Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130940
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación a los agravios tratados en los puntos III.2 en atención a que no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5827, y modif.). En cambio, declararlo procedente respecto del planteo desarrollado en el punto III.3., revocando, con el alcance establecido en el punto IV, el pronunciamiento de grado, atento a que el agravio introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812). En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que obre de conformidad a lo aquí resuelto.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda promovida por el señor Marcelo Adrián Pardini, condenando a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonar la suma que indicó en concepto de indemnización por incapacidad derivada de accidente de trabajo (v. pronunciamiento de fecha 5-V-2023).
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 23-V-2023), el que fue concedido por el a quo (v. resolución del 24-V-2023).
En esencia, con denuncia de absurdo, arbitrariedad y violación al principio de congruencia, sostiene que el órgano judicial de grado empleó de manera errónea las disposiciones del decreto 669/19 apartándose, sin justificación razonable, de lo dispuesto en su norma reglamentaria, esto es, la resolución 1.039/2019 de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Finalmente, denuncia la infracción del art. 730 del Código Civil y Comercial, que establece el tope del veinticinco por ciento -25%- para la regulación de honorarios. En este sentido afirma vulnerada la doctrina legal que surge de la causa L. 77.914, "Zuccoli" (sent. de 2-X-2002).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. En primer lugar, cabe destacar que la impugnante, al mencionar los requisitos de admisibilidad del remedio extraordinario intentado, no estableció cómo estaría representado su valor, ni cuantificó su monto, incumpliendo de ese modo con la carga procesal de acreditar que el valor del litigio supera el umbral establecido en la ley ritual para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falencia que no puede ser salvada por esta Corte (art. 278, CPCC; causas L. 118.481, "Campana", sent. de 29-VIII-2018; L. 126.636, "Di Rini", resol. de 26-V-2021; L. 125.840,"Di Franco", resol. de 22-IX-2021 y L. 130.961, "Aguirre", resol. de 26-II-2024).
Siendo ello así, la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653.
De suyo entonces, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020; L. 128.987, "Ojeda", resol. de 18-VIII-2022 y L. 129.838, "Saavedra", resol. 17-IV-2023).
III.2. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se exhibe nítida, desde que los precedentes invocados por la recurrente en apoyo de su pretensión no guardan correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión, ni refieren a situaciones similares, atento su distinto contenido fáctico y jurídico (causas L. 122.320, "Beneyto", resol. de 19-XII-2018; L. 122.363, "Del Negro", resol. de 5-VI-2019; L. 125.499, "Cabrera", resol. de 16-VI-2020; L. 126.871, "Salvador", resol. de 17-VIII-2021; L. 128.387, "Rocha", resol. 26-IV-2022 y L. 129.060, "Almada", resol. de 30-V-2023).
Asimismo, es dable recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 128.158, "Robaldo", resol. de 5-V-2022).
III.3. Por último, con relación a las costas, la impugnación resulta atendible, toda vez que la definición plasmada por el órgano judicial resulta contraria a la doctrina legal cuya transgresión se invoca en la postulación recursiva.
En efecto, en reiterados precedentes esta Suprema Corte ha declarado que la limitación introducida por la ley 24.432 respecto del alcance de la responsabilidad por el pago de las costas establecida en el art. 505 del Código Civil (según modif. de ley 24.432), receptada en idénticos términos en el art.730 del Código Civil y Comercial de la Nación, es constitucional y aplicable en el ámbito provincial (art.31 bis, ley 5.827, y modif.; causas L. 77.914, "Zuccoli", sent. de 2-X-2002; L. 89.979, "Saucedo", sent. de 16-IV-2008; L. 93.064, "Vas da Silva", sent. de 2-III-2011; L. 98.065, "Cejas", sent. de 3-V-2012 y L. 124.724, "Ibarra", sent. de 8-II-2021; e.o.).
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, casar lo resuelto por el órgano de origen en los términos expuestos y, en consecuencia, devolver las actuaciones para que proceda a adecuar el pronunciamiento a efectos de que la responsabilidad por el pago de las costas no supere la limitación porcentual prevista en la normativa de aplicación.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación a los agravios tratados en los puntos III.2 en atención a que no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5827, y modif.). En cambio, declararlo procedente respecto del planteo desarrollado en el punto III.3., revocando, con el alcance establecido en el punto IV, el pronunciamiento de grado, atento a que el agravio introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812). En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que obre de conformidad a lo aquí resuelto.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/05/2024 08:23:58 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/05/2024 19:56:11 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/05/2024 10:45:53 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2024 23:36:58 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2024 08:47:20 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/06/2024 14:06:42 hs. bajo el número RR-622-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia