Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 127290
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar la queja traída por encontrarse insuficientemente fundada (arts. 292, CPCC y 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812; Ac. 4068/22) y 2) declararla inoficiosa a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967).
C. 127.290 "BALDONI REINALDO VÍCTOR C/ OLMEDO JUAN DANIEL S/ ACCIÓN REIVINDICATORIA"
I. Conforme surge de las presentes actuaciones, la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mercedes, en el marco de un planteo de nulidad de notificación del traslado de la demanda articulado en una acción reivindicatoria en la que aún no ha recaído sentencia, en lo que interesa destacar, declaró inexistente el escrito de apelación, resolviendo que la concesión del recurso estuvo mal dispuesta, por lo que consideró que había perdido virtualidad todo el trámite ante esa Alzada. En consecuencia, quedó confirmado el rechazo de la nulidad articulada (v. resols. de 19-IX-2023 y 13 VI-2023, en Portal de la Mesa de Entradas Virtual -MEV- de esta Suprema Corte).
Frente a dicho pronunciamiento, el accionado interpuso recurso extraordinario de nulidad (v. escrito electrónico de 9-X-2023, en archivo adjunto a la queja) cuya denegatoria -con sustento en la falta de definitividad- motivó la articulación de la presente queja (art. 292, CPCC; v. escrito electrónico de 13-XI-2023 y resolución de 2-XI-2023 y archs. adjs.).
II. Al respecto -y sin perjuicio de otras observaciones que también podrían efectuarse- cabe señalar que esta Corte ha sostenido reiteradamente que para cumplir con la exigencia del art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial el impugnante debe atacar los fundamentos que diera el tribunal anterior en grado al desestimar el remedio interpuesto, a fin de que la queja tenga la suficiencia necesaria para ser considerada por este Tribunal (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812; conf. causas C. 122.018, "Municipalidad de Luján", resol. de 7-III-2018; C. 124.019, "Hernández", resol. de 19-VIII-2020; C. 124.310, "Malaplat", resol. de 2-III-2021; C. 124.534, "Hoteles y Resorts International S.A.", resol. de 23-IX-2021; C. 125.309, "Alsina", resol. de 10-VIII-2022 y C. 126.227, "Cabral", resol. de 5-IV-2023).
En el caso, el recurrente no cumple cabalmente con dicha carga técnica desde que en su presentación no se hace cargo de rebatir de manera específica y contundente los fundamentos de la resolución denegatoria -falta de definitividad de la resolución que allí se menciona-, resultando insuficiente a tales fines la mera manifestación de su discrepancia con lo así juzgado. Así, en la vía directa incoada, luego de efectuar un breve relato de los antecedentes de la causa y de reiterar los argumentos expuestos en el recurso que fuera denegado, reconoce que "...por principio la decisión atacada no admite su revisión en instancia extraordinaria por no constituir una sentencia definitiva en los términos del art. 278 del C.P.C.C. …" (v. punto III, tercer párrafo del escrito electrónico de queja), alegando -muy escuetamente- que podría configurar un supuesto de excepción y peticionando que dicho valladar sea dejado de lado en consideración a la supuesta presencia de gravedad institucional, así como afectación de derechos y garantías constitucionales (v. segundo y tercer párrafo del punto III citado). Lo así expuesto resulta insuficiente para cumplir con la exigencia prevista en el art. 292 citado (conf. doctr. causas C. 122.602, "Pisani", resol. de 29-VIII-2018; C. 122.949, "Pugliese", resol. de 26-XII-2018 y C. 122.921, "Benítez", resol. de 7-III-2019).
A lo dicho se agrega que de acuerdo a los términos del fallo atacado y el marco procesal descripto, no se advierte -en principio- la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia extraordinaria para el recurrente, desde que no obstante alegarse la supuesta afectación de garantías y derechos constitucionales, lo cierto es que no se observan argumentos suficientes que permitan constatar la existencia de una relación directa e inmediata entre las normas federales denunciadas y las circunstancias concretas debatidas y resueltas en el presente caso (doctr. art. 15, ley 48 y causas C. 119.292, "C., E.", resol. de 3-IX-2014; C. 121.379, "Lopérfido", resol. de 20-IX-2017; C. 122.391, "B. V.", resol. de 18-IV-2018 y C. 123.116, "Ortega", resol. de 5-VI-2019).
Finalmente, en cuanto a la gravedad institucional mencionada a los efectos de habilitar la instancia, debe señalarse que, conforme lo ha expresado este Tribunal, tal extremo se encuentra íntimamente relacionado -en grado de dependencia- a la verdadera existencia de una situación aprehensiva de interés institucional, no advirtiéndose en este caso la presencia de un supuesto de las características prealudidas. En esta línea de pensamiento se ha juzgado que no cabe hacer lugar a la invocada existencia de interés público, si tal afirmación no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable la configuración de aquella circunstancia (conf. CSJN, Fallos: 303:221; conf. doctr. C. 113.723, "Verdugo", resol. de 10-VIII-2011; C. 119.135, "Municipalidad de Tandil", resol. de 20-XI-2014; C. 120.938, "Contin", resol. de 22-II-2017 y C. 125.582, "Di Benedetto", resol. de 29-XII-2022), resultando deficiente la mera alegación realizada en tal sentido por el recurrente, lo que conduce a desestimar su pretensión para admitir la revisión en el caso con tal fundamento.
De tal modo, resulta insuficiente el planteo del demandado en su queja a fin de evidenciar el desacierto de la denegatoria cuestionada (conf. doctr. causas C. 123.953, "Magnone", resol. de 29-VI-2020; C. 125.084, "Petplast S.A.", resol. de 5-XI-2021; C. 124.019, C. 124.310 y C. 124.534, cits.) y determina sin más su rechazo (arts. 292, CPCC y 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812), reputándosela inoficiosa a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Desestimar la queja traída por encontrarse insuficientemente fundada (arts. 292, CPCC y 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812; Ac. 4068/22) y 2) declararla inoficiosa a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/05/2024 19:59:28 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/05/2024 10:44:46 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/05/2024 13:04:33 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/07/2024 22:48:25 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/07/2024 10:05:03 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 04/07/2024 12:58:26 hs. bajo el número RR-453-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia