Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127308
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, rechazó el recurso de apelación interpuesto por Norma Alejandra Vera contra el dictamen de la Comisión Médica n° 38 de dicha ciudad (v. pronunciamiento de fecha 19-III-2021).
Para así decidir, y valorando que por medio de la resolución dictada por el órgano administrativo -no cuestionada por las partes-, se había tenido por interpuesta una acción laboral de revisión en el plazo establecido por el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, juzgó que su actuación se encontraba limitada a expedirse, exclusivamente, sobre los puntos sometidos a consideración en el marco del remedio introducido, que consistía en confirmar o revocar lo dictaminado el día 26 de septiembre de 2019 por el Servicio de Homologación de la Comisión Médica n° 38, en el marco del expediente de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 187.100/19, que había resuelto que la trabajadora no tenía incapacidad en relación con la contingencia sufrida el 7 de abril de 2019.
En ese contexto, y teniendo en consideración que se tuvo a la parte actora por desistida de la producción de la prueba pericial médica (v. proveído del 11-II-2021), concluyó que aquella no logró corroborar en autos que las secuelas incapacitantes que padece fueran consecuencia del accidente denunciado.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 31-III-2021), el que fue concedido por el tribunal de grado (v. resolución del 7-IV-2021).
En su presentación relata los antecedentes de la causa, y denuncia las normas y principios constitucionales que entiende violados, así como la doctrina legal y los fallos de la Corte nacional que cita.
Se agravia, en primer lugar, de que el juzgador de origen no hubiera tenido en cuenta la situación de emergencia sanitaria y las afecciones de la actora, que implicaban la imposibilidad de concurrir a instituciones de salud para realizarse los estudios médicos ordenados por el perito.
Seguidamente, objeta el plazo de prórroga otorgado en su oportunidad por el a quo , en tanto entiende fue insuficiente, y que, no obstante, con posterioridad acompañó los estudios requeridos realizados y sus respectivos informes.
Por otro lado, controvierte la decisión que confirma la resolución de la Comisión Médica, alegando que vulnera las garantías del debido proceso y defensa en juicio, impidiéndole a la trabajadora tener un control amplio y suficiente, por cuanto de esta manera queda condicionado por las posiciones fijadas en la instancia administrativa.
Asimismo, denuncia vulnerado el principio de congruencia, y plantea la invalidez de la ley 14.997 -en cuanto adhiere al Título I de la ley 27.348-, la que aduce resulta violatoria de la autonomía provincial, por cuanto el poder de policía es irrenunciable e indelegable.
En ese sentido, señala que el tribunal de origen desconoce el marco jurisprudencial por el que reiteradamente se ha declarado la inconstitucionalidad de las comisiones médicas.
Finalmente, refuta la imposición de costas a su parte.
III. El recurso resulta manifiestamente insuficiente (art. 279, CPCC).
III.1. En primer lugar, respecto de los agravios que giran en torno al marco normativo en el que se desarrolló el proceso -y en consecuencia, el planteo constitucional respecto de la ley 14.997 y de las comisiones médicas-, como lo referido al plazo para la realización de los estudios médicos, cabe señalar que dichos puntos fueron zanjados por el juzgador de origen en decisiones previa al dictado de la sentencia (v. proveídos de fecha 10-IX-2020 y 11-II-2021) y, por tanto, se trata de cuestiones preclusas y ajenas -como tal- a la instancia extraordinaria, desde que el recurso de inaplicabilidad de ley tiene por objeto el pronunciamiento definitivo y no el reexamen de la estructura del procedimiento antecedente (causas L. 121.835, "Espíndola", resol. de 13-II-2019; L. 123.182, "Santin", resol. de 11-III-2020; L. 124.782, "Fleitas", resol. de 25-IX-2020 y L. 125.061, "Velardez", resol. de 2-III-2021).
En efecto el a quo resolvió, en el proveído del traslado de la demanda (v. providencia del 10-IX-2019), recaratular la causa como "Acción de revisión de resolución de comisión médica jurisdiccional. Ley 15.057", decisión que no fue controvertida por ninguna de las partes.
Luego, en cuanto al plazo para la realización de los estudios y la producción de la pericia médica, cabe resaltar que la resolución por la que se tiene a la actora por desistida de dicha prueba fue dictada con anterioridad a la sentencia definitiva (v. proveído de fecha 11-II-2021).
III.2. Sentado ello, tampoco puede prosperar el reclamo dirigido a cuestionar el pronunciamiento de origen, que confirmó el Acto Administrativo de Clausura emitido por el Servicio de Homologación de la Comisión Médica n° 38, en el marco del expediente SRT 187.100/19, en tanto omite rebatir los argumentos brindados por el a quo al respecto.
En este sentido, tiene dicho esta Corte que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el impugnar concreta, directa y eficientemente todas las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión, por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que la misma se asienta (causas L. 120.881, "Berger", resol. de 27-XII-2017; L. 123.154, "Argüello", resol. de 11-XII-2019; L. 124.684, "Beltrán", resol. de 25-IX-2020 y L. 120.792, "Guarepi", resol. de 7-III-2022).
Cabe agregar que carece de entidad la sola mención de la afectación de las garantías constitucionales presuntamente infringidas, cuya configuración está supeditada a la previa verificación de infracción de textos legales (causas L. 122.268, "Carzoglio", resol. de 27-II-2019; L. 121.938, "Martín", resol. de 21-VIII-2019 y L. 127.534, "Benitez", resol. de 13-XII-2021), supuesto no comprobado en la especie.
III.3. Finalmente, la crítica en materia de costas resulta igualmente improcedente.
En reiteradas oportunidades ha sostenido esta Corte que su distribución e imposición, así como su eximición (total o parcial), constituyen atribuciones privativas del tribunal de trabajo, y -por tanto- no son revisables en casación, salvo absurdo. Éste se configura si se invoca y demuestra una irrazonable o evidente iniquidad en las pautas utilizadas o la alteración de la calidad de vencido (causas L. 111.997, "Uribe", sent. de 9-IV-2014; L. 118.555, "Ambrosio", resol. de 18-III-2015; L. 126.955, "Risso", resol. de 30-VIII-2021 y L. 126.528, "Aieta", resol. de 7-III-2022), extremos que no se verifican en el caso, porque el interesado se limita a exhibir su mera disconformidad respecto del criterio de aplicación seguido por los jueces de origen.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/06/2022 16:27:55 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2022 09:09:38 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2022 09:59:41 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/06/2022 00:45:49 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/06/2022 08:48:49 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 07/06/2022 15:05:20 hs. bajo el número RR-753-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia