Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132573
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Morón, en el marco de la acción promovida por el señor Rogelio Manuel Barrios contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en procura del pago de una indemnización por las secuelas incapacitantes derivadas de la enfermedad profesional que denunció padecer, declaró su incompetencia para entender en las presentes actuaciones y ordenó su archivo (v. pronunciamiento de 27-XI-2023).
Para así decidir, sostuvo inicialmente que no surgía acreditado en autos que la Comisión Médica hubiere expedido un certificado o acto administrativo similar por el cual se dejara constancia del agotamiento de la instancia administrativa, requisito imprescindible a los fines de garantizar el acceso del trabajador a la justicia.
Luego, juzgó que el actor tampoco había logrado demostrar la configuración del silencio administrativo en los términos del art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, alegado en el escrito de inicio.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 13-XII-2023), concedido por el órgano de grado el 16 de febrero de 2024.
Señala que el a quo incurrió en un error al valorar las pruebas agregadas a la causa, como así también, al interpretar el marco normativo aplicable a la presente acción.
En ese sentido, sostiene que de las constancias obrantes en autos surge demostrado que desde la fecha en que el trámite se encontraba debidamente cumplimentado (art. 32 resol. SRT 298/17) hasta que la Comisión Médica Jurisdiccional realizó las correspondientes citaciones médicas, transcurrió en exceso el plazo de sesenta -60- días contemplado por el art. 3 de la ley 27.348, configurándose en consecuencia el silencio administrativo que el tribunal de grado tuvo por no verificado.
Denuncia en poyo de su crítica la transgresión de la doctrina legal emanada de los precedentes L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020) y L. 123.792 "Szakacs" (sent. de 28-V-2020).
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe destacar que –en el caso- el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria -representado por el capital reclamado en la demanda- no excede el importe mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). Por tal razón, el tratamiento del remedio procesal deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 -aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario- (causas L. 127.604, "Díaz", resol. 20-XII-2021; L. 129.902, "Leihner", resol. de 10-IV-2023 y L. 130.306, "Mangiapane", resol. de 21-VI-2023; e.o.).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 128.119, "Barragán", resol. de 4-VII-2022; L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023 y L. 130.155, "Alcaraz", resol. de 11-VII-2023; e.o.).
III.2. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que la doctrina legal traída por el recurrente en apoyo de su crítica ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 121.303, "Vargas", sent. de 12-II-2020; L. 127.838, "Haedo", resol. de 1-IX-2022; L. 130.761, "Actis", resol. de 22-XII-2023 y L. 131.282, "González", resol. de 29-V-2024; e. o.).
III.3. Por lo demás, es dable señalar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 127.641, "Maidana", resol de 28-XII-2021; L. 128.413, "Núñez", resol. de 7-VI-2022 y L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/08/2024 09:14:44 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2024 11:08:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/08/2024 15:04:11 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2024 09:06:18 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2024 09:20:13 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/09/2024 12:36:02 hs. bajo el número RR-1059-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia