Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131416
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la acción iniciada por el señor Ramiro Jorge Alejandro Díaz y revocó el dictamen de la Comisión Médica N° 38, en el marco del Expediente SRT N° 9861/20, estableciendo que el actor presenta una incapacidad parcial y permanente del 31,9% del índice de la total obrera relacionada causalmente con el accidente in itinere ocurrido el 28 de agosto de 2019 mientras prestaba tareas para el empleador Metalsa Argentina S.A. afiliado a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. (v. pronunciamiento de fecha 7-IX-2023)
En este sentido dispuso condenar a la citada aseguradora a pagar la suma que especificó en concepto de las prestaciones dinerarias previstas en la ley 24.557, juzgando aplicable al caso las disposiciones del decreto 669/19.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 19-IX-2023), el que fue concedido por el a quo (v. resolución electrónica del 9-X-2023).
En su presentación, la interesada relata los antecedentes de la causa, cita las normas y garantías constitucionales que considera vulneradas. Alega gravedad institucional.
En esencia, con denuncia de absurdo, arbitrariedad y violación al principio de congruencia, sostiene que el órgano judicial de grado se apartó de lo dispuesto en la resolución 1.039/19 de la Superintendencia de Seguros de la Nación para calcular indebidamente la indemnización tarifada de la ley 24.557.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, resulta prioritario destacar que la impugnante, al mencionar los requisitos de admisibilidad del remedio extraordinario intentado, no estableció cómo estaría representado el valor de lo cuestionado ni cuantificó su importe, incumpliendo de ese modo con la carga procesal de acreditar que el monto del litigio supera el umbral establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto conforme ley 14.141) para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 116.898, "Pereyra", sent. de 2-VII-2014; L. 119.030, "Ojeda", resol. de 2-XII-2015; L. 120.200, "Trosset", resol. de 10-V-2017, L. 121.583, "Molina", resol. de 26-IX-2018 y L.125.098, "Leguizamón", resol. de 22-II-2021; L. 129.447, "Beron", resol. de 27-III-2023 y L. 130.683, "Escalante", resol. de 4-X-2023).
Siendo así, la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653.
Asimismo, debe indicarse que la impugnante no ha expuesto razones suficientes que ilustren -en el caso- la presencia de un agravio federal que autorice el conocimiento del recurso sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 118.518, "Berg", resol. de 1-VII-2015; L. 125.836, "Espinoza", resol. de 6-XI-2020 y L. 129.861, "Báez", resol. de 6-II-2023).
III.2. En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 119.809, "Martínez", sent. de 22-II-2017; L. 121.143, "Hurtado", sent. de 14-VIII-2019; L. 121.387, "Monti", sent. 19-IX-2019 y L. 130.284, "Silvero", resol. de 21-VI-2023).
III.3. Sentado ello, se impone destacar que el único precedente que denuncia la recurrente en apoyo de su fundamentación (v. rec. de fecha 19-IX-2023, págs. 3 y 4) no resulta idóneo a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 pues, sabido es, se encuentra excluido del concepto de doctrina legal, en los términos y con los alcances en que ésta ha sido definida por este Superior Tribunal, la mención de la opinión personal de sus ministros (causas L. 121.472, "Aguilar", resol. 8-VIII-2018; L. 124.714, "Tolosa", resol. de 24-VIII-2020; L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021 y L. 129.469, "Cruz", resol. de 17-IV-2023).
III.4. Finalmente, es dable recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 128.158, "Robaldo", resol. de 5-V-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/05/2024 12:30:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/05/2024 19:56:18 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/05/2024 10:46:01 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2024 23:37:17 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2024 08:47:28 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/06/2024 14:07:13 hs. bajo el número RR-636-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia