Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130537
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación a los agravios tratados en los puntos III.2 en atención a que no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5827, y modif.). En cambio, declararlo procedente respecto del planteo desarrollado en el punto III.3., revocando, con el alcance establecido en el punto IV, el pronunciamiento de grado, atento a que el agravio introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812). En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin que obre de conformidad a lo aquí resuelto.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda incoada por José Nasareno Cordero y, en consecuencia, condenó a Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonar la suma que especificó en concepto de indemnización por incapacidad permanente parcial prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la Ley 24.557, con más el incremento previsto en el art. 3 de la ley 26.773 (v. pronunciamiento de fecha 23-II-2023).
Para así decidir, juzgó probado que el actor, como consecuencia del accidente de trabajo padecido (13-VII-2020), se encuentra incapacitado en un 17,00 % del índice de la total obrera.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 10-III-2023), siendo concedido por el a quo (v. resolución 21-III-2023).
En lo esencial, en primer lugar, dirige su embate a censurar el porcentaje de incapacidad que el juzgador le reconoció al trabajador. En este sentido, asegura que el a quo no ponderó las impugnaciones efectuadas oportunamente a la pericia médica y, en este sentido, solicita que se reduzca el porcentaje de minusvalía y se desestime la dolencia psicológica.
Por otro lado, cuestiona el ingreso base que el juzgador de grado tomó para el cálculo de las prestaciones previstas en la ley 24.557.
Seguidamente, objeta la fecha de inicio del cómputo de los intereses.
Finalmente, se agravia de las costas fijadas por el tribunal de grado, denunciando que la liquidación practicada vulnera la doctrina legal que denuncia.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. En primer lugar, cabe destacar que la impugnante, al mencionar los requisitos de admisibilidad del remedio extraordinario intentado, no estableció cómo estaría representado su valor, ni cuantificó su monto, incumpliendo de ese modo con la carga procesal de acreditar que el valor del litigio supera el umbral establecido en la ley ritual para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falencia que no puede ser salvada por esta Corte (art. 278, CPCC; causas L. 118.481, "Campana", sent. de 29-VIII-2018; L. 126.636, "Di Rini", resol. de 26-V-2021 y L. 125.840,"Di Franco", resol. de 22-IX-2021).
Siendo ello así, la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653.
De suyo entonces, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.435, "Estévez", resol de 21-XII-2020; L. 128.987, "Ojeda", resol. de 18-VIII-2022 y L. 129.838, "Saavedra", resol. 17-IV-2023).
III.2. En ese contexto, respecto de los tres primeros agravios planteados, la exclusión de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que en la pieza recursiva se omite citar como vulnerada doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020 y L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020).
Para más, corresponde recordar que no constituye doctrina legal, en los términos señalados, la que deriva de la opinión de los autores o de los fallos de otros tribunales de justicia, ni los de la Corte nacional (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018, L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 y L. 125.062, "Serravalle", resol de 21-XII-2020).
III.3. Finalmente, con relación a las costas, la impugnación resulta atendible, toda vez que la definición plasmada por el órgano judicial resulta contraria a la doctrina legal cuya transgresión se invoca en la postulación recursiva.
En efecto, en reiterados precedentes esta Suprema Corte ha declarado que la limitación introducida por la ley 24.432 respecto del alcance de la responsabilidad por el pago de las costas establecida en el art.505 del Código Civil (según modif. de ley 24.432), receptada en idénticos términos en el art.730 del Código Civil y Comercial de la Nación, es constitucional y aplicable en el ámbito provincial (art.31 bis, ley 5.827, y modif.; causas L. 77.914, "Zuccoli", sent. de 2-X-2002; L. 89.979, "Saucedo", sent. de 16-IV-2008; L. 93.064, "Vas da Silva", sent. de 2-III-2011; L. 98.065, "Cejas", sent. de 3-V-2012 y L. 124.724, "Ibarra", sent. de 8-II-2021; e.o.).
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, casar lo resuelto por el órgano de origen en los términos expuestos y, en consecuencia, devolver las actuaciones para que proceda a adecuar el pronunciamiento a efectos que la responsabilidad por el pago de las costas no supere la limitación porcentual prevista en la normativa de aplicación.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación a los agravios tratados en los puntos III.2 en atención a que no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5827, y modif.). En cambio, declararlo procedente respecto del planteo desarrollado en el punto III.3., revocando, con el alcance establecido en el punto IV, el pronunciamiento de grado, atento a que el agravio introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812). En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin que obre de conformidad a lo aquí resuelto.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/12/2023 21:40:08 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/12/2023 09:13:56 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/12/2023 09:24:58 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/12/2023 13:52:21 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/12/2023 13:59:27 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 06/12/2023 14:24:55 hs. bajo el número RR-1612-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia