Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129509
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial queda perdido para la recurrente (art. 294 Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, en el marco de la pretensión deducida por el señor Gustavo Raúl Passerini contra Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo, en procura del pago de una indemnización por las secuelas incapacitantes derivadas del infortunio que denunció padecer, desestimó la excepción de cosa juzgada opuesta por la parte demandada (v. pronunciamiento de fecha 5-X-2021).
Para así decidir, tuvo por acreditado el cumplimiento por parte del actor de la instancia administrativa previa ante la Comisión Médica, siendo -señaló- la propia normativa legal vigente (art. 2 inc. "j", de la ley 15.057) la que establece la posibilidad del trabajador de optar por peticionar la revisión de lo actuado en sede administrativa ante la justicia del fuero laboral de la jurisdicción provincial.
Sostuvo que la llamada cosa juzgada administrativa es un límite a la propia administración -en este caso, la Comisión Médica Jurisdiccional- que no puede revocar su propio dictamen, mas no implica la imposibilidad de una revisión judicial, siempre que no haya operado el plazo de prescripción previsto legalmente, circunstancia ésta que no se verifica en el supuesto de autos.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 21-X-2021.
Manifiesta que la interpretación realizada por el tribunal de grado de las disposiciones contenidas en el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 no responde a la hermenéutica vigente, ni a la letra ni al espíritu de la norma.
Sostiene que la acción de revisión de lo resuelto en la instancia administrativa ha sido interpuesta por la parte actora luego de transcurridos los noventa días hábiles judiciales establecidos por dicho precepto.
Argumenta, que oportunamente ofreció prueba informativa a los fines de que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo remita el expediente administrativo n° 224796/19, la cual no fue proveída por el tribunal de origen. En tales condiciones, solicita se ordene el libramiento del oficio respectivo en la instancia extraordinaria.
Finalmente, esgrime consideraciones tendientes a defender la validez constitucional del procedimiento administrativo contemplado en el Título I de la ley 27.348.
III. El recurso no prospera.
III.1. Inicialmente, cabe advertir que en el caso el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por el monto reclamado en la demanda- no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). Por tal razón, el tratamiento del remedio procesal deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 127.604, "Díaz", resol. 20-XII-2021; L. 129.902, "Leihner", resol. de 10-IV-2023 y L. 130.306, "Mangiapane", resol. de 21-VI-2023; e.o.).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 128.119, "Barragán", resol. de 4-VII-2022; L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023 y L. 130.155, "Alcaraz", resol. de 11-VII-2023; e.o.).
En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, pues aun cuando la impugnante trae a consideración agravios relacionados a cuestiones fácticas y probatorias -como lo es la apreciación sobre la concurrencia del instituto de la cosa juzgada-, cuyo análisis resulta una facultad privativa del juzgador de grado que, como tal, se encuentra marginado del ámbito de la casación por la vía intentada (causas L. 121.110, "Mentasti", resol. de 30-V-2018; L. 122.662, "Gómez", resol. de 26-XII-2019; L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020 y L.128.175, "Cuervo", resol. de 26-IV-2022), en rigor, no ha denunciado doctrina legal alguna de esta Suprema Corte vinculada con los cuestionamientos que expone, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por el presente carril de impugnación en el marco excepcional descripto (causas L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020; L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020 y L. 129.043, "Rubira", resol. de 19-IX-2022).
III.2. Resta indicar, que la argumentación referida a la prueba informativa ofrecida en el escrito de contestación de demanda (v. pág. 3 del recurso) resulta improcedente, desde que es doctrina de esta Corte que las infracciones relacionadas con presuntos vicios procesales anteriores a la sentencia, y aun aquellas vinculadas a cuestiones de procedimiento que han quedado precluidas, resultan ajenas a la instancia extraordinaria, desde que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley tiene por objeto la sentencia definitiva y no el reexamen de la estructura del procedimiento antecedente (causa L. 122.558, "Trápani", sent. de 17-XI-2021; L. 128.973, "Ferreyra", sent. de 26-II-2024).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial queda perdido para la recurrente (art. 294 Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/05/2024 12:17:51 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/05/2024 14:06:49 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2024 10:53:35 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2024 23:41:33 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2024 08:51:25 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/06/2024 14:04:02 hs. bajo el número RR-562-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia