Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131677
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial queda perdido para la recurrente (art. 294 Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/2002 (texto resol. 3.135/13).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, en el marco de la acción promovida por el señor René Andrés Burgos contra Federación Patronal Seguros S. A., en procura del pago de una indemnización por las secuelas incapacitantes derivadas del infortunio que denunció padecer, rechazó la excepción de cosa juzgada opuesta por la parte demandada (v. pronunciamiento de 22-II-2023).
Para así resolver, sostuvo que el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 otorga la posibilidad al trabajador de optar por peticionar la revisión de lo actuado en la instancia administrativa ante la justicia del fuero laboral de la jurisdicción provincial.
Juzgó que la llamada cosa juzgada administrativa es un límite a la propia administración que no puede revocar su propio dictamen, pero no implica la imposibilidad de una revisión judicial, siempre que no haya operado el plazo de prescripción previsto legalmente, circunstancia -dijo- no verificada en el supuesto de autos.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 8-III-2023), el que fue concedido por el a quo (v. proveído electrónico de fecha 22-III-2023).
En su presentación señala que en el dictamen emitido por la Comisión Médica Jurisdiccional el día 5 de diciembre de 2019 se concluyó que el actor no presenta incapacidad laboral alguna, habiendo luego dictando el Servicio de Homologación (en fecha el 15 de enero de 2020) el respectivo acto de clausura.
Conforme ello, y lo normado por el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, afirma que la presente acción fue iniciada una vez transcurrido en exceso el plazo de 90 días hábiles judiciales computados desde la notificación de la resolución emanada del órgano administrativo, encontrándose por ende la misma firme y consentida.
III. El recurso no prospera.
III.1. Inicialmente, cabe advertir que en el caso el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por el monto reclamado en la demanda, que asciende a la suma de $1.288.691,00- no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). Por tal razón, su admisibilidad sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 127.604, "Díaz", resol. 20-XII-2021; L. 129.902, "Leihner", resol. de 10-IV-2023 y L. 130.306, "Mangiapane", resol. de 21-VI-2023; e.o.).
En consecuencia, la función revisora de esta Sede queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 128.119, "Barragán", resol. de 4-VII-2022; L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023 y L. 130.155, "Alcaraz", resol. de 11-VII-2023; e.o.).
III.2. En este marco, no se observa la concurrencia del mentado supuesto excepcional, en tanto la crítica que formula la recurrente remite al análisis de cuestiones de índole fáctica y probatoria, cuya definición constituye una facultad privativa de los jueces de grado, como lo es determinar si, en el caso, concurren las condiciones necesarias para declarar configurada la cosa juzgada administrativa invocada (causas L. 124.453, "Pino", resol. de 16-VI-2020; L. 127.524, "Testa", resol. de 6-XII-2021 y L 127.514, "Cardozo", resol. de 7-IV-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial queda perdido para la recurrente (art. 294 Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/2002 (texto resol. 3.135/13).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/04/2024 19:37:42 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/04/2024 09:17:15 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/04/2024 14:41:16 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/04/2024 19:20:19 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/04/2024 08:28:38 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/04/2024 10:21:01 hs. bajo el número RR-300-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia