Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130045
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en relación al agravio analizado en el punto III.1 (arts. 278 y 279, CPCC; 63, ley 11.653), y rechazarlo respecto del cuestionamiento desarrollado en el punto III.2, atento que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.); con costas (art. 289, CPCC).
El depósito efectivizado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial queda perdido para la recurrente (art. 294, CPCC), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, en el marco de la pretensión deducida por el señor Javier Andrés Ross contra Federación Patronal Seguros S.A., rechazó las excepciones de cosa juzgada e incompetencia opuestas por la parte demandada (v. pronunciamiento de fecha 17-X-2022).
Para así decidir, sostuvo que de las constancias obrantes en la causa surgía acreditado que el actor transitó la instancia previa y obligatoria establecida por la ley 27.348 y sus reglamentaciones, la que culminó con el dictado del acto administrativo emitido por el Titular de la Oficina de Homologaciones, que aprobó el procedimiento llevado a cabo por ante la Comisión Médica Jurisdiccional interviniente y determinó que el trabajador presenta una incapacidad del 2.30 % de la total obrera, vinculada al siniestro de autos.
Luego, indicó que dicha resolución no había adquirido autoridad de cosa juzgada, toda vez que el actor había interpuesto la acción laboral ordinaria prevista en el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, normativa esta última que reglamenta la actuación de los tribunales de trabajo como órganos revisores de lo actuado en sede administrativa.
II. Contra dicha decisión la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 1-XI-2022), el que fue concedido por el órgano de grado el día 17 de noviembre de 2022.
En el inicio de su presentación sostiene que la conclusión de grado es absurda. Seguidamente, controvierte el rechazo de la defensa de cosa juzgada toda vez que el dictamen emanado de la Comisión Médica Jurisdiccional no fue apelado por el trabajador, siendo interpuesta la demanda en exceso del plazo otorgado por la ley 15.057.
Por otra parte, se opone a la decisión del tribunal de grado que declaró su aptitud jurisdiccional para entender en las presentes actuaciones. Sobre el particular, refiere que el actor no agotó debidamente la instancia administrativa previa y obligatoria que contempla el Título I de la ley 27.348 respecto de la dolencia columnaria, pérdida de audición y de vista y de la afección psicológica que denunció padecer.
III.1. Alterando el orden de los agravios traídos, cabe indicar que, en relación a los embates orientados a cuestionar el rechazo de la excepción de incompetencia, el recurso ha sido mal concedido.
III.1.a. Tiene dicho esta Corte que los recursos extraordinarios son admisibles únicamente respecto de las sentencias definitivas, es decir, aquéllas que recayendo sobre el asunto principal objeto del litigio o sobre un artículo, produzcan el efecto de finalizar el pleito haciendo imposible su continuación (art. 278, CPCC; causas L. 129.370, "Ferreyra", resol. de 10-V-2023 y L. 129.806, "Casey", resol. de 11-VII-2023; e.o.).
III.1.b. En la especie, la impugnante no ha expresado motivos suficientes que autoricen a hacer excepción al recaudo aludido, tendiente a evidenciar que la decisión del tribunal laboral que rechazó la excepción de incompetencia -opuesta al contestar la acción- para entender respecto de los reclamos vinculados a las afecciones -columnaria, pérdida de audición y de vista y daño psicológico- derivadas del accidente laboral invocado, bajo el argumento de que el actor cumplió con el trámite administrativo previo y obligatorio, revista aquel carácter o resulte equiparable al mismo.
III.1.c. Para más, como lo ha señalado esta Suprema Corte (causas L. 125.769, "Galeano Gutiérrez", resol. de 15-VI-2022; L. 125.886, "Bustos", resol. de 31-VIII-2022 y L. 129.703, "Caponera" resol. de 10-XI-2022) ese es el criterio adoptado en situaciones que, sin ser análogas a la presente, poseen ingredientes parangonables que bien podrían actuar como gravitantes guías para despojar de toda definitividad al pronunciamiento que aquí se examina. Así, lo resuelto en las causas A. 74.776, "Covac S.R.L." (resol. de 6-IX-2017); A. 74.038, "José J. Chediack S.A. (sent. de 9-V-2018) y Q. 75.886, "Merlo" (res. de 21-VIII-2019) -entre muchas otras- en orden a la falta de aquella cualidad en las decisiones de los órganos inferiores que rechazan la excepción de inadmisibilidad de la pretensión en el marco de demandas contencioso administrativas.
Ocasión en que también ha dicho este Tribunal que no puede extenderse el criterio establecido en los precedentes in re L.121.952, "Mourglia"; L. 121.895, "Orellana", L. 122.136 y "Castro", todas ellas del 2 de mayo de 2019 -y las que siguieron su doctrina- al sub lite , pues allí se resolvió admitir los recursos extraordinarios dirigidos a cuestionar las decisiones que, al tratar las defensas de falta de acción, legitimación o incompetencia opuestas -o aún de oficio-, se expidieron en torno a la validez constitucional del régimen diseñado por la ley nacional 27.348 -complementario sobre la Ley de Riesgos del Trabajo- y/o la ley de adhesión provincial 14.997, como así también, en su caso, a su aplicación temporal, a fin de habilitar la instancia de casación.
III.2. En lo que respecta al restante cuestionamiento, el recurso deviene inadmisible.
III.2.a. Liminarmente, cabe destacar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por el capital reclamado en la demanda- no excede el importe mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). Por tal razón, el tratamiento del remedio procesal deducido sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 127.604, "Díaz", resol. 20-XII-2021; L. 129.902, "Leihner", resol. de 10-IV-2023 y L. 130.306, "Mangiapane", resol. de 21-VI-2023; e.o.).
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 128.119, "Barragán", resol. de 4-VII-2022; L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023 y L. 130.155, "Alcaraz", resol. de 11-VII-2023; e.o.).
III.2.b. En este contexto, no se observa en la especie la concurrencia del mentado supuesto excepcional, desde que los agravios que nutren a este tramo de la crítica aluden a cuestiones de índole fáctica y probatoria, cuya definición es privativa de los jueces de grado, como lo es la apreciación sobre la concurrencia del instituto de la cosa juzgada, asunto detraído de la revisión en el acotado carril por el que transita el recurso (causas L. 127.564, "Pereyra", resol. de 27-V-2022; L. 130.296, "Juarez" resol. de 20-IX-2023 y L. 130.722, "Moraglio" resol. de 8-IV-2024), y la doctrina de esta Corte que la recurrente invoca como infringida ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos diferentes de los que se ventilan en la causa bajo examen (causas L. 125.657, "Durand", resol. de 2-III-2021; L. 129.442, "Pereyra", resol. de 19-XII-2022; L. 129.670, "Verón", resol. de 14-III-2023 y L. 130.501, "Aceituno", resol. de 7-IX-2023; e. o.).
Cabe asimismo indicar, que tampoco es apta para habilitar la instancia extraordinaria, por el mentado conducto excepcional, la conculcación de doctrina legal citada por la interesada referida al vicio de absurdo (causas L. 124.463, "Gamero", resol. de 14-VII-2020; L. 125.418, "Marín", resol. de 12-II-2021 y L. 129.265, "Rodríguez", resol. de 3-XI-2022; e. o.).
Por lo demás, no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 127.641, "Maidana", resol de 28-XII-2021; L. 128.413, "Núñez", resol. de 7-VI-2022 y L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en relación al agravio analizado en el punto III.1 (arts. 278 y 279, CPCC; 63, ley 11.653), y rechazarlo respecto del cuestionamiento desarrollado en el punto III.2, atento que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.); con costas (art. 289, CPCC).
El depósito efectivizado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial queda perdido para la recurrente (art. 294, CPCC), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/07/2024 09:29:03 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/07/2024 11:07:53 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/07/2024 11:48:18 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/07/2024 10:17:59 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/07/2024 09:42:01 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/07/2024 13:00:40 hs. bajo el número RR-899-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia