Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131816
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de San Nicolás rechazó la demanda promovida por el señor Luis Gabriel Alejandro Gauna contra La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. mediante la cual procuraba el cobro de las prestaciones dinerarias establecidas en el régimen especial de riesgos del trabajo. Asimismo, impuso las costas en el orden causado (v. vered. y sent. de fecha 24-XI-2023).
Para así decidir, tras evaluar las constancias de la causa, concluyó que no se había acreditado la existencia de la invocada relación de causalidad entre las afecciones incapacitantes que padece el actor y el accidente in itinere denunciado.
II. Contra dicho pronunciamiento, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 12-XII-2023), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de 19-XII-2023).
En su presentación, cita las normas y doctrina legal que considera transgredidas.
En sustancia, cuestiona la conclusión con arreglo a la cual el juzgador de grado descartó la existencia de nexo causal entre la minusvalía que afecta al trabajador y el infortunio invocado en el escrito de demanda. En este marco, alega, esencialmente, que el sentenciante no tuvo en cuenta la ampliación de la demanda y valoró absurdamente las pruebas aportadas al proceso. Además, reputa conculcado el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo
Para terminar, se agravia de la imposición de costas.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. En primer lugar, cabe destacar que el impugnante, al mencionar los requisitos de admisibilidad del remedio extraordinario intentado, prescindió de mensurar concretamente los agravios invocados.
De la lectura de las constancias de la causa, se observa -por lo demás- que en el escrito de inicio de las actuaciones tampoco se cuantificó el importe pretendido.
Así pues, el interesado incumplió con la carga procesal de acreditar que el valor del litigio supera el umbral establecido en la ley ritual para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que permitiría su estudio sin las limitaciones derivadas de aquel extremo cuantitativo; falencia que no puede ser salvada por esta Corte (art. 278, CPCC; causas L. 116.898, "Pereyra", sent. de 2-VII-2014; L. 118.130, "Paz", sent. de 12-IV-2017; L. 125.335, "Rocha Rattel", resol. de 12-II-2021 y L. 129.821, "Granda", resol. de 27-II-2023).
III.1.b. Luego, corresponde indicar que luce infructuoso el planteamiento de inconstitucionalidad del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, en tanto esta Suprema Corte tiene dicho, en forma reiterada, que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 apartado 3 inc. "a" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que el conocimiento y resolución del indicado remedio procesal compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas L. 125.004, "Fernández", resol. de 13-X-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020 y L. 129.268, "Senger", resol. de 15-II-2023).
III.1.c. Siendo ello así, la admisibilidad del recurso deducido sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario.
De suyo entonces, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 119.809, "Martínez", sent. de 22-II-2017; L. 121.143, "Hurtado", sent. de 14-VIII-2019; L. 121.387, "Monti", sent. 19-IX-2019; L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020 y L. 125.781, "Mora", resol. de 17-II-2021).
III.2. De esta manera, en relación al primer agravio, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que la doctrina legal invocada por el agraviado se refiere al vicio de absurdo, por lo que no es idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el precepto adjetivo citado (causas L. 121.937, "Sosa", resol. de 17-X-2018; L. 121.811, "Maroni", resol. de 14-XI-2018; L. 125.045, "Almeida", resol. de 14-XII-2020 y L. 128.986, "Saini", resol. de 4-X-2022).
Por lo demás, sabido es, que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 y L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020).
III.3. Finalmente, el cuestionamiento dirigido a objetar la imposición de costas también debe desestimarse, toda vez que no se ha denunciado a su respecto violación de doctrina legal alguna de la Suprema Corte, presupuesto esencial e inicial para pretender la revisión de lo resuelto por conducto de la excepcional hipótesis habilitante prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 122.558, "Trapani", sent. de 17-XI- 2021; L. 124.115, "Sabels", sent. de 13-XII-2021; L. 128.264, "Pacheco", resol. de 17-X-2022 y L. 130.345, "Ciminelli", resol. de 7-IX-2023; e. o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/08/2024 14:07:54 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/09/2024 12:10:30 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/09/2024 10:39:40 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2024 09:08:03 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2024 09:26:50 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/09/2024 12:39:01 hs. bajo el número RR-1116-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia