Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131566
I. Contra la decisión de esta Corte que desestimó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto en razón de no hallarse reunidos los requisitos esenciales para su admisibilidad (v. pronunciamiento de 3-VI-2024), la demandada dedujo recurso extraordinario federal (v. presentación de 25-VI-2024).
II. Ordenado el traslado previsto en el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de 27-VI-2024), el mismo fue contestado fuera de término (v. escrito electrónico del 23-VIII-2024 y proveído de fecha 27-VIII-2024).
III. En su presentación, con sustento en la doctrina de la arbitrariedad, la recurrente denuncia la transgresión de las garantías previstas por los arts. 16, 17, 18 y 31 de la Constitución nacional, afirmando que el pronunciamiento recurrido no constituye una derivación razonada del derecho vigente.
Alega que el Tribunal sentenciante incurrió en un exceso ritual manifiesto, toda vez que resolvió la controversia interpretando rigurosamente las disposiciones contenidas en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, en orden al monto mínimo establecido como requisito de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido.
En tales condiciones, afirma que el fallo se aparta de la verdad jurídica objetiva y de las constancias de la causa al confirmar la sentencia de grado en cuanto rechazó la excepción de cosa juzgada administrativa opuesta.
IV.1. Corresponde señalar, inicialmente, que las decisiones que declaran la inadmisibilidad de los recursos extraordinarios locales no justifican -como regla- la habilitación de la instancia del art. 14 de la ley 48, y con mayor razón aún, si aquella hubo de recaer respecto de agravios vinculados a cuestiones relativas a la apreciación de los hechos y las pruebas e interpretación de las normas del derecho común y procesal (C.S.J.N., Fallos 264:72; 297:420; 300:366; entre otros), por lo que ante dicha circunstancia, se torna particularmente exigible que la apelación cuente -respecto de los motivos que la originan- con fundamentos suficientes para dar sustento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional.
El más Alto Tribunal ha declarado que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter excepcional y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, toda vez que su intervención se circunscribe a descalificar a aquellos que, por la extrema gravedad de sus desaciertos u omisiones, no pueden adquirir validez jurisdiccional (causas B.LXVII.42, sent. del 22-XII-2009, considerando 3°; G.1999.XL., sent. del 13-VI-2006; Fallos 324:3421; entre otros).
IV.2. Bajo tales directrices, cabe concluir que en la especie, la impugnación dirigida a cuestionar la definición de esta Suprema Corte que desestimó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley abordado en el marco de la excepción que contempla la norma del art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, se asienta sobre la exposición de argumentaciones que no resultan aptas para tener por acreditado un inequívoco apartamiento de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que permita descalificar a la sentencia apelada como acto jurisdiccional, toda vez que la crítica vinculada a la interpretación de las normas del derecho adjetivo local, no constituye más que una diferencia de opinión con el contenido de la decisión, resuelta en el marco de la competencia que habilitan las normas constitucionales locales, insuficiente a fin de provocar la apertura de la instancia federal que autoriza el art. 14 de la ley 48.
Por lo demás, la mera invocación de la violación de garantías constitucionales tampoco abastece tal cometido, careciendo por sí de idoneidad para habilitar el acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 119.807, "Bernardi", resol. de 7-XII-2016; L. 122.566, "Ortiz", resol. de 21-VIII-2019 y L. 122.894, "Casa", resol. de 6-XI-2019).
V. En consecuencia, y sin perjuicio de advertir reunidos los requisitos formales establecidos por la Acordada 4/2007 del Máximo Tribunal nacional, ante el incumplimiento por parte de la recurrente de las exigencias previstas en los incs. "d" y "e" del art. 3 de dicha reglamentación -conforme las razones expuestas en los acápites anteriores-, corresponde desestimar la vía deducida.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal interpuesto.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y cúmplase con lo ordenado en la resolución de fecha 3 de junio de 2024.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/08/2024 14:08:27 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/09/2024 12:09:26 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/09/2024 10:39:25 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2024 09:08:27 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2024 09:27:44 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/09/2024 12:40:08 hs. bajo el número RR-1139-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia