Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131652
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de nulidad, atento a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de General San Martín, con asiento en dicha ciudad, tras confirmar la resolución dictada por la Comisión Médica N° 383 en el marco del expediente n° 301.940, en relación al grado de minusvalía física que presenta el señor Osvaldino López Barbúdez, hizo lugar a la acción deducida por éste y condenó a Omint Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de prestación por incapacidad laboral, parcial, permanente y definitiva. La rechazó, en cambio, en cuanto procuraba la reparación por daño psicológico. Finalmente, impuso las costas a la aseguradora por los trámites efectuados en sede administrativa y al actor por las tareas desarrolladas en sede judicial (v. sent. de 17-X-2023).
II. Contra dicha decisión, se alza el legitimado activo con recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escritos de 6-XI-2023), los que fueron concedidos por el a quo , el segundo de los nombrados en el marco de la excepción contenida en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (v. resol. de 22-XI-2023).
III.1. En la vía nulificante, el interesado denuncia la vulneración de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Alega la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales para la resolución del litigio, así como la falta de fundamentación legal de la sentencia atacada, pues considera que el juzgador realizó una desacertada interpretación y valoración de las pericias médica y psicológica, así como con relación a la imposición de costas a su parte.
III.2. El recurso extraordinario de nulidad traído no prospera.
Cabe recordar que el recurso extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. prov.; causas L. 122.156, "Godio"; L. 121.033, "Aguirre", ambas sents. de 9-XI-2020; L. 122.346, "Amaya", sent. de 20-X-2021 y L. 131.874, "Constanzo", resol. de 27-IX-2024).
Desde esa perspectiva, las infracciones invocadas por el compareciente no se compadecen con las causales taxativamente definidas en la Constitución local para habilitar la vía intentada.
Ello así pues el reproche que formula el recurrente se orienta a objetar el modo en que el tribunal resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo el análisis a la imputación de eventuales errores de juzgamiento, materia propia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y ajena como tal, a la vía impugnativa intentada (causas L. 120.384, "Rocha", sent. de 19-II-2020; L. 120.924, "Cipolla", sent. de 6-X-2020; L. 129.167, "Scalise", sent. de 29-V-2024).
Más precisamente, cabe recordar que esta Corte tiene dicho reiteradamente que las alegaciones relativas a la apreciación del material probatorio y la distribución de la carga de la prueba son ajenas al ámbito del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 120.300, "Antognoli", sent. de 13-X-2020; L. 122.558, "Trápani", sent. de 17-XI-2021; L. 127.067, "Splett", sent. de 4-X-2023).
III.3. Por otro lado, tampoco resultan atendibles los argumentos expuestos respecto de la alegada violación del art. 171 de la Constitución provincial, en tanto dicho precepto constitucional sólo se infringe cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, de suerte que aparezca sin otro sustento que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 119.385, "Genovali", sent. de 19-IX-2018; L. 120.242, "Cantoni", sent. de 12-II-2020; L. 126.814, "Fernández", sent. de 5-V-2022), hipótesis que no concurre en el pronunciamiento atacado el que se encuentra fundado en expresas disposiciones legales.
IV. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el legitimado activo objeta la conclusión del fallo por la cual se rechazó el daño psicológico denunciado. Entiende que, si el juzgador de grado concluyó que el informe médico de autos le resultó vago y genérico, debió disponer medidas para mejor proveer y así obtener la verdad material en el caso concreto.
Luego, considera que el a quo yerra al ratificar el porcentaje de incapacidad físico fijado por la Comisión Médica, en tanto en relación con la experticia dictada por el perito médico de autos, existía una divergencia del 1,07% de minusvalía a favor del actor.
Por último, impugna la aplicación de costas a su parte por las tareas en sede judicial, puesto que no respetan el principio procesal de la derrota al haber progresado la acción en lo relativo al pago de las indemnizaciones adeudadas.
IV.1. Liminarmente, se impone observar que el remedio procesal en examen fue concedido en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, aplicable al momento de su dictado, por juzgar el tribunal de grado insuficiente el monto de lo cuestionado (v. resolución de fecha 22-XI-2023), decisión que, debidamente notificada a las partes (v. notif. automática de 22-XI-2023), no mereció objeciones del aquí recurrente.
IV.2. Sentado ello, cabe destacar que luce infructuoso el planteo de inconstitucionalidad del citado art. 278, en tanto esta Suprema Corte tiene dicho, en forma reiterada, que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 apartado 3 inc. "a" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que el conocimiento y resolución del indicado remedio procesal compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas L. 125.004, "Fernández", resol. de 13-X-2020; L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020; L. 129.268, "Senger", resol. 15-II-2023).
Cabe agregar -como también ha resaltado esta Corte- que el juego armónico de lo dispuesto por los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, aplicable al momento de interposición del recurso extraordinario, en modo alguno veda la deducción del medio de impugnación previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal propio de la reglamentación legislativa y sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio (causas L. 123.381, "Blanco"; L. 123.904, "González", resols. de 18-XII-2019; L. 124.714, "Tolosa", resol. de 24-VIII-2020 y L. 131.846, "Portillo", resol. de 27-IX-2024).
IV.4.a. En consecuencia, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina legal (causas L. 123.066, "Núñez", resol. de 14-VIII-2019; L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019 y L. 129.775, "Guimaraes", resol. de 14-III-2023; e.o.), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 129.162, "Antocci", resol. de 10-XI-2022; L. 129.813, "Gramajo", resol. 10-IV-2023; L. 131.129, "Suarez", resol. de 15-IV-2024 y L. 132.331, "Cabral", resol. de 15-X-2024).
IV.4.b. En el contexto indicado, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que, respecto de las impugnaciones destinadas a desvirtuar tanto el rechazo de la minusvalía psicológica así como la diferencia de incapacidad entre la reconocida por el a quo y la dictaminada por el perito médico, el reclamante trae a consideración agravios relacionados a cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado y relativo a la valoración de los hechos y las pruebas, así como el supuesto absurdo en que habría incurrido el Tribunal de Trabajo al meritar las circunstancias probatorias de la litis, asuntos ajenos al acotado margen por el que transita el presente remedio procesal (causas L. 122.613, "Parceq", resol. de 5-VI-2019; L. 125.484, "Ríos", resol. de 21-XII-2020; L. 126.513, "Romero", resol. de 6-VIII-2021; L. 128.893, "Paz", resol. de 1-IX-2022 y L. 131.612, "Coronel", resol. de 29-VII-2024).
Además, tiene resuelto esta Corte que la doctrina legal referida al vicio de absurdo no resulta idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado art. 55 de la ley ritual (causas L. 116.942, "Novelli", sent. de 28-X-2015; L. 119.427, "De Santo", sent. de 21-II-2018; L. 120.430, "González", sent. de 2-V-2019 y L. 129.141, "Bezek", resol. de 24-X-2023).
IV.4.c. Finalmente, y sin perjuicio de otras consideraciones que podrían efectuarse, respecto de la objeción a la imposición de costas, el interesado prescinde citar como transgredida doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020; L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020; L. 125.492, "Sartor", resol. 29-III-2021 y L. 130.055, "Mier Vique", resol. de 10-IV-2023).
IV.4.d. Por lo demás, dable es recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020; L. 127.711, "Zapata", resol. de 11-II-2022; L. 128.981, "Orona", resol. de 21-X-2022; L. 130.951, "Martínez", resol. de 7-IX-2023 y L. 130.583, "Trey", resol. de 4-X-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de nulidad, atento a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971)
Firmas
Funcionario Firmante: 08/11/2024 14:01:47 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/11/2024 10:20:24 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/11/2024 15:50:03 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/11/2024 15:24:41 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/11/2024 08:53:58 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/11/2024 13:08:30 hs. bajo el número RR-1450-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia