Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131504
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda promovida por el señor Ángel Ramón Zalazar Pereyra y, en consecuencia, condenó a La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonar la suma que especificó en concepto de prestaciones dinerarias establecidas en el régimen especial de riesgos del trabajo, juzgando aplicable al caso las disposiciones previstas en el decreto 669/2019 (v. vered. y sent. de 8-VIII-2023).
II. Contra dicha decisión, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 28-VIII-2023), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de 9-X-2023).
En su presentación, invoca las normas y doctrina legal que considera transgredidas en el pronunciamiento impugnado.
En sustancia, afirma que las pautas establecidas en el decreto 669/2019 -en cuanto modifica el art. 12 de la ley 24.557 según ley 27.348- no resultan aplicables al caso.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en examen -representado por el monto obtenido como resultado de la diferencia entre el importe proveniente del cálculo de las prestaciones que ordenó el a quo y el pretendido por la recurrente- no excede el mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual su admisibilidad sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 120.946, "Haal", sent. de 14-VIII-2019; L. 120.599, "Pelle", sent. de 14-VIII-2019; L. 122.752, "Bravo", sent. de 4-VIII-2020 y L. 126.696, "Aguirre", resol. de 11-VI-2021).
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede en un caso similar (causas L. 119.809, "Martínez", sent. de 22-II-2017; L. 121.143, "Hurtado", sent. de 14-VIII-2019; L. 121.387, "Monti", sent. 19-IX-2019; L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020 y L. 125.781, "Mora", resol. de 17-II-2021).
III.2. En ese marco, la exclusión de la hipótesis habilitante aludida se impone nítida, toda vez que respecto a los cuestionamientos que porta el recurso, los precedentes de este Tribunal que se denuncian infringidos no resultan idóneos a los fines pretendidos en tanto no guardan relación con las motivaciones del pronunciamiento o fueron elaborados a partir de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los del caso en juzgamiento (causas L. 119.192, "Artigau", sent. de 21-VI-2018; L. 120.423, "Bocanegra", sent. de 27-XI-2019 y L. 121.303, "Vargas", sent. de 12-II-2020).
Por lo demás cabe recordar que la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial es la que fluye de los pronunciamientos de esta Suprema Corte. No constituye doctrina legal, en los términos del citado precepto, la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia ni de la Corte nacional (causas L. 119.596, "López", sent. de 29-VIII-2017; L. 121.429, "Maravilla", sent. de 19-IX-2019 y L. 121.841, "Sanchioni", sent. de 21-IV-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/06/2024 17:18:06 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/06/2024 11:37:58 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/06/2024 21:15:54 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/06/2024 11:51:47 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/06/2024 12:47:00 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/06/2024 14:08:59 hs. bajo el número RR-790-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia