Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 136793
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial queda perdido para la recurrente (art. 294 Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de General San Martín, en el marco de la acción promovida por el señor Rogelio Luis Alberto Gallo contra Swiss Medical Aseguradora de Riegos del Trabajo S.A.U., en procura del pago de una indemnización por las secuelas incapacitantes derivadas del infortunio que invocó padecer, rechazó la excepción de cosa juzgada administrativa opuesta por la parte demandada (v. pronunciamiento de 10-VI-2025).
Para así resolver, sostuvo que es la propia normativa legal vigente (art. 2 inc. "j", de la ley 15.057) la que establece la posibilidad del trabajador de optar por peticionar la revisión de lo actuado en sede administrativa ante la justicia del fuero laboral de la jurisdicción provincial.
Señaló que la llamada cosa juzgada administrativa es un límite a la propia administración -en este caso, la Comisión Médica Jurisdiccional- que no puede revocar su propio dictamen, mas no implica la imposibilidad de una revisión judicial, siempre que no haya operado el plazo de prescripción previsto legalmente, circunstancia ésta que no se verifica en el supuesto de autos.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 24-VI-2025), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de fecha 16-VII-2025).
En lo sustancial, defiende la validez constitucional del procedimiento administrativo previo y obligatorio contemplado en el Título I de la ley 27.348 y del sistema recursivo contemplado en el art. 2 de dicho régimen legal y 2 inc. "j" de la ley 15.057.
Sostiene que la comisión médica jurisdiccional emitió dictamen en el que concluyó que la actora no presenta secuelas generadoras de incapacidad laboral como consecuencia del siniestro denunciado, habiendo luego dictando el Titular del Servicio de Homologación el respectivo acto de clausura.
Conforme ello, y lo normado por el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, afirma que la presente acción fue iniciada una vez transcurrido en exceso el plazo de noventa -90- días hábiles judiciales computados desde la notificación de la resolución emanada del órgano administrativo, encontrándose por ende la misma firme y consentida.
Por último, se agravia de la imposición de costas.
III. El recurso no prospera.
III.1. De manera liminar, cabe destacar que el valor del litigio -representado por la suma reclamada en la demanda con más el importe de las costas de cuya imposición también se agravia la recurrente- no excede el importe mínimo fijado por el art. 82 de la ley 15.057, aplicable a la fecha de interposición del recurso, según Resolución 1.840/2024.
En consecuencia, en la especie, la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la doctrina elaborada en torno al alcance de la excepción contenida en el citado art. 82 de la ley 15.057 (causas L. 132. 789, "Testone ", resol. de 20-IX-2024; L. 132.862, "Lallement", resol. de 15-IV-2025 y L. 133.485, "Garófalo", resol. de 16-X-2025; e. o.).
De suyo, entonces, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020: L. 134.349, "Maciel", resol. de 4-VI-2025 y L. 134.118, "Pedroche", resol. de 17-IX-2025; e. o.).
III.2. En este contexto, no se observa en la especie la concurrencia del mentado supuesto excepcional, desde que los agravios que nutren a la crítica aluden a cuestiones de índole fáctica y probatoria, cuya definición es privativa de los jueces de grado, como lo es la apreciación sobre la concurrencia del instituto de la cosa juzgada, asunto detraído de la revisión en el acotado carril por el que transita el recurso (causas L. 127.564, "Pereyra", resol. de 27-V-2022; L. 130.296, "Juárez" resol. de 20-IX-2023 y L. 130.722, "Moraglio" resol. de 8-IV-2024; e.o.), y la doctrina legal que la recurrente invoca como infringida ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos diferentes de los que se ventilan en la causa bajo examen (causas L. 129.442, "Pereyra", resol. de 19-XII-2022; L. 129.670, "Verón", resol. de 14-III-2023 y L. 130.501, "Aceituno", resol. de 7-IX-2023; e. o.).
III.3. Asimismo, y sin perjuicio de otras consideraciones que pudieran formularse, corresponde señalar que el reproche vinculado a la imposición de costas también deviene inadmisible, toda vez que no se ha denunciado a su respecto la transgresión de doctrina legal de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020; L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020; L. 125.492, "Sartor", resol. 29-III-2021, L. 130.055, "Mier Vique", resol. de 10-IV-2023 y L.133.118, "Montenegro", resol. de 12-V-2025).
III.4. Por lo demás, es dable señalar que no constituye doctrina legal la que deriva de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 128.413, "Núñez", resol. de 7-VI-2022; L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023 y L. 131.733, "Delapiaza", resol. de 29-VII-2024; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial queda perdido para la recurrente (art. 294 Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/08/2026 16:38:04 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/08/2026 11:44:37 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/08/2026 10:58:05 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 26/08/2026 17:41:39 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/08/2026 09:22:23 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/08/2026 11:14:22 hs. bajo el número RR-1699-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia