Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132255
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la queja traída (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; Ac. 4.068/22 y Resol. 24/20).
2Anular de oficio la decisión de fecha 17 de noviembre de 2023 y, en consecuencia, remitir los autos al tribunal de origen para que, con renovada integración, dicte nuevo pronunciamiento.
Costas por su orden, dada la forma en que se resuelve (arts. 68, seg. párr., CPCC y 63, ley 11.653).
El depósito previo efectuado ($1.954.600; v. archivo adjunto de la presentación electrónica de fecha 29-II-2024) se restituirá a la interesada.
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, en el marco de la acción iniciada por el señor Carlos Daniel Alday Vouilloz contra Swiss Medical Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en lo que interesa destacar, declaró la inconstitucionalidad del plazo de caducidad previsto por el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 y rechazó las excepciones de incompetencia y cosa juzgada administrativa opuestas por la demandada (v. pronunciamiento de 17-XI-2023).
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 5-XII-2023).
A su turno, el Presidente del tribunal, previo a expedirse sobre el recurso deducido, ordenó el libramiento del oficio electrónico a los fines de la apertura de la cuenta de autos para que la recurrente diera cumplimiento con el depósito previo exigido por el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial, dentro de los cinco días subsiguientes a que sea informada en la causa los datos de la cuenta judicial, bajo apercibimiento de resolver conforme a derecho (v. providencia de 21-II-2024).
Posteriormente, la impugnante acompañó la correspondiente constancia del depósito efectuado en la cuenta de autos (v. escrito de 29-II-2024).
III. Finalmente, el tribunal de grado declaró desierto el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley intentado, con fundamento en la insuficiencia del depósito previsto en el citado art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial (v. resolución de 8-IV-2024), dando lugar a la articulación de la presente queja (art. 292, Código Procesal Civil y Comercial; v. escrito electrónico de 16-IV-2024).
En lo sustancial y con transcripción del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial, reprocha al tribunal de origen no haber explicitado en la intimación que le fuera cursada el importe que debía depositar a los fines recursivos.
IV. La queja prospera.
IV.1. De modo liminar, sin perjuicio de otras consideraciones que podrían efectuarse, no es ocioso destacar que, en el caso, no obstante recaer en etapa anterior al dictado de la sentencia del mérito de la causa, el pronunciamiento impugnado, en tanto decretó la inconstitucionalidad del art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 -en lo pertinente-, se expide en torno a cuestiones sobre las que no cabe la posibilidad de un replanteo posterior, por lo que resulta equiparable a definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. Ac. 100.383, "Apolo Fish S.A.", resol. de 11-III-2009; L. 111.127, "Cooperativa Agrícola Ganadera de Tandil y Vela Ltda.", resol. de 30-VI-2010; L. 114.180, "Geza", resol. de 18-IV-2011; L. 122.136, "Castro", resol. de 2-V-2019 y L. 125.681, "García", resol. de 12-IV-2021).
IV.2. Luego, debe ponerse de relieve que en el sub lite , impugnándose en el caso la declaración de inconstitucionalidad del art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 -en lo pertinente-, el valor del agravio debe considerarse como de monto indeterminado (causas Ac. 84.146, "Ugarte", resol. de 11-IX-2002; Ac. 86.011, "Poblete", resol. de 2-XII-2003; Ac. 91.466, "Torres", resol. de 7-IX-2005; Ac. 95.890, "Lezama", resol. de 27-IX-2006; Ac. 102.948, "Vildoso Sisterna", resol. de 9-IV-2008; Ac. 103.447, "Martínez", resol. de 18-III-2009; C. 120.411 "Fuentes", resol. de 22-XII-2015; C. 121.407, "Consorcio de Copropietarios Club Atlético Los Andes", resol. de 21-VI-2017; C. 122.412, "Torres", resol. de 9-V-2018 y C. 123.475, "Teknofood S.A.", resol. de 13-XI-2019; L. 128.659, "Barrios", resol. de 5-V-2022; e.o.).
V.1. Sentado ello, se impone destacar que esta Suprema Corte ya se ha expedido observando que, en supuestos como el presente, en que no ha habido sentencia condenatoria, es necesario haber dado cumplimiento al requisito establecido por el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, aplicable supletoriamente a los procesos laborales (art.63, ley 11.653; causas Ac. 103.311, "Iteva S.A.", resol. de 4-III-2009; L. 121.007, "Ruiz", resol. de 25-X-2017; L. 121.557, "Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate", resol. de 21-VI-2018; L. 121.923, "Pezet", resol. de 26-IX-2018; L. 124.991, "Benitez", resol. de 9-XII-2020 y L. 124.709, "Malagueño", resol. de 5-IV-2021).
V.2. Pasando a analizar los agravios desplegados en el recurso de hecho deducido de modo directo ante esta sede de casación, corresponde observar que le asiste razón a la recurrente cuando plantea que la declaración de deserción del remedio incoado es errada, toda vez que -en efecto- el emplazamiento que se le efectuó previamente no reúne la exigencia legal de consignar el importe respectivo (art. 280, párrafo tercero, Código Procesal Civil y Comercial).
En estas condiciones, la decisión que declaró desierto el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido no resulta ajustada a derecho, pues se basa en una intimación defectuosa, que colisiona el imperativo de establecer "la determinación del importe" (conf. art. 280 cit).
V.3. Para más, dable es observar que esta Corte reiteradamente ha sostenido que las condiciones de admisibilidad de los remedios extraordinarios, se rigen por la ley vigente al momento de su interposición (causas L. 116.571, "Pastrán Contrera", resol. de 21-VI-2012; L. 117.189, "White", resol. de 17-IV-2013; C. 121.592, "Hernández", resol. de 28-VI-2017; L. 120.605, "Altuzarra", resol. de 13-IX-2017 y L. 128.795, "Alborno", resol. de 7-VI-2022; e.o.), por lo que, a contrario de lo sostenido por el tribunal laboral en la declaración de deserción dictada, el depósito efectuado por la interesada en la cuenta de autos lo ha sido en exceso ($1.954.600; v. archivo adjunto al escrito de 29-II-2024; conf. Ac. 4.133/23).
VI. Ahora bien, abierta la competencia de este superior Tribunal, corresponde disponer de oficio la anulación del pronunciamiento de fecha 17 de noviembre de 2023.
Ello, en tanto el tribunal estuvo integrado -según el orden de votación- por las doctoras María Alejandra Weiss, Nora Cristina Dinegro y el doctor Gustavo Francisco Ginocchio, quienes decidieron plantear y votar dos cuestiones. Sin embargo, se observa que no existe voto o adhesión expresa de la doctora Weiss destinada a sufragar en primer término.
Esta anomalía configura una violación a lo preceptuado por el art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que requiere el juicio individual de cada uno de los jueces intervinientes, desde que las decisiones deben adoptarse por mayoría de opiniones expuestas en los votos de los tres integrantes del tribunal del trabajo (art. 44 incs. "d", "e" y "f", ley 11.653). La coincidencia o discrepancia de los magistrados en los tribunales colegiados del fuero laboral no pueden establecerse por vía de implicancia (causas L. 117.128, "RománÁvalos", sent. de 18-VI-2014; L. 129.345, "González", resol. de 10-XI-2022 y L. 128.705, "Beltran", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
En el caso, entonces, se halla incumplida la exigencia contenida en la norma constitucional citada, omisión que no puede ser subsanada por la sola circunstancia de que los integrantes del tribunal rubricaran con sus respectivas firmas el acuerdo, atento que la exigencia constitucional se encuentra directamente dirigida a los jueces, obligación que no resulta delegable en ningún otro funcionario (causas L. 124.616, "Cespedes", resol. de 13-X-2020; L. 126.765, "Sallago", resol. de 22-VI-2021 y 128.292, "Rodríguez", resol. de 26-IV-2022; e. o.).
VI. Por último, dado que este tipo de infracciones no resulta gratuita para los litigantes, corresponde requerir a los miembros del tribunal de trabajo interviniente extremo celo en el cumplimiento de los requisitos formales constitucional y legalmente exigibles respecto de los pronunciamientos y decisiones que emitan.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Hacer lugar a la queja traída (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; Ac. 4.068/22 y Resol. 24/20).
2. Anular de oficio la decisión de fecha 17 de noviembre de 2023 y, en consecuencia, remitir los autos al tribunal de origen para que, con renovada integración, dicte nuevo pronunciamiento.
Costas por su orden, dada la forma en que se resuelve (arts. 68, seg. párr., CPCC y 63, ley 11.653).
El depósito previo efectuado ($1.954.600; v. archivo adjunto de la presentación electrónica de fecha 29-II-2024) se restituirá a la interesada.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/07/2024 13:27:34 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/07/2024 10:36:33 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/07/2024 10:44:21 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/07/2024 10:13:15 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/07/2024 09:37:29 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/07/2024 12:58:35 hs. bajo el número RR-843-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia