Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130282
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.); con costas (art. 289, CPCC).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial queda perdido para la recurrente (art. 294 Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
I. En lo que interesa, el Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, en el marco de la acción promovida por el señor Juan José Staleny contra Asociarte S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo, en procura del pago de una indemnización por las secuelas incapacitantes derivadas del infortunio que denunció padecer, rechazó la excepción de cosa juzgada opuesta por la parte demandada (v. pronunciamiento de 7-V-2021).
Para así decidir, sostuvo que es la propia normativa legal vigente (art. 2 inc. "j", de la ley 15.057) la que establece la posibilidad del trabajador de optar por peticionar la revisión de lo actuado en sede administrativa ante la justicia del fuero laboral de la jurisdicción provincial.
Señaló que la llamada cosa juzgada administrativa es un límite a la propia administración -en este caso, la Comisión Médica Jurisdiccional- que no puede revocar su propio dictamen, mas no implica la imposibilidad de una revisión judicial, siempre que no haya operado el plazo de prescripción previsto legalmente, circunstancia ésta que no se verifica en el supuesto de autos.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 26-V-2021), el que fue concedido por el a quo (v. proveído electrónico de fecha 11-VI-2021).
En lo sustancial, refiere que la Comisión Médica Jurisdiccional emitió dictamen en el que concluyó que el actor no presenta secuelas generadoras de incapacidad laboral como consecuencia del siniestro denunciado, habiendo luego dictado el Titular del Servicio de Homologación el respectivo acto de clausura.
Conforme ello, y lo normado por el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, afirma que la presente acción fue iniciada una vez transcurrido, en exceso, el plazo de noventa -90- días hábiles judiciales computados desde la notificación de la resolución emanada del órgano administrativo, encontrándose por ende la misma firme y consentida.
Asimismo, esgrime consideraciones tendientes a defender la validez constitucional del procedimiento administrativo previo y obligatorio contemplado en el Título I de la ley 27.348 y del sistema recursivo contemplado en el art. 2 de dicho régimen legal y 2 inc. "j" de la ley 15.057.
III. El recurso no prospera.
En el caso, el déficit técnico de la impugnación se evidencia ni bien se repara en que la recurrente dirige su crítica a cuestionar la interpretación que -en uso de facultades privativas- realizó el tribunal de origen del escrito de demanda y de los hechos y la prueba de la causa. Por consiguiente, como resulta menester a los fines de la apertura de esta instancia extraordinaria a la revisión de cuestiones de índole fáctica y probatoria, debió denunciar -y no lo hizo- la existencia de absurdo.
Tal falencia no puede ser salvada por la Suprema Corte, que se encuentra impedida de suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones en que incurre la parte interesada al formular su impugnación (causas L. 119.794, "Arenas", sent. de 6-II-2019; L. 125.917, "López", sent. de 27-X-2022 y L. 127.849, "Tumini", sent. de 27-III-2023; e. o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.); con costas (art. 289, CPCC).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial queda perdido para la recurrente (art. 294 Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/09/2024 14:33:48 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/09/2024 12:27:05 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/09/2024 10:23:50 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2024 09:09:03 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2024 09:29:31 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/09/2024 12:40:15 hs. bajo el número RR-1145-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia