Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131055
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial queda perdido para el recurrente (art. 294 Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
I. En lo que interesa, el Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, en el marco de la acción promovida por el señor Milton Matildo Rodríguez contra La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en procura del pago de una indemnización por las secuelas incapacitantes derivadas del accidente de trabajo que denunció padecer, rechazó la excepción de cosa juzgada opuesta por la parte demandada (v. pronunciamiento de 21-II-2022).
Para así decidir, tuvo por acreditado el cumplimiento por parte del actor de la instancia administrativa previa ante la Comisión Médica, siendo -señaló- la propia normativa legal vigente (art. 2 inc. "j", de la ley 15057) la que establece la posibilidad del trabajador de optar por peticionar la revisión de lo actuado en sede administrativa ante la justicia del fuero laboral de la jurisdicción provincial.
Sostuvo que la llamada cosa juzgada administrativa es un límite a la propia administración -en este caso, la Comisión Médica Jurisdiccional- que no puede revocar su propio dictamen, mas no implica la imposibilidad de una revisión judicial, siempre que no haya operado el plazo de prescripción previsto legalmente, circunstancia ésta que no se verifica en el supuesto de autos.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 30-III-2022), el que fue concedido por el a quo mediante proveído electrónico del 12 de mayo de 2022.
Inicialmente defiende la validez constitucional del procedimiento administrativo previo y obligatorio contemplado en el Título I de la ley 27.348 y del sistema recursivo previsto en el art. 2 de dicho régimen legal y 2 inc. "j" de la ley 15.057.
Señala que la indicada normativa no afecta el derecho de libre acceso a la justicia, toda vez que las resoluciones dictadas en la instancia administrativa pueden ser recurridas ante la justicia laboral competente, mediante la interposición de una acción de revisión.
En ese entendimiento, alega que el trabajador fue debidamente notificado de la resolución emitida por el Titular del Servicio de Homologación, y al no haber interpuesto ninguno de los recursos que se encontraban a su alcance, el dictamen emanado de la Comisión Médica Jurisdiccional se encuentra firme y consentido, adquiriendo el carácter de cosa juzgada.
Añade, que, de conformidad a lo preceptuado por la normativa vigente, el actor puede interponer una acción de revisión que contenga la expresión de los agravios que le causa aquel acto administrativo, pero de ninguna manera contempla una demanda ordinaria como la que aquí se intenta, desprovista de una crítica frontal o eficaz a dicha decisión.
III. El recurso no prospera.
III.1. Inicialmente, cabe advertir que en el caso el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por el monto reclamado en la demanda, que asciende a la suma de $580.994,00- no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). Por tal razón, el tratamiento del remedio procesal deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 127.604, "Díaz", resol. 20-XII-2021; L. 129.902, "Leihner", resol. de 10-IV-2023 y L. 130.306, "Mangiapane", resol. de 21-VI-2023; e. o.).
En consecuencia, la función revisora de esta Sede queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 128.119, "Barragán", resol. de 4-VII-2022; L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023 y L. 130.155, "Alcaraz", resol. de 11-VII-2023; e.o.).
III.2. En este contexto, no se observa en la especie la concurrencia del mentado supuesto excepcional, desde que los agravios que nutren a la crítica aluden a cuestiones de índole fáctica y probatoria, cuya definición es privativa de los jueces de grado, como lo es la apreciación sobre la concurrencia del instituto de la cosa juzgada, asunto detraído de la revisión en el acotado carril por el que transita el recurso (causas L. 127.564, "Pereyra", resol. de 27-V-2022; L. 130.296, "Juarez" resol. de 20-IX-2023 y L. 130.722, "Moraglio" resol. de 8-IV-2024), y la doctrina de esta Corte que el recurrente invoca como infringida ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos diferentes de los que se ventilan en la causa bajo examen (causas L. 125.657, "Durand", resol. de 2-III-2021; L. 129.442, "Pereyra", resol. de 19-XII-2022; L. 129.670, "Verón", resol. de 14-III-2023 y L. 130.501, "Aceituno", resol. de 7-IX-2023; e.o.).
Por lo demás, es dable señalar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 127.641, "Maidana", resol. de 28-XII-2021; L. 128.413, "Núñez", resol. de 7-VI-2022 y L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial queda perdido para el recurrente (art. 294 Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/05/2024 14:55:08 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/05/2024 09:42:21 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/05/2024 09:45:33 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 31/05/2024 23:36:09 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2024 08:42:40 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/06/2024 14:06:17 hs. bajo el número RR-616-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia