Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 169008
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso de apelación articulado mediante la presentación electrónica del 10/10/2019.II.- Imponer las costas en el orden causado en atención a la ausencia de controversia (arts. 68 y 69 del C.P.C.). III.- Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967). IV.- Registrar el presente y una vez transcurrido el plazo previsto en el art. 267 in fine del C.P.C., devolver las actuaciones al Juzgado de origen.
RICARDO D. MONTERISI ROBERTO J. LOUSTAUNAU
Alexis A. Ferrairone
Secretario
CÁMARA DE APELACIÓN CIVIL Y COMERCIAL - SALA SEGUNDA.
REGISTRO N° . 562-R FOLIO N° . 1041/3
EXPEDIENTE N° 169008.JUZGADO N° 6.
"NAVEIRA LILIANA MARIA C/ CAMBIO GARCIA NAVARRO RAMAGLIO Y CIA S.A. Y OTROS S/ ACCION DE RESTITUCION".
Mar del Plata, 17de diciembre de 2019.
AUTOS Y VISTOS : Las presentes actuaciones caratuladas: "NAVEIRA LILIANA MARIA C/ CAMBIO GARCIA NAVARRO RAMAGLIO Y CIA S.A. Y OTROS S/ ACCION DE RESTITUCION" traídas a despacho a fin de resolver el recurso de apelación deducido por la parte actora mediante la presentación electrónica del 10/10/2019, contra la resolución de fs. 36/37.
I. En el auto cuestionado la jueza, haciendo lugar a una de las diligencias preliminares, ordenó librar oficio a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas a los fines de que informe quienes resultan ser los socios y directores de la firma Cambio García Navarro, Ramaglio y Cia. S.A..
En relación a los oficios dirigidos a la Fiscalía Federal Nº 1 y a la Escribanía Valencia, los rechazó en el entendimiento de que no se manifestaron razones de urgencia ni que resulte dificultosa su producción en la etapa procesal oportuna (arts. 323 y 326 del CPCC).
Respecto al requerimiento al Banco Central de la República Argentina, lo desestimó por inconducente e improcedente (art. 362 del CPCC) y lo mismo hizo en lo concerniente al reconocimiento judicial requerido, en el entendimiento que deberán acreditarse previamente los fines por los cuales se peticiona.
II. Los fundamentos del embate fueron expuestos en el escrito electrónico del 25/10/2019.
Se agravió de lo decidido por cuanto sostuvo que la causa penal radicada en el Juzgado Federal Nº1, cuyas copias certificadas se pretenden, se encuentra en trámite y, al no resultar parte en ella, la única forma de obtenerlas sería a través de dicha diligencia toda vez que, de lo contrario, resultaría improcedente su obtención.
En cuanto al oficio requerido a la escribanía Valencia destacó que resultaba esencial a los fines de individualizar el lugar donde se celebró la escritura que sustenta el origen de los fondos invocados en el escrito de demanda.
Finalmente, refirió que la medida pretendida ante el BCRA resulta vital a los fines de conocer la composición del directorio de sociedad contra la cual se pretende accionar.
III. El recurso no prospera.
1. Las diligencias preliminares comprenden las medidas preparatorias del juicio (art. 323 del CPC) y la instrucción preventiva o producción de pruebas anticipadas (art. 326 Cód. cit.). Unas y otras son previas a la promoción del proceso. Las primeras tienden, en general, a la obtención de informaciones que son indispensables para la ulterior constitución regular y válida de la litis, cuando su conocimiento no puede ser adquirido por otros medios; las segundas apuntan más bien al aseguramiento preventivo de pruebas que puede estimarse fundadamente que podrían resultar de producción imposible o infructuosa en la etapa correspondiente (MORELLO, Augusto M. y VALLEFÍN, Carlos A., El amparo. Régimen procesal, Librería Editora Platense, Buenos Aires, 1995, p. 162).
La admisión de estas medidas debe realizarse con un criterio amplio, aunque coherente con el respeto de sus fines y contención de abusos en tanto colectar los elementos necesarios para promover los actos constitutivos del proceso judicial es, por principio, tarea propia de los interesados a través de diligencias extrajudiciales (Colombo, Diligencias Preliminares en el Proceso Civil, pág 145, citado por Morello-Sosa-Berizonce, en “Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Prov. de Bs. As y de la Nación”, Abeledo-Perrot, 2015, pág. 367).
2. Ahora bien, el art. 57 de la ley 5177 reguladora del ejercicio de la profesión del abogado y procurador prescribe que “Es facultad de los abogados y procuradores, en ejercicio de su función, recabar directamente de las oficinas públicas, bancos oficiales o particulares y empresas privadas o mixtas, informes y antecedentes, como así también solicitar certificados sobre hechos concretos atinentes a las causas en que intervengan. Estos pedidos deberán ser evacuados por las oficinas y entidades aludidas dentro del término de quince días. En las solicitudes, el profesional hará constar su nombre, domicilio, carátula del juicio, juzgado y secretaría de actuación. Las contestaciones serán entregadas personalmente al profesional, o bien remitidas a su domicilio, según lo haya solicitado; no habiendo realizado ninguna solicitud en tal sentido, serán remitidas al Juzgado de la causa”
“Con la sola exhibición de la credencial profesional, el abogado o procurador podrá examinar y compulsar actuaciones judiciales y administrativas, provinciales y municipales y registros notariales. Cuando un funcionario o empleado de cualquier manera impidiera o trabare el ejercicio de este derecho, el Colegio Departamental pertinente, a instancia del afectado, pondrá el hecho en conocimiento del superior jerárquico de aquéllos, a los efectos que correspondan, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 y sin perjuicio de otras medidas a que hubiere lugar”.
En función de ello, nada obsta a que sea el letrado actuante quien procure la obtención de la información pretendida ante las entidades pertinentes de manera extrajudical, o en su caso, acredite de manera fehaciente su imposibilidad o bien la negativa de las respectivas dependencias con carácter previo a solicitar la intervención del órgano jurisdiccional, nada de lo cual se ha demostrado hasta el momento (arts. 323 del CPCC, arts. 56 y 57 ley 5177).
3. A su vez, tampoco advertimos motivos de urgencia que justifiquen su producción de manera anticipada.
Nada impide que la documentación obrante en la causa que se encuentra tramitando ante el Juzgado Federal Nº 1 pueda ser requerida una vez iniciados los presentes autos, pues en ningún momento se indicó que ello resulte necesario a los fines de la correcta traba de la litis (argto. art. 323 del CPCC), ni se trata de prueba que se torne de imposible producción en la etapa pertinente (argto. art. 326 “a contrario” del CPCC).
Es más, la propia recurrente acompaña en la demanda dos constancias presuntamente expedidas por la firma demandada en las que surgen el número de la cuenta de custodia y el saldo remanente, lo que denota la innecesariedad del oficio al órgano judicial aludido.
En cuanto a la escritura pública mencionada, la propia accionante alegó revestir el carácter de parte vendedora en dicha operación, por lo que resulta parte por demás legitimada para su requerimiento, a la vez que –evidentemente- conoce el lugar en el que ésta fue realizada, por lo que no se evidencia motivo alguno que justifique su producción en esta etapa (arto art. 260 y 323 del CPCC).
Finalmente, la solicitud de libramiento de un oficio al BCRA se sustentó en la necesidad de individualizar a los miembros del directorio de la sociedad demandada, sin embargo ello en principio será evacuado con la medida ordenada a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas en el primer apartado de la resolución apelada, lo que deja carente de sustento el agravio en tratamiento (argto. 260 y 323 del CPCC).
En función de lo expuesto, no habiéndose agotado las diligencias extrajudiciales necesarias para la obtención de los datos pretendidos, ni encontrándose acreditada la concurrencia de los recaudos exigidos por los arts. 323 y 326 del CPCC, corresponde rechazar el recurso articulado (art. 323, 326 CPCC, art. 57 de la ley 5177).
Por lo expuesto y lo normado por los arts. 34, 36, 161, 243, 246 y cctes. del C.P.C., RESOLVEMOS : I.- Rechazar el recurso de apelación articulado mediante la presentación electrónica del 10/10/2019.II.- Imponer las costas en el orden causado en atención a la ausencia de controversia (arts. 68 y 69 del C.P.C.). III.- Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967). IV.- Registrar el presente y una vez transcurrido el plazo previsto en el art. 267 in fine del C.P.C., devolver las actuaciones al Juzgado de origen.
RICARDO D. MONTERISI ROBERTO J. LOUSTAUNAU
Alexis A. Ferrairone
Secretario
Fin de la sentencia