo las costas a los demandados vencidos (v. fs. 1.767/1.771 vta.).
Destacó que, si bien los accionados alegaron poseer los lotes en cuestión de manera pública, pacífica e ininterrumpida desde el año 1951, lo cierto era que ello no se encontraba probado, ya que no habían impulsado ninguno de los mecanismos que las leyes de fondo y procesales les proveían para acreditar los hechos invocados (v. fs. 1.770 vta. y 1.771).
Indicó la absoluta orfandad probatoria respecto de los hechos que afirmaban y frente a la contundencia de la prueba ofrecida por la accionante (informe de dominio glosado a fs. 1.622/1.627 e instrumento acompañado a fs. 15/28).
IV.1.c. Apelado dicho pronunciamiento por la codemandada Liliana Delfina Petta, la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón lo revocó parcialmente y, en consecuencia, desestimó la acción reivindicatoria, confirmándola en todo cuanto más pudo ser materia de recurso (v. fs. 1.842/1.850 vta.).
Señaló que la nulidad declarada por la jueza de origen no resultaba congruente -por contradictoria y sorpresiva-, dado que la entonces magistrada había decidido no citar al proceso a dichos terceros; y luego con la prueba ya concluida y el proceso casi finalizado había modificado la decisión, echando por tierra toda la labor desplegada. En tal sentido, calificó dicho proceder como un venire contra factum propium non valet y un dispendio jurisdiccional que resultaba incompatible con un adecuado servicio de justicia (v. fs. 1.843 vta. y 1.844).
Consideró la posibilidad de valorar la prueba allí producida haciendo hincapié en que el proceso "no p[odía] ser conducido en términos estrictamente formales" inconciliables con la búsqueda de "la verdad jurídica objetiva"; en la necesaria consideración de los elementos que están "a la vista del órgano judicial"; en que "el Juez es el administrador de la justicia que prevalece sobre la ley y nuestra Constitución" y en las amplias facultades de los tribunales, especialmente en materia probatoria (v. fs. 1.844 vta./1.846).
Juzgó así que la prueba producida a fs. 881/1.237 -declarada nula- debía ser estimada a los fines de verificar la procedencia de la acción reivindicatoria intentada frente a la defensa de posesión veinteñal articulada, teniendo en cuenta que la misma se desarrolló regularmente respecto del reivindicante, quien tuvo la oportunidad de intervenir en su producción, pudiendo ejercer sus legítimos derechos de defensa en juicio. A la par, destacó que por idénticas razones la misma no podía ser considerada con relación a los restantes litigantes que fueron citados con posterioridad a su producción, a los fines de decidir la procedencia de la reconvención (v. fs. 1.846 y vta.).
Advirtió que los demandados no habían logrado acreditar -frente a la totalidad de los titulares registrales del dominio- la posesión alegada en virtud de la carencia probatoria verificada al respecto, confirmando el rechazo de la reconvención (v. fs. 1.847 vta.).
Sin perjuicio de ello, entendió que sí correspondía ponderar la existencia de posesión veinteñal como defensa y valorar, por ende, la copiosa prueba agregada a la causa, en tanto -a su juicio- lo contrario significaba una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva, considerando la enorme dificultad o imposibilidad de volver a producirla (v. fs. 1.847 vta. y 1.848).
Señaló los elementos probatorios que en su inteligencia eran relevantes -remitiendo a actuaciones del expediente declaradas nulas- y concluyó que se encontraba acreditada la posesión pública, pacífica e ininterrumpida ejercida por Luis Ángel Petta, por un plazo mayor a los veinte años requeridos por la ley, continuando en la misma la apelante Liliana Delfina Petta, en su carácter de universal heredera, circunstancia que resultaba suficiente para rechazar la pretensión reivindicatoria (v. fs. 1.848 vta. y 1.849).
IV.2. Tal como surge de los antecedentes descriptos, el Tribunal de Alzada fundó su decisión en virtud de constancias probatorias que habían sido declaradas nulas por la magistrada de origen el 4 de junio de 1999.
Declaración -firme y consentida por las partes- que fuera adoptada a los fines de subsanar la deficiente integración de la litis , toda vez que ante la reconvención deducida por el codemandado Luis Ángel Petta resultaba ineludible la presencia en el proceso de la cotitular registral del inmueble: Antonia Marena y Giorgio.
Diez (10) años después, el 18 de diciembre de 2009, tras reiteradas intimaciones al reconviniente para activar el proceso (v. fs. 1.281/1.282 vta., 1.283, 1.299 y 1.302) y una caducidad de instancia declarada, luego revocada (v. fs. 1.309 y vta. y 1.320/1.324), quedó finalmente integrada la litis con la representación asumida por la defensora oficial Ana Jorgelina Antonini de los ausentes sucesores y herederos de Antonia Marena y Giorgio.
El 1 de julio de 2010 se abrió la causa a prueba. La codemandada Liliana Delfina Petta fue declarada negligente con relación a la prueba confesional, informativa, de reconocimiento y pericial (v. fs. 1.683, 1.678, 1.689 y 1.691, respectivamente) y se la tuvo por desistida de la testimonial ofrecida a fs. 1.676. Por su parte, los codemandados Gonzalo Rafael Quesada y Luis Enrique Petta fueron declarados negligentes respecto de la producción de la prueba confesional, de reconocimiento y pericial y teniéndolos por desistidos de la prueba testimonial e informativa (v. fs. 1.725, 1.730, 1.720, 1.718 y 1.710, respectivamente).
El 6 de febrero de 2017 -luego de siete (7) años- sin prácticamente actividad procesal útil por parte de los accionados, se dictó la sentencia de primera instancia, luego revocada por el Tribunal de Alzada (v. fs. 1.767/1.771 vta. y 1.842/1.850 vta.).
IV.3. Este último pronunciamiento impugnado a fs. 1.868/1.884 -tal como pone de resalto el recurrente- vulnera el principio de autoridad de la cosa juzgada, lesionando esenciales garantías y derechos constitucionales.
En reiteradas oportunidades ha expresado esta Corte que la inmutabilidad de la res judicata que emana de una decisión judicial firme entra en el mundo jurídico de forma inconmovible, produciendo efectos con relación a todas las relaciones jurídicas vinculadas con la materia en litigio (conf. causas C. 96.225, "P., C.M.", sent. de 24-XI-2010; C. 121.394, "Fernández", sent. de 19-IX-2018; entre muchas).
Asimismo, se ha dicho que la sentencia que pasa en autoridad de cosa juzgada gana los atributos de inimpugnabilidad, inmutabilidad y coercibilidad, se trata de una solución definitiva, concluyente, determinada: es la última palabra de la justicia, la aplicación de la voluntad de la ley para el caso concreto, que no cabe alterar, variar o modificar (conf. causas C. 102.297, "Bilotte", sent. de 1-IX-2010; C. 118.507, "Chattah de Cabuli", sent. de 28-XII-2016; e.o.), valladar que entiendo la sentencia no ha respetado.
En suma, la Cámara avanzó sobre una cuestión ya resuelta por el juez de grado e ignorando la nulidad dispuesta, so pretexto del tiempo transcurrido -que como se vio fue producto de la inactividad de la parte demandada y su negligencia procesal puesta en evidencia a lo largo del procedimiento- y afirmaciones dogmáticas no atingentes a la presente litis , ponderó prueba declarada nula.
En consecuencia, no pudo el Tribunal de Alzada válidamente alterar -como lo hizo- el principio de preclusión y de cosa juzgada; la resolución que declaró la nulidad de todo lo actuado (v. fs. 1.256/1.257) pudo haber sido cuestionada oportunamente por la accionada y no lo hizo, cesando para ella la posibilidad de revisar posteriormente lo resuelto, siendo, en consecuencia, extemporáneos los agravios planteados al formular la apelación (v. fs. 1.830/1.834).
Sabido es que la preclusión opera como un impedimento o una imposibilidad de reeditar las cuestiones que ya han sido objeto de tratamiento y resolución anterior.
La firmeza de los actos procesales es, en efecto, una necesidad jurídica que justifica su validez, no obstante los vicios que pudieran presentar (conf. causas C. 100.180, "Ohaco", sent. de 2-III-2011; C. 119.585, "Ciocchini", sent. de 15-VI-2016; e.o.), y la preclusión procesal es un instituto que garantiza uno de los principios que debe primar en toda causa judicial, esto es, la seguridad, y consiste en la pérdida de una facultad procesal por haberse llegado a los límites fijados por la ley para su ejercicio (conf. causas C. 98.405, "Bernal de Grattia", sent. de 3-IV-2008; C. 117.988, "Duche", sent. de 15-VII-2015; entre muchas).
Cabe asimismo destacar que luego de decretada la nulidad la parte interesada pudo reeditar o producir la prueba tendiente a la acreditación de sus derechos sobre el inmueble; sin embargo, no realizó prácticamente actividad procesal útil durante más de tres lustros.
Tal deficiencia no puede ser suplida por los jueces, menos aún ponderando constancias de las causas que han sido dejadas sin efecto en virtud de una nulidad decretada en el año 1999.
El juez si bien tiene la facultad de solicitar diversas diligencias probatorias (art. 36 inc. 2, CPCC) en caso de considerarlo necesario, no puede suplir la actividad de las partes (conf. mi voto en Ac. 73.756, "Delgado", sent. de 4-X-2000), sin afectar seriamente principios esenciales del derecho procesal civil como el principio dispositivo y el de bilateralidad.
Por lo expuesto, entiendo que acierta el impugnante en tanto sostiene que el Tribunal de Alzada ha vulnerado la doctrina de esta Corte antes citada, incurriendo en un razonamiento absurdo.
Se ha expresado que determinar la concurrencia de la cosa juzgada y entrar a conocer sobre las circunstancias que configurarían la violación de dicho instituto constituye una cuestión de hecho que sólo puede ser revisada si se demuestra fehacientemente que la conclusión impugnada es el resultado de una absurda valoración de las constancias del presente proceso y del anteriormente tramitado (conf. causas C. 116.205, "P., R.", sent. de 11-IX-2013 y C. 117.350, "S.d.B., M.", sent. de 10-XII-2014); extremo que -como fuera evidenciado- se encuentra acreditado en la especie.
IV.4. Resta por fin señalar que tal modo de decidir importó no solamente vulnerar las directrices procesales arriba examinadas sino que dio como resultado una solución autocontradictoria, toda vez que rechazó la reivindicación a la par que rechazó la usucapión sin dar una respuesta definitiva al conflicto llevado por las partes a la justicia.
V. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto, revocar el pronunciamiento impugnado y mantener lo decidido en la sentencia de primera instancia, con costas a la demandada vencida (arts. 68 y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Adhiero al voto del distinguido colega que abre el acuerdo, con excepción de lo consignado en el punto IV.4., toda vez que los restantes argumentos resultan suficientes para abastecer el juicio rescisorio del pronunciamiento impugnado (art. 289 inc. 1, CPCC).
II. En la labor de composición positiva del pleito (art. 289 inc. 2, CPCC) también coincido en que corresponde mantener lo decidido en la instancia de origen, desde que, de un lado, las críticas que porta la expresión de agravios de fs. 1.830/1.834 en relación al proveído de fs. 1.256/1.257 han sido tardíamente introducidas por el apelante. Por lo demás, los restantes agravios, vinculados en su inmensa mayoría a cuestionar la valoración de la prueba producida en el expediente, refieren a actuaciones cubiertas por aquella declaración de nulidad. En tal sentido, lo expuesto por mi distinguido colega, doctor Negri, en orden a la firmeza de aquella decisión que declaró la nulidad de tal actividad probatoria, basta para desestimar ese tramo del embate llevado ante el Tribunal de Alzada (arg. arts. 274 y 289, cód. cit.).
Voto por la afirmativa .
La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la afirmativa.
El señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votó también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y, en consecuencia, se revoca el pronunciamiento impugnado, manteniéndose lo decidido en la sentencia de primera instancia, con costas a la demandada vencida (arts. 68 y 289, CPCC).
El depósito previo efectuado (v. fs. 1.892) deberá restituirse al interesado (art. 293, cód. cit.).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
CARLOS E. CAMPS
Secretario
Fin de la sentencia