Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129039
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda promovida por Cristian José Zacarías y condenó a Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que indicó en concepto de prestación dineraria por incapacidad parcial definitiva por accidente de trabajo, con más los intereses fijados en la forma que estableció (v. pronunciamiento de fecha 6-IV-2022).
Para así decidir, tuvo por acreditado que el accionante padece una minusvalía del 41 % del índice de la total obrera que se relaciona con el infortunio denunciado en autos.
II. Contra la decisión de grado, el legitimado pasivo deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 26-IV-2022), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de 5-V-2022).
En primer lugar, rebate el modo en que ha sido valorada la pericia médica, pues entiende que el profesional actuante, al establecer la incapacidad que porta el actor, se apartó de las pautas establecidas en el baremo del decreto 659/96.
Luego, alega que el juzgador incurrió en un error evidente al consignar la edad del actor al tiempo en que ocurrió el accidente.
Por último, cuestiona la aplicación de intereses desde la fecha del siniestro.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. De modo liminar, se impone señalar que resulta insuficiente el embate dirigido a controvertir el porcentaje de incapacidad fijado en el pronunciamiento de origen.
Al respecto, esta Corte ha señalado que determinar el grado de minusvalía que afecta al trabajador, y en general el análisis de las cuestiones de hecho y la apreciación del material probatorio, constituyen atribuciones privativas de los jueces de grado y exentas de censura en casación, salvo absurdo (causas L. 117.984, "Vilche", resol. de 27-VIII-2014; L. 118.788, "Jaime", resol. de 2-IX-2015; L. 119.785, "Ortigoza", resol. de 29-VI-2016; L. 121.187, "Ponce", resol. de 30-V-2018; L. 122.597, "Vargas", resol. de 19-VI-2019 y L. 125.035, "Gutierrez", resol. de 9-XII-2020).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco" resol. de 24-VIII-2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020).
III.1.b. En el caso, el recurrente omite satisfacer dicho recaudo, toda vez que, en su escrito recursivo, no invoca la configuración del mentado vicio, por lo que la réplica resulta insuficientemente fundada.
En efecto, sabido es que esta Corte reiteradamente ha señalado que resulta técnicamente defectuoso el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que impugna la interpretación efectuada por el tribunal de la instancia ordinaria en función que le compete privativamente, omitiendo la invocación del mencionado yerro sentencial (art. 279, CPCC y su doctrina; causas L. 124.434, "Papa", resol. de 23-X-2020; L. 125.047, "Hastoy", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.157, "Dietrich", resol. de 22-II-2021).
III.1.c. Sin perjuicio de la marcada insuficiencia técnica que presenta la impugnación en tratamiento, cabe señalar que ella transita sobre meras apreciaciones personales del recurrente, inidóneas para conmover lo resuelto en la instancia de origen, en tanto sólo exhibe su disconformidad con la solución alcanzada por el juzgador de grado, en cuanto concluyó, en virtud de la prueba pericial médica obrante en autos, que el actor, como consecuencia del accidente padecido, presenta una incapacidad del 41 % del índice de la total obrera.
En este sentido, reiteradamente ha declarado este Tribunal que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que agota su pretensión en el mero intento de sustituir el criterio de los juzgadores de origen por el propio, porque el vicio de absurdo sólo se configura ante el error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco" resol. de 24-VIII-2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020), ya que no cualquier equívoco, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones alcanzan para configurarlo (causas L. 121.001, "Ledesma", resol. de 7-III-2018; L. 123.652, "Zalazar", resol. de 6-VII-2020 y L. 125.471, "Chiminelli", resol. de 6-XI-2020).
Finalmente, cabe reiterar que la valoración de la prueba pericial constituye el ejercicio de una atribución que es propia de los tribunales de trabajo y por lo tanto no resulta susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo (causas L. 123.939, "Goitizolo", resol. de 29-VII-2020 y L. 124.195, "Gómez", resol. de 2-X-2020), vicio no invocado en la especie.
III.2. Idéntico resultado adverso ha de correr el segundo de los agravios traídos, vinculado con el error en que incurrió el juzgador al fijar la edad del actor al momento del accidente.
Ello así, pues tratándose de típicas cuestiones de índole fáctica, su revisión queda subordinada a la cabal demostración del vicio de absurdo, que -al igual que en el agravio anterior- el interesado omite denunciar, argumentando de manera paralela y exponiendo su propio enfoque sobre el tópico (causas L. 123.851, "Irazoqui", resol. de 27-V-2020 y L. 124.769, "Gravante ", resol. de 2-III-2021).
III.3. No mejor suerte ha de seguir el cuestionamiento formulado en torno a la fecha que debe tenerse en cuenta para fijar el inicio del cómputo de los intereses.
En efecto, cabe advertir que lo decidido por el a quo coincide con el criterio de este Tribunal conforme el cual, es la fecha de exigibilidad del crédito la que determina el punto de partida para el cómputo de los intereses (causas causas L. 123.156, "Puzzolo" y L. 123.180, "Beron", resols. de 4-III-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/10/2022 20:10:45 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/10/2022 15:56:28 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/10/2022 11:01:32 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2022 10:10:09 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2022 12:34:00 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 21/10/2022 13:57:45 hs. bajo el número RR-1331-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia