Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131119
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Soria, Genoud y Torres dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la acción de revisión deducida por la señora Liliana Mabel Vera, revocó lo resuelto por la Comisión Médica n° 383 y, en consecuencia, condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de prestaciones dinerarias establecidas en el régimen especial de riesgos del trabajo, juzgando aplicable al caso las disposiciones previstas en el DNU 669/2019 (v. pronunciamiento de 13-VII-2023).
Para así decidir, tuvo por probado que la accionante presenta una minusvalía del 20,19% del índice de la total obrera como consecuencia de las tareas realizadas a favor del empleador.
II. Contra dicha decisión, la legitimada pasiva dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación de 10-VIII-2023), los que fueron concedidos por el a quo (v. resol. de 11-VIII-2023), habiéndose conferido vista al Procurador General (v. dictamen de 5-III-2024).
III.1. En el primero de los remedios interpuestos, la impugnante denuncia violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Señala que en el fallo en crisis se omitió la adecuada publicación y notificación del veredicto, circunstancia que -sostiene- impide el correcto ejercicio del derecho de defensa.
III.2. El recurso no prospera.
III.3.a. Cabe recordar que el recurso extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. prov.; causas L. 122.156, "Godio"; L. 121.033, "Aguirre", ambas sents. de 9-XI-2020 y L. 122.346, "Amaya", sent. de 20-X-2021).
Desde esa perspectiva, se observa que el contenido del agravio que porta el remedio intentado resulta ajeno a las causales taxativamente definidas en los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, únicas aptas para dotar de sustento al recurso extraordinario de nulidad.
III.3.b. En ese sentido, cabe destacar que es extraña al mencionado canal recursivo la crítica dirigida a indicar supuestas infracciones de normas procesales y garantías constitucionales (causas L. 94.961, "Soria", sent. de 2-VII-2010; L. 118.182, "Posteraro", sent. de 21-X-2015; L. 122.208, "León", sent. de 9-VIII-2022).
A mayor abundamiento, es preciso señalar que las supuestas falencias atribuidas al pronunciamiento -que, por lo demás, no han sido comprobadas en el caso- no imposibilitaron a la recurrente deducir la vía prevista en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial.
IV.1. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la interesada individualiza las normas y la doctrina legal que considera transgredidas en el pronunciamiento impugnado.
En sustancia, bajo la denuncia de absurdo y violación del principio de congruencia, alega que el tribunal de origen empleó de manera errónea las prescripciones del decreto 669/2019, omitiendo la aplicación de lo dispuesto en la resolución 1.039/2019 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, reglamentaria de aquél.
IV.2. El recurso no prospera.
IV.3.a. Liminarmente, cabe señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en examen -representado por el monto obtenido como resultado de la diferencia entre el importe proveniente del cálculo de las prestaciones que ordenó el a quo y el pretendido por la recurrente- no excede el mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual su admisibilidad sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 120.946, "Haal", sent. de 14-VIII-2019; L. 120.599, "Pelle", sent. de 14-VIII-2019; L. 122.752, "Bravo", sent. de 4-VIII-2020 y L. 126.696, "Aguirre", resol. de 11-VI-2021).
Luego, y a propósito de los argumentos desplegados por la interesada en su presentación (v. apdo. 3.2.), es dable poner de resalto que el planteo contenido en el recurso no permite considerar involucrada -de manera directa e inmediata- una cuestión de naturaleza federal que autorice su conocimiento sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la CSJN in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 121.801, "Castro" resol. 17-X-2018; L. 124.036, "Landes", resol. de 17-VI-2020; L. 125.642, "Eseiza" y L. 125.663, "Siebenhaar", resols. de 4-III-2021).
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede en un caso similar (causas L. 119.809, "Martínez", sent. de 22-II-2017; L. 121.143, "Hurtado", sent. de 14-VIII-2019; L. 121.387, "Monti", sent. 19-IX-2019; L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020 y L. 125.781, "Mora", resol. de 17-II-2021).
IV.3.b. En el acotado ámbito por el que transita el recurso la postulación resulta inadmisible toda vez que respecto del agravio traído no se ha denunciado violación de doctrina legal alguna, presupuesto esencial e inicial para pretender la revisión de lo resuelto por conducto de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral (causas L. 108.167, "Guevara Velázquez", sent. de 12-III-2014; L. 122.558, "Trapani", sent. de 17-XI- 2021 y L. 124.115, "Sabels", sent. de 13-XII-2021).
Por lo demás cabe recordar que la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial es la que fluye de los pronunciamientos de esta Suprema Corte. No constituye doctrina legal, en los términos del citado precepto, la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia ni de la Corte nacional (causas L. 119.596, "López", sent. de 29-VIII-2017; L. 121.429, "Maravilla", sent. de 19-IX-2019 y L. 121.841, "Sanchioni", sent. de 21-IV-2021).
Igual suerte adversa ha de seguir el planteo que formula la recurrente en torno a la alegada transgresión al principio de congruencia, toda vez que excede el estrecho marco de revisión que provee el art. 55 de la ley 11.653 ya citado (causas L. 120.040, "Salto", sent. de 3-V-2018; L. 120.649, "Escuela Manuel Belgrano S.R.L", sent. de 17-IV-2019 y L. 124.183, "Britos", sent. de 9-XII-2020).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar que, en lo concerniente a la denunciada violación del principio de congruencia, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de forma (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005 y L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 125.904, "Almada", resol. de 1-IX-2021; L. 124.100, "Goncalves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/05/2024 08:24:03 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/05/2024 19:56:13 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/05/2024 10:45:56 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2024 23:37:04 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2024 08:47:23 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/06/2024 14:06:47 hs. bajo el número RR-627-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia