Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132699
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por Federación Patronal Seguros S.A.U. (art. 292 del CPCC; 89, ley 15.057; Acuerdo 4068/2022; Resol. 24/20 y Resol. 1840/24).
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito del recurso que se concede y la regulación de honorarios para su oportunidad.
I. En el caso, el Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la acción de revisión promovida por el señor Martir Colque Choque y condenó a Federación Patronal Seguros S.A.U. (antes, Federación Patronal Seguros S.A.) al pago de la suma que especificó en concepto de prestaciones dinerarias por incapacidad (v. vered. y sent. de 31-V-2024).
Para así decidir, en lo que interesa destacar por ser materia de agravio, tras juzgar acreditado que como consecuencia del accidente de trabajo de fecha 23 de marzo de 2021 el actor es portador de una incapacidad de tipo parcial, permanente y definitiva del 12,1 % de la total obrera, a fin de determinar el justiprecio de las indemnizaciones en el contexto económico actual, dispuso apartarse del criterio sostenido en torno a la validez constitucional del decreto de necesidad y urgencia 669/19, y aplicar los lineamientos de la doctrina legal sentada por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en el precedente "Barrios" ( rectius: C. 124.096, "Barrios", sent. de 18-IV-2024).
II. Contra lo así resuelto, la legitimada pasiva interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 19-VI-2024), ocasión en que alegó conculcadas las normas constitucionales cuyo contenido consagran el debido proceso y la defensa en juicio, la errónea aplicación de las disposiciones del decreto de necesidad y urgencia 669/19, la directa omisión en la adecuación del caso a la reglamentación de la Superintendencia de Seguros de la Nación (Resols. n°1039/2019 y 332/2023), como así también, el apartamiento -de oficio y sin ningún sustento legal, observó- de la ley n° 23.928 y la aplicación de modo distorsionado -afirmó- de la doctrina legal sentada por la Suprema Corte en el señalado precedente "Barrios".
III. A su turno, el a quo denegó el recurso extraordinario intentado, con fundamento en la insuficiencia del valor del litigio y la ausencia de configuración de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 (v. resol. de 24-VI-2024), dando lugar a la articulación de la presente queja (art. 292, CPCC; v. escrito electrónico de 2-VII-2024).
En el recurso de hecho deducido de modo directo ante esta sede, la interesada mediante su apoderado, si bien no controvierte que el monto de la liquidación de sentencia no supera el mínimo exigido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, alega que la declaración de inadmisibilidad que cuestiona luce violatoria de los derechos constitucionales y convencionales que destaca, al dejar firme un pronunciamiento viciado de arbitrariedad.
En este sentido, afirma que aceptar decisorios como el de autos, en el cual, a su criterio, se perjudica claramente a una de las partes, sería permitir que la aplicación de las normas procesales se conviertan en disfuncionales, lo que implicaría además -agrega- una grosera violación al derecho aplicable, en tanto tornaría ilusorio el derecho de defensa garantizado por la Constitución Nacional. Invoca cuestión federal a los fines de habilitar la instancia de casación local.
IV. La queja prospera.
IV.1. De inicio, sin perjuicio de otras consideraciones que podrían efectuarse, corresponde señalar que el impugnante no desconoce que la cuantía económica del pleito no excede el mínimo fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, según el texto de la ley 14.141, vigente al momento de la interposición del remedio procesal (causas L. 117.757, "Iyarza", resol. de 30-IV-2014; L. 117.696, "Cremonte", resol. de 9-XII-2015; L. 117.132, "Bulich", resol. de 27-XII-2017 y L. 126.905, "Sauvage", resol. de 14-V-2021), por lo que la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 -aplicable a la fecha de la interposición del recurso extraordinario- (causas L. 111.056, "Kessler", resol. de 21-VIII-2013; L. 116.525, "Rouco", sent. de 20-VIII-2014; L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015 y L. 132.585, "Demicheli", resol. de 20-VIII-2024).
No obstante, en torno a las argumentaciones traídas, es del caso recordar que esta Suprema Corte ha señalado que el recurso de inaplicabilidad de ley se concede "con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan" (art. 161 apdo. 3 inc. "a" de la Constitución local) y que las limitaciones estipuladas por las normas procesales en cuanto al valor del litigio para la concesión del mismo no vulnera derechos y garantías constitucionales, resultando compatible con el citado art. 161, pues no impide deducir el recurso extraordinario previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa y sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio (causas L. 116.461, "Arriola Camacho", sent. de 31-VII-2013; L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015 y L. 120.442, "Alegre", resol. de 3-V-2017).
Cabe agregar, como también lo ha resaltado esta Corte en otras oportunidades, que el juego armónico de lo dispuesto por los señalados arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en modo alguno veda la deducción del medio de impugnación previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa y sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio (causas L. 117.612, "Aranda", sent. de 17-IX-2014; L. 118.542, "Holzman", resol. de 10-XII-2014; L. 122.720, "Moschetti", resol. de 10-IV-2019; L. 130.231, "Rivas", resol. de 14-III-2023 y L. 131.021, "González", resol. de 7-IX-2023)
IV.2. En atención a lo dicho, más allá del análisis que -a todo evento- efectúe esta Suprema Corte en una etapa procesal posterior -es decir, al momento de analizar la fundabilidad y procedencia de los agravios desplegados en el recurso extraordinario intentado-, corresponde, tal como lo reclama la interesada en el marco de los argumentos desarrollados en el recurso de hecho deducido de modo directo ante esta sede extraordinaria, verificar la existencia, o no, de la hipótesis de excepción prevista en el citado precepto ritual, careciendo de virtualidad expedirse en torno a las demás alegaciones traídas a los fines de habilitar la instancia de casación local.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por Federación Patronal Seguros S.A.U. (art. 292 del CPCC; 89, ley 15.057; Acuerdo 4068/2022; Resol. 24/20 y Resol. 1840/24).
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito del recurso que se concede y la regulación de honorarios para su oportunidad.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y pasen los autos a despacho.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/10/2024 11:22:50 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/10/2024 09:46:54 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/10/2024 12:27:19 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2024 10:45:41 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/10/2024 08:35:16 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 28/10/2024 10:11:57 hs. bajo el número RR-1329-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia