Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127456
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, en el marco de la acción iniciada por el señor Horacio Alejandro Arias contra Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo, en procura del pago de una indemnización por accidente laboral, declaró la inconstitucionalidad del art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 y, en consecuencia, rechazó la excepción de cosa juzgada y el planteo de caducidad opuesto por la parte demandada (v. pronunciamiento de fecha 20-IV-2021).
Para así decidir, señaló que el tránsito por la vía administrativa ante las comisiones médicas no puede constituir en modo alguno la aniquilación de derechos. En ese orden, indicó que la citada norma provincial introduce un plazo de caducidad no contenido en la ley de fondo, lo que además de vulnerar el principio de supremacía de las leyes nacionales sobre las provinciales y la distribución de competencias constitucionales, no es compatible con la regla establecida en el art. 259 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Agregó que no puede sostenerse válidamente que pueda llegar a existir cosa juzgada administrativa cuando no se ha configurado una justa composición de intereses, ya que la falta de consentimiento del trabajador ante lo resuelto en sede administrativa de ningún modo puede traducirse en la renuncia de sus derechos a reclamar la indemnización correspondiente, por lo que -concluyó- el sistema adoptado veda el derecho a la tutela judicial efectiva.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 4-V-2021), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de fecha 18-V-2021).
En primer término, relata los antecedentes fácticos ventilados en autos e insiste en manifestar que el actor inobservó el plazo legal de 90 días hábiles judiciales establecido en el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, ya que la disposición de clausura de las actuaciones administrativas data del día 19 de marzo de 2020 y la demanda fue interpuesta en fecha 6 de noviembre de 2020.
Luego, y en lo esencial de la crítica, esgrime consideraciones tendientes a defender la validez constitucional de la ley 14.997 y de los arts. 1 y 14 de la ley 27.348, cuya inconstitucionalidad -según afirmó- ha sido declarada por el a quo en el pronunciamiento.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Liminarmente, corresponde observar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por la suma reclamada en la demanda- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), sin que corresponde actualizar dicho importe ni adicionar intereses (causas L. 113.716, "Suárez", resol. de 27-IV-2011; L. 114.932, "Alfonso", resol. de 26-X-2011; L. 120.653, "Ortiz", resol. de 27-IX-2017; C. 123.192, "Álvarez", resol. de 19-II-2020; C.122.699, "Vallejos" y C. 122.757, "Cardano", resols. de 26-II-2020; C. 124.015, "Brieva", resol. de 23-X-2020; C. 123.360, "Bacure", resol. de 18-II-2021 y L. 128.795, "Alborno", resol. de 7-VI-2022).
Luego, y a propósito de los argumentos desplegados por el interesado -apartados del razonamiento que condujo a decidir la contienda por conducto de la declaración de inconstitucionalidad del art. 2 inc. "j" de la ley 15.057-, es dable poner de resalto que el planteo contenido en el recurso no permite considerar involucrada -de manera directa e inmediata- una cuestión de naturaleza federal que autorice su conocimiento sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la CSJN in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 121.801, "Castro", resol. 17-X-2018; L. 124.036, "Landes", resol. de 17-VI-2020; L. 125.642, "Eseiza" y L. 125.663, "Siebenhaar", resols. de 4-III-2021 y L. 127.905, "Aguin", resol. de 1-IV-2022).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol de 21-XII-2020; e. o.).
III.2. Bajo las señaladas premisas, la exclusión de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que en la pieza recursiva se omite citar como vulnerada doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de los agravios propuestos en la presente vía de impugnación (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020 y L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020).
Por lo demás, cabe señalar que no constituye doctrina legal -en los términos y con los alcances señalados por esta Suprema Corte- la que deriva de la opinión de los autores ni de los pronunciamientos de otros tribunales de justicia (causas L. 121.094, "Quinteros", resol. de 13-IX-2017; L. 121.630, "Quintana", resol. de 5-XII-2018; L. 123.659, "Ovejero", resol. de 25-IX-2019 y L. 125.485, "Morales", resol. de 4-II-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/03/2023 11:19:46 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/03/2023 12:28:17 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/03/2023 10:14:55 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/03/2023 14:15:54 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/03/2023 18:12:00 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 22/03/2023 10:52:49 hs. bajo el número RR-264-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia