Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 120769
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por no presentado el escrito de fs. 5528/5529 vta., reputándose inoficiosa dicha actuación (arts. 1 y 11, 2do. párr., Ac. cit.) y 2) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
"BANCO PLATENSE SA (QUIEBRA) C/ CURI CARLOS A. Y OTROS S/ ACCION DE RESPONSABILIDAD"
La Plata, 18 de Septiembre de 2019.
I. El apoderado de Construcciones del Estero S.A. -continuadora de Curi Hnos. S.A.- deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que, en lo que interesa destacar, rechazó los recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley de fs. 5358/5376 vta., al no encontrar reunidos los extremos necesarios para su progreso (v. fs. 5510/5524 y 5489/5502 vta., respectivamente).
En el caso, y en lo que resulta pertinente, la Cámara interviniente confirmó el pronunciamiento del magistrado de origen que, a su turno, había hecho lugar a las acciones de responsabilidad -concursal y societaria- incoadas por la sindicatura falencial del Banco Platense S.A. contra Carlos Alberto Curi, Mario Paissan, Juan Baudino, José Armando Raed y Curi Hnos. S.A., hoy su continuadora Construcciones del Estero S.A. (v. fs. 4603/4710 y 5299/5332).
II. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en las doctrinas de la arbitrariedad de sentencia y de la gravedad institucional, así como en la violación de las garantías constitucionales de defensa en juicio y propiedad (arts. 14, 17, 18 y 31, Const. nac.; v. fs. 5519 vta./5520, 5521, 5522 y 5524).
II.1. Sostiene que la decisión en crisis debe ser descalificada como acto jurisdiccional válido, en tanto apartándose de la normativa aplicable al caso, efectuó una errónea apreciación y valoración de los hechos y omitió el tratamiento de cuestiones planteadas, incurriendo en enunciados dogmáticos que responden a la voluntad de los jueces (v. fs. 5520 y vta.).
II.2. Cuestiona, también, que esta Corte haya rechazado el recurso extraordinario de nulidad al ponderar que no hubo conculcación del art. 171 de la Constitución provincial. Alega, con sustento en el voto de la minoría de este Tribunal, que el criterio adoptado vulnera el art. 31 de la Carta magna, en tanto -afirma- no resulta ajustado a derecho que baste citar cualquier disposición legal sin importar si tiene o no que ver con el caso para tener por cumplido el deber de fundamentación que manda el citado artículo provincial (v. fs. 5521 y vta.).
II.3. Aduce -por otro lado- en relación al rechazo del remedio de inaplicabilidad de ley, que contrariamente a lo resuelto por este Tribunal, el mismo se hallaba debidamente fundado. Y asevera que los planteos en él expuestos -y que aquí reproduce- resultaban suficientes para atacar las razones dadas por el a quo para atribuirle la responsabilidad a su representada (v. fs. 5521 vta./5523 vta.).
En tal sentido, explica que los accionistas no tienen un deber especial de informarse activamente de la marcha de la sociedad, siendo los estados contables lo único que la ley obliga al directorio a suministrarles a fin de que puedan aprobar la gestión de los administradores. Y agrega, que si bien en el caso de que ellos reflejen alguna falencia o anomalía concreta se pueden solicitar otras informaciones sobre la gestión de la sociedad llevada a cabo por sus directores, no están jurídicamente obligados a ello. En razón de ello, afirma que no se puede responsabilizar -válidamente, según su entender- a su representada por no haberlo hecho (v. fs. 5522 vta./5523 vta.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 5525), el mismo fue contestado -previa intimación; v. fs. 5527- por el Síndico (v. fs. 5528/5529 vta.).
Con relación a dicha pieza, cabe destacar que no se ha dado cumplimiento con el requisito vinculado a la cantidad máxima de renglones por página, tal como exige el art. 1 del reglamento aprobado por la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema (el escrito presenta más de 26 reglones a fs. 5528/5529). En razón de ello, se lo tiene por no presentado, reputándose inoficiosa dicha actuación (arts. 1 y 11, 2do. párr., Ac. cit.).
IV.1. Liminarmente, corresponde recordar que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el sub lite, el análisis de las circunstancias fáctico probatorias efectuado por el a quo para determinar la responsabilidad, la interpretación de la ley 19.550 y la procedencia y suficiencia técnica de los remedios locales incoados), no justifican -por regla y naturaleza- la habilitación de la competencia federal (arts. 14 y 15, ley 48; CSJN, Fallos: 305:1962, 1481; 326:2156; 329:5424; 330:133, 2445, 4770; entre otros).
En estos casos, se torna particularmente exigible que la apelación cuente, respecto de los agravios que la originan, con fundamentos suficientes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial; situación que no se advierte en el caso en el que los argumentos del recurrente no constituyen más que una diferencia de opinión, insuficiente como tal para habilitar la vía federal (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
IV.2. En lo que hace a la denuncia de arbitrariedad, con base en las causales de dogmatismo, omisión de cuestiones, falta de fundamentación y apartamiento de las constancias de la causa y de la normativa aplicable, tampoco se observan motivos que - prima facie valorados- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis de carácter especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, cabe tener en cuenta que -según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación- la mentada doctrina posee carácter excepcional y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues, para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, Fallos: 325:2192; 329:2206; 3761; 330:133; entre otros).
Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493). En ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía del caso excepcional de la arbitrariedad, sin que tales recaudos se encuentren -como se adelantó- satisfechos en la especie.
IV.3. Por otro lado, cabe apuntar que la mera denuncia de la supuesta vulneración de normas constitucionales (derechos de defensa en juicio y propiedad; arts. 14, 17, 18 y 31, Const. nac.; v. fs. 5519 vta./5520, 5521 y 5524), no abastece el medio de impugnación formulado, puesto que dicha referencia no constituye una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 120.647, "Automotores Colcam", resol. de 28-XII-2016; C. 120.738, "Caraceni", resol. de 31-V-2017; C. 121.760, "Banco del Acuerdo SA", resol. de 3-V-2018; C. 122.575, "Álvarez", resol. de 19-XII-2018; entre otros).
IV.4. Resta agregar, que tampoco se advierte la exposición de motivos de importancia que permitan habilitar la instancia requerida con base en la doctrina de la gravedad institucional, por cuanto la misma constituye un supuesto excepcional, que no se repara configurado en el caso (CSJN Fallos: 327:5826; 323:287 y sus citas; 317:1162; 326:2710 y 183; 330:5052; 331:2799, v. fs. 5520/5522).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por no presentado el escrito de fs. 5528/5529 vta., reputándose inoficiosa dicha actuación (arts. 1 y 11, 2do. párr., Ac. cit.) y 2) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia