Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 126545
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar mal concedido el recurso extraordinario de nulidad (art. 296, CPCC), reputándolo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967).
C. 126.545 "WECKL GLORIA C/ VILLAR CARLOS Y OTRO/A S/ ACCIÓN REIVINDICATORIA "
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n°5 del Departamento Judicial de Quilmes, en el marco de una acción de reivindicación, ordenó reanudar el lanzamiento -en los términos de la sentencia dictada- de Carlos Villar y Carina Insaurralde, su grupo familiar y ocupantes, del inmueble que identificó. Luego, L. M. A. se presentó al proceso en carácter de ocupante y planteó la nulidad de dicha orden por inoponibilidad respecto de ella y sus hijos menores de edad. El Juzgado interviniente, habiendo sustanciado el planteo con la actora y tras considerar que no se había dado traslado de demanda a los demás ocupantes, hizo lugar al mismo (v. prov. de 16-VII-2021, escrito de 6-IX-2021 y resol. de 7-IV-2022).
A su turno, la Sala I de la Cámara de Apelación del fuero departamental revocó ese pronunciamiento. Para así decidir valoró que del mandamiento surge que la Oficial de Justicia interviniente en la diligencia llevada a cabo el 24 de febrero de 2021 refirió haber sido atendida, precisamente, por la incidentista, quien fuera identificada en ese mismo acto y dijo vivir en el domicilio "con sus cinco hijos menores de edad, de ocho, seis, cinco, cuatro años, y el más pequeño de diez meses de edad" -v. present. electr. de 15 de marzo de 2021-, lo que motivó la elaboración del informe de fecha 8 de marzo de 2021 y posterior suspensión del lanzamiento decretada con fecha 8 de abril de 2021 a requerimiento del Ministerio Pupilar en ejercicio de las directivas impartidas por la Res. 452/10 de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y con fundamento en los arts. 14 bis y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 11.1 PIDESC; art. 36 inc. 7 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, por encontrarse en juego el derecho a la vivienda digna de los menores (v. sent. de 6-III-2023).
Así, concluyó el Tribunal de Alzada que el pedido de nulidad ha sido introducido estando ya largamente vencido el plazo de cinco días otorgado por el art. 170 del Código Procesal Civil y Comercial. Y agregó que deviene condición esencial que quien requiere tal declaración tenga un interés tutelable, observándose que la presentante en ningún momento refiere las circunstancias en virtud de las cuales ocupa el inmueble ni invoca en qué calidad lo hace, extremos que le permitirían demostrar que se encuentra en situación jurídica de contradecir el derecho derivado de la titularidad de dominio esgrimida y probada por la actora (v. sent. cit.).
Finalmente señaló el órgano que la incidentista -quien ha peticionado solo por su propio derecho- no identificó en ningún momento a los menores que, según dijo, son sus hijos, haciendo caso omiso al requerimiento efectuado por la Asesora de Incapaces en su presentación de 17 de septiembre de 2021 (v. prov. de 8-XI-2021; sent. de 6-III-2023).
Frente a lo así resuelto, la señora A. dedujo recurso extraordinario de nulidad (v. presentación de 22-III-2023), el que fue concedido (v. resol. de 3-IV-2023).
II. Abordando el canal mencionado, es pertinente recordar, tal como esta Suprema Corte ha resuelto en reiteradas oportunidades, que el mismo solo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Prov. de Bs. As.; conf. doctr. causas C. 121.446, "Rodríguez", resol. de 6-IX-2017; C. 122.755, "Dortona", resol. de 17-X-2018; C. 123.760, "Perugini", resol. de 12-II-2020; C. 123.417, "Morgan", resol. de 4-III-2020; C. 123.872, "Arato", resol. de 28-IX-2020; C. 124.154, "Perroni", resol. de 19-II-2021; C. 127.413, "Gutman", resol. de 4-VII-2024).
En el caso, en la presentación articulada se advierte que no se han expuesto ni tampoco desarrollado agravios apoyados en el contenido normativo de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia (causas C. 121.516, "Recupero de Siniestros S.R.L.", resol. de 21-VI-2017; C. 122.460, "Comité de Administración del Fideicomiso de Recuperación Crediticia Ley 12.726", resol. de 16-V-2018; C. 124.870, "Gorosito", resol. de 20-IV-2022).
Así, de su lectura se observa que, no obstante la invocación del art. 168 del Código Procesal Civil y Comercial y la denuncia de omisión de tratamiento de una cuestión esencial, los argumentos allí expuestos apuntan, en realidad, a controvertir el acierto jurídico del fallo, con escuetos planteos que refieren a presuntos errores de juzgamiento, que no son propios del carril impugnativo en consideración (causas C. 121.765, "Unzué", resol. de 22-XI-2017; C. 121.984, "Cufre". resol. de 30-V-2018; causa C. 123.398, "Horane", resol. de 6-XI-2019; C. 124.308, "Leyros", resol. de 17-XI-2020; C. 125.073, "Zapata", resol. de 15-III-2022 y C. 124.870, cit.).
Finalmente, en cuanto a la manifestación esbozada por la recurrente en torno a la falta de juzgamiento con perspectiva de género (apartado V del escrito de 22-III-2023), no resulta óbice destacar el papel fundamental que en nuestro ordenamiento jurídico interno ocupa la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Este instrumento robustece el principio de igualdad y no discriminación, resultando ser de orden público -salvo las excepciones allí contempladas- y de aplicación obligatoria para los jueces, pues resulta ser transversal de todo el ordenamiento jurídico interno (arts. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 16 ley 26.485). Del mismo se extrae la importancia de contar con una justicia que ponga el énfasis en juzgar con perspectiva de género, obligada mirada que no solo está presente en esta ley sino también -con mucha fuerza- en el Código Civil y Comercial.
Esta obligada mirada que impone el paraguas protector de la normativa aplicable al caso al ejercicio jurisdiccional (arts. 2, 3, 6 y 7 incs. "b", "d", "f" y "g" de la Convención de Belém do Pará; 3 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 24 de la Convención Americana; Observación General 21 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, párrs. 10, 12 y 17; Recomendación General 28 de la CEDAW, párr. 18; Observaciones Finales de la CEDAW sobre Argentina del 16 de agosto del 2010, puntos 23 y 24; art. 16 incs. "e", "i", ley 26.485) posibilita el nacimiento de cambios profundos tendientes a garantizar una vida libre de violencia.
Sentado ello, cabe observar que ni del acotado marco de la cuestión que viene en esta oportunidad a conocimiento de la Corte ni de los argumentos vertidos en el recurso en estudio, se desprende que la decisión dictada en la instancia ordinaria que aquí se pretende recurrir, en el contexto referenciado, de algún modo afecten los derechos de la recurrente amparados por la normativa constitucional y convencional citada.
III. Por último, corresponde agregar que tampoco se advierte en estos obrados, en principio, la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia y toda vez que, si bien se menciona la supuesta afectación de garantías constitucionales y convencionales, en el embate subyacen denuncias de infracción a la normativa de derecho común y procesal que denotan que en autos no se encuentra involucrada de manera directa o inmediata una cuestión de tal linaje (conf. doctr. causas C. 122.716, "Zuliani", resol. de 20-II-2019; C. 124.316, "Israel Silicaro", resol. de 1-XII-2020; C. 124.350, "Cabrera", resol. de 19-II-2021 y C. 124.953, "Curto", resol. de 15-III-2022; C. 125.614, "Esquivel", resol. de 15-VII-2022; C. 126.780, "T. F. G. A.", resol. 29-IX-2023).
En tales condiciones, cabe concluir que la vía extraordinaria de nulidad deviene inadmisible, por lo que ha sido mal otorgada (art. 296, CPCC).
Se impone, asimismo, reputarla inoficiosa a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967; conf. doctr. causas C. 123.073, "Niño De Reisner", resol. de 14-VIII-2019; C. 124.158, "Batafarano", resol. de 4-XI-2020; C. 124.309, "Iuliano", resol. de 8-VI-2021 y C. 127.413, cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar mal concedido el recurso extraordinario de nulidad (art. 296, CPCC), reputándolo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/08/2024 18:22:42 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/08/2024 13:20:28 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2024 11:05:57 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/09/2024 09:03:11 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/09/2024 09:44:38 - LASCANO Maria Cecilia Zulema - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 11/09/2024 10:56:08 hs. bajo el número RR-647-2024 por LASCANO MARIA CECILIA.
Fin de la sentencia