Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129229
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo (art. 292, CPCC; Acuerdo 4068/2022 y Resol. 24/20).
2Intimar a la recurrente para que, en el plazo de cinco días -a contar desde la notificación de la apertura de la cuenta judicial- acredite ante esta sede haber depositado a la orden del tribunal que dictó el fallo impugnado la suma de pesos cuatrocientos cincuenta y tres mil setecientos ($453.700), por constituir este último el importe mínimo (100 jus ) fijado por la referida norma del Código Procesal Civil y Comercial provincial para la admisibilidad de la vía intentada al tiempo de la interposición del recurso, bajo apercibimiento de declarar desierto el medio revisor aquí concedido (art. 280 párrafo cuarto, cit.). En tal sentido, se oficiará a dicho Tribunal laboral remitiendo copia de la presente y requiriéndole que arbitre los medios para la apertura de la cuenta judicial, la notificación a la impugnante de la misma, e informe -por medio electrónico- a esta Corte la fecha en la que el banco efectúe la señalada apertura y su notificación a la interesada. A dichos fines, se hace saber al tribunal que, a tenor de lo dispuesto en el Acuerdo 2.579/93, no es necesario contar con el expediente para realizar dicho trámite, bastando con la carátula del mismo -dato que surge de la MEV-.
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Morón, en el marco de la acción incoada por Eva Villarroel contra Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo, rechazó la excepción de cosa juzgada y el planteo de caducidad de instancia interpuestos por la demandada (v. pronunciamiento de 10-V-2022).
Para así decidir, en lo que resulta de interés por ser materia de agravio, declaró la inconstitucionalidad del art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 en cuanto establece un plazo de noventa (90) días hábiles judiciales de caducidad.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 26-V-2022), cuya denegatoria (v. resolución de 16-VI-2022), dio lugar a la articulación de la presente queja (art. 292, Código Procesal Civil y Comercial; v. escrito electrónico de 27-VI-2022).
III. La queja prospera.
III.1. De manera preliminar, corresponde observar que el tribunal de grado, al denegar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley intentado mediante escrito electrónico de fecha 26 de mayo de 2022, rebasó sus potestades. En tal sentido, esta Suprema Corte se ha pronunciado en supuestos como el presente en que el tribunal laboral, al expedirse en torno a los requisitos de admisibilidad de los remedios extraordinarios, emite un juicio vinculado a la procedencia de la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley incoada, excediendo sus atribuciones por resultar, aquel análisis, materia privativa de esta Suprema Corte (Ac. 79.111, "Roche", resol. de 8-XI-2000; L. 111.781, "Avalos", resol. de 25-VIII-2010; L. 113.122, "Barrios", resol. de 16-II-2011; L. 122.805, "Ladre", resol. de 13-XI-2019; L. 122.731, "Díaz", resol. de 19-II-2020 y L. 126.443, "Barros", resol. de 4-V-2021). En este orden, cabe concluir, debió limitarse a juzgar si estaban o no reunidos los requisitos de admisibilidad (arts. 55, 56 y 63, ley 11.653 y 281, CPCC).
III.2. Luego, ingresando en el estudio de las señaladas exigencias formales, corresponde recordar que esta Suprema Corte tiene dicho que los remedios extraordinarios son admisibles únicamente respecto de las sentencias definitivas, es decir, aquellas que, recayendo sobre el asunto principal del litigio o sobre un artículo, producen el efecto de finalizar la litis, haciendo imposible su continuación (art. 278, CPCC; causas L. 116.761, "Ibarra", resol. de 4-VII-2012; L. 116.905, "Juárez", resol. de 17-X-2012; L. 119.452, "Tristán", resol. de 29-XII-2015 y L. 122.874, "Faina", resol. de 8-VII-2020).
No obstante, también ha sostenido que a aquella categorización se agregan las decisiones que causen un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior, las que se entienden como equiparables a definitivas (causas Ac. 100.383, "Apolo Fish S.A.", resol. de 11-III-2009; L. 111.127, "Cooperativa Agrícola Ganadera de Tandil y Vela Ltda.", resol. de 30-VI-2010; L. 114.180, "Geza", resol. de 18-IV-2011 y L. 121.952, "Mourglia", resol. de 2-V-2019).
III.3. En ese marco conceptual, se observa que, en el sub lite , la decisión que decretó la inconstitucionalidad del art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 -en lo pertinente-, resulta equiparable a definitiva, desde que resuelve sobre cuestiones sobre las que no cabe la posibilidad de un replanteo posterior (causas L. 122.703, "Dos Santos", resol. de 7-VIII-2019; L. 122.573, "Romero", resol. de 14-VIII-2019 y L. 122.874, cit.).
III.3.a. Sentado ello, se impone ingresar en el análisis de los restantes recaudos de admisibilidad del canal revisor intentado mediante presentación electrónica de fecha 26 de mayo de 2022, a fin de establecer si se encuentran o no reunidos en el sub examine . En tal sentido, cabe especificar que esta Suprema Corte ya se ha expedido observando que, en casos como el presente, en que no ha habido sentencia condenatoria, es necesario haber dado cumplimiento al requisito establecido por el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, aplicable supletoriamente a los procesos laborales (art.63, ley 11.653; causas Ac. 103.311, "Iteva S.A.", resol. de 4-III-2009; L. 121.007, "Ruiz", resol. de 25-X-2017; L. 121.557, "Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate", resol. de 21-VI-2018; L. 121.923, "Pezet", resol. de 26-IX-2018 y L. 124.991, "Benitez", resol. de 9-XII-2020).
III.3.b. En ese contexto, y a fin de dar cumplimiento a los arts. 278 y 280 del Código Procesal Civil y Comercial, es de observar que el valor del agravio es de carácter indeterminado, motivo por el cual corresponde satisfacer el depósito mínimo previsto en la mencionada norma.
Así, de acuerdo al valor de dicha unidad, vigente al momento de interposición de la vía recursiva, el depósito mínimo a satisfacer en el sub lite es de $453.700, por lo cual se impone intimar a su cumplimiento (art. 280, cuarto párrafo, cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo (art. 292, CPCC; Acuerdo 4068/2022 y Resol. 24/20).
2. Intimar a la recurrente para que, en el plazo de cinco días -a contar desde la notificación de la apertura de la cuenta judicial- acredite ante esta sede haber depositado a la orden del tribunal que dictó el fallo impugnado la suma de pesos cuatrocientos cincuenta y tres mil setecientos ($453.700), por constituir este último el importe mínimo (100 jus ) fijado por la referida norma del Código Procesal Civil y Comercial provincial para la admisibilidad de la vía intentada al tiempo de la interposición del recurso, bajo apercibimiento de declarar desierto el medio revisor aquí concedido (art. 280 párrafo cuarto, cit.). En tal sentido, se oficiará a dicho Tribunal laboral remitiendo copia de la presente y requiriéndole que arbitre los medios para la apertura de la cuenta judicial, la notificación a la impugnante de la misma, e informe -por medio electrónico- a esta Corte la fecha en la que el banco efectúe la señalada apertura y su notificación a la interesada. A dichos fines, se hace saber al tribunal que, a tenor de lo dispuesto en el Acuerdo 2.579/93, no es necesario contar con el expediente para realizar dicho trámite, bastando con la carátula del mismo -dato que surge de la MEV-.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y ofíciese al Tribunal de origen a los fines dispuestos en el punto III.3.b. de la presente.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/09/2022 19:50:54 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/09/2022 17:57:53 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/09/2022 11:21:07 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/09/2022 09:20:27 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/09/2022 11:08:50 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 19/09/2022 17:45:57 hs. bajo el número RR-1198-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia