Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130664
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la acción iniciada por el señor Fernando Ariel Rossi y revocó el dictamen de la Comisión Médica N° 38, en el marco del Expediente SRT N° 255480/21, estableciendo que el actor presenta una incapacidad parcial y permanente del 27,94% del índice de la total obrera relacionada causalmente con el siniestro ocurrido el 1 de junio de 2020 mientras prestaba tareas para el empleador Mondelez Argentina S.A. afiliado a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.
En este sentido dispuso condenar a la citada aseguradora a pagar la suma que especificó en concepto de las prestaciones dinerarias previstas en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y con más el incremento adicional del art. 3 de la ley 26.773 (v. pronunciamiento de fecha 4-IV-2023).
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 17-IV-2023), el que fue concedido por el a quo (v. resolución electrónica del 19-IV-2023).
En su presentación, la interesada relata los antecedentes de la causa, cita las normas y garantías constitucionales que considera vulneradas. Alega gravedad institucional.
En esencia, con denuncia de absurdo, arbitrariedad y violación al principio de congruencia, sostiene que el órgano judicial de grado se apartó de lo dispuesto en la resolución 1.039/19 de la Superintendencia de Seguros de la Nación para calcular indebidamente la indemnización tarifada de la ley 24.557.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en examen -representado por el monto obtenido como resultado de la diferencia entre el importe proveniente del cálculo de las prestaciones que ordenó el a quo y el pretendido por el recurrente- no excede el mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). Por tal razón, su admisibilidad sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 (causas L. 120.946, "Haal", sent. de 14-VIII-2019; L. 120.599, "Pelle", sent. de 14-VIII-2019; L. 122.752, "Bravo", sent. de 4-VIII-2020; e. o.).
Asimismo, debe indicarse que el impugnante no expuesto razones suficientes que ilustren -en el caso- la presencia de un agravio federal que autorice el conocimiento del recurso sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 118.518, "Berg", resol. de 1-VII-2015; L. 125.836, "Espinoza", resol. de 6-XI-2020 y L. 129.861, "Báez", resol. de 6-II-2023).
III.2. En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 119.809, "Martínez", sent. de 22-II-2017; L. 121.143, "Hurtado", sent. de 14-VIII-2019; L. 121.387, "Monti", sent. 19-IX-2019 y L. 130.284, "Silvero", resol. de 21-VI-2023).
III.3. Sentado ello, se impone destacar que único precedente que denuncia el recurrente en apoyo de su fundamentación (v. rec. de fecha 17-IV-2023, págs. 3 y 4) no resulta idóneo a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 pues, sabido es, se encuentra excluido del concepto de doctrina legal, en los términos y con los alcances en que ésta ha sido definida por este Superior Tribunal, la mención de la opinión personal de sus ministros (causas L. 121.472, "Aguilar", resol. 8-VIII-2018; L. 124.714, "Tolosa", resol. de 24-VIII-2020; L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021 y L. 129.469, "Cruz", resol. de 17-IV-2023).
III.4. Finalmente, es dable recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 128.158, "Robaldo", resol. de 5-V-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/10/2023 13:30:32 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/10/2023 12:24:23 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/10/2023 10:06:05 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/10/2023 00:11:17 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/10/2023 08:56:06 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 24/10/2023 11:05:54 hs. bajo el número RR-1349-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia