Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132805
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído respecto del agravio tratado en el punto III.1, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado y declararlo procedente en relación al analizado en el punto III.2 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.). En consecuencia, corresponde revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara.
Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo° 5 del Departamento Judicial de General San Martin, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda promovida por Elizabeth del Valle Amaya y condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14, inc. 2 ap. "a", de la ley 24.557, más la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la ley 26.773 (v. sent. de fecha 28-VI-2024).
Interesa destacar -por ser materia de agravio- que, tras analizar el informe pericial médico incorporado al expediente, el a quo juzgó acreditado que, como consecuencia del accidente de trabajo que protagonizó el día 13 de marzo de 2018, la actora padece una incapacidad parcial y permanente del 34,20% de la total obrera (v. vered., pág. 2). Luego, estableció el valor de su ingreso base mensual aplicando el decreto 669/2019 (v. vered., pág. cit.).
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica del 12-VII-2024), que fue concedido el 29 de julio de 2024.
II.1. Se agravia porque el Tribunal de grado, al momento de calcular el valor del ingreso base mensual -IBM- de la accionante, omitió las previsiones de la Resolución 1.039/19 de la Superintendencia de Seguros de la Nación. En ese orden, denuncia la transgresión del principio de congruencia y formula el cálculo que estima pertinente, de acuerdo a las normas indicadas, postulando su aplicación.
II.2. Cuestiona el grado de incapacidad que se declaró acreditado en el veredicto. Aduce que el juzgador adoptó las conclusiones establecidas en la pericia médica sin completar el proceso de sustanciación de las impugnaciones formuladas por su parte.
Afirma que la entidad del siniestro no es suficiente para provocar las patologías detectadas en la trabajadora, ya que tienen origen en aspectos constitutivos de su organismo.
Añade que el fallo se ha apartado del Baremo del decreto 659/96.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Invirtiendo el orden de los agravios por razones metodológicas, he de analizar inicialmente las críticas que formula la recurrente a las conclusiones que se establecieron en el veredicto sobre el grado de incapacidad que padece la señora Amaya, las dolencias establecidas y la existencia de su nexo causal con el infortunio ocurrido el 13 de marzo de 2018.
III.1.a. El órgano judicial de grado, tras examinar el dictamen del perito médico, consideró probado que la actora, como consecuencia del accidente de trabajo que protagonizó, padece una incapacidad psicofísica, parcial, permanente y definitiva, del 34,20% "incluidos los factores de ponderación, calculada conforme al baremo de la ley 24.557" (v. vered. pág. 2). Ello, en virtud de una discopatía lumbar, que había sido intervenida mediante discectomía con liberación radicular, artrodesis y fijación de columna con material de osteosíntesis; y un cuadro de lumbociatalgia con dolor, parestesias e impotencia funcional del miembro inferior izquierdo, con alteraciones electromiograficas y manifestaciones clínicas, radiológicas y psíquicas (RVAN Grado II; v. vered. pág. cit.).
Por último, desestimó la impugnación que había formulado la demandada para conmover los fundamentos del dictamen referido (art 474 CPCC; v. vered. pág. cit.).
III.1.b. Es menester recordar que en la tarea de valorar la pericia médica y asignarle entidad de convicción, los Tribunales del Trabajo ejercen facultades privativas, por lo que la decisión que adopten al respecto es ajena al cometido de esta Suprema Corte, salvo acreditación del absurdo (causas L. 122.771, "Pécora", sent. 11-V-2021; L. 123.501, "Consorcio de Gestión Puerto La Plata", sent. de 21-X-2022; L.126.737, "Barrera", sent. de 22-VIII-2023). En la misma línea, ha sostenido este Superior Tribunal que determinar la existencia de relación causal entre el accidente de trabajo denunciado y la incapacidad que padece el trabajador, constituye una atribución privativa de los jueces de grado, ajena a la casación, excepto que se demuestre el señalado vicio lógico (causa L. 127849, "Tumini", sent. de 27-III-2023 L 128.907, "Álvarez", sent. del 3-VIII-2026).
En el caso, la genérica crítica que esgrime la recurrente no consigue demostrar la configuración del mentado yerro valorativo, ni tampoco la falta de aplicación del decreto 659/96.
Si bien denuncia la existencia de absurdo en un pasaje inicial de su escrito (v. rec. pág. 2), al desarrollar este agravio la interesada se limita a exponer su opinión acerca de la menor eficacia probatoria que -a su entender- correspondería asignarle al informe pericial médico agregado a la causa, esgrimiendo su mera disconformidad con el modo en que fue analizado por el tribunal de grado, y reiterando observaciones realizadas en la instancia anterior (referidas al supuesto origen inculpable de las patologías que padece la actora; v. escrito electrónico de fecha 2-V-2024), que fueron desestimadas por el órgano actuante en oportunidad de valorar la prueba.
Al respecto, cabe puntualizar que el a quo juzgó que los cuestionamientos formulados por la demandada no lograron conmover los fundamentos del dictamen profesional examinado (art. 474 CPCC; v. vered., pág. 2).
Frente a estas conclusiones esenciales, el reproche expuesto por la interesada se agota en la pretensión de disputarle a los jueces de grado el ejercicio de facultades privativas, a partir de un nuevo análisis de la experticia médica según su personal criterio valorativo, método que -reiteradamente se ha señalado- configura una técnica carente de idoneidad para demostrar el error grave, grosero y manifiesto que caracteriza al mentado vicio (causas L. 122.771, "Pécora", sent. de 11-V2021; L. 125.848, "Fernández", sent. de 22-XII-2022 y L. 126.076, "Benítez", sent. de 27VI-2023).
III.2. Luego, el agravio fundado en las normas de la Res 1039/19 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, dirigido a cuestionar el modo en que el tribunal aplicó al caso del decreto de necesidad y urgencia 669/19, halla adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en las causas L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025) y su progenie L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026) y L. 130.546, "Paszkiewich" (sent. de 23-VI-2026), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
El señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto lo resuelto por mis colegas que me preceden en la votación. Sólo he de aclarar que en relación a lo expuesto apartado III.2., suscribo la solución propuesta a tenor de lo prescripto en el tercer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.), y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído respecto del agravio tratado en el punto III.1, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado y declararlo procedente en relación al analizado en el punto III.2 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.). En consecuencia, corresponde revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara.
Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/08/2026 16:41:18 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/08/2026 11:45:48 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/08/2026 13:53:43 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/08/2026 17:47:32 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/08/2026 09:23:56 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/08/2026 11:16:27 hs. bajo el número RR-1729-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia