Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131115
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación al agravio tratado en el punto III.2, en atención a que no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5827, y modif.) y declararlo procedente respecto del planteo desarrollado en el punto III.3, toda vez que el cuestionamiento allí introducido ha sido admitido en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). En consecuencia, se revoca el pronunciamiento de grado en cuanto rechazó la excepción de cosa juzgada administrativa, la que se declara operada en el caso.
Las costas de ambas instancias se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso, a la novedad del tema resuelto y a las dificultades interpretativas generadas por la normativa aplicable (arts. 68, seg. párr. y 289, CPCC).
El depósito previo efectuado (v. archivos adjuntos a la presentación electrónica de fecha 6-VII-2023) se restituirá a la interesada (art. 293, CPCC).
Los señores Jueces doctores Soria y Torres y la señora Jueza doctora Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en la ciudad de Tres Arroyos, en el marco de la acción iniciada por el señor César Damián Martín contra Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo, rechazó las excepciones de incompetencia y cosa juzgada administrativa opuestas por la parte demandada (v. pronunciamiento de fecha 14-VI-2023).
Para así decidir, en relación a la primera defensa nombrada, sostuvo que sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 dicho órgano jurisdiccional no debía apartarse de la competencia territorial establecida por el art. 3 de la ley 11.653. En ese orden, señaló que el trabajador denunció prestar tareas para la empresa "Tostex S.A.", situada en la localidad de Tres Arroyos, en donde -para más- habría acontecido el accidente de trabajo por cuyas secuelas incapacitantes reclama en autos.
Respecto de la excepción de cosa juzgada, juzgó que la pretensión había sido interpuesta en los términos del citado art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 -en cuanto establece la posibilidad del trabajador de optar por peticionar la revisión de lo actuado en sede administrativa ante la justicia del fuero laboral de la jurisdicción provincial- y en el plazo allí establecido, ya que, explicó, de las constancias obrantes en el expediente n° 512.354/22, surgía acreditado que el Titular del Servicio de Homologación de la Comisión Médica n° 13 de Bahía Blanca dictó resolución el 14 de marzo de 2023, notificada en igual fecha, habiendo sido presentada la demanda por ante el tribunal el día 24 de abril del mismo año.
II. Frente a dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 29-VI-2023), el que fue concedido en la instancia de grado (v. resolución de fecha 7-VII-2023).
En el inicio de su presentación controvierte el rechazo de la defensa de cosa juzgada y manifiesta que el trabajador fue informado por su letrado patrocinante respecto del alcance del acuerdo arribado -y homologado- en sede administrativa, habiendo, inclusive, percibido las correspondientes prestaciones dinerarias, sin que en dicha oportunidad manifestara disconformidad alguna.
Por otra parte, refiere que al haber sido interpuesta la demanda dentro de la vigencia de la ley 27.348, el Tribunal de Trabajo n° 3 de Tres Arroyos no resulta competente para entender en la presente controversia, toda vez que por aplicación de lo dispuesto por el art. 2 de dicho régimen legal, corresponde que la causa sea tramitada ante la justicia del trabajo de la jurisdicción donde tiene domicilio la comisión médica que intervino, en este caso, la de la localidad de Bahía Blanca.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Liminarmente, cabe destacar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en examen -representado por el capital reclamado en la demanda- no excede el importe mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). Por tal razón, su admisibilidad sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 -aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario- (causas L. 127.604, "Díaz", resol. 20-XII-2021 y L. 130.306, "Mangiapane", resol. de 21-VI-2023; e.o.).
En consecuencia, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020; L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021; L. 129.162, "Antocci", resol. de 10-XI-2022; L. 129.813, "Gramajo", resol. 10-IV-2023 y L. 131.129, "Suarez", resol. de 15-IV-2024; e.o.).
III.2. En ese contexto, deviene inadmisible la objeción planteada en torno a la competencia del tribunal de trabajo, en tanto el tratamiento del embate remite a cuestiones estrictamente procesales, detraídas de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el ya citado precepto adjetivo (causas L. 128.588, "Hidalgo", resol. de 7-IX-2023; L. 129.809, "Miranda", resol. de 14-III-2024 y L. 128.460, "Cañete", resol. de 14-III-2024; e.o.). Para más, siquiera ha denunciado la recurrente doctrina legal alguna de esta Suprema Corte vinculada con los agravios que expone, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación en el marco excepcional descripto (causas L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020; L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020 y L. 129.043, "Rubira", resol. de 19-IX-2022).
III.3. En cambio, el restante cuestionamiento que porta el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte demandada ha de tener favorable recepción, ello de conformidad a lo expresado por este Superior Tribunal al decidir las causas L. 128.348, "Lescano" (sent. de 27-II-2024) y L. 128.309, "Pardal" (sent. de 6-III-2024), en lo vinculado a los extremos que conducen a tener por configurada la cosa juzgada administrativa en el marco del Régimen de Riesgos del Trabajo (arts. 2 y 14, ley 27.348, su Anexo I y resol. 298/17 de la SRT -en lo pertinente-; arts. 2 inc. "j" y 103, ley 15.057), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas que inauguran el acuerdo, dejando a salvo mi opinión en lo concerniente a la denunciada violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte -en el acotado marco de la excepción establecida en el mencionado art. 55 de la ley 11.653- comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas adjetivas o de forma (vertida, entre otras, en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), y puesto que uno de los objetivos del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es el de mantener y -especialmente- procurar la unidad en la jurisprudencia, ante la reiteración de los pronunciamientos habidos sobre el tema, lo hago a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias tal como lo he decidido recientemente en la causa L. 123.841, "Tossi" (sent. de 29-X-2021) a la que, por razones de economía y celeridad, me remito.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación al agravio tratado en el punto III.2, en atención a que no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5827, y modif.) y declararlo procedente respecto del planteo desarrollado en el punto III.3, toda vez que el cuestionamiento allí introducido ha sido admitido en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). En consecuencia, se revoca el pronunciamiento de grado en cuanto rechazó la excepción de cosa juzgada administrativa, la que se declara operada en el caso.
Las costas de ambas instancias se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso, a la novedad del tema resuelto y a las dificultades interpretativas generadas por la normativa aplicable (arts. 68, seg. párr. y 289, CPCC).
El depósito previo efectuado (v. archivos adjuntos a la presentación electrónica de fecha 6-VII-2023) se restituirá a la interesada (art. 293, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/09/2024 10:28:42 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/09/2024 10:28:54 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 01/10/2024 13:45:18 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/10/2024 17:14:18 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/10/2024 08:40:30 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/10/2024 10:46:34 hs. bajo el número RR-1270-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia